Publicación del informe elaborado por la CADHU sobre el "campo de concentración" de personas detenidas desaparecidas de "La Perla" y "La Ribera" en Córdoba, a cargo del Comando III Cuerpo de Ejército encabezado por el General de División Luciano Benjamín Menéndez. A diferencia de otros informes basados en testimonios aportados por sobrevivientes de los Centros Clandestinos de Detención publicados por dicha Comisión, este mantiene la reserva respecto a la identidad de los testimoniantes. Recopila antecedentes al terrorismo de Estado en la provincia de Córdoba; detalles sobre la estructura, funcionamiento, integrantes, fotografías y planos del Destacamento 141 de Inteligencia General Iribarren; y funcionamiento, croquis y listado parcial de personas que estuvieron privadas de su libertad en el Centro Clandestino de Detención La Perla. También aparecen nombrados delatores civiles y particularidades de la forma de tortura y desaparición, lugares de fusilamiento y entierro así como de las "ceremonias militares" previas al fusilamiento.

Durante la última dictadura cívico-militar, la Prefectura Naval dependía de la Armada Argentina. En particular, la Prefectura de Zona Mar Argentino Norte tiene su sede en Bahía Blanca y la extensión de su jurisdicción comprende las costas y el mar Argentino en las provincias de Buenos Aires (excepto zona norte), Río Negro y Chubut (parte norte). Incluye las prefecturas de Mar del Plata, Bahía Blanca, Patagones, Quequén (todas en la Provincia de Buenos Aires), Puerto Madryn, Rawson, San Antonio Oeste, Punta Colorada.
Las fechas extremas de los documentos comprenden los años de 1957 a 1994. Pueden encontrarse copias digitales de circulares, informes de inteligencia, comunicaciones producidas por diferentes dependencias de la Armada y la Prefectura, así como informes de seguimiento y ambientales a diferentes organizaciones políticas y sindicales tales como Allfish S.A. Proyecto Integral Pesquero, Asociación Argentina de Telegrafistas y afines Luz y Fuerza, Asociación Personal Junta Nacional de Granos, C.G.T. 62 Organizaciones, C.O.P.E.L. Cooperativa y Sociedad, F.O.E.T.R.A., Ferro-Portuarios, La Fraternidad, S.O.I.P., S.U.P.A. Sindicato Empleados Portuarios, Sindicato de Trabajadores Correos y telecomunicaciones, Sindicato Electricistas Navales -Conductores y Maquinistas Fusionados de la R.A., U.R.G.A., Unión Ferroviaria, Unión Obrera Metalúrgica.
Asimismo, copias digitales de informes, resoluciones, oficios y memoradums con diferentes clasificaciones de seguridad de la Armada Argentina del año 1975. La memoria anual años 1974-1975 de la Prefectura Zona Atlántico, la memoria anual del año 1973 de la Prefectura de Ushuaia e Islas del Atlántico Sur. Una Orden de Operaciones 1/74 – PADAOP. Documentación vinculada a la Delegación Inteligencia de Mar del Plata de los años 1957 a 1991. Y un Anteproyecto de Ley de Organización Operativa Portuaria.

La presente colección incluye un único documento. Se trata de un "Informe preliminar - Archivo Municipal de la Memoria Colectiva y Popular de Avellaneda" confeccionado por el área memoria, Verdad y Justicia, la Comisión por la Memoria y la Unidad especializada Investigacipon dependientes de la Municipalidad de Avellaneda. El informe contiene un listado de víctimas del terrorismo de Estado de Avellaneda que se encuentra en proceso de actualización, corrección y ampliación permanente. Además, trata temas como el asesinato y desaparición de militantes populares en Monte Chingolo, el funcionamiento del aparato represivo en la localidad, el Centro Clandestino de Detención El Infierno de Avellaneda, los fusilamientos ocurridos en el casco urbano y en la zona costera y el sector 134 del Cementerio. Se menciona además documentación relevante tal como actas de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA).

La serie reúne documentación de distinto tipo recopilada por Carlos González Gartland vinculada a cárceles y presos políticos. En una carpeta se agrupan recortes de prensa de medio tales como La Opinión, Día por Día, Excelsior, Uno más uno, La Nación y El nacional, publicados entre los años 1977 y 1980 relacionados con esta temática. Además, hay comunicados de prensa y denuncias sobre las las condiciones infrahumanas de las cárceles realizadas por organismos de derechos humanos como COSPA, Comisión Argentina de los Derechos Humanos (CADHU), Familiares de detenidos por razones políticas, Comité Jozami, entre otras.
También hay cartas que siguen casos de detenidos, informes de personas detenidas, informes elaborados por presos/as y testimonios personales que dan cuenta de las condiciones de vida en la cárcel.

La historia institucional de la DIPPBA permite divisar ciertas articulaciones complejas al interior del aparato represivo del Estado. En este sentido, la colección DIPPBA del ANM ofrece un material de sumo interés para conocer aquellas prácticas y sentidos que desarrolló y llevó adelante la institución como organismo de inteligencia. Al respecto la presente colección consta tanto de informes elaborados por la Comisión Provincial por la Memoria en respuesta a requerimientos puntuales, como copia de legajos de la "mesa DS" (delincuentes subversivos) con diverso material referido a la acción de la DIPPBA, por ejemplo, sobre campañas de acción psicológica del ERP; sobre víctimas de la Triple AAA; sobre persecución y vigilancia de individuos; sobre la ley del divorcio; sobre la "marcha en defensa de la familia"; las agendas de los años 1975, 1976 y 1978 pertenecientes al Pro Vicario Castrense Monseñor Victorio Bonamín; un informe sobre la solicitud de antecedentes ideológicos de personas firmantes de solicitada a favor de gobierno de Salvador Allende, entre otros informes de inteligencia primaria sobre aspectos relacionados con los ámbitos político, social, gremial, educacional, estudiantil, religioso, económico y psicológico; solicitudes de antecedentes ideológicos, etc.

Expediente de la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del caso 14.147 por el incumplimiento por parte del Estado argentino de los artículos 50 y 61 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Vinculado a la anulación de sentecias a represores condenados por delitos de lesa humanidad, en los casos de Rodolfo Omar Farias y Glasdys Noemí Musante, en el marco de la aplicación de las leyes 23.492 y 23. 521 conocidas con Ley de Punto Final y Ley de Obediencia Debida respectivamente. Contiene correspondencia deTorres Molina y su patrocinada Alicia Consuelo Herrera, con la CIDH, presentaciones ante la Comisión, un informe del año 1992 de ésta y copias del expediente judicial.

Esta serie reúne artículos, mayormente periodísticos, acerca de la detención y desaparición de Eduardo Korsunsky así como de la dictadura en general y sobre la lucha de Madres de Plaza de Mayo, especialmente de la búsqueda de Celia Jinkis de su hijo Eduardo. De las décadas de 1970 y 1980, algunos de ellos son recortes de las solicitadas publicadas en diferentes medios por la aparición de detenidos desaparecidos, entre los cuales se menciona a Eduardo. Otros, por su parte, tienen la foto de Eduardo y un texto sobre la búsqueda de su paradero. Por otro lado, hay artículos sobre su detención y desaparición en particular y sobre la desaparición de otros pampeanos y la causa llevada adelante por la búsqueda de treinta casos.
De la década de 1990, hay dos artículos periodísticos en los que se informa acerca de la decisión de la Comisión de festejo del centenario de la Escuela N°15 "José Hernández" de no permitir un homenaje a Eduardo Sergio Korsunsky.
Asimismo hay artículos sobre Celia y su lucha, sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad, acerca del Padre Carlos Mujica, sobre un homenaje a ex alumnos de la Escuela General Mosconi de Ingeniero White que se encuentran detenidos desaparecidos, entre otros, que reflejan las preocupaciones de Celia Jinkis y el camino de búsqueda de su hijo, tras su desaparición en 1976.

Esta serie reúne tramitaciones realizadas por Celia Jinkis de Korsunsky a partir de la detención y desaparición de su hijo Eduardo Korsunsky en 1976, incluyendo las acciones judiciales realizadas desde ese momento para localizar su paradero. Contiene distintos tipos de presentaciones judiciales como por ejemplo borradores de recursos de habeas corpus, ampliación de medidas y acciones, reiteratorios frente a las negativas de los habeas corpus recibidas de las distintas instancias y jurisdicciones del Poder Judicial. También pueden encontrarse declaraciones testimoniales y comunicaciones intercambiadas con los juzgados y tribunales en el marco de investigaciones sobre delitos de lesa humanidad a partir de la reapertura de los juicios en el año 2003, así como copia de las pruebas documentales presentadas. Finalmente, también se encuentran algunas de las denuncias realizadas ante distintos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. El recorrido por estos documentos permite recuperar el derrotero que significó para miles de Madres de Plaza de Mayo la búsqueda de sus hijos detenidos desaparecidos por la dictadura cívico militar.

El fondo se compone de la documentación producida en el marco de la causa N° 2522 (Lex. 14216/2003/TO9) "Rodríguez, Hubo Roberto y otros s/privación ilegal de la libertad, agravada por mediar violencia o amenazas; en concurso ideal con el delito de imposición de tormentos" conocida como Vesubio III, tramitada ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 (TOF 4). En particular, contiene los audios de las audiencias y la documentación aportada como prueba. Entre la documentación de prueba, se encuentran:

• libros históricos de distintas unidades militares, juntas de calificaciones, directivas y reglamentos militares, copias de legajos de personal militar, boletines, listados de personal militar, policial y penitenciarios.
• planos e inspecciones oculares
• expedientes judiciales anexados a la causa
• legajos de identificación de la Cámara Federal
• constancia de pericias antropológicas y certificados de defunción
• documentación de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires e informes de la Comisión Provincial por la Memoria
• documentación aportada por el CELS que incluye artículos periodísticos, la declaración de Elena Alfaro, lista de trabajadores desaparecidos y documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos
• copias de legajos CONADEP, SDH y REDEFEA y habeas corpus presentados para la búsqueda de paradero de las víctimas involucradas
• Libros titulados "Subteniente de Caballería JCO 1977", "Derechos Humanos, Justicia y Reparación", "Vida y lucha de Vanguardia Comunista", "Genocidio en la Argentina" e "Historia Argentina contemporánea"

El Centro Clandestino de Detención El Vesubio funcionó entre 1975 y 1979 en un predio del Servicio Penitenciario Federal ubicado en el cruce de Autopista Ricchieri y Camino de Cintura en el partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires. Hasta su disolución y demolición completa a raíz de la inspección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), habían pasado más de 2.500 personas de las que hubo unos pocos sobrevivientes. Este tramo del juicio analiza la responsabilidad de seis agentes del Servicio Penitenciario Federal en los crímenes perpetrados contra casi 400 víctimas. Por esta causa en las que se investigaron crímenes cometidos contra casi 400 víctimas, el Tribunal condenó a un exmilitar y a dos exagentes penitenciarios federales a prisión perpetua, e impuso penas de entre tres años y seis meses de prisión y 15 años de prisión para otros cinco acusados. A su vez, el TOF 4 declaró que los hechos juzgados fueron crímenes contra la humanidad y que la violencia sexual perpetrada contra mujeres "fue específica, sistemática y planificada" y que "partió de estereotipos de género y los profundizó, exhibiendo un carácter extendido y con un claro objetivo disciplinador". También dispuso la reparación de los legajos de las víctimas estudiantes y trabajadoras para que se consigne que fueron víctimas del terrorismo de Estado.

La causa, conocida como "Causa Camps (44), se inició a raíz del Decreto 280/84, del Poder Ejecutivo Nacional con fecha 18 de enero de 1984, que dispuso someter a juicio sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas al General (R) Ramón Juan Alberto Camps, con motivo de las declaraciones prestadas por el nombrado y en donde habría reconocido su participación directa en la comisión de numerosos delitos. Entre los hechos más conocidos investigados en esta megacausa se encuentran “La noche de los lápices”, el secuestro del “grupo Graiver”, los secuestros de Jacobo Timerman y Jorge Julio López y el ataque a la “casa de Calle 30 Mariani Teruggi”, incluida la apropiación de la niña Clara Anahí. Se juzgaron los secuestros, tormentos, torturas y desapariciones en perjuicio de 280 víctimas -entre ellas embarazadas, bebés nacidos en cautiverio y niños secuestrados junto a sus padres- en los centros clandestinos que funcionaron en las Brigadas de San Justo y de Investigaciones de La Plata, el Destacamento de Arana, la Comisaría 5ta de La Plata, Puesto Vasco y Comando de Operaciones Tácticas I de Martínez. En la sentencia dictada el 2 de diciembre de 1986 se dictaminó la condena de Jorge Antonio, Ramón Juan Alberto Camps, Norberto Cozzani Cabezón, Miguel Osvaldo Etchecolatz Santillán; Ovidio Pablo Ricchieri y Ovidio Pablo.
El fondo se compone de la copia digital de los 57 cuerpos la causa, las actas mecanografiadas de las sesiones y la documentación aportada como prueba por las partes durante el desarrollo del juicio.

Esta serie reúne informes e investigaciones realizadas por el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA), principalmente por el Equipo de Salud y por el Equipo de Educación de la Secretaría de Cursos e Investigaciones. Hay además algunos borradores de informes.

Esta serie reúne diversas comunicaciones sobre los cuestionarios a militares enviados por la CONADEP a miembros de las Fuerzas Armadas a través del Ministerio de Defensa y a miembros de las Fuerzas de Seguridad a través del Ministerio del Interior en 1984 con el objeto de llevar adelante sus tareas de investigación sobre la detención y desaparición de personas durante la dictadura cívico-militar. El 5 de julio de 1984, considerando que era neCésario afianzar la justicia y consolidar la paz interior y para lograr esto eran indispensables las declaraciones del personal de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la Nación, Raúl Ricardo Alfonsín firmó el decreto 2107/84. Por medio de esta normativa se autorizó de forma genérica al personal de las Fuerzas Armadas "a quienes les sean legalmente requeridos informes, declaraciones o documentos referidos a la lucha contra la subversión y el terrorismo, a declarar sobre hechos o asuntos del servicio que se refieran a dicha actividad, sin necesidad de solicitar en cada caso concreto la venia que prescriben los reglamentos militares pertinentes".
Esta serie reúne algunos de los cuestionarios que la CONADEP envió a altos mandos de las distintas Fuerzas por medio del Ministerio de Defensa con preguntas vinculadas a su participación personal y directa en la planificación, dirección y ejecución de la lucha antisubversiva según la interpretación dada a los decretos 261/75 y 2772/75 emanados del Poder Ejecutivo Nacional, a las normativas legales que legitimaron los métodos y operativos utilizados y a los parámetros jurídicos para discernir entre quién era subversivo y quién no, así como a las formas de documentar ese accionar. Asimismo se encuentran las respuestas por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas, enviadas también a través del Ministerio, muchas de las cuales se negaron a responder el cuestionario.

La serie "Publicaciones de la CADHU" reúne las distintas publicaciones que realizó la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) con el objetivo de dar publicidad en diferentes formatos a investigaciones relativas a violaciones de Derechos Humanos por parte del Estado Argentino e informaciones sobre la CADHU, sus misiones y su accionar. Entre las publicaciones se encuentra "Proceso al Genocidio", primer informe integral sobre las violaciones a los derechos humanos en el país. Editado en Madrid gracias a las gestiones del cineasta español Elías Querejeta, el libro fue redactado por Eduardo Duhalde y Gustavo Roca, pero su insumo fundamental fue la información que integrantes y colaboradores de la CADHU habían obtenido clandestinamente en la Argentina y, luego, sacado del país por distintas vías. El informe no sólo denunció los crímenes dictatoriales como parte de un genocidio, apelando así a una figura instalada en el derecho penal internacional, sino que además acuñó la noción de “terrorismo de Estado” para describir el esquema represivo montado por la Junta Militar.
Dentro de estas publicaciones, pueden encontrarse testimonios de personas sobrevivientes de centros clandestinos de detención, que eran dados a conocer por la CADHU para dar máxima difusión a estos hechos. Para ampliar el alcance de la denuncia internacional, algunos de estos testimonios fueron publicados en otros idiomas además del español, como en francés. Del mismo modo, se sintetizaron informaciones extraídas de los testimonios y fueron publicadas en formato de informe, centradas en el funcionamiento de los centros clandestinos de detención como La Perla y la Escuela de Mecánica de la Armada.
Asimismo, dentro de esta serie, se reúnen distintos informes realizados y publicados por la CADHU con el objetivo de denunciar algún aspecto específico del Terrorismo de Estado, como las condiciones de los presos políticos en las cárceles en Argentina o el rol de la Iglesia Católica Argentina durante la dictadura; así como informes producidos por organismos internacionales, como las Naciones Unidas.
Por último, se incluyen listados de personas denunciadas como desaparecidas recopilados en base a datos propios de las denuncias recibidas por la CADHU y a listados publicados por distintas organizaciones.