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El fondo reúne la documentación producida y recopilada por Sara Solarz de Osatinsky, militante por los derechos humanos, tras la detención y desaparición de su marido, Marcos Osatinsky, quien fue secuestrado en 1975, permaneció en el Centro Clandestino de Detención “Departamento N°2 de Inteligencia de la Provincia de Córdoba (D2)” y fue asesinado el mismo año. En 1976 su hijo mayor, Mario Osatinsky, y su compañera embarazada Rosa Ocampo así como su hijo menor José Osatinsky fueron asesinados en distintas localidades de la provincia de Córdoba. Sara fue secuestrada en 1977 en Capital Federal y permaneció cautiva durante dos años en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada donde asistió a más de quince partos de personas secuestradas. En 1979 fue liberada bajo un régimen de “libertad vigilada” y obligada a exiliarse a España donde permaneció el resto de su vida. Junto a Alicia Millia y Ana María Martí, quienes también habían estado secuestradas en la ESMA, elaboraron un testimonio que fue presentado ante distintos organismos internacionales, constituyendo una denuncia pionera sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese centro clandestino de detención.
El fondo reúne alguna documentación personal de Sara como pasaporte, un currículum vitae, carnet de conducir y carnet de salud así como también fotografías familiares tanto de su familia como de la familia Osatinsky, algunas de las cuales se encontraban originalmente enmarcadas, y correspondencia de Sara escrita en español y en francés entre las cuales se incluye copia de una carta de José en la que realiza un relato del noviazgo de Sara con Marcos.
Otra documentación se refiere a la desaparición y asesinato de su marido así como de sus dos hijos y su nuera embarazada y las gestiones realizadas por Sara ante diversos organismos nacionales e internacionales. Entre estos documentos se destaca una nota recibida por Sara Solarz de parte de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) el 27 de enero de 1984, acompañada de declaraciones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, copias de notas del Diario Página 12 y correos electrónicos impresos. También, se encuentran los diversos testimonios que Sara dio: una copia del testimonio de Sara en Buenos Aires el 14 de junio de 2007, el testimonio de Sara Solarz y María Marti ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra el 22 de febrero de 1982 y de agosto de 1983, el testimonio de Sara Solarz y María Marti sobre Alicia Elena Alfonsín de Cabandie ante la Asamblea Nacional Francesa el 12 de octubre de 1979, el testimonio “Parir en la ESMA” de Sara Solarz como testigo de la apropiación de bebés. Hay también otras fotografías, vinculadas a la militancia de Marcos como por ejemplo una en la que se encuentra junto a Fernando Vaca Narvaja. Gran parte de la documentación son copias de artículos de publicaciones periódicas, de prensa y algunos artículos de investigación y libros sobre los crímenes de lesa humanidad comentidos por la dictadura cívico militar entre 1976 y 1983 así como de los juicios de condena de estos delitos. Algunos de los artículos de prensa refieren específicamente a las novedades sobre los avances en las causas de los familiares de Sara detenidos desaparecidos asesinados como por ejemplo cuando se identificó el cadáver de Mario en 1999. Por su parte, algunos de los textos de investigación son de Sara Solarz como el libro "ESMA “Traslados” Testimonio de tres liberadas", escrito por por ella junto a Ana María Marti y María Alicia Milia de Pirles editado por Ediciones Abuelas Plaza de Mayo en 1995. Finalmente, hay impresiones de correos electrónicos de Sara así como algunos documentos vinculados a la reparación de Sara por parte del Estado Argentino como la resolución que otorga beneficio económico a Sara Solarz del 07 de Junio de 2005, la petición de beneficio de la Ley reparatoria Nacional de 2015.

Durante la última dictadura cívico-militar, la Prefectura Naval dependía de la Armada Argentina. En particular, la Prefectura de Zona Mar Argentino Norte tiene su sede en Bahía Blanca y la extensión de su jurisdicción comprende las costas y el mar Argentino en las provincias de Buenos Aires (excepto zona norte), Río Negro y Chubut (parte norte). Incluye las prefecturas de Mar del Plata, Bahía Blanca, Patagones, Quequén (todas en la Provincia de Buenos Aires), Puerto Madryn, Rawson, San Antonio Oeste, Punta Colorada.
Las fechas extremas de los documentos comprenden los años de 1957 a 1994. Pueden encontrarse copias digitales de circulares, informes de inteligencia, comunicaciones producidas por diferentes dependencias de la Armada y la Prefectura, así como informes de seguimiento y ambientales a diferentes organizaciones políticas y sindicales tales como Allfish S.A. Proyecto Integral Pesquero, Asociación Argentina de Telegrafistas y afines Luz y Fuerza, Asociación Personal Junta Nacional de Granos, C.G.T. 62 Organizaciones, C.O.P.E.L. Cooperativa y Sociedad, F.O.E.T.R.A., Ferro-Portuarios, La Fraternidad, S.O.I.P., S.U.P.A. Sindicato Empleados Portuarios, Sindicato de Trabajadores Correos y telecomunicaciones, Sindicato Electricistas Navales -Conductores y Maquinistas Fusionados de la R.A., U.R.G.A., Unión Ferroviaria, Unión Obrera Metalúrgica.
Asimismo, copias digitales de informes, resoluciones, oficios y memoradums con diferentes clasificaciones de seguridad de la Armada Argentina del año 1975. La memoria anual años 1974-1975 de la Prefectura Zona Atlántico, la memoria anual del año 1973 de la Prefectura de Ushuaia e Islas del Atlántico Sur. Una Orden de Operaciones 1/74 – PADAOP. Documentación vinculada a la Delegación Inteligencia de Mar del Plata de los años 1957 a 1991. Y un Anteproyecto de Ley de Organización Operativa Portuaria.

El fondo comprende la totalidad de las audiencias orales (530 horas) producidas en el marco del proceso judicial conocido como Juicio a las Juntas Militares, en el que se juzgó a los nueve miembros de las tres primeras Juntas Militares como responsables por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Argentina durante la dictadura cívico-militar durante los años 1976 y 1983.
Entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985 tuvieron lugar las audiencias orales del juicio en las que prestaron declaración testimonial 833 personas citadas por las defensas y por el Ministerio Público. Entre agosto y septiembre se dio lectura a la acusación presentada por la Fiscalía y entre los meses de octubre y noviembre tuvieron lugar los alegatos de las defensas de los ex comandantes. El 9 de diciembre de 1985, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal dictó sentencia fundada en el análisis de 709 casos presentados. Como material complementario fueron digitalizadas las actas mecanografiadas del juicio.

El fondo reúne documentación perteneciente a Inés María Pedemonte, empleada del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y estudiante de Ciencias Veterinarias, detenida y desaparecida el 08 de octubre de 1976 en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Contiene documentos que registran su actividad laboral y universitaria, y se incluyen copias de denuncias de su desaparición y cartas. Incluye también tres fotografías familiares, dos blanco y negro y una color.

Según la Ley Orgánica de la Provincia de San Juan Nº 3612, de 1970, la estructura de la policía provincial de la provincia de San Juan se componía de cinco departamentos, el D2 correspondía a Informaciones Policiales. Esta estructura se replicaba a nivel de las Fuerzas Armadas y de otras policías provinciales (D1 Personal, D2 Informaciones/Inteligencia, D3 Operaciones, D4 Logística, D5 Judicial en el caso de San Juan, también podía ser Asuntos Civiles o Territoriales en otras provincias). Los representantes del Ministerio Público Fiscal que investigaron su funcionamiento consideraron que el D-2 "realizaba el trabajo de inteligencia, y también intervenía en lo operativo"; el D-3 "prestaba el apoyo operativo a las acciones del D-2"; el D-4 "acompañaba con la logística", y el D- 5 "manejaba la información judicial existente de todas las víctimas, no así la política, que la obtenía, seleccionaba y utilizaba el D-2". A partir de la Directiva del Consejo de Defensa 1/75 del 15 de octubre de 1975, las policías provinciales quedaban bajo control operacional de las Fuerzas Armadas. En el territorio de San Juan, la policía provincial quedaba bajo las órdenes del Regimiento de Infantería de Montaña Nº 22 del Ejército.
El fondo se compone de los documentos producidos por el Departamento 2 de la Plana Mayor de la Policía Provincial, en el cumplimiento de sus funciones. Se encuentra en proceso de identificación las series documentales que lo integran. Por lo tanto, por el momento, se puede constatar solamente la existencia de fichas e informes de antecedentes y recortes periodísticos vinculados al seguimiento de personas y actividades de universidades, partidos políticos, gremios, sindicatos, entidades religiosas, entre otros.
El fondo reúne los siguientes biblioratos, que contienen lo que se detalla a continuación:

• "Antecedentes de Personas (V25)": notas vinculadas a solicitudes y remisiones de antecedentes de personas, e informes de antecedentes. Se incluyen formularios con datos personales, educativos, laborales, ideológicos, gremiales, religiosos y /o judiciales.
• "Gremios": comunicaciones, notas, recortes de prensa, volantes, artículos periodísticos, listados de comisiones directivas de distintos sindicatos, listados de organizaciones gremiales, invitaciones, designaciones, notas de peticiones de permiso para asambleas.
• "Movimientos universitarios": recortes periodísticos de temas universitarios, certificados de alumno regular, ordenanzas internas, organigramas, listados de autoridades de universidades y folletos.
• "Partidos políticos": recortes de prensa, listado de autoridades de los partidos, informes de inteligencia, informes de actividades, declaraciones de figuras políticas, listados de Comisiones Directivas de los partidos, volantes, boletines, listas de candidatos y volantes de votaciones.
• "Subversión": partes de inteligencia semanales, recortes de prensa, nóminas de pasajeros, volantes, revistas, listados de automóviles que ingresan a la provincia.
• "Entidades religiosas": Recortes de prensa, notificaciones, publicaciones y peticiones de autorizaciones.
• "Residentes extranjeros": Recortes de prensa, solicitudes de informes de antecedentes, informes de antecedentes, cartas de ciudadanía, censos.
• "Medios de comunicación": Listado de periodistas acreditados por el Mundial 78, artículos, recortes periodísticos sobre canales de TV, repetidoras, notas vinculadas a la prohibición de libros, y programación de medios.
• "Personal de Informaciones policiales": Informes de novedades, memorandos, listados con nombres de personas
• "Alta. Promoción. Baja personal policial": partes informativos semanales y Órdenes del día.
• "Organismos de Derechos Humanos": recortes de prensa, informes de inteligencia, listados de personas desaparecidas en San Juan, volantes y folletos.
  Además, hay legajos policiales de detenidos a disposición del PEN, recortes de prensa sobre la Asocicación Amigos Sanjuaninos, memos e informes varios de los años 2002 a 2003.
  Por último, forma parte del fondo, un fichero donde figuran, ordenadas alfabéticamente, antecedentes de personas.

La colección reúne documentos que registran la violencia estatal ejercida en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) entre los años 1974 y 1984. El INTA es un organismo estatal, descentralizado y con autarquía financiera dedicado a la investigación y desarrollo agro-tecnológico que se vio profundamente afectado por la dictadura cívico-militar. En 1974 comenzaron los primeros despidos de trabajadores y trabajadoras y esto se profundizó una vez dado el golpe de Estado. Cientos de trabajadores en ese período fueron cesanteados, perseguidos, detenidos, torturados, asesinados o desaparecidos. En 1980 se dicta la ley 22.294 que, al tiempo que limita sus funciones a la investigación básica, deroga la contribución del 1,5% sobre los productos y subproductos de la agricultura y ganadería que se exporten, con lo cual el INTA perdió su autonomía financiera, situación que fue enmendada en 1984 con la ley 23.058.
Entre los documentos de esta colección, podemos encontrar actas y resoluciones del Consejo Directivo del INTA, información del personal entre los años de referencia, documentación de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) referida al INTA, una copia de la Ley Nacional 23.058/84 que restituye la autarquía al organismo y artículos de periodísticos sobre la Ley Agraria.

La colección reúne dos documentos vinculados al Terrorismo de Estado en Merlo. Por un lado, se encuentra un libro de Georgina Gabucci titulado "Buscando y dejando huellas: Memorias del Terrorismo de Estado en Merlo" editado por la Secretaría de Derechos Humanos del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA). Merlo. Por otro lado, cuenta con un CD que un corto de Producciones Pato's vinculado a la memoria de Jorge Héctor Cols, Maestro Normal Nacional recibido en el colegio Mariano Acosta que, en 1974, fue asesinado por la Alianza Anticomunista Argentina (AAA). El video, recuepera testimonios de personas vinculadas a la Escuela Primaria Normal N°17 donde trabajó Cols como su Directora maría Magdalena y algunos alumnos de Cols: Alejandro Defilipi, Jorge Roberto Salinas, Oscar Lazarte, Rosita Oro, entre otros. Además, se registra la realización y la colocación de una baldosa en su memoria.

La colección contiene documentos recopilados y/o producidos por Aurora Gómez Otero y Norberto Giménez, padres de Silvia Noemí Giménez (detenida-desaparecida), en el marco de las acciones impulsadas para encontrar su paradero. Silvia Noemí Giménez tenía 23 años cuando se la llevaron secuestrada junto a su pareja Raúl en Mar del Plata el 19 de junio de 1976. Ambos eran estudiantes de Agronomía, trabajaban y militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, y tenían un hijo llamado Emiliano. Al momento del secuestro Emiliano tenía 1 año y 3 meses, fue dejado junto con una vecina; luego de unos meses después, fue llevado junto a sus abuelos. El cuerpo de Silvia fue encontrado en una fosa individual en el Cementerio de Avellaneda, e identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense en el año 2005.
Pueden encontrarse dentro de la colección folletos, volantes y correspondencia de las Madres de Plaza de Mayo y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Además, un listado en blanco para completar con información sobre la desaparición de una persona y la solicitada de la APDH (y adherentes) a Jorge Rafael Videla por una ""navidad con paz y justicia"" solicitando el esclarecimiento de la situación de los desaparecidos.
A su vez, la colección contiene sobre de cartas dirigidos a Norberto Giménez en Zelarrayán 1196 (ciudad de Bahía Blanca) proveniente de diferentes remitentes, tales como la Conferencia Episcopal Argentina, Arzobispado de Santa Fe, Nunciatura Apostólica y del exterior del país, como Francia y Suiza. En algunos casos pueden encontrarse las notas de respuestas enviadas por estas instituciones. También notas y borradores manuscritos de correspondencia dirigidas a distintas autoridades del gobierno militar argentino, la Iglesia Católica Argentina y organismos internacionales de recepción de denuncias de violaciones a los Derechos Humanos.
Asimismo, recortes y apuntes con direcciones de contacto de periodistas, autoridades del gobierno y organizaciones de Derechos Humanos, como el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Comisión Permanente por los Derechos Humanos.
Documentos vinculados a la vida personal de Aurora, como cartas de sus amistades, una tarjeta de saludo navideño, comprobantes de pago de préstamo personal de índole económica y social del Banco Nación.
Copias en papel de fotografías de tres niña (sin identificar).
Recortes de prensa del diario Clarín de abril y mayo de 1982 vinculados con la Guerra de Malvinas
Un prendedor de la agrupación H.I.J.O.S.
Por último, puede encontrarse un cuaderno con dibujos del hijo de Silvia, datos de personas y organizaciones para denunciar la desaparición, y borradores de cartas enviadas solicitando información sobre su hija.

La colección está integrada por copias de documentación obrante en archivos del Servicio Penitenciario Federal y contiene legajos de personal del Servicio principalmente.

La colección está integrada por copias de documentación obrante en archivos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y contiene legajos y fojas de servicios de sus integrantes y listados de profesionales de la medicina de sexo femenino, pertenecientes al SPF, que prestaron servicios en unidades penales dentro de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires entre los años 1974 y 1983.

La colección está integrada, principalmente, por copias de documentación obrante en archivos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y contiene legajos de integrantes del SPB.

La colección está integrada por copias de documentación obrante en archivos del Servicio Penitenciario Bonaerense.

La colección reúne documentos en relación a la causa 6859/98 “González Naya, Arturo Félix y otros s/ privación ilegítima de la libertad” llevada adelante en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4 por la cual fueron imputados miembros del Ejército y la Policía. La colección consta de 11 sobres que corresponden a cada una de las entregas fue realizando la SIDE al Juzgado entre noviembre de 2011 a febrero de 2013 que contienen información sistematizada respecto a las consultas realizadas a una base de datos propia del Departamento de Antecedentes de la SIDE sobre la información producida por el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército Argentino y del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea que tienen así identificada. Cada entrada contiene ficha de antecedentes de personas con sus datos personales, familiares, antecedentes, partes de información y grado de valoración de la información.
El Servicio de Inteligencia Aérea (SIFA) fue creado el 18 de julio de 1977, mediante Resolución Nº 256/77 publicada en el Boletín Aeronáutico Reservado 1964, con dependencia de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea. Su misión era la de “reunir y trasmitir la información de interés de los distintos marcos de responsabilidad de la Fuerza Aérea; realizar las actividades de contrainteligencia que se le ordenen y ejecutar las tareas específicas de la especialidad.”
El Batallón de Inteligencia 601 se creó en 1968 en el marco de una “Reestructuración Orgánica del Área de Inteligencia” del Ejército, tal como quedó plasmado en el Boletín Confidencial Nº 374 del 1 de enero de ese año. Físicamente, esta dependencia funcionó en la calle Viamonte 1814/16, esquina con la avenida Callao. El Batallón, además, dependía en forma directa del Comando General del Ejército. En el año 1975, Directiva 1/75 del Consejo de Defensa y Directiva 404/75 del Comando General del Ejército plantearon la necesidad de que las acciones de inteligencia de todo el territorio nacional se centralizaran en la Jefatura II del Estado Mayor General del Ejército. Esta, a su vez, definió como el órgano de ejecución al Batallón 601, que se convirtió así en la dependencia de inteligencia de mayor jerarquía del país. A partir de entonces se estructuró un sistema de información a escala nacional que, a través de la Central de Reunión de Información, hacía confluir en el Batallón los datos recabados por las agencias de inteligencia provinciales. Dicha Central estaba compuesta por personal de la Fuerza Aérea, la Armada, Institutos Penales, Superintendencia de Seguridad Federal, Prefectura, SIDE y del propio Batallón.
A partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el Batallón 601 se desempeñó en apoyo del Comando del I Cuerpo de Ejército, cuyo asiento estaba en el barrio de Palermo de la ciudad de Buenos Aires. A su vez, la Directiva 405/76 determinó el establecimiento de una sección de inteligencia del Batallón en el Comando de la Zona IV, correspondiente a Institutos Militares, ubicado en la guarnición militar de Campo de Mayo. En ambas unidades del Batallón destinó personal propio de manera permanente. En los restantes Cuerpos de Ejército, en cambio, lo enviaba a pedido de los jefes de cada uno de los Comandos. Durante el transcurso de a dictadura, el Batallón constituyó la principal usina de inteligencia a nivel nacional, y además tuvo a cargo acciones de control en las fronteras y realizó algunas operaciones en el extranjero. El 25 de diciembre de 1985, el Boletín Reservado del Ejército 5082 determinó la disolución del Batallón 601, que fue reemplazado en sus funciones por la Central de Reunión de Inteligencia Militar, con asiento en Campo de Mayo.
Tanto el SIFA, como el Batallón de Inteligencia 601 de Ejército y la SIDE, formaron parte de lo que se conoció como la Comunidad Informativa. Se conoce la Comunidad Informativa como el agrupamiento e intercambio de información entre los diferentes servicios y agencias de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad y la SIDE. La circulación de información entre los diferentes organismos para coordinar las acciones de inteligencia desplegadas a lo largo de todo el país e intercambiar la información recopilada, está registrada en distintos documentos a través de los Distribuidores (listado de dependencias a dónde se remitían las copias de un mismo documento) así como en el fondo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que formaba parte de dicha Comunidad Informativa.