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En el estado preliminar de tratamiento archivístico en el que se encuentra el fondo, se puede inferir que este comprende documentos de la Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior, particularmente de la Dirección General de Publicaciones y la Dirección General de Seguridad Interior. La mayoría de estos documentos se vinculan con el seguimiento y tratamiento de los medios de comunicación y publicaciones realizados por ese Ministerio durante la dictadura, pero no exclusivamente.
El Ministerio del Interior, a cargo del General de Brigada Albano Harguindeguy, concentró durante la dictadura el poder de policía, es decir, la capacidad de sanción acerca de todo lo que era caracterizado como una amenaza a la Seguridad Nacional. La Subsecretaría del Interior, a cargo del Coronel José Ruiz Palacios, recibía información proveniente de: a) la Secretaría de Información Pública (SIP) tales como informes de situación psicosocial y comportamiento de medios; b) la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE): sondeos, encuestas y partes informativos sobre noticias relativas al gobierno; c) y de los distintos organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Aduana, Correos, Policía Federal, entre otros. Por este motivo, pueden encontrarse dentro del fondo notas e informes de otras dependencias del Estado nacional y provinciales.
Para la dictadura cívico-militar, el análisis de los medios de comunicación social (MCS) incluía tanto a) las publicaciones: editoriales, diarios, revistas, libros, corresponsales extranjeros, agencias de noticias, imprentas, sistemas de distribución y comercialización, vía pública –afiches, fotografías, y productoras de discos–; como b) los espectáculos: teatros y café concert, conferencias, exposiciones, congresos, entre otros. Y dentro del Ministerio del Interior quien tenía a su cargo el control sobre estos medios era la Dirección General de Publicaciones.
Por este motivo, pueden encontrarse expedientes de la Dirección General de Publicaciones a través de los cuales se tramitaban prohibiciones a publicaciones (artículos, libros, diarios, revistas) que contiene notas remitidas por diferentes organismos del estado nacional y provinciales (como la SIP, el Batallón 601 de Inteligencia, SIDE, Fuerzas Armadas, policías y gobiernos provinciales, Ministerio de Relaciones Exteriores, Municipalidad de Buenos Aires) así como de particulares denunciando la publicación. Dicha Dirección elaboraba un informe con recomendaciones de acción (sanciones, multas, prohibiciones, entre otros) que era elevado a la Subsecretaría del Interior, a la SIP, al Poder Ejecutivo y al área que lo denunció. Si finalmente se prohibía la publicación, ésta se dictada mediante decreto del PEN, por lo que en muchos casos también se encuentran los proyectos de decretos. La encargada del cumplimiento de la medida era la Policía Federal, que debía informar de lo actuado a la Dirección General de Seguridad Interior, por lo que también se pueden encontrar estas notificaciones dentro del fondo. Al respecto, se mencionan algunos ejemplos:

• Informes, planes y notas remitidas por la Secretaría de Información Pública de Presidencia, a cargo del Capitán de Navío Carlos Pablo Carpintero.
• Informes de situación psicosocial (que abarca entre dos y tres semanas del 29 de abril al 12 de diciembre de 1981) y el Plan Nacional de Comunicación para el año 1978.
• Sondeos de Opinión Pública elaborados por la SIDE (Dirección de Comunicación Social), así como informes sobre actuación de los medios de comunicación.
• Informes del accionar de los medios de comunicación elaborados por la Jefatura II del Ejército Argentino del 27 de mayo al 26 de julio de 1981.
• Nota Nº 40 remitida al Ministro del Interior por la Secretaría de Información Pública de Presidencia de la Nación, de fecha 6 de julio de 1977, con informa el análisis realizado por el Comité de Estudios en el ámbito de esa secretaría, integrado por representantes del Ministerio de Planeamiento, Interior y SIDE para analizar el seguimiento y tratamiento de los Medios de Comunicación.
• Informe Especial 10 de octubre de 1977 titulado La subversión en los medios culturales elaborado por la Jefatura III de Operaciones del Estado Mayor General del Ejército, con anotaciones a mano sin identificar productor que contiene como anexo decretos, organigramas y órdenes vinculados a tratamiento de medios en relación a la ""subversión"".
• Memorándum sin fecha del Ministro del Interior Harguindeguy al Presidente de la Nación donde solicita aprobación de las Bases para la Acción Gubernamental en materia de medios de comunicación escritos, sonoros y espectáculos públicos.
• Asimismo, también se pueden encontrar notas tramitadas a través de la Dirección General de Provincias, quien era la encargada de la comunicación con las gobernaciones provinciales, vinculadas al control y censura de los medios de comunicación. Como por ejemplo, la normativa provincial relacionada con "moralidad y buenas costumbres" de varias provincias, en función de una solicitud realizada por esa Dirección General.

Por su parte, la Dirección General de Seguridad Interior, a cargo del Coronel (R) Carlos Alberto Tepedino, tenía como misión dirigir las actividades inmanentes al poder de policía y seguridad interior que le competen al Ministerio del Interior, entendiendo los aspectos funcionales y jurisdiccionales de la Policía Federal, Policía Territorial y Policías Provinciales. Por ello pueden encontrarse las comunicaciones con las diferentes policías y gobernaciones provinciales donde intercambian información referida a antecedentes de personas y/o organizaciones, allanamientos, accionar policial, movilizaciones, conflictos gremiales, entre otros.

En el fondo también pueden encontrarse organigramas, decretos, resoluciones y leyes vinculados a las funciones del Ministerio del Interior.

La Secretaría de Prensa y Difusión de Presidencia tuvo distintas funciones tales como: proporcionar información relativa a las actividades del Presidente de la Nación; colaborar con los Ministerios, Secretarías de Estado y Reparticiones Antárticas en la divulgación informativa de carácter oficial; establecer y mantener un entendimiento mutuo entre el gobierno y las organizaciones, las comunidades y las personas; prestar colaboración a los representantes de la prensa nacional, prensa extranjera y enviados especiales (Decreto Nº 1608/1964); asistir al Presidente de la Nación en todo lo inherente a la información de los actos de gobierno realizando los estudios de opinión que permitan conocer las expectativas y necesidades de la población, administrando provisoriamente los medios de difusión que se encuentran en poder del estado y los intereses del estado en las empresas vinculadas a la información en que éste sea accionista, mientras se dispone su destino definitivo” (Decreto 134/1983).
El fondo reúne, en su mayoría, recortes de diarios y revistas, principalmente de la Capital Federal, de las provincias argentinas y del exterior del país, desde la mitad de la década de 1930 hasta el año 1997, sobre el seguimiento en la prensa escrita de presidentes argentinos, política nacional e internacional, información sobre países, economía, política, sociedad, estructura del Estado, trabajo y medios de comunicación, entre otros. Los recortes están pegados en una hoja acompañados con el título del medio gráfico y la fecha de producción. Se encuentran, además, documentos escritos, informes oficiales, discursos, comunicados de prensa, libros y fotos.
Dicha Secretaría tuvo once cambios de denominación:
Subsecretaría de Información y Prensa: 1943-1944
Subsecretaría de Informaciones: 1945-1954
Secretaría de Prensa y Actividades Culturales: 1955-1957
Servicio de Prensa: 1957-1958
Secretaría de Prensa: 1958-1965
Entre 1964 y 1972, la Secretaría deja de funcionar en el ámbito de la Presidencia para pasar al del Ministerio del Interior.
Secretaría de Difusión y Turismo: 1968-1971
Secretaría de Prensa y Difusión: 1971-1976
Secretaría de Información Pública: 1977-1987 (SIP)
Dirección General de Prensa: 1988-1989
Secretaría de Prensa y Difusión: 1989-1990
Durante su funcionamiento durante la última dictadura militar, la SIP cumplió con una doble función: ejerció como órgano de contralor de los medios de comunicación (prensa, radio, televisión y cine) a través de la aplicación de instrumentos legales mediante organismos oficiales como el COMFER; y se encargó de producir y difundir información y propaganda a través de sus propios medios (la agencia de noticias Télam y los canales de televisión, expropiados durante el gobierno anterior y repartidos después del golpe entre las tres fuerzas) así como de los medios de comunicación en manos privadas. Cfr: Risler (2018) Risler, Julia (2018) La acción psicológica. Dictadura, Inteligencia y gobierno de las emociones (1955-1981). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Tinta Limón.

El fondo reúne copias digitales de fotografías producidas por Mario Rebottaro. Mario nació en Pergamino, Buenos Aires, en noviembre de 1941. Inició su carrera en las artes plásticas al egresar en 1960 de la Escuela Panamericana de Arte y en ese período comenzó su labor profesional y la intervención en concursos en salones nacionales y en certámenes. En el año 1964 comenzó a hacer fotografía periodística y fue reportero gráfico para la revista “Pergamino Entre 15 Días” y en el semanario “La Verdad” en la Capital Federal. Dirigió cerca de 17 años su Escuela de Fotografía y dictó cursos y seminarios en diversas instituciones.
Su última exposición fotográfica fue en París, en marzo de 2006, al cumplirse 30 años del golpe de Estado. La muestra se llamó “Meres en Fer”, “Madres de Hierro” y se compuso por fotografías de las Rondas de Madres de Plaza de Mayo, una selección de las imágenes que integran este fondo. Falleció en el año 2006.
Las fotografías que integran este fondo fueron tomadas en el año 1998 durante los viajes esporádicos que el autor realizaba a Buenos Aires, y que intentaba que fueran los días jueves para poder retratar la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo. El autor tenía un particular interés por este fenómeno, surgido el 30 de abril de 1977, en plena dictadura cívico militar, cuando un grupo de madres de personas desaparecidas se reunieron en Plaza de Mayo para reclamar a las autoridades la aparición con vida de sus hijos e hijas. En esas circunstancias la orden de la Policía Federal fue que circularan, porque no podían permanecer reunidas, lo que originó que caminaran en ronda. Desde ese entonces, cada jueves se realizan estas rondas en reclamo de justicia, que se han convertido en un símbolo de lucha a nivel mundial.
Rebottaro realizó las fotografías de manera autónoma.

El fondo está compuesto por fotografías tomadas por Lucio Solari desde principios de los años 70 hasta 1999 en Argentina. El fotógrafo y reportero gráfico Lucio Solari trabajó en el diario “La Nación” por más de tres décadas y fue vicepresidente de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) en 1982 registrando, durante su trayectoria, un amplio abanico de acontecimientos históricos y actividades oficiales de los diferentes gobiernos y de la dictadura cívico-militar. El fondo reúne fotografías de diversas personalidades y acontecimientos políticos y sociales desde la década de 1970. Hay copias de fotografías del periodo dictatorial bajo el mando de Alejandro Agustín Lanusse. De 1973 se encuentran copias fotográficas de la concentración frente a la Unidad Penal Nº 2 de Devoto en espera de la liberación de los presos políticos, denominado “el Devotazo” ocurrida el 25 de mayo del año 1973; la vigilia y el arribo al aeropuerto de Ezeiza de los militantes que fueron liberados de la Unidad Penal Nº 6 de Rawson el día 26 de mayo de 1973, de la cárcel de Caseros los días 25 y 28 de mayo, del regreso de sobrevivientes de la Masacre en Trelew y de conferencias de prensa brindadas por Juan Domingo Perón en su residencia de Gaspar Campos 1065 en Vicente López. Del período vinculado a la última dictadura cívico-militar se incluyen fotografías de actividades oficiales en Mendoza y Buenos Aires en las cuales aparecen Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Leopoldo Fortunato Galtieri, Albano Harguindeguy, Roberto Eduardo Viola, entre otros; de marchas de Madres de Plaza de Mayo en una de las cuales aparece Aldo Pérez Esquivel; manifestaciones que se llevaron a cabo en la Ciudad de Buenos Aires durante la guerra de las Malvinas, movilizaciones sindicales contra la dictadura cívico militar durante el año 1982 y otras manifestaciones como un Camarazo realizado por reporteros gráficos también en 1982. Asimismo integran este fondo un conjunto de fotografías de episodios vinculados al período de retorno a la democracia; como también retratos fotográficos de personalidades vinculadas al gobierno de Carlos Saúl Menem y múltiples actividades realizadas por los organismos de derechos humanos durante las décadas 1980 y 1990.

Este fondo reúne copias digitales de fotografías tomadas por el fotógrafo Julio Menajovsky. El 6 de septiembre de 1974 fue secuestrado y al día siguiente legalizado en la cárcel de Villa Devoto. Estuvo preso en distintas cárceles del país entre 1974 y 1982, exiliándose ese año en Francia para regresar definitivamente al país en 1985. La extensa trayectoria profesional de Julio se plasma en esta parte de su fondo personal. Se trata de un registro de la actividad de los organismos de derechos humanos en su lucha por la memoria y la justicia desde mediados de la década de 1980 hasta el presente, así como acontecimientos de relevancia social ocurridas en el mismo período.

A través del Decreto 158 del 15 de diciembre de 1983, el gobierno de Raúl Alfonsín ordenó la realización de un juicio sumario a los integrantes de las Juntas Militares que estuvieron en el poder desde el 24 de marzo de 1976 hasta la guerra de Malvinas. Tras derogar la “Ley de autoamnistía” sancionada hacia el final de la dictadura, el 28 de diciembre de 1983 el gobierno comunicó al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que debía iniciar la instrucción y el juicio sumario de la que más tarde sería conocida como “Causa 13”.
Apoyándose en la ley 23.049/84 de reforma de del Código de Justicia Militar, y ante las demoras del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para juzgar a sus pares, el 4 de octubre de 1984 la Cámara Federal desplazó al tribunal castrense y por avocación continuó con la investigación.
No obstante a cargo de la justicia penal, el proceso judicial se realizó bajo los procedimientos del Código de Justicia Militar, que imponía el juicio sumario, oral y público. Por decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones, el canal estatal de televisión, Argentina Televisora Color (ATC), registró íntegramente el desarrollo del juicio.
Entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985 tuvieron lugar las audiencias orales del juicio en las que prestaron declaración testimonial 833 personas citadas por las defensas y por el Ministerio Público. Entre agosto y septiembre se dio lectura a la acusación presentada por la Fiscalía y entre los meses de octubre y noviembre tuvieron lugar los alegatos de las defensas de los ex comandantes. El 9 de diciembre de 1985, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal dictó sentencia fundada en el análisis de 709 casos presentados. Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera fueron condenados a reclusión perpetua; Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión; Armando Lambruschini a ocho años y Orlando Ramón Agosti a cuatro años y seis meses. Omar Domingo Rubens Graffigna, Basilio Arturo Lami Dozo, Leopoldo Fortunato Galtieri y Jorge Isaac Anaya fueron absueltos.
El fondo comprende la totalidad de las audiencias orales (530 horas) producidas en el marco del proceso judicial conocido como Juicio a las Juntas Militares, en el que se juzgó a los nueve miembros de las tres primeras Juntas Militares como responsables por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Argentina durante la dictadura cívico-militar durante los años 1976 y 1983. Como material complementario fueron digitalizadas las actas mecanografiadas del juicio.
Asimismo, contiene copia digital de los 185 cuerpos de la Causa13/84 caratulada 'causa originariamente instruida por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del decreto 158/83 del Poder Ejecutivo Nacional'. Así como copia de las actas mecanografiadas de las manifestaciones vertidas por el Tribunal, las partes y testigos en el transcurso de la audiencia.
El fondo también reúne la documentación aportada como prueba por cada una de las partes. Se destacan los "cuadernos de la defensa" de Ramón Orlando Agosti, Leopoldo Fortunato Galtieri, Armando Lambruschini, Emilio Eduardo Massera, Jorge Rafael Videla y Roberto Eduardo Viola; así como las Directivas, Planes y Reglamentos de las tres Fuerzas Armadas. También hay copia de los expedientes del Consejo de Guerra Especial Estable. A su vez, pueden encontrarse la documentación traducida del idioma inglés aportada como cuaderno de prueba de la Fiscalía, documentación y reclamos gestionados a través de la Cancillería argentina vinculados a denuncias realizadas en el exterior y copia de la documentación aportada por los testigos.
Por su parte, pueden encontrarse copias de las denuncias vinculadas a desapariciones forzadas de personas recibidas por el Ministerio de Defensa durante el periodo de la dictadura, distintas denuncias de privación ilegítima de la libertad recibidas ante la justicia de las provincias de Entre Ríos, Mendoza y Santa Fe y copia de todos los habeas corpus presentados durante el juicio.

Este fondo reúne copias digitales de negativos 35 mm que registran la militancia política y social de los años ´70 y el accionar de organizaciones sociales, políticas y los organismos de derechos humanos. Se incluyen también copias de fotografías del triunfo del presidente Héctor J. Cámpora en las elecciones de 1973, el regreso de Juan Domingo Perón al país luego del exilio y la repatriación de los restos de Eva Duarte.
Durante la dictadura Loiácono registró los actos oficiales retratando a militares, religiosos y empresarios, fotografió la creciente demanda social de familiares de detenidos desaparecidos frente al Estado, el nacimiento y desarrollo de los organismos de derechos humanos y las movilizaciones contra el gobierno de facto, así como los reclamos durante los períodos democráticos posteriores. Se destaca además un vasto registro de personalidades y acontecimientos referidos a la primera presidencia de Carlos Saúl Menem.

El fondo, que es una parcialidad del mismo, reúne documentación de y sobre Patrick Rice organizada por su esposa Fátima y sus hijos. Patrick Rice fue un sacerdote irlandés, que se radicó en Argentina en la década de 1970, y fue además activista y defensor de los derechos humanos. En 1976 fue secuestrado y desaparecido junto a su esposa y, tras las presiones del gobierno irlandés, ambos fueron liberados exiliándose a Londres hasta 1984, año en que regresan a Argentina.
Dentro de los documentos que componen este fondo hay documentación personal de Patrick Rick. En este sentido destaca la correspondencia recibida y enviada por miembros de la familia Rice que, en su mayoría son cartas escritas por Patrick, dirigidas a sus madre, padre y sus seres queridos en Irlanda, aunque también hay con un conjunto de cartas dirigidas a Patrick así como otras dirigidas a otros miembros de la familia. En estas misivas se abordan temáticas son de índole personal y familiar con información sobre sus viajes y algunas cartas responden a su tarea como sacerdote. También se encuentran documentos vinculados a los Pequeños Hermanos del Evangelio de la Fraternidad Carlos De Foucaud, organización a la que ingresó en 1972.
Otra correspondencia que forma parte del fondo refiere a la actividad de Patrick Rice de denuncia de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las décadas de 1970 y 1980 en Latinoamérica. Asimismo forma parte de este fondo una profusa cantidad y variedad de reflexiones, escritos y poemas, manuscritos y mecanografiados, escritos por Patrick Rice. Las temáticas abordadas se encuentran vinculadas a su detención ilegal en Argentina en 1976, sus vivencias en Latinoamérica relacionadas a las graves violaciones a los derechos humanos en la región, su vida interior y religiosidad, la situación político-social de países latinoamericanos, la creación de un Centro Interreligioso en el Espacio Memoria y Derechos Humanos Ex ESMA, sobre viajes a Estados Unidos y reuniones con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y ponencias brindadas en conferencias.
También forman parte de este fondo algunos documentos relacionados al funcionamiento de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM) de la cual Patrick Rice fue fundador y secretario general. Finalmente el fondo cuenta con artículos y publicaciones sobre violaciones a los derechos humanos así como folletos y volantes sobre el terrorismo de Estado en Argentina.

Este fondo reúne la documentación generada y recibida por el Ente Autárquico Mundial 78 (EAM 78) con el objeto de organizar y llevar adelante el Campeonato Mundial de Fútbol de ese año. La decisión de que la Argentina fuera la sede del evento había sido tomada ya previo al golpe de Estado del 24 marzo de 1976. Sin embargo, la Junta Militar le otorgó especial atención a la realización del Mundial, ya que consideraba que se trataba de una oportunidad privilegiada para mostrar una buena imagen del país a la comunidad extranjera, procurando evadir así las denuncias que circulaban en el extranjero contra la dictadura por violaciones a los derechos humanos.
Para su organización, el régimen militar creó, mediante la Ley N° 21.349 del 2 de julio de 1976, el EAM 78, que reemplazaba a la Comisión de Apoyo al Mundial dependiente del Ministerio de Bienestar Social. La entidad estuvo presidida inicialmente por el general Omar Actis. Luego de su asesinato, ocurrido el 19 de agosto de 1976, el cargo fue ocupado por el general (R) Antonio Merlo, aunque la mayoría de las decisiones en materia organizativa las tomó el contraalmirante Carlos Lacoste, quien había sido designado vicepresidente del organismo. Además de crear el EAM 78, la Junta Militar contrató a la empresa norteamericana Burson-Marsteller y Asociados, especializada en la mejora de la imagen de gobiernos, para que tuviera a cargo la publicidad del Mundial y demostrara que las denuncias contra la dictadura eran parte de una “campaña antiargentina” organizada desde el extranjero. A esto se destinó parte de los aproximadamente 500 millones de dólares que se gastaron para la realización del evento, una cifra astronómica para los parámetros de la época y que nunca pudo confirmarse con exactitud debido a la ausencia de balances contables. El dinero se utilizó también para remodelar algunos de los estadios que serían sede de los partidos y para la creación de una moderna planta de televisión a colores, el “Centro de Producción Buenos Aires”, ubicada en la esquina de la avenida Libertador y Tagle de la Ciudad de Buenos Aires.
Fuera de la Argentina, el Mundial generó un fuerte impacto entre las y los exiliados, que se tradujo en una fractura entre quienes pretendían impedir la realización del torneo –agrupados en el Comité de Boicot a la Organización del Mundial de Fútbol en la Argentina (COBA)– y quienes, en cambio, creían que el evento deportivo era una ocasión excepcional para concitar la atención de la prensa internacional y exponer así ante el mundo las atrocidades que cometía la Junta Militar en el país. Las posiciones y disputas entre ambos grupos quedaron reflejadas en la documentación que produjeron durante las distintas campañas de denuncia y solidaridad que llevaron adelante en diversos países de América y, fundamentalmente, de Europa Occidental.
El Mundial comenzó formalmente con la ceremonia de apertura que se realizó el 1 de junio, de la que participó el presidente de facto Jorge Rafael Videla, y se extendió a lo largo de poco más de tres semanas. La competencia deportiva tuvo como ganadora a la Argentina, que se consagró así por primera vez como campeona del mundo, aunque al día de hoy existen sospechas sobre el posible arreglo del partido en que la selección local le ganó 6 a 0 al combinado de Perú, resultado que le permitió clasificar a las instancias definitorias del certamen. En términos políticos, el enorme esfuerzo destinado por la dictadura para mejorar su imagen en el extranjero no rindió sus frutos, como dejaría en evidencia la creciente condena internacional al régimen militar durante los años posteriores.
Entre los documentos que forman parte de este acervo se encuentran: legajos de personal contratado, documentación administrativa, planos y fotografías de las obras realizadas en todo el país, expedientes de compras y contrataciones, resoluciones de la presidencia del Ente Autárquico, organigramas, adjudicaciones (muchas de ellas directas), libros de obras de construcción y ampliación de estadios de fútbol (River Plate, Vélez Sarsfield, Mar del Plata, Rosario Central, Córdoba y Mendoza), cintas de audio de partidos, correspondencia nacional e internacional, modelos de uniformes del personal, notas del concurso cerrado para la creación del afiche oficial Campeonato Mundial de Futbol 1978, fotocromos para boletines y transparencias varias, notas sobre las transmisiones televisivas, listados de acreditaciones periodísticas y planes de acción psicológica tendientes a mejorar la imagen del país.

El fondo reúne diferentes tipos de documentos producidos por la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial (CONAREPA) en cumplimiento de sus funciones. La CONAREPA fue creada durante la última dictadura cívico-militar a través del Decreto Nº 3.245/77 del 21 de octubre de 1977. Su misión sería la de “investigar con las más amplias facultades la composición del patrimonio de las personas físicas o jurídicas afectadas por la Ley Nº 21.670, reglamentaria a su vez de las Actas del 18 de junio de 1976 y del 3 de Febrero de 1977". Esta normativa establecía que las personas propietarias de empresas que fueran identificadas como opositoras a la Junta Militar no podrían disponer de ellas o administrarlas hasta tanto no acreditasen su adquisición mediante un procedimiento burocrático de presentación de la documentación probatoria de su titularidad. En caso de no hacerlo en el plazo estipulado, la CONAREPA podía “dictar resolución ordenando la transferencia de los bienes interdictos al patrimonio del Estado Nacional”, acción que se aplicó sobre el patrimonio de diversos ex funcionarios y empresarios vinculados al tercer gobierno peronista (1973-1976). El fondo que registra la actividad de la Comisión posee entre otra documentación las actas en las que se da cuenta de las causas seguidas contra personas físicas y jurídicas. La CONAREPA fue disuelta por medio del Decreto 1539/83, sancionado el 23 de junio de 1983. Sus funciones fueron entonces transferidas al Ministerio de Economía, que tuvo a cargo las tareas de guarda, depósito, conservación, fiscalización y administración de los bienes, incluyendo la posibilidad de disponer la venta de los activos de las empresas intervenidas -previa autorización del Ejecutivo- cuando estas se encontraran en cesación de pagos o próximas a estarlo.
Los tipos documentales que se encuentran en el fondo son expedientes, libros de actas, decretos, fichas, correspondencia, hipotecas, copias de escrituras, entre otros, todos correspondientes a las funciones desarrolladas por la Comisión.

El fondo reúne documentación producida y recopilada por Celia Jinkis de Korsunsky, Madre de Plaza de Mayo de Bahía Blanca, a raíz de la desaparición y búsqueda de su hijo Eduardo Korsunsky. Eduardo, nacido en Bernasconi (La Pampa), era estudiante de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca y militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). El 4 de agosto de 1976 Eduardo fue secuestrado en la localidad de San Nicolás continuando desaparecido hasta la actualidad. Desde entonces Celia dedicó su vida a la búsqueda de su hijo, siendo parte del inicio y fundación de Madres de Plaza de Mayo, filial Bahía Blanca.

Entre los documentos que conforman el fondo hay una nutrida correspondencia de Celia Jinkis de Korsunsky, muchas de las cuales, y algunos borradores de las mismas, están dirigidas a diversas autoridades civiles y eclesiásticas así como a las Fuerzas Armadas y de Seguridad solicitando ayuda para dar con el paradero de Eduardo. Asimismo hay algunas cartas enviadas o recibidas de organismos internacionales y a embajadas de diferentes países, a personalidades reconocidas, periodistas, partidos políticos, diferentes medios de comunicación y organismos de defensa de los Derechos Humanos y otras, de carácter más personal, con familiares y amigos y amigas. Entre las respuestas recibidas, ninguna ofrece información de su hijo.
Asimismo el fondo contiene escritos y anotaciones de Celia de muy diversa índole: datos de contacto de personas, pequeñas frases, discursos preparados para eventos, muchas semblanzas de Eduardo y un número importante de relatos de lo que significó la desaparición de su hijo Eduardo en su vida, de su lucha en Madres y cómo fueron los comienzos de esa organización de mujeres transidas por el dolor, la angustia y la desesperación que hicieron de ello una lucha colectiva.
Además está la documentación relacionada a las presentaciones ante la Justicia por la desaparición de Eduardo. En este sentido el fondo contiene testimonios y relatos de los hechos realizados por Celia, los formularios de las denuncias realizadas ante Familiares y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los habeas corpus interpuestos, y las cédulas de notificación del Poder Judicial en rechazo a estas presentaciones. También se incluye la documentación sobre Eduardo Korsunsky aportada por la Comisión Provincial por la Memoria solicitada en 2004 a instancias del Ministerio Público de la Nación.

Por otro lado hay algunos documentos previos a la desaparición de Eduardo. Entre ellos están las copias digitales de correspondencia de Eduardo Korsunsky recibida por su familia. La última carta enviada por Eduardo a su familia, que forma parte de esta serie, está fechada el 28 de julio de 1976, siete días antes de que fuera detenido desaparecido en la localidad de San Nicolás. Asimismo, se reúne cierta documentación de Eduardo como un dibujo realizado durante sus estudios primarios en el Instituto Mariano Moreno de Bernasconi (La Pampa), algunos vinculados a su paso por la Escuela Normal de Bahía Blanca, donde realizó sus estudios secundarios y otros de la Universidad Nacional del Sur, en la cual Eduardo estudió Licenciatura en Economía, así como programas de presentaciones de su grupo de música Sextozeyko, y unos pocos escritos y fotografías.

Vinculados a la participación de Celia en Madres de Plaza de Mayo así como en relación a su defensa de los Derechos Humanos, el fondo reúne folletos de organismos de Derechos Humanos; folletos, programas e invitaciones a actividades culturales sobre la Memoria; certificados de reconocimiento a su participación en encuentros de estas características;
artículos, mayormente periodísticos, acerca de la detención y desaparición de Eduardo Korsunsky así como de la dictadura en general y sobre la lucha de Madres de Plaza de Mayo, especialmente de la búsqueda de Celia Jinkis de su hijo Eduardo. Además, hay copias digitales de objetos que pertenecieron a Celia recibidos como obsequios, tales como adornos y pins con dibujos e imágenes del pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo así como una copia digital de un pañuelo de Madres de Plaza de Mayo de Bahía Blanca.