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La Secretaría de Prensa y Difusión de Presidencia tuvo distintas funciones tales como: proporcionar información relativa a las actividades del Presidente de la Nación; colaborar con los Ministerios, Secretarías de Estado y Reparticiones Antárticas en la divulgación informativa de carácter oficial; establecer y mantener un entendimiento mutuo entre el gobierno y las organizaciones, las comunidades y las personas; prestar colaboración a los representantes de la prensa nacional, prensa extranjera y enviados especiales (Decreto Nº 1608/1964); asistir al Presidente de la Nación en todo lo inherente a la información de los actos de gobierno realizando los estudios de opinión que permitan conocer las expectativas y necesidades de la población, administrando provisoriamente los medios de difusión que se encuentran en poder del estado y los intereses del estado en las empresas vinculadas a la información en que éste sea accionista, mientras se dispone su destino definitivo” (Decreto 134/1983).
El fondo reúne, en su mayoría, recortes de diarios y revistas, principalmente de la Capital Federal, de las provincias argentinas y del exterior del país, desde la mitad de la década de 1930 hasta el año 1997, sobre el seguimiento en la prensa escrita de presidentes argentinos, política nacional e internacional, información sobre países, economía, política, sociedad, estructura del Estado, trabajo y medios de comunicación, entre otros. Los recortes están pegados en una hoja acompañados con el título del medio gráfico y la fecha de producción. Se encuentran, además, documentos escritos, informes oficiales, discursos, comunicados de prensa, libros y fotos.
Dicha Secretaría tuvo once cambios de denominación:
Subsecretaría de Información y Prensa: 1943-1944
Subsecretaría de Informaciones: 1945-1954
Secretaría de Prensa y Actividades Culturales: 1955-1957
Servicio de Prensa: 1957-1958
Secretaría de Prensa: 1958-1965
Entre 1964 y 1972, la Secretaría deja de funcionar en el ámbito de la Presidencia para pasar al del Ministerio del Interior.
Secretaría de Difusión y Turismo: 1968-1971
Secretaría de Prensa y Difusión: 1971-1976
Secretaría de Información Pública: 1977-1987 (SIP)
Dirección General de Prensa: 1988-1989
Secretaría de Prensa y Difusión: 1989-1990
Durante su funcionamiento durante la última dictadura militar, la SIP cumplió con una doble función: ejerció como órgano de contralor de los medios de comunicación (prensa, radio, televisión y cine) a través de la aplicación de instrumentos legales mediante organismos oficiales como el COMFER; y se encargó de producir y difundir información y propaganda a través de sus propios medios (la agencia de noticias Télam y los canales de televisión, expropiados durante el gobierno anterior y repartidos después del golpe entre las tres fuerzas) así como de los medios de comunicación en manos privadas. Cfr: Risler (2018) Risler, Julia (2018) La acción psicológica. Dictadura, Inteligencia y gobierno de las emociones (1955-1981). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Tinta Limón.

El fondo está compuesto por fotografías tomadas por Lucio Solari desde principios de los años 70 hasta 1999 en Argentina. El fotógrafo y reportero gráfico Lucio Solari trabajó en el diario “La Nación” por más de tres décadas y fue vicepresidente de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) en 1982 registrando, durante su trayectoria, un amplio abanico de acontecimientos históricos y actividades oficiales de los diferentes gobiernos y de la dictadura cívico-militar. El fondo reúne fotografías de diversas personalidades y acontecimientos políticos y sociales desde la década de 1970. Hay copias de fotografías del periodo dictatorial bajo el mando de Alejandro Agustín Lanusse. De 1973 se encuentran copias fotográficas de la concentración frente a la Unidad Penal Nº 2 de Devoto en espera de la liberación de los presos políticos, denominado “el Devotazo” ocurrida el 25 de mayo del año 1973; la vigilia y el arribo al aeropuerto de Ezeiza de los militantes que fueron liberados de la Unidad Penal Nº 6 de Rawson el día 26 de mayo de 1973, de la cárcel de Caseros los días 25 y 28 de mayo, del regreso de sobrevivientes de la Masacre en Trelew y de conferencias de prensa brindadas por Juan Domingo Perón en su residencia de Gaspar Campos 1065 en Vicente López. Del período vinculado a la última dictadura cívico-militar se incluyen fotografías de actividades oficiales en Mendoza y Buenos Aires en las cuales aparecen Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Leopoldo Fortunato Galtieri, Albano Harguindeguy, Roberto Eduardo Viola, entre otros; de marchas de Madres de Plaza de Mayo en una de las cuales aparece Aldo Pérez Esquivel; manifestaciones que se llevaron a cabo en la Ciudad de Buenos Aires durante la guerra de las Malvinas, movilizaciones sindicales contra la dictadura cívico militar durante el año 1982 y otras manifestaciones como un Camarazo realizado por reporteros gráficos también en 1982. Asimismo integran este fondo un conjunto de fotografías de episodios vinculados al período de retorno a la democracia; como también retratos fotográficos de personalidades vinculadas al gobierno de Carlos Saúl Menem y múltiples actividades realizadas por los organismos de derechos humanos durante las décadas 1980 y 1990.

A través del Decreto 158 del 15 de diciembre de 1983, el gobierno de Raúl Alfonsín ordenó la realización de un juicio sumario a los integrantes de las Juntas Militares que estuvieron en el poder desde el 24 de marzo de 1976 hasta la guerra de Malvinas. Tras derogar la “Ley de autoamnistía” sancionada hacia el final de la dictadura, el 28 de diciembre de 1983 el gobierno comunicó al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que debía iniciar la instrucción y el juicio sumario de la que más tarde sería conocida como “Causa 13”.
Apoyándose en la ley 23.049/84 de reforma de del Código de Justicia Militar, y ante las demoras del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para juzgar a sus pares, el 4 de octubre de 1984 la Cámara Federal desplazó al tribunal castrense y por avocación continuó con la investigación.
No obstante a cargo de la justicia penal, el proceso judicial se realizó bajo los procedimientos del Código de Justicia Militar, que imponía el juicio sumario, oral y público. Por decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones, el canal estatal de televisión, Argentina Televisora Color (ATC), registró íntegramente el desarrollo del juicio.
Entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985 tuvieron lugar las audiencias orales del juicio en las que prestaron declaración testimonial 833 personas citadas por las defensas y por el Ministerio Público. Entre agosto y septiembre se dio lectura a la acusación presentada por la Fiscalía y entre los meses de octubre y noviembre tuvieron lugar los alegatos de las defensas de los ex comandantes. El 9 de diciembre de 1985, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal dictó sentencia fundada en el análisis de 709 casos presentados. Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera fueron condenados a reclusión perpetua; Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión; Armando Lambruschini a ocho años y Orlando Ramón Agosti a cuatro años y seis meses. Omar Domingo Rubens Graffigna, Basilio Arturo Lami Dozo, Leopoldo Fortunato Galtieri y Jorge Isaac Anaya fueron absueltos.
El fondo comprende la totalidad de las audiencias orales (530 horas) producidas en el marco del proceso judicial conocido como Juicio a las Juntas Militares, en el que se juzgó a los nueve miembros de las tres primeras Juntas Militares como responsables por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Argentina durante la dictadura cívico-militar durante los años 1976 y 1983. Como material complementario fueron digitalizadas las actas mecanografiadas del juicio.
Asimismo, contiene copia digital de los 185 cuerpos de la Causa13/84 caratulada 'causa originariamente instruida por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del decreto 158/83 del Poder Ejecutivo Nacional'. Así como copia de las actas mecanografiadas de las manifestaciones vertidas por el Tribunal, las partes y testigos en el transcurso de la audiencia.
El fondo también reúne la documentación aportada como prueba por cada una de las partes. Se destacan los "cuadernos de la defensa" de Ramón Orlando Agosti, Leopoldo Fortunato Galtieri, Armando Lambruschini, Emilio Eduardo Massera, Jorge Rafael Videla y Roberto Eduardo Viola; así como las Directivas, Planes y Reglamentos de las tres Fuerzas Armadas. También hay copia de los expedientes del Consejo de Guerra Especial Estable. A su vez, pueden encontrarse la documentación traducida del idioma inglés aportada como cuaderno de prueba de la Fiscalía, documentación y reclamos gestionados a través de la Cancillería argentina vinculados a denuncias realizadas en el exterior y copia de la documentación aportada por los testigos.
Por su parte, pueden encontrarse copias de las denuncias vinculadas a desapariciones forzadas de personas recibidas por el Ministerio de Defensa durante el periodo de la dictadura, distintas denuncias de privación ilegítima de la libertad recibidas ante la justicia de las provincias de Entre Ríos, Mendoza y Santa Fe y copia de todos los habeas corpus presentados durante el juicio.

Este fondo reúne copias digitales de negativos 35 mm que registran la militancia política y social de los años ´70 y el accionar de organizaciones sociales, políticas y los organismos de derechos humanos. Se incluyen también copias de fotografías del triunfo del presidente Héctor J. Cámpora en las elecciones de 1973, el regreso de Juan Domingo Perón al país luego del exilio y la repatriación de los restos de Eva Duarte.
Durante la dictadura Loiácono registró los actos oficiales retratando a militares, religiosos y empresarios, fotografió la creciente demanda social de familiares de detenidos desaparecidos frente al Estado, el nacimiento y desarrollo de los organismos de derechos humanos y las movilizaciones contra el gobierno de facto, así como los reclamos durante los períodos democráticos posteriores. Se destaca además un vasto registro de personalidades y acontecimientos referidos a la primera presidencia de Carlos Saúl Menem.

El fondo, que es una parcialidad del mismo, reúne documentación de y sobre Patrick Rice organizada por su esposa Fátima y sus hijos. Patrick Rice fue un sacerdote irlandés, que se radicó en Argentina en la década de 1970, y fue además activista y defensor de los derechos humanos. En 1976 fue secuestrado y desaparecido junto a su esposa y, tras las presiones del gobierno irlandés, ambos fueron liberados exiliándose a Londres hasta 1984, año en que regresan a Argentina.
Dentro de los documentos que componen este fondo hay documentación personal de Patrick Rick. En este sentido destaca la correspondencia recibida y enviada por miembros de la familia Rice que, en su mayoría son cartas escritas por Patrick, dirigidas a sus madre, padre y sus seres queridos en Irlanda, aunque también hay con un conjunto de cartas dirigidas a Patrick así como otras dirigidas a otros miembros de la familia. En estas misivas se abordan temáticas son de índole personal y familiar con información sobre sus viajes y algunas cartas responden a su tarea como sacerdote. También se encuentran documentos vinculados a los Pequeños Hermanos del Evangelio de la Fraternidad Carlos De Foucaud, organización a la que ingresó en 1972.
Otra correspondencia que forma parte del fondo refiere a la actividad de Patrick Rice de denuncia de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las décadas de 1970 y 1980 en Latinoamérica. Asimismo forma parte de este fondo una profusa cantidad y variedad de reflexiones, escritos y poemas, manuscritos y mecanografiados, escritos por Patrick Rice. Las temáticas abordadas se encuentran vinculadas a su detención ilegal en Argentina en 1976, sus vivencias en Latinoamérica relacionadas a las graves violaciones a los derechos humanos en la región, su vida interior y religiosidad, la situación político-social de países latinoamericanos, la creación de un Centro Interreligioso en el Espacio Memoria y Derechos Humanos Ex ESMA, sobre viajes a Estados Unidos y reuniones con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y ponencias brindadas en conferencias.
También forman parte de este fondo algunos documentos relacionados al funcionamiento de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM) de la cual Patrick Rice fue fundador y secretario general. Finalmente el fondo cuenta con artículos y publicaciones sobre violaciones a los derechos humanos así como folletos y volantes sobre el terrorismo de Estado en Argentina.

Este fondo reúne la documentación generada y recibida por el Ente Autárquico Mundial 78 (EAM 78) con el objeto de organizar y llevar adelante el Campeonato Mundial de Fútbol de ese año. La decisión de que la Argentina fuera la sede del evento había sido tomada ya previo al golpe de Estado del 24 marzo de 1976. Sin embargo, la Junta Militar le otorgó especial atención a la realización del Mundial, ya que consideraba que se trataba de una oportunidad privilegiada para mostrar una buena imagen del país a la comunidad extranjera, procurando evadir así las denuncias que circulaban en el extranjero contra la dictadura por violaciones a los derechos humanos.
Para su organización, el régimen militar creó, mediante la Ley N° 21.349 del 2 de julio de 1976, el EAM 78, que reemplazaba a la Comisión de Apoyo al Mundial dependiente del Ministerio de Bienestar Social. La entidad estuvo presidida inicialmente por el general Omar Actis. Luego de su asesinato, ocurrido el 19 de agosto de 1976, el cargo fue ocupado por el general (R) Antonio Merlo, aunque la mayoría de las decisiones en materia organizativa las tomó el contraalmirante Carlos Lacoste, quien había sido designado vicepresidente del organismo. Además de crear el EAM 78, la Junta Militar contrató a la empresa norteamericana Burson-Marsteller y Asociados, especializada en la mejora de la imagen de gobiernos, para que tuviera a cargo la publicidad del Mundial y demostrara que las denuncias contra la dictadura eran parte de una “campaña antiargentina” organizada desde el extranjero. A esto se destinó parte de los aproximadamente 500 millones de dólares que se gastaron para la realización del evento, una cifra astronómica para los parámetros de la época y que nunca pudo confirmarse con exactitud debido a la ausencia de balances contables. El dinero se utilizó también para remodelar algunos de los estadios que serían sede de los partidos y para la creación de una moderna planta de televisión a colores, el “Centro de Producción Buenos Aires”, ubicada en la esquina de la avenida Libertador y Tagle de la Ciudad de Buenos Aires.
Fuera de la Argentina, el Mundial generó un fuerte impacto entre las y los exiliados, que se tradujo en una fractura entre quienes pretendían impedir la realización del torneo –agrupados en el Comité de Boicot a la Organización del Mundial de Fútbol en la Argentina (COBA)– y quienes, en cambio, creían que el evento deportivo era una ocasión excepcional para concitar la atención de la prensa internacional y exponer así ante el mundo las atrocidades que cometía la Junta Militar en el país. Las posiciones y disputas entre ambos grupos quedaron reflejadas en la documentación que produjeron durante las distintas campañas de denuncia y solidaridad que llevaron adelante en diversos países de América y, fundamentalmente, de Europa Occidental.
El Mundial comenzó formalmente con la ceremonia de apertura que se realizó el 1 de junio, de la que participó el presidente de facto Jorge Rafael Videla, y se extendió a lo largo de poco más de tres semanas. La competencia deportiva tuvo como ganadora a la Argentina, que se consagró así por primera vez como campeona del mundo, aunque al día de hoy existen sospechas sobre el posible arreglo del partido en que la selección local le ganó 6 a 0 al combinado de Perú, resultado que le permitió clasificar a las instancias definitorias del certamen. En términos políticos, el enorme esfuerzo destinado por la dictadura para mejorar su imagen en el extranjero no rindió sus frutos, como dejaría en evidencia la creciente condena internacional al régimen militar durante los años posteriores.
Entre los documentos que forman parte de este acervo se encuentran: legajos de personal contratado, documentación administrativa, planos y fotografías de las obras realizadas en todo el país, expedientes de compras y contrataciones, resoluciones de la presidencia del Ente Autárquico, organigramas, adjudicaciones (muchas de ellas directas), libros de obras de construcción y ampliación de estadios de fútbol (River Plate, Vélez Sarsfield, Mar del Plata, Rosario Central, Córdoba y Mendoza), cintas de audio de partidos, correspondencia nacional e internacional, modelos de uniformes del personal, notas del concurso cerrado para la creación del afiche oficial Campeonato Mundial de Futbol 1978, fotocromos para boletines y transparencias varias, notas sobre las transmisiones televisivas, listados de acreditaciones periodísticas y planes de acción psicológica tendientes a mejorar la imagen del país.

El núcleo de la colección está constituido por documentación que perteneció al Comando I Cuerpo del Ejército Argentino. El Comando del I Cuerpo de Ejército se encuentra sito en el barrio de Palermo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el cruce entre las Avenidas Santa Fe y Bullrich. El mismo ha sido cabeza de una de las grandes Unidades de Batalla del Ejército Argentino, el I Cuerpo de Ejército creado originariamente en la zonificación en febrero de 1960. Dicha zona abarcó al comienzo la Capital Federal, la Provincia de Buenos Aires y La Pampa. A partir de la directiva 404/75, de octubre de 1975, la cual pone en ejecución la directiva 1/75 y posteriormente en marzo de 1976, mediante la directiva 405/76, llamada “Reestructuración de jurisdicciones y adecuación orgánica para intensificar las operaciones contra la subversión” se adecúan nuevamente las zonas modificando las competencias territoriales del Comando de la zona I . Allí se excluye de la zona I un conjunto de Partidos del noreste de la provincia de Buenos Aires que pasan a conformar la Zona IV. Por la zona militar bajo su responsabilidad durante la última dictadura cívico militar de 1976 ha sido el comando que tuvo bajo su órbita el mayor número de habitantes 11,5 millones de personas, con 7 subzonas y 31 áreas. Hacia finales de 1979, una nueva readecuación excluye de su incumbencia la Provincia de La Pampa. Entre los documentos sacados del Ejército, hay partes de inteligencia; documentos con fotos de distintitas personas tipo prontuario, de las que se consignaba nombre y apodo; notas entre miembros del Ejército con el objeto de enviar información sobre personas y documentos adjuntos de secuestrados; copias de documentos pertenecientes a organizaciones como Montoneros, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Partido Comunista, Partido Obrero, Partido Comunista Revolucionario, entre otras; y documentos vinculados con el terrorismo de Estado en Chile. Muchos de los documentos, por la forma en que fueron obtenidos, se encuentran incompletos y poseen numeraciones dadas probablemente por el Ejército al incluirlos como anexos en partes de inteligencia o expedientes de documentación tomada en secuestros y allanamientos. Un alto porcentaje de la documentación tiene también sellos que indican "Secreto" o "Estrictamente secreto y confidencial". Adicionalmente, hay algunas publicaciones como un ejemplar de "Síntesis de prensa" en la que el Ejército analiza los principales titulares de tapa de diferentes medios gráficos de agosto de 1982 y el libro "Fichas de instrucción".
Entre los documentos personales, se incluye el DNI del donante, una orden de salida permanente del Comando I Cuerpo del Ejército Argentino (1982), el llamado al servicio de conscripción (marzo 1982) y la libreta del Servicio Militar Obligatorio (mayo 1982).
En cuanto a los documentos que Bernasconi añadió a este núcleo, se encuentran artículos de prensa de diversos medios como Clarín, Viva, La Nación, El País, Sur; folletos y volantes sobre el terrorismo de Estado en Argentina y las respuestas de la sociedad que el productor fue recopilando a lo largo de los años en circunstancias diversas y que entiende que ilustran la historia del país sentida como su historia personal.

La colección Esteban Santamaría reúne copias digitales de fotografías que registran el encuentro fundacional de la Agrupación HIJOS en Cavalango provincia de Córdoba, y distintos escraches a Jorge Luis Magnacco y Antonio Domingo Bussi en la década de 1990, y a Jorge Rafael Videla en 2006, así como las movilizaciones en las que participó la agrupación entre los años 1995 y 2006. El contenido abarca el surgimiento de la militancia contra la impunidad reinante en la década de 1990 hasta la adopción de las políticas de Memoria Verdad y Justicia por el Estado Nacional.

La colección reúne copias fotográficas digitales tomadas por Enrique García Medina durante los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina.
Entre los registros se encuentran diversas tomas de represores como Leopoldo Fortunato Galtieri; Carlos Españadero; Miguel Osvaldo Etchecolatz; Armando Lambruschini; Luis Medía, Jorge Issac Anaya; Omar Rubens Graffigna; Jorge Rafael Videla; Emilio Eduardo Massera; Emilio Nani; Carlos Guillermo Suárez Mason; Luis Patti y Jorge Eduardo Acosta, entre otros. Asimismo, la colección cuenta con fotos de personajes vinculados con la última dictadura cívico militar como Joseé Alfredo Martínez de Hoz y Mohamed Alí Seineldín. Por otro lado, cuenta con imágenes de varias mafiniestaciones de derecha en Plaza San Martin (CABA), así como también registros de actos neonazis en Argentina. Por último, se encuentran imágenes del juez Baltasar Garzón Real, de Fernando Vaca Narvaja y Mario Eduardo Firmenich en los tribunales de Comodoro Py, y de Enrique Haroldo Gorriarán Merlo saliendo de la cárcel de Villa Devoto.

La colección reúne documentos vinculados con Eduardo Adolfo Capello, militante político fusilado el 22 de agosto de 1972 en la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew, en la Masacre de Trelew de 1972. Eduardo Adolfo militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), inicialmente en el ámbito estudiantil, siendo luego designado responsable militar. En 1971 fue detenido y encarcelado primero en la Unidad Penal 2 de Villa Devoto y luego en la Unidad Penal 6 de Rawson. Entre los documentos vinculados a Eduardo Adolfo se encuentran algunos de su infancia como boletines de calificaciones, el carnet de River Plate y fotografías familiares, así como una cédula de identidad. Además, hay documentos vinculados a su militancia como algunas tarjetas elaboradas por él mismo desde la cárcel y numerosa correspondencia que enviaba a su familia agradeciendo el apoyo por sus desiciones de combatir el orden establecido y un escrito titulado "La familia desde la perspectiva revolucionaria". Tras su asesinato, su madre Soledad, recibió una carta de una sobrina que forma parte de la colección y reunió algunos artículos de publicaciones sobre la Masacre de Trelew en la que fue asesinado su hijo junto a 18 militantes más, tanto de los días en que acaecieron los hechos así como de homenajes ulteriores a las víctimas y el juicio a los culpables.
Además, la colección reúne documentación vinculada a la desaparición de Jorge Antonio Cappello, secuestrado junto a su pareja, Irma Márquez, y al hijo de ella de 14 años, el 12 de mayo de 1977 de su domicilio en Avellaneda, por el GT3 del Ejército Argentino. Entre los documentos, se encuentran varias cartas recibidas por su madre Soledad, así como habeas corpus, notificaciones de rechazo y testimonios de Soledad que dan cuenta de las denuncias de desaparición forzada efectuadas así como de la intensa búsqueda de su hijo. Asimismo, hay diversas notificaciones vinculadas a la causa de desaparición forzada de Jorge Antonio.
Finalmente, la colección también reúne algunos poemas manuscritos escritos por Soledad.