En el estado preliminar de tratamiento archivístico en el que se encuentra el fondo, se puede inferir que este comprende documentos de la Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior, particularmente de la Dirección General de Publicaciones y la Dirección General de Seguridad Interior. La mayoría de estos documentos se vinculan con el seguimiento y tratamiento de los medios de comunicación y publicaciones realizados por ese Ministerio durante la dictadura, pero no exclusivamente.
El Ministerio del Interior, a cargo del General de Brigada Albano Harguindeguy, concentró durante la dictadura el poder de policía, es decir, la capacidad de sanción acerca de todo lo que era caracterizado como una amenaza a la Seguridad Nacional. La Subsecretaría del Interior, a cargo del Coronel José Ruiz Palacios, recibía información proveniente de: a) la Secretaría de Información Pública (SIP) tales como informes de situación psicosocial y comportamiento de medios; b) la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE): sondeos, encuestas y partes informativos sobre noticias relativas al gobierno; c) y de los distintos organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Aduana, Correos, Policía Federal, entre otros. Por este motivo, pueden encontrarse dentro del fondo notas e informes de otras dependencias del Estado nacional y provinciales.
Para la dictadura cívico-militar, el análisis de los medios de comunicación social (MCS) incluía tanto a) las publicaciones: editoriales, diarios, revistas, libros, corresponsales extranjeros, agencias de noticias, imprentas, sistemas de distribución y comercialización, vía pública –afiches, fotografías, y productoras de discos–; como b) los espectáculos: teatros y café concert, conferencias, exposiciones, congresos, entre otros. Y dentro del Ministerio del Interior quien tenía a su cargo el control sobre estos medios era la Dirección General de Publicaciones.
Por este motivo, pueden encontrarse expedientes de la Dirección General de Publicaciones a través de los cuales se tramitaban prohibiciones a publicaciones (artículos, libros, diarios, revistas) que contiene notas remitidas por diferentes organismos del estado nacional y provinciales (como la SIP, el Batallón 601 de Inteligencia, SIDE, Fuerzas Armadas, policías y gobiernos provinciales, Ministerio de Relaciones Exteriores, Municipalidad de Buenos Aires) así como de particulares denunciando la publicación. Dicha Dirección elaboraba un informe con recomendaciones de acción (sanciones, multas, prohibiciones, entre otros) que era elevado a la Subsecretaría del Interior, a la SIP, al Poder Ejecutivo y al área que lo denunció. Si finalmente se prohibía la publicación, ésta se dictada mediante decreto del PEN, por lo que en muchos casos también se encuentran los proyectos de decretos. La encargada del cumplimiento de la medida era la Policía Federal, que debía informar de lo actuado a la Dirección General de Seguridad Interior, por lo que también se pueden encontrar estas notificaciones dentro del fondo. Al respecto, se mencionan algunos ejemplos:

• Informes, planes y notas remitidas por la Secretaría de Información Pública de Presidencia, a cargo del Capitán de Navío Carlos Pablo Carpintero.
• Informes de situación psicosocial (que abarca entre dos y tres semanas del 29 de abril al 12 de diciembre de 1981) y el Plan Nacional de Comunicación para el año 1978.
• Sondeos de Opinión Pública elaborados por la SIDE (Dirección de Comunicación Social), así como informes sobre actuación de los medios de comunicación.
• Informes del accionar de los medios de comunicación elaborados por la Jefatura II del Ejército Argentino del 27 de mayo al 26 de julio de 1981.
• Nota Nº 40 remitida al Ministro del Interior por la Secretaría de Información Pública de Presidencia de la Nación, de fecha 6 de julio de 1977, con informa el análisis realizado por el Comité de Estudios en el ámbito de esa secretaría, integrado por representantes del Ministerio de Planeamiento, Interior y SIDE para analizar el seguimiento y tratamiento de los Medios de Comunicación.
• Informe Especial 10 de octubre de 1977 titulado La subversión en los medios culturales elaborado por la Jefatura III de Operaciones del Estado Mayor General del Ejército, con anotaciones a mano sin identificar productor que contiene como anexo decretos, organigramas y órdenes vinculados a tratamiento de medios en relación a la ""subversión"".
• Memorándum sin fecha del Ministro del Interior Harguindeguy al Presidente de la Nación donde solicita aprobación de las Bases para la Acción Gubernamental en materia de medios de comunicación escritos, sonoros y espectáculos públicos.
• Asimismo, también se pueden encontrar notas tramitadas a través de la Dirección General de Provincias, quien era la encargada de la comunicación con las gobernaciones provinciales, vinculadas al control y censura de los medios de comunicación. Como por ejemplo, la normativa provincial relacionada con "moralidad y buenas costumbres" de varias provincias, en función de una solicitud realizada por esa Dirección General.

Por su parte, la Dirección General de Seguridad Interior, a cargo del Coronel (R) Carlos Alberto Tepedino, tenía como misión dirigir las actividades inmanentes al poder de policía y seguridad interior que le competen al Ministerio del Interior, entendiendo los aspectos funcionales y jurisdiccionales de la Policía Federal, Policía Territorial y Policías Provinciales. Por ello pueden encontrarse las comunicaciones con las diferentes policías y gobernaciones provinciales donde intercambian información referida a antecedentes de personas y/o organizaciones, allanamientos, accionar policial, movilizaciones, conflictos gremiales, entre otros.

En el fondo también pueden encontrarse organigramas, decretos, resoluciones y leyes vinculados a las funciones del Ministerio del Interior.

A través del Decreto 158 del 15 de diciembre de 1983, el gobierno de Raúl Alfonsín ordenó la realización de un juicio sumario a los integrantes de las Juntas Militares que estuvieron en el poder desde el 24 de marzo de 1976 hasta la guerra de Malvinas. Tras derogar la “Ley de autoamnistía” sancionada hacia el final de la dictadura, el 28 de diciembre de 1983 el gobierno comunicó al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que debía iniciar la instrucción y el juicio sumario de la que más tarde sería conocida como “Causa 13”.
Apoyándose en la ley 23.049/84 de reforma de del Código de Justicia Militar, y ante las demoras del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para juzgar a sus pares, el 4 de octubre de 1984 la Cámara Federal desplazó al tribunal castrense y por avocación continuó con la investigación.
No obstante a cargo de la justicia penal, el proceso judicial se realizó bajo los procedimientos del Código de Justicia Militar, que imponía el juicio sumario, oral y público. Por decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones, el canal estatal de televisión, Argentina Televisora Color (ATC), registró íntegramente el desarrollo del juicio.
Entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985 tuvieron lugar las audiencias orales del juicio en las que prestaron declaración testimonial 833 personas citadas por las defensas y por el Ministerio Público. Entre agosto y septiembre se dio lectura a la acusación presentada por la Fiscalía y entre los meses de octubre y noviembre tuvieron lugar los alegatos de las defensas de los ex comandantes. El 9 de diciembre de 1985, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal dictó sentencia fundada en el análisis de 709 casos presentados. Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera fueron condenados a reclusión perpetua; Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión; Armando Lambruschini a ocho años y Orlando Ramón Agosti a cuatro años y seis meses. Omar Domingo Rubens Graffigna, Basilio Arturo Lami Dozo, Leopoldo Fortunato Galtieri y Jorge Isaac Anaya fueron absueltos.
El fondo comprende la totalidad de las audiencias orales (530 horas) producidas en el marco del proceso judicial conocido como Juicio a las Juntas Militares, en el que se juzgó a los nueve miembros de las tres primeras Juntas Militares como responsables por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Argentina durante la dictadura cívico-militar durante los años 1976 y 1983. Como material complementario fueron digitalizadas las actas mecanografiadas del juicio.
Asimismo, contiene copia digital de los 185 cuerpos de la Causa13/84 caratulada 'causa originariamente instruida por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del decreto 158/83 del Poder Ejecutivo Nacional'. Así como copia de las actas mecanografiadas de las manifestaciones vertidas por el Tribunal, las partes y testigos en el transcurso de la audiencia.
El fondo también reúne la documentación aportada como prueba por cada una de las partes. Se destacan los "cuadernos de la defensa" de Ramón Orlando Agosti, Leopoldo Fortunato Galtieri, Armando Lambruschini, Emilio Eduardo Massera, Jorge Rafael Videla y Roberto Eduardo Viola; así como las Directivas, Planes y Reglamentos de las tres Fuerzas Armadas. También hay copia de los expedientes del Consejo de Guerra Especial Estable. A su vez, pueden encontrarse la documentación traducida del idioma inglés aportada como cuaderno de prueba de la Fiscalía, documentación y reclamos gestionados a través de la Cancillería argentina vinculados a denuncias realizadas en el exterior y copia de la documentación aportada por los testigos.
Por su parte, pueden encontrarse copias de las denuncias vinculadas a desapariciones forzadas de personas recibidas por el Ministerio de Defensa durante el periodo de la dictadura, distintas denuncias de privación ilegítima de la libertad recibidas ante la justicia de las provincias de Entre Ríos, Mendoza y Santa Fe y copia de todos los habeas corpus presentados durante el juicio.

El fondo contiene documentación producida y recopilada por José Francisco Albaladejo a lo largo de su vida, desde mediados de la Década de 1940 hasta fines de la Década de 1980. José Francisco Albaladejo fue un oficial de la Policía Federal Argentina (PFA) quien trabajó como oficial de calle hasta 1972, luego pasó a trabajar dentro de la sección de Afilicaciones de la PFA, en 1978 pasa a disponibilidad por un sumario que se le instruye y para 1983 era el letrado apoderado de la empresa de seguridad Bechiguay, según se infiere de la documentación encontrada.
Vinculado a vida personal y a su familia, el fondo contiene una libreta escolar de Albaladejo en 6to grado del Colegio Don Bosco, negativos y fotografías familiares, correspondencia, agendas y un libro contable de ingresos y egresos desde 1956 a 1980.
Respecto de su actividad profesional, pueden encontrarse documentos que dan cuenta de su paso por la Policía Federal como dos gorros, tres charreteras, un cinturón y una dragona de sable, material de estudio de su etapa de instrucción, invitaciones a eventos sociales de su promoción N° 48 de la Escuela de Policía (año 1954), tarjetas personales, cuaderno de anotaciones y talonarios utilizados cuando era oficial de calle, su libreta de tiro, apuntes sueltos de distintos contactos, fotografías y planillas de inscripción a un torneo de fútbol juvenil de la PFA, diploma dirigido a él de los suboficiales agentes del tercer escuadrón del Cuerpo de Policía Montada (año 1961), así como boletines y gacetillas del Centro de Oficiales retirados de la PFA. Asimismo, el fondo contiene documentos de la Policía Federal Argentina que fueron recopilados por Albaladejo durante su paso por esta institución. A su vez, se encuentran documentos vinculados a su actividad luego de su retiro como Policía Federal, vinculado a agencias de seguridad, principalmente la agencia Bechiguay, de la cual Albaldejo fue apoderado.
Se destacan:

• Apuntes de la División de Instrucción de la PFA. Escuela Superior de Policía. Entre ellos: Conducción y Táctica en desórdenes urbanos (contiene receta de bomba molotov), Curso Antirrevolucionario (año 1962), Curso de Terrorismo y Curso de Oficiales Inspectores.
• Guía telefónica oficial de la PFA. Año 1976.
• Revista "Mundo Policial" Año 1 N° 4 1970, Año 4 N° 18 1973, Año 6 N° 32 1975
• Gacetillas del Centro de Oficiales Retirados de la PFA. Años 1971 a 1974.
• Publicidad para recibir por correspondencia los libros "Manual de Inteligencia" y "Estrategia Revolucionaria" del comisario retirado Raúl Tomás Escobar. Editorial F.I.
• Publicación "Autoridades y destinos del Centro de Oficiales Retirados". Año 1982.
• Boletín informativo del Círculo de Oficiales de la PFA. 18 ejemplares que van del año 1980 a 1983.
• Órdenes del día de la PFA
• Expedientes de la PFA vinculados a la reforma de la Superintendencia de Bienestar de la PFA y de la Dirección General de Obra Social de la PFA.
• Documentos de la PFA sobre el Hospital Churruca (incluye planos).
• Comunicaciones, actuaciones, memos de la Sección Afiliaciones de la Superintendencia de Bienestar de la PFA (años 1972 a 1977).
• Folleto de la agencia de seguridad "Magnum" que parece investigaciones privadas e informes comerciales para empresas.

Este fondo reúne la documentación generada y recibida por el Ente Autárquico Mundial 78 (EAM 78) con el objeto de organizar y llevar adelante el Campeonato Mundial de Fútbol de ese año. La decisión de que la Argentina fuera la sede del evento había sido tomada ya previo al golpe de Estado del 24 marzo de 1976. Sin embargo, la Junta Militar le otorgó especial atención a la realización del Mundial, ya que consideraba que se trataba de una oportunidad privilegiada para mostrar una buena imagen del país a la comunidad extranjera, procurando evadir así las denuncias que circulaban en el extranjero contra la dictadura por violaciones a los derechos humanos.
Para su organización, el régimen militar creó, mediante la Ley N° 21.349 del 2 de julio de 1976, el EAM 78, que reemplazaba a la Comisión de Apoyo al Mundial dependiente del Ministerio de Bienestar Social. La entidad estuvo presidida inicialmente por el general Omar Actis. Luego de su asesinato, ocurrido el 19 de agosto de 1976, el cargo fue ocupado por el general (R) Antonio Merlo, aunque la mayoría de las decisiones en materia organizativa las tomó el contraalmirante Carlos Lacoste, quien había sido designado vicepresidente del organismo. Además de crear el EAM 78, la Junta Militar contrató a la empresa norteamericana Burson-Marsteller y Asociados, especializada en la mejora de la imagen de gobiernos, para que tuviera a cargo la publicidad del Mundial y demostrara que las denuncias contra la dictadura eran parte de una “campaña antiargentina” organizada desde el extranjero. A esto se destinó parte de los aproximadamente 500 millones de dólares que se gastaron para la realización del evento, una cifra astronómica para los parámetros de la época y que nunca pudo confirmarse con exactitud debido a la ausencia de balances contables. El dinero se utilizó también para remodelar algunos de los estadios que serían sede de los partidos y para la creación de una moderna planta de televisión a colores, el “Centro de Producción Buenos Aires”, ubicada en la esquina de la avenida Libertador y Tagle de la Ciudad de Buenos Aires.
Fuera de la Argentina, el Mundial generó un fuerte impacto entre las y los exiliados, que se tradujo en una fractura entre quienes pretendían impedir la realización del torneo –agrupados en el Comité de Boicot a la Organización del Mundial de Fútbol en la Argentina (COBA)– y quienes, en cambio, creían que el evento deportivo era una ocasión excepcional para concitar la atención de la prensa internacional y exponer así ante el mundo las atrocidades que cometía la Junta Militar en el país. Las posiciones y disputas entre ambos grupos quedaron reflejadas en la documentación que produjeron durante las distintas campañas de denuncia y solidaridad que llevaron adelante en diversos países de América y, fundamentalmente, de Europa Occidental.
El Mundial comenzó formalmente con la ceremonia de apertura que se realizó el 1 de junio, de la que participó el presidente de facto Jorge Rafael Videla, y se extendió a lo largo de poco más de tres semanas. La competencia deportiva tuvo como ganadora a la Argentina, que se consagró así por primera vez como campeona del mundo, aunque al día de hoy existen sospechas sobre el posible arreglo del partido en que la selección local le ganó 6 a 0 al combinado de Perú, resultado que le permitió clasificar a las instancias definitorias del certamen. En términos políticos, el enorme esfuerzo destinado por la dictadura para mejorar su imagen en el extranjero no rindió sus frutos, como dejaría en evidencia la creciente condena internacional al régimen militar durante los años posteriores.
Entre los documentos que forman parte de este acervo se encuentran: legajos de personal contratado, documentación administrativa, planos y fotografías de las obras realizadas en todo el país, expedientes de compras y contrataciones, resoluciones de la presidencia del Ente Autárquico, organigramas, adjudicaciones (muchas de ellas directas), libros de obras de construcción y ampliación de estadios de fútbol (River Plate, Vélez Sarsfield, Mar del Plata, Rosario Central, Córdoba y Mendoza), cintas de audio de partidos, correspondencia nacional e internacional, modelos de uniformes del personal, notas del concurso cerrado para la creación del afiche oficial Campeonato Mundial de Futbol 1978, fotocromos para boletines y transparencias varias, notas sobre las transmisiones televisivas, listados de acreditaciones periodísticas y planes de acción psicológica tendientes a mejorar la imagen del país.

Aclaración: se encuentra disponible para la consulta y descarga online -a través de este catálogo en línea- un recorte del documento completo o el documento completo con tachaduras (anonimizado), debido a las restricciones legales existentes en el país. El documento se encuentra disponible en su totalidad para la consulta presencial en las instalaciones de ANM.

Copia de legajo N° 3 del Expediente N° 11-225 de la Dirección General de Seguridad de México que consta del seguimiento de ingresos al país y actividades de asilados políticos en México argentinos, chilenos y uruguayos. El expediente contiene principalmente copia de los partes diarios de las actividades realizadas por los asilados argentinos entre el 25 de julio de 1977 al 13 de junio de 1978.
En este legajo se encuentran reportes e informes sobre la vigilancia y seguimiento realizado al Movimiento Peronista Montonero, en particular sobre la sede en la ciudad de México y su inauguración (P. 2 a 20, 25 a 26, 31 a 39). Respecto a la inauguración, se adjuntan invitaciones al evento y fotografías. También hay un informe sobre la historia de Montoneros titulado "Organización clandestina ‘Los Montoneros’ " (P. 21 a 24).
Respecto a Montoneros, figuran copias de publicaciones como: una nota de la Revista Somos titulada "Los Montoneros en México y la Internacional del Terror" (P. 40 a 45); Revista El Montonero N° 12 y N° 13 (P. 138 a 160), Revista Evita Montonera (P. 161 a 182), comunicados, revistas, folletos y volantes la Oficina de prensa del Partido Montonero, de la Agencia de Noticias Clandestina - ANCLA- y del Movimiento Peronista Montonero (P. 67 a 137, 189 a 221). También sobre una conferencia de prensa, hay fotografías (P. 269 a 278). Por último, respecto a una actividad realizada en junio de 1978 en el Museo Nacional de Antropología, donde se proyectó la película “Las tres A son las tres armas”, en la que se solicitaba por la liberación de Raymundo Gleyzer (P. 350 a 355).
Además, pueden encontrarse:

• Fichas con datos personales, registro de su ingreso migratorio y fotografías de personas que ingresaron a México como asiladas en 1973 y se desconoce su paradero: María Lola Espinet Marco de Posada, Helva Martha Chappe Imperiale de Bertelli, Oswaldo Ceferino Posada Pereyra y René Jesús Bertelli Pistone (P. 27 a 30).
• Reporte sobre operativo en un departamento en Roma, Italia, de Montoneros en el que vivían Andrés Ernesto Hirschler, Mabel Teresa Fernández, María Josefa Fleming y Fernando Vaca Narvaja) el 23 de julio de 1977. En dicho operativo se secuestraron documentos que dieron cuenta de seudónimos que utilizaban estas personas, con registros de manejar mexicanos. A raíz de esto la DFS realiza una investigación de los domicilios que ahí figuran y se constata que nunca vivieron esas personas. Dan cuenta también de los antecedentes que figuran en los Archivos de la DFS sobre esas personas (P. 37 a 39)
• Copia de cartas y comunicados de repudio a la visita de Jorge Rafael Videla a Perú de distintas organizaciones de ese país, como el Movimiento Sacerdotal ONIS, Central de Trabajadores de la Revolución Peruana (CTRP), Acción Popular Socialista, Partido Socialista Revolucionario (PSR) de Perú, Federación Nacional de Colegios de Abogados del Perú, Confederación Campesina del Perú. También un documento titulado “Solidaridad peruana con la resistencia del pueblo argentino” (P. 46 a 66).
• Reporte de llegada de Elsa Esther Merelo el 22 de septiembre de 1977 con documentación falsa (p. 184 a 185)
• Vigilancia y seguimiento sobre la Casa del Pueblo Argentino (P. 187)
• El Director de Seguridad y Tránsito informa a la DFS la detención de Mercedes Felicidad Palacios, se adjunta fotografía. (P. 222 a 225)
• Vigilancia y seguimiento sobre la misa en la parroquia de los Santos Cosme y Damián organizada por la Comisión de Cristianos Argentinos en el Exilio y el COSPA. Hay fotografía de la misa (P. 225 a 233)
• Sobre la denominada "Operación México". En enero de 1978 se informa sobre la detención de agentes de inteligencia del Ejército argentino en México por parte de la Dirección Federal de Seguridad. Se tomó conocimiento de su existencia a partir de la denuncia de Tulio Valenzuela. Están las fotografías y las declaraciones de ellos. (P. 234 a 262)
• Seguimiento y reporte sobre la conferencia del Movimiento Peronista Montonero en el marco de las campañas de denuncia realizadas alrededor del desarrollo del Mundial de fútbol de 1978 en Argentina (hay fotos de la conferencia de prensa) en la que estuvieron presentes Silvia Bernmann, Ernesto Jauretche y Miguel Bonasso (P. 271 a 278)
• Seguimiento y reporte de varias actividades de solidaridad con las luchas del movimiento obrero argentino de marzo de 1978 en la que participaron Jorge Damantas Durán, Ricardo Esparis, José Luis Balcazar, Carlos González Gartland, Delia Carnelli de Puiggros, Natalio Vázquez Pallares, Luis Rubio, Juan Sosa, Rafael Aguilar Talamantes, Anselmo Sulem, Jesús Martínez Gortari, Ramiro Ruiz Madero, Marco A. Fernández Espindola, Efren Ramírez Tachicano, Ángel Olivos Solis, Amilcar Fidanza, Francisco Hernández Juárez, Rodolfo García, Esteban Righi. Hay registros fotográficos. (P. 279 a 290)
• Seguimiento y reporte de las actividades de denuncia realizadas en la parroquia San Cosme de la Comisión de Solidaridad de Familiares de Presos, Muertos y Desaparecidos por Causas Políticas en Argentina, así como de la huelga de hambre realizada en este marco, encabezadas por Rafael Pérez Noekitak, Ricardo Nupudelman y Esteban Righi. Hay registro fotográfico, también un boletín y publicaciones de COSOFAM. Se encuentra también un comunicado de solidaridad de Dominicanos Democráticos Residentes en México. (P. 291 a 350)