Esta serie reúne ciento cincuenta y cinco cartas, en su mayoría, enviadas por el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA) en el marco del cumplimiento de sus funciones, misiones y actividades. Los destinatarios de los intercambios espistolares son, en general, organizaciones de derechos humanos como la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU), el Comité Mexicano de Solidaridad con el Pueblo Boliviano, el Comité de Solidaridad con el Pueblo de Nicaragua, entre otras, y con organizaciones políticas como el Partido Comunista Chileno y el Comité Político de la Izquierda Chilena en México. Además, hay cartas dirigidas a organismos internacionales como la Organización para las Naciones Unidas (ONU); el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); la Comisión Internacional de Juristas, o The International League for Human Rights, así como con diferentes embajadas en las que el COSPA denuncia la desaparición o asesinato de distintas personas así como advierte el riesgo que corren otras y la necesidad de tomar medidas urgentes. A través de esta correspondencia, gran parte de la cual se encuentra firmada por Carlos González Gartland como Secretario de Relaciones Internacionales, el Comité expone sus posturas, declaraciones y lineas de acción a seguir, buscando al mismo tiempo tender lazos para la denuncia de violaciones a los derechos humanos por parte de la Dictadura cívico militar argentina y para atender a la situación de los refugiados y exiliados políticos argentinos. Hay también algunas cartas enviadas al interno del Comité entre las diferentes secretarías que lo integraban. Entre la correspondencia recibida, que es minoritaria, se encuentran algunas misivas dirigidas a Casa Argentina de familiares de detenidos desaparecidos buscando apoyo y solidaridad para dar con su paradero así como a Madres de Plaza de Mayo.

Esta serie reúne correspondencia enviada y recibida por la CONADEP. Hay una gran cantidad de cartas recibidas por la Comisión desde organismos estatales y de la sociedad civil de otros países como Brasil, Uruguay, Colombia, Chile, Francia, Bélgica, Italia, Holanda, Alemania, Suiza, Suecia, Austria, Reino Unido, Nueva Zelanda, Canadá, Japón y Estados Unidos, entre otros, en las que mayormente se solicita información sobre el paradero de personas de esos países detenidas y desaparecidas en Argentina, o bien se manifiesta el apoyo a la labor de la CONADEP o se solicita copia del informe final elaborado por la Comisión como resultado de su labor investigativa. Entre estas cartas se encuentran también aquellas de organismos internacionales como por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional. Además, la serie contiene cartas enviadas y recibidas por la CONADEP de distintos organismos estatales de Argentina con el objeto de solicitar y remitir información necesaria para las investigaciones llevadas adelante como parte central de sus tareas. Hay también correspondencia con distintos organismos de la sociedad civil así como con particulares, cartas entre la Comisión y el Presidente Raúl Ricardo Alfonsín y muchas misivas dirigidas al Presidente de la Nación sobre el funcionamiento de la CONADEP y remitidas luego a la misma. A través de esta gran cantidad de comunicaciones durante el tiempo que funcionó la CONADEP se evidencia el impacto nacional e internacional que la creación de esta Comisión tuvo para el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad comentidos durante la dictadura cívico militar. Una vez finalizada la CONADEP se agregaron a esta serie algunas cartas e informes hasta 1997.

Esta serie reúne documentación recopilada por Carlos González Gartland sobre la guerra de Malvinas que disputó la soberanía de las Islas en 1982. Por un lado, se reúnen posicionamientos de organismos del exilio sobre Malvinas, incluyendo declaraciones e informes sobre el conflicto de Malvinas por parte de organismos de lucha en el exilio en México tales como CADHU, TySAE, Grupo de Argentinos Exiliados en México, Movimiento Peronista Montonero, Movimiento Independiente de la Comisión Argentina de Solidaridad, Comunidad de Cristianos Argentinos en el Exilio, Organización Comunista Poder Obrero y dirigentes como Enrique Gorriarán Merlo, entre otros. Se incluyen también algunas publicaciones con posicionamientos de los cancilleres de América con respecto al conflicto y un par de correspondencias. Por otro lado, agrupa numerosos artículos de prensa de diferentes medios que realiza un seguimiento de los acontecimientos y debenir de la guerra de Malvinas. Finalmente, hay también cables de teletipo de agencias para enviar a los diarios quienes recibían el cable y lo imprimían. Estos cables se encuentran organizados por agencia: por un lado los de la agencia IPS, ordenados cronológicamente, y por otro una carpeta con varias agencias entre ellas: Lankapuvath, Andina, Venpress, Tanjug, Colpress, Dompress, Volpress, Ecuapress, Jana y Ann.

Esta serie reúne doce comunicados realizados por el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA). Además, se incluyeron en esta serie algunos documentos vinculados a campañas de denuncia y solidaridad con el pueblo argentino, entre los que se encuentran programas de campañas y proyectos de congresos y jornadas vinculados a los exiliados argentinos. Por su parte, los comunicados son mayormente de prensa con el objetivo de dirigirse a la opinión pública internacional para denunciar las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por la dictadura cívica-militar argentina.

Esta serie reúne diversas comunicaciones sobre los cuestionarios a militares enviados por la CONADEP a miembros de las Fuerzas Armadas a través del Ministerio de Defensa y a miembros de las Fuerzas de Seguridad a través del Ministerio del Interior en 1984 con el objeto de llevar adelante sus tareas de investigación sobre la detención y desaparición de personas durante la dictadura cívico-militar. El 5 de julio de 1984, considerando que era neCésario afianzar la justicia y consolidar la paz interior y para lograr esto eran indispensables las declaraciones del personal de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la Nación, Raúl Ricardo Alfonsín firmó el decreto 2107/84. Por medio de esta normativa se autorizó de forma genérica al personal de las Fuerzas Armadas "a quienes les sean legalmente requeridos informes, declaraciones o documentos referidos a la lucha contra la subversión y el terrorismo, a declarar sobre hechos o asuntos del servicio que se refieran a dicha actividad, sin necesidad de solicitar en cada caso concreto la venia que prescriben los reglamentos militares pertinentes".
Esta serie reúne algunos de los cuestionarios que la CONADEP envió a altos mandos de las distintas Fuerzas por medio del Ministerio de Defensa con preguntas vinculadas a su participación personal y directa en la planificación, dirección y ejecución de la lucha antisubversiva según la interpretación dada a los decretos 261/75 y 2772/75 emanados del Poder Ejecutivo Nacional, a las normativas legales que legitimaron los métodos y operativos utilizados y a los parámetros jurídicos para discernir entre quién era subversivo y quién no, así como a las formas de documentar ese accionar. Asimismo se encuentran las respuestas por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas, enviadas también a través del Ministerio, muchas de las cuales se negaron a responder el cuestionario.

La documentación que comprende esta serie es una parcialidad del Fondo Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera. Comprende copias digitales de la Serie Comunicaciones de la intervención militar de la FOTIA las cuales dan cuenta de los intercambios que tuvieron los interventores de los sindicatos de base con el interventor de la Federación durante la última dictadura cívico-militar.
Las comunicaciones abordan temas varios como personerías gremiales y normalización de sindicatos; inventarios de los sindicatos; solicitudes de cobertura de la obra social; listados de afiliados; estatutos; y notas varias. A su vez, evidencian el funcionamiento de los sindicatos de base como de la Federación durante la intervención.

Esta serie reúne siete carnets y un sobre que los contenía de algunos de los trabajadores de la CONADEP. Los carnets indican el nombre de los trabajadores, número de libreta cívica, documento nacional de indentidad, libreta de enrolamiento o cédula de identidad junto a su fotografía y habilitaban a los trabajadores a pedir auxilio a la fuerza pública si así lo requiriesen.

Esta serie contiene copia de los registros audiovisuales de las audiencias llevadas adelante por el Juzgado Federal Número 1 de Resistencia en el marco de la Causa "Masacre de Napalpí s/juicio por la Verdad" realizadas entre el 19 de abril y el 19 de mayo de 1922 en las ciudades de Resistencia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

La serie reúne artículos de prensa y boletines referidos a las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en durante la dictadura cívico militar en Argentina, también reúne artículos de prensa referidos al secuestro de Patrick Rice ocurrido en 1976.

Aviso: la serie se encuentra en proceso de descripción. Por el momento, solamente fueron subidos a este catálogo en línea los documentos vinculados al registro de los procedimientos efectuados por la CONADEP. En breve, se actualizará la descripción incorporando las restantes unidades documentales que componen la serie.

Esta serie reúne tanto algunas de las actas de reconocimiento de los Centros Clandestinos de Detención (CCD) elaboradas como registro de las visitas e inspecciones realizadas por la CONADEP en los espacios denunciados como lugares de detención, así como las fichas de información sobre los CCD y relevamientos documentales producto de la sistematización de los datos recopilados en base a los testimonios brindados por las víctimas que pasaron por esos CCD y pudieron dar detalles de los mismos.
Las fichas de sistematización de la información existente sobre los Centros Clandestinos de Detención (CCD) eran elaboradas a partir de la información recibida por la Secretaría de Denuncias, la cual era luego trabajada en conjunto con la Secretaría de Procedimientos para reagrupar por CCD las denuncias individuales. Estas fichas contienen, en general, una descripción del CCD (su ubicación, su dependencia orgánica, su infraestructura, sus fechas y modo de funcionamiento, su capacidad, la vida cotidiana en su interior, las formas de registro de los detenidos, las modalidades de interrogatorios y torturas, los botines de guerra y el listado de mujeres embarazas y niños nacidos en el lugar) y, en algunos casos, croquis o extractos de testimonios de víctimas que permanecieron cautivas en el lugar o de otros denunciantes, como familiares de víctimas o ex integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. A partir de esta sistematización, la Secretaría de Procedimientos preparaba las inspecciones oculares a los distintos espacios denunciados como lugares de detención, cuyo registro quedó plasmado en las actas de reconocimiento, grupales e individuales, que también conforman esta serie, junto a otros documentos surgidos del relevamiento documental realizado por integrantes de la CONADEP. Estos procedimientos contaron, a su vez, con un registro fotográfico, disponible en la serie Registros fotográficos de reconocimiento de Centros Clandestinos de Detención (CCD) (AR-ANM-SDH-CONADEP-02).
Las actas y registros de los procedimientos e inspecciones realizados por la CONADEP dan cuenta de los recorridos realizados a lo largo de todo el país por los miembros de la Comisión, las distintas Delegaciones -junto a algunos sobrevivientes- que pudieron registrar y determinar con exactitud los distintos lugares que fueron utilizados como Centros Clandestinos de Detención. Los procedimientos completos constan de los siguientes elementos: un informe de las visitas realizadas, un acta general y distintas actas firmadas por cada uno de los testigos, los croquis que permiten visualizar espacialmente los lugares recorridos, así como una selección de las fotografías tomadas por Enrique Shore. Las actas que se preservan al día de hoy corresponden a los siguientes CCD: Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Olimpo, Superintendencia de Seguridad Federal (Coordinación Federal), El Chalet (Hospital Posadas), Comando V Cuerpo de Ejército, La Cacha, Campo de Mayo (Escuela Lemos o El Campito), Cementerio de Ezpeleta, La Cueva (Base Aérea de Mar del Plata), Base Naval "Mar del Plata" (Agrupación de Buzos Tácticos), Comisaría 4 de Mar del Plata, Destacamento de Policía Caminera de Batán, Cuartel de Bomberos de Mar del Plata, Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM), Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, La Perla, Dique San Roque, Campo de la Ribera, Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza (D-2), Comisaría 7 de Godoy Cruz, Compañía de Comunicaciones de Montaña 8, Penitenciaría provincial de Mendoza, Batallón de Comunicaciones 121 de Rosario, Comisaría 2 de Escobar (Ingeniero Maschwitz), Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu, Base Militar en Lules, Jefatura de Policía de la Provincia de Tucumán, Escuelita de Famaillá, Base Militar en Ingenio "La Fronterita”, Escuela de Educación Física de la UNT (EUDEF), COT Martínez, Puesto Vasco, Brigada de Investigaciones de San Nicolás, Monte Pelloni, Brigada de Investigaciones de las Flores, El Banco, Sección Explotación del Comando 3er Cuerpo de Ejército, Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa y Destacamento Policial de San Antonio.
Hay fotografías de las inspecciones oculares pero no se encuentran las actas del procedimiento en los siguientes casos: Comisaría 1 de Tigre, Comisaría 4 de Santa Fe, Arsenal Miguel de Azcuénaga y Escuela República del Perú.
A pesar de la reticencia de los integrantes de la Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad a que se llevara adelante una revisión de su actividad represiva durante los años de dictadura, la CONADEP logró registrar y comprobar, a través de inspecciones oculares con sobrevivientes, la existencia de unos 340 centros clandestinos de detención, la mayoría ubicados en dependencias policiales y militares todavía en funcionamiento.
Una vez finalizada la tarea de la CONADEP, la entonces Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación continuó con el trabajo de recopilación de información sobre estos Centros Clandestinos de Detención y reorganizó la documentación en base a estas investigaciones, agrupándolas geográficamente.

Esta sección reúne documentación que recopiló Carlos A. González Gartland al ser miembro del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay (SIJAU) en el cumplimiento de sus misiones, funciones y actividades en dicha organización. El SIJAU fue creado en 1976 y tenía como objetivo desarrollar la opinión a favor de la anmnistía general e irrestricta en Uruguay, velar por el respeto de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales en ese país, denunciar su violación e iniciar las acciones que fueran útiles; asistir a las víctimas de la represión y sus representantes; cooperar con las organizaciones internacionales de Derechos Humanos; e impulsar la realización de estudios jurídicos y su publicación. Contaba con su sede central en París, Francia, y con dos sedes en América Latina: una en San Pablo, Brasil y otra en Buenos Aires, Argentina. Esta última tenía su sede en Tucumán 1438, oficina 110, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En este sentido, la documentación que contiene esta sección es tanto del SIJAU como de diversos organismos de derechos humanos con los que esta organización se relacionaba como ser el Centro de Estudios Legales y Sociales, ya que este era su representante legal en Argentina; Servicio por la Paz y la Justicia; Madres de Uruguayos Desaparecidos en Argentina (MUDA); Agrupación de Familiares de Uruguayos Desaprecidos (AFUDE); Amnistía Internacional; Comision Argentina de Solidaridad (CAS); Abuelas de Plaza de Mayo; Madres y Familiares de Uruguayos Desaparecidos en Argentina y Paraguay; Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos; Unión de Obreros y Empleados de FUNSA; Federación Lationamericanca de Asociaciones de Familiares Deternidos Desaparecidos; Grupo de Madres de Procesados por la Justicia Militar; Oficina de Solidaridad para Exiliados Argentinos (OSEA); Comisión Internacional de Juristas; Asocioación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU); Asiociación Social y Cultural de Estudiantes de la Eseñanza Pública (ASCEEP); Comité de Defensa de los Derechos Humanos en el Cono Sur, de la Comisión Arquidiocesana de los Derechos Humanos y Marginados de Sao Paulo (CLAMOR).
Esta documentación está agrupada bajo la denominación SIJAU dando cuenta del rol que tuvo Carlos A. González Gartland en esta organización tanto en la búsqueda de ciudadanos uruguayos detenidos/desaparecidos como abogado de víctimas y las acciones tomandas por el SIJAU en el cumplimiento de sus misiones, funciones y actividades, tanto en Uruguay como en otros países como ser Argentina y Chile.

Esta sección reúne documentos de diferente procedencia recopilados por Carlos González Gartland durante su exilio en México, entre 1976 y 1984. Además de sus responsabilidades en la delegación en México de la Comisión Argentina por los Derechos Humanos (CADHU) y en el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA), González Gartland estableció múltiples vínculos con organizaciones de defensa de los derechos humanos en el exterior, de manera que fue reuniendo documentos tales como panfletos, comunicados, volantes, artículos de prensa, proclamas e informes, que dan cuenta de su propia militancia de denuncia de la dictadura cívico-militar en Argentina así como del accionar de estas organizaciones. Estos documentos, agrupados por González Gartland en cajas rotuladas ""Documentos y publicaciones del exilio en general"", constituyeron la base que permitió a la CADHU la creación en 1980 del Centro de Información y Documentación del Exilio Argentino (CIDEA) en 1980, en centro especializado en los problemas argentinos, orientado a los aspectos vinculados con los derechos humanos. En ese momento, el CIDEA no logró obtener financiamiento más allá del propio de la CADHU de manera que se puso en funcionamiento en condiciones precarias dependiendo del trabajo voluntario de colaboradores no especializados, lo que devino en que no pudiera darse un tratamiento adecuado a la documentación. A pesar de ello, el CIDEA prestó servicios de consulta a familiares de víctimas de la represión, organismos de solidaridad del exilio, investigadores y a los organismos de derechos humanos y de familiares que actuaban en Argentina. Además, en base al material que reunía, editó un boletín mensual a través del Servicio de Información Comentada de Argentina (SICA), el cual fue distribuido gratuitamente a diarios y revistas de América con el fin de contribuir al mejoramiento de los derechos humanos en Argentina. Con el retorno del exilio a Argentina de los colaboradores del CIDEA y de los miembros de la CADHU a partir de diciembre de 1983, el Centro de Información no pudo seguir adelante con sus tareas. Como se consecuencia, se comenzó a pensar en trasladar la documentación a Argentina realizando previamente una microfilmación de los documentos reservados u originales. Para llevar adelante esta tarea se tiene registro de que, al menos, se pidió financiamiento al Consejo Mundial de Iglesias. Si bien se desconoce si se llevó adelante algún tipo de microfilmacion, la documentación perteneciente al CIDEA fue efectivamente trasladada a Argentina.
Parte de esta sección reúne los documentos recopilados para el CIDEA aunque no es posible determinar si la totalidad de ellos formaron parte de este Centro de Información.

Esta sección reúne documentos del Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA) recopilados por Carlos González Gartland en el marco del cumplimiento de sus misiones, funciones y actividades en la organización. El COSPA se constituyó como asociación civil en México para actuar como organismo representativo de los asilados políticos argentinos residentes temporal o permanentemente en dicho país. Funcionaba físicamente en la Casa del Pueblo Argentino en ciudad de México. El órgano supremo de la Asociación era la Asamblea General de Asociados, que se reunía cada seis meses, mientras que la representación social y jurídica estaba a cargo del Comité. El Comité se encontraba compuesto por doce miembros en calidad de Secretarios elegidos por la mayoría de los asociados presentes en las asambleas y cada Secretario tenía una permanencia en el cargo de doce meses. El Comité estaba compuesto por las siguientes Secretarías: General, de Relaciones Internas, de Organización, de Actas, de Cultura, de Prensa, de Finanzas, de Asistencia Social, de Estudios e Investigaciones, Laboral y Gestiones y de Relaciones Internacionales. Esta última Secretaría fue ocupada por Carlos González Gartland.
Entre los documentos que integran esta sección se encuentran los estatutos de creación del COSPA; boletines editados por el Comité que funcionaron como órganos de comunicación, entre ellos "Boletín Argentino", "Casa Argentina" e "Informaciones Argentinas". Hay además, correspondencia en su mayoría, enviada por el COSPA a diferentes organismos de derechos humanos, organismos internacionales, organizaciones y partidos políticos a través de la cual el Comité expone sus posturas, declaraciones y lineas de acción a seguir, buscando al mismo tiempo tender lazos para la denuncia de violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura cívico militar argentina y para atender a la situación de los refugiados y exiliados políticos argentinos. Se pueden encontrar también denuncias de detenciones y desapariciones de personas por parte de la dictadura cívico militar realizadas por el Comité, como parte de sus actividades centrales, así como una serie de comunicados de prensa y declaraciones del Comité.

Esta sección reúne documentos de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) recopilados por Carlos González Gartland en el marco del cumplimiento de sus misiones, funciones y actividades en dicha organización. La CADHU se gestó durante los meses previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, aunque su aparición formal se produjo cuando ya había comenzado la dictadura, en abril de 1976. La CADHU se fundó a partir de la confluencia de distintos grupos. El más numeroso lo componían las y los militantes del Partido Revolucionario de los Obreros Argentinos (PROA), organización a la que pertenecía, entre otros, Carlos González Gartland. La denuncia y la solidaridad se constituyeron tempranamente como las dos vías de acción principales de la CADHU. Los acuerdos logrados entre el sector vinculado al PROA y los representantes de la organizaciones político-militares fueron fundamentales para llevar adelante la primera de esas iniciativas, que se canalizó a través de Ignacio Ikonikoff, encargado de centralizar los datos aportados por los colaboradores vinculados a Montoneros y el PRT-ERP. De este modo, se constituyó un primer circuito de información que permitía conocer y denunciar con cierta celeridad los secuestros y asesinatos que se multiplicaban diariamente en el país durante los primeros meses de dictadura, y de los que los militantes relacionados con las organizaciones político-militares formaban un porcentaje considerable.
La denuncia en el extranjero fue desde el inicio una prioridad para la CADHU, cuyos integrantes –por su experiencia en la defensa de presos políticos– habían entablado vínculos tempranos con diversas entidades internacionales del campo jurídico ligadas a la defensa de los derechos humanos. Esta proyección hacia el ámbito internacional de la CADHU no sólo respondía a consideraciones de estrategia sino, también, a las urgencias que planteaba el avance de la represión en la Argentina. La información que se recogía en la Argentina sobre el avance de los secuestros, las desapariciones y los asesinatos en la vía pública salía del país inicialmente a través del circuito organizado en torno a Ikonikoff. Durante el primer año de dictadura, él fue el encargado de enviar con cierta periodicidad cartas a los representantes de la CADHU en el exilio en las que recopilaba numerosos datos sobre el avance de la represión en la Argentina e informaba también sobre la cotidianidad del organismo.
La CADHU estableció representaciones en diversos países de Europa Occidental y América, entre ellas la delegación del organismo en México, encabezada por el abogado Carlos González Gartland, quien desarrolló su militancia en la CADHU en paralelo a su participación en el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA).
Una de las actividades fundamentales asumidas por la CADHU fue la de denuncia a través de la producción y difusión de relatos del cautiverio elaborados por sobrevivientes de centros clandestinos de detención. La circulación de este tipo de documentos en el extranjero tenía como objetivo principal lograr la condena internacional de la Junta Militar por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometían en la Argentina. Estos relatos, que narran de manera detallada el horror de la represión clandestina, constituyeron un insumo clave del movimiento antidictatorial en su campaña de denuncia y, además, generaron un conocimiento temprano sobre el dispositivo represivo que sería clave en el escenario judicial de la transición democrática. Los testimonios reunidos no solo son los producidos por la CADHU sino también algunos recopilados por Gartland y reunidos en un mismo corpus.
Además, esta sección reúne diversas publicaciones de la CADHU en las que se denunciaban los crímenes de la dictadura, una de las cuales, por ejemplo causó un gran impacto en el terreno de la denuncia internacional: ""Proceso al Genocidio"". Se trata del primer informe integral sobre las violaciones a los derechos humanos en el país. Editado en Madrid gracias a las gestiones del cineasta español Elías Querejeta, el libro fue redactado por Eduardo Duhalde y Gustavo Roca, pero su insumo fundamental fue la información que integrantes y colaboradores de la CADHU habían obtenido clandestinamente en la Argentina y, luego, sacado del país por distintas vías. El informe no sólo denunció los crímenes dictatoriales como parte de un genocidio, apelando así a una figura instalada en el derecho penal internacional, sino que además acuñó la noción de “terrorismo de Estado” para describir el esquema represivo montado por la Junta Militar. También hay una multiplicidad de comunicados de denuncia de diverso tipo como los comunicados de prensa o los llamados ""Acción urgente"".
La sección cuenta además con correspondencia que da cuenta de los vínculos de la CADHU con otros organismos de derechos humanos y de las actividades e iniciativas de solidaridad que buscaban dar auxilio a las personas que huían de la persecución dictatorial así como de las intervenciones en el espacio público que consistieron fundamentalmente en movilizaciones ante las embajadas argentinas en los países del exilio ante eventos puntuales o fechas de resonancia particular, como los aniversarios del golpe de Estado.
Finalmente, hay rendiciones de egresos mensuales de la sede México de la CADHU cada uno de los cuales se encuentra acompañado por la misiva dirigida al Consejo Directivo de la CADHU en Madrid y, en algunos casos, un detalle de las líneas de acción de la delegación.