Aviso: la serie se encuentra en proceso de descripción. Por el momento, solamente fueron subidos a este catálogo en línea los documentos vinculados al registro de los procedimientos efectuados por la CONADEP. En breve, se actualizará la descripción incorporando las restantes unidades documentales que componen la serie.

Esta serie reúne tanto algunas de las actas de reconocimiento de los Centros Clandestinos de Detención (CCD) elaboradas como registro de las visitas e inspecciones realizadas por la CONADEP en los espacios denunciados como lugares de detención, así como las fichas de información sobre los CCD y relevamientos documentales producto de la sistematización de los datos recopilados en base a los testimonios brindados por las víctimas que pasaron por esos CCD y pudieron dar detalles de los mismos.
Las fichas de sistematización de la información existente sobre los Centros Clandestinos de Detención (CCD) eran elaboradas a partir de la información recibida por la Secretaría de Denuncias, la cual era luego trabajada en conjunto con la Secretaría de Procedimientos para reagrupar por CCD las denuncias individuales. Estas fichas contienen, en general, una descripción del CCD (su ubicación, su dependencia orgánica, su infraestructura, sus fechas y modo de funcionamiento, su capacidad, la vida cotidiana en su interior, las formas de registro de los detenidos, las modalidades de interrogatorios y torturas, los botines de guerra y el listado de mujeres embarazas y niños nacidos en el lugar) y, en algunos casos, croquis o extractos de testimonios de víctimas que permanecieron cautivas en el lugar o de otros denunciantes, como familiares de víctimas o ex integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. A partir de esta sistematización, la Secretaría de Procedimientos preparaba las inspecciones oculares a los distintos espacios denunciados como lugares de detención, cuyo registro quedó plasmado en las actas de reconocimiento, grupales e individuales, que también conforman esta serie, junto a otros documentos surgidos del relevamiento documental realizado por integrantes de la CONADEP. Estos procedimientos contaron, a su vez, con un registro fotográfico, disponible en la serie Registros fotográficos de reconocimiento de Centros Clandestinos de Detención (CCD) (AR-ANM-SDH-CONADEP-02).
Las actas y registros de los procedimientos e inspecciones realizados por la CONADEP dan cuenta de los recorridos realizados a lo largo de todo el país por los miembros de la Comisión, las distintas Delegaciones -junto a algunos sobrevivientes- que pudieron registrar y determinar con exactitud los distintos lugares que fueron utilizados como Centros Clandestinos de Detención. Los procedimientos completos constan de los siguientes elementos: un informe de las visitas realizadas, un acta general y distintas actas firmadas por cada uno de los testigos, los croquis que permiten visualizar espacialmente los lugares recorridos, así como una selección de las fotografías tomadas por Enrique Shore. Las actas que se preservan al día de hoy corresponden a los siguientes CCD: Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Olimpo, Superintendencia de Seguridad Federal (Coordinación Federal), El Chalet (Hospital Posadas), Comando V Cuerpo de Ejército, La Cacha, Campo de Mayo (Escuela Lemos o El Campito), Cementerio de Ezpeleta, La Cueva (Base Aérea de Mar del Plata), Base Naval "Mar del Plata" (Agrupación de Buzos Tácticos), Comisaría 4 de Mar del Plata, Destacamento de Policía Caminera de Batán, Cuartel de Bomberos de Mar del Plata, Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM), Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, La Perla, Dique San Roque, Campo de la Ribera, Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza (D-2), Comisaría 7 de Godoy Cruz, Compañía de Comunicaciones de Montaña 8, Penitenciaría provincial de Mendoza, Batallón de Comunicaciones 121 de Rosario, Comisaría 2 de Escobar (Ingeniero Maschwitz), Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu, Base Militar en Lules, Jefatura de Policía de la Provincia de Tucumán, Escuelita de Famaillá, Base Militar en Ingenio "La Fronterita”, Escuela de Educación Física de la UNT (EUDEF), COT Martínez, Puesto Vasco, Brigada de Investigaciones de San Nicolás, Monte Pelloni, Brigada de Investigaciones de las Flores, El Banco, Sección Explotación del Comando 3er Cuerpo de Ejército, Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa y Destacamento Policial de San Antonio.
Hay fotografías de las inspecciones oculares pero no se encuentran las actas del procedimiento en los siguientes casos: Comisaría 1 de Tigre, Comisaría 4 de Santa Fe, Arsenal Miguel de Azcuénaga y Escuela República del Perú.
A pesar de la reticencia de los integrantes de la Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad a que se llevara adelante una revisión de su actividad represiva durante los años de dictadura, la CONADEP logró registrar y comprobar, a través de inspecciones oculares con sobrevivientes, la existencia de unos 340 centros clandestinos de detención, la mayoría ubicados en dependencias policiales y militares todavía en funcionamiento.
Una vez finalizada la tarea de la CONADEP, la entonces Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación continuó con el trabajo de recopilación de información sobre estos Centros Clandestinos de Detención y reorganizó la documentación en base a estas investigaciones, agrupándolas geográficamente.

Esta sección reúne documentos de diferente procedencia recopilados por Carlos González Gartland durante su exilio en México, entre 1976 y 1984. Además de sus responsabilidades en la delegación en México de la Comisión Argentina por los Derechos Humanos (CADHU) y en el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA), González Gartland estableció múltiples vínculos con organizaciones de defensa de los derechos humanos en el exterior, de manera que fue reuniendo documentos tales como panfletos, comunicados, volantes, artículos de prensa, proclamas e informes, que dan cuenta de su propia militancia de denuncia de la dictadura cívico-militar en Argentina así como del accionar de estas organizaciones. Estos documentos, agrupados por González Gartland en cajas rotuladas ""Documentos y publicaciones del exilio en general"", constituyeron la base que permitió a la CADHU la creación en 1980 del Centro de Información y Documentación del Exilio Argentino (CIDEA) en 1980, en centro especializado en los problemas argentinos, orientado a los aspectos vinculados con los derechos humanos. En ese momento, el CIDEA no logró obtener financiamiento más allá del propio de la CADHU de manera que se puso en funcionamiento en condiciones precarias dependiendo del trabajo voluntario de colaboradores no especializados, lo que devino en que no pudiera darse un tratamiento adecuado a la documentación. A pesar de ello, el CIDEA prestó servicios de consulta a familiares de víctimas de la represión, organismos de solidaridad del exilio, investigadores y a los organismos de derechos humanos y de familiares que actuaban en Argentina. Además, en base al material que reunía, editó un boletín mensual a través del Servicio de Información Comentada de Argentina (SICA), el cual fue distribuido gratuitamente a diarios y revistas de América con el fin de contribuir al mejoramiento de los derechos humanos en Argentina. Con el retorno del exilio a Argentina de los colaboradores del CIDEA y de los miembros de la CADHU a partir de diciembre de 1983, el Centro de Información no pudo seguir adelante con sus tareas. Como se consecuencia, se comenzó a pensar en trasladar la documentación a Argentina realizando previamente una microfilmación de los documentos reservados u originales. Para llevar adelante esta tarea se tiene registro de que, al menos, se pidió financiamiento al Consejo Mundial de Iglesias. Si bien se desconoce si se llevó adelante algún tipo de microfilmacion, la documentación perteneciente al CIDEA fue efectivamente trasladada a Argentina.
Parte de esta sección reúne los documentos recopilados para el CIDEA aunque no es posible determinar si la totalidad de ellos formaron parte de este Centro de Información.

Esta sección reúne documentos de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) recopilados por Carlos González Gartland en el marco del cumplimiento de sus misiones, funciones y actividades en dicha organización. La CADHU se gestó durante los meses previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, aunque su aparición formal se produjo cuando ya había comenzado la dictadura, en abril de 1976. La CADHU se fundó a partir de la confluencia de distintos grupos. El más numeroso lo componían las y los militantes del Partido Revolucionario de los Obreros Argentinos (PROA), organización a la que pertenecía, entre otros, Carlos González Gartland. La denuncia y la solidaridad se constituyeron tempranamente como las dos vías de acción principales de la CADHU. Los acuerdos logrados entre el sector vinculado al PROA y los representantes de la organizaciones político-militares fueron fundamentales para llevar adelante la primera de esas iniciativas, que se canalizó a través de Ignacio Ikonikoff, encargado de centralizar los datos aportados por los colaboradores vinculados a Montoneros y el PRT-ERP. De este modo, se constituyó un primer circuito de información que permitía conocer y denunciar con cierta celeridad los secuestros y asesinatos que se multiplicaban diariamente en el país durante los primeros meses de dictadura, y de los que los militantes relacionados con las organizaciones político-militares formaban un porcentaje considerable.
La denuncia en el extranjero fue desde el inicio una prioridad para la CADHU, cuyos integrantes –por su experiencia en la defensa de presos políticos– habían entablado vínculos tempranos con diversas entidades internacionales del campo jurídico ligadas a la defensa de los derechos humanos. Esta proyección hacia el ámbito internacional de la CADHU no sólo respondía a consideraciones de estrategia sino, también, a las urgencias que planteaba el avance de la represión en la Argentina. La información que se recogía en la Argentina sobre el avance de los secuestros, las desapariciones y los asesinatos en la vía pública salía del país inicialmente a través del circuito organizado en torno a Ikonikoff. Durante el primer año de dictadura, él fue el encargado de enviar con cierta periodicidad cartas a los representantes de la CADHU en el exilio en las que recopilaba numerosos datos sobre el avance de la represión en la Argentina e informaba también sobre la cotidianidad del organismo.
La CADHU estableció representaciones en diversos países de Europa Occidental y América, entre ellas la delegación del organismo en México, encabezada por el abogado Carlos González Gartland, quien desarrolló su militancia en la CADHU en paralelo a su participación en el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA).
Una de las actividades fundamentales asumidas por la CADHU fue la de denuncia a través de la producción y difusión de relatos del cautiverio elaborados por sobrevivientes de centros clandestinos de detención. La circulación de este tipo de documentos en el extranjero tenía como objetivo principal lograr la condena internacional de la Junta Militar por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometían en la Argentina. Estos relatos, que narran de manera detallada el horror de la represión clandestina, constituyeron un insumo clave del movimiento antidictatorial en su campaña de denuncia y, además, generaron un conocimiento temprano sobre el dispositivo represivo que sería clave en el escenario judicial de la transición democrática. Los testimonios reunidos no solo son los producidos por la CADHU sino también algunos recopilados por Gartland y reunidos en un mismo corpus.
Además, esta sección reúne diversas publicaciones de la CADHU en las que se denunciaban los crímenes de la dictadura, una de las cuales, por ejemplo causó un gran impacto en el terreno de la denuncia internacional: ""Proceso al Genocidio"". Se trata del primer informe integral sobre las violaciones a los derechos humanos en el país. Editado en Madrid gracias a las gestiones del cineasta español Elías Querejeta, el libro fue redactado por Eduardo Duhalde y Gustavo Roca, pero su insumo fundamental fue la información que integrantes y colaboradores de la CADHU habían obtenido clandestinamente en la Argentina y, luego, sacado del país por distintas vías. El informe no sólo denunció los crímenes dictatoriales como parte de un genocidio, apelando así a una figura instalada en el derecho penal internacional, sino que además acuñó la noción de “terrorismo de Estado” para describir el esquema represivo montado por la Junta Militar. También hay una multiplicidad de comunicados de denuncia de diverso tipo como los comunicados de prensa o los llamados ""Acción urgente"".
La sección cuenta además con correspondencia que da cuenta de los vínculos de la CADHU con otros organismos de derechos humanos y de las actividades e iniciativas de solidaridad que buscaban dar auxilio a las personas que huían de la persecución dictatorial así como de las intervenciones en el espacio público que consistieron fundamentalmente en movilizaciones ante las embajadas argentinas en los países del exilio ante eventos puntuales o fechas de resonancia particular, como los aniversarios del golpe de Estado.
Finalmente, hay rendiciones de egresos mensuales de la sede México de la CADHU cada uno de los cuales se encuentra acompañado por la misiva dirigida al Consejo Directivo de la CADHU en Madrid y, en algunos casos, un detalle de las líneas de acción de la delegación.

La serie reúne documentación recopilada por Carlos González Gartland sobre religión y derechos humanos. Entre los documentos se puede encontrar testimonio de un religioso, boletines de comunidades religiosas y artículos de prensa sobre la relación entre los sectores religiosos y la dictadura militar, un informe de Argentine Information Service Center (AISC) sobre niños desaparecidos y algunas publicaciones que vinculan a las iglesias, y en especial a la Iglesia Católica, con la represión y la vulneración de los derechos humanos.

La serie "Publicaciones de la CADHU" reúne las distintas publicaciones que realizó la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) con el objetivo de dar publicidad en diferentes formatos a investigaciones relativas a violaciones de Derechos Humanos por parte del Estado Argentino e informaciones sobre la CADHU, sus misiones y su accionar. Entre las publicaciones se encuentra "Proceso al Genocidio", primer informe integral sobre las violaciones a los derechos humanos en el país. Editado en Madrid gracias a las gestiones del cineasta español Elías Querejeta, el libro fue redactado por Eduardo Duhalde y Gustavo Roca, pero su insumo fundamental fue la información que integrantes y colaboradores de la CADHU habían obtenido clandestinamente en la Argentina y, luego, sacado del país por distintas vías. El informe no sólo denunció los crímenes dictatoriales como parte de un genocidio, apelando así a una figura instalada en el derecho penal internacional, sino que además acuñó la noción de “terrorismo de Estado” para describir el esquema represivo montado por la Junta Militar.
Dentro de estas publicaciones, pueden encontrarse testimonios de personas sobrevivientes de centros clandestinos de detención, que eran dados a conocer por la CADHU para dar máxima difusión a estos hechos. Para ampliar el alcance de la denuncia internacional, algunos de estos testimonios fueron publicados en otros idiomas además del español, como en francés. Del mismo modo, se sintetizaron informaciones extraídas de los testimonios y fueron publicadas en formato de informe, centradas en el funcionamiento de los centros clandestinos de detención como La Perla y la Escuela de Mecánica de la Armada.
Asimismo, dentro de esta serie, se reúnen distintos informes realizados y publicados por la CADHU con el objetivo de denunciar algún aspecto específico del Terrorismo de Estado, como las condiciones de los presos políticos en las cárceles en Argentina o el rol de la Iglesia Católica Argentina durante la dictadura; así como informes producidos por organismos internacionales, como las Naciones Unidas.
Por último, se incluyen listados de personas denunciadas como desaparecidas recopilados en base a datos propios de las denuncias recibidas por la CADHU y a listados publicados por distintas organizaciones.

Primera publicación integral de denuncia de las graves violaciones a los derechos humanos en el país, redactada por Eduardo Luis Duhalde y Gustavo Roca. Fue editado en Madrid gracias a las gestiones del cineasta español Elías Querejeta. El informe no sólo denunció los crímenes dictatoriales como parte de un genocidio, apelando así a una figura instalada en el derecho penal internacional, sino que además acuñó la noción de “terrorismo de Estado” para describir el esquema represivo montado por la Junta Militar definiéndolo como una política estatal de exterminio de todo tipo de oposición, contando con un apartado específico sobre la represión al movimiento obrero como razón de estado. El libro está subdividido en cinco partes, la primera lleva por título "Estructura del Estado represor"; la segunda, "El terrorismo de Estado"; la tercera, "La represión obrera: razón de Estado"; la cuarta es un epílogo que se enfoca en que "no hubo abusos ni excesos" sino que fue una política sistemática a seguir y revisa cómo el accionar represivo de la Junta Militar fue una peligrosa agresión contra la Comunidad Internacional. Y finalmente la quinta parte expone testimonios y denuncias.

La serie reúne denuncias e informes de personas detenidas y desaparecidas, producidos por el Comité Jozami entre otros. Además se incluyen artículos, manifiestos e informes y otros informes sobre salud y represión, infancia y represión, economía y resistencia popular, entre otros.

Publicación que contiene un informe que recopila y sistematiza los testimonios de los sobrevivientes del "campo de concentración de prisioneros" de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), publicado en París y en Madrid. Basado en el testimonio presentado por María Alicia Milia de Pirles, Sara Solarz de Osatinsky y Ana María Martí, tres mujeres argentinas liberadas de la ESMA. Contiene planos del Centro Clandestino de Detención y detalles del funcionamiento y miembros del Grupo de Tareas 3.3/2. En particular, se centra en el detalle respecto a la metodología de secuestros y torturas, los "traslados", la "capucha", los partos en cautiverio, el caso de las monjas francesas y de algunas personas desaparecidas en particular, como los casos de Norma Esther Arrostito, Gustavo Grigera, Mario Galli, Abogados Díaz Lestén y Pesci, Escribana Beatríz D'Elía, Esther de Santi, José María Salgado, Señora de Galli, Lola de Slévenson, Horacio Domingo Maggio. Asimismo, reconstruye operaciones de la Armada Argentina en el exterior e incluye un listado parcial de personas que estuvieron privadas de su libertad en la ESMA.

Publicación del informe elaborado por la CADHU sobre el "campo de concentración" de personas detenidas desaparecidas de "La Perla" y "La Ribera" en Córdoba, a cargo del Comando III Cuerpo de Ejército encabezado por el General de División Luciano Benjamín Menéndez. A diferencia de otros informes basados en testimonios aportados por sobrevivientes de los Centros Clandestinos de Detención publicados por dicha Comisión, este mantiene la reserva respecto a la identidad de los testimoniantes. Recopila antecedentes al terrorismo de Estado en la provincia de Córdoba; detalles sobre la estructura, funcionamiento, integrantes, fotografías y planos del Destacamento 141 de Inteligencia General Iribarren; y funcionamiento, croquis y listado parcial de personas que estuvieron privadas de su libertad en el Centro Clandestino de Detención La Perla. También aparecen nombrados delatores civiles y particularidades de la forma de tortura y desaparición, lugares de fusilamiento y entierro así como de las "ceremonias militares" previas al fusilamiento.

El fondo reúne la documentación producida y recopilada por Sara Solarz de Osatinsky, militante por los derechos humanos, tras la detención y desaparición de su marido, Marcos Osatinsky, quien fue secuestrado en 1975, permaneció en el Centro Clandestino de Detención “Departamento N°2 de Inteligencia de la Provincia de Córdoba (D2)” y fue asesinado el mismo año. En 1976 su hijo mayor, Mario Osatinsky, y su compañera embarazada Rosa Ocampo así como su hijo menor José Osatinsky fueron asesinados en distintas localidades de la provincia de Córdoba. Sara fue secuestrada en 1977 en Capital Federal y permaneció cautiva durante dos años en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada donde asistió a más de quince partos de personas secuestradas. En 1979 fue liberada bajo un régimen de “libertad vigilada” y obligada a exiliarse a España donde permaneció el resto de su vida. Junto a Alicia Millia y Ana María Martí, quienes también habían estado secuestradas en la ESMA, elaboraron un testimonio que fue presentado ante distintos organismos internacionales, constituyendo una denuncia pionera sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese centro clandestino de detención.
El fondo reúne alguna documentación personal de Sara como pasaporte, un currículum vitae, carnet de conducir y carnet de salud así como también fotografías familiares tanto de su familia como de la familia Osatinsky, algunas de las cuales se encontraban originalmente enmarcadas, y correspondencia de Sara escrita en español y en francés entre las cuales se incluye copia de una carta de José en la que realiza un relato del noviazgo de Sara con Marcos.
Otra documentación se refiere a la desaparición y asesinato de su marido así como de sus dos hijos y su nuera embarazada y las gestiones realizadas por Sara ante diversos organismos nacionales e internacionales. Entre estos documentos se destaca una nota recibida por Sara Solarz de parte de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) el 27 de enero de 1984, acompañada de declaraciones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, copias de notas del Diario Página 12 y correos electrónicos impresos. También, se encuentran los diversos testimonios que Sara dio: una copia del testimonio de Sara en Buenos Aires el 14 de junio de 2007, el testimonio de Sara Solarz y María Marti ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra el 22 de febrero de 1982 y de agosto de 1983, el testimonio de Sara Solarz y María Marti sobre Alicia Elena Alfonsín de Cabandie ante la Asamblea Nacional Francesa el 12 de octubre de 1979, el testimonio “Parir en la ESMA” de Sara Solarz como testigo de la apropiación de bebés. Hay también otras fotografías, vinculadas a la militancia de Marcos como por ejemplo una en la que se encuentra junto a Fernando Vaca Narvaja. Gran parte de la documentación son copias de artículos de publicaciones periódicas, de prensa y algunos artículos de investigación y libros sobre los crímenes de lesa humanidad comentidos por la dictadura cívico militar entre 1976 y 1983 así como de los juicios de condena de estos delitos. Algunos de los artículos de prensa refieren específicamente a las novedades sobre los avances en las causas de los familiares de Sara detenidos desaparecidos asesinados como por ejemplo cuando se identificó el cadáver de Mario en 1999. Por su parte, algunos de los textos de investigación son de Sara Solarz como el libro "ESMA “Traslados” Testimonio de tres liberadas", escrito por por ella junto a Ana María Marti y María Alicia Milia de Pirles editado por Ediciones Abuelas Plaza de Mayo en 1995. Finalmente, hay impresiones de correos electrónicos de Sara así como algunos documentos vinculados a la reparación de Sara por parte del Estado Argentino como la resolución que otorga beneficio económico a Sara Solarz del 07 de Junio de 2005, la petición de beneficio de la Ley reparatoria Nacional de 2015.

El fondo está constituido por documentación en diversos soportes y formatos producida y recopilada por el Instituto Espacio para la Memoria (IEM) en el marco del cumplimiento de sus funciones, misiones y tribuciones específicas. La mayor parte de la doumentación en soporte papel corresponde al Área "Centro de Documentación y Archivo", tratándose fundamentalmente de publicaciones periódicas, algunos libros y documentos provenientes de donaciones de distintas personas. También hay documentación vinculada a las Áreas "Recuperación de Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio y Sitios de Memoria", "Preservación Patrimonial y Obras de Restauración de los Sitios de Memoria" y "Comunicación".
Entre estos documentos se puede encontrar la siguiente documentación:

• Ejemplares (ver detalle en área de Notas) de Revista "La Maga", Revista "Veintiuno", Revista "Veintidos", Revista "Veintitres", Revista "Tres Puntos", Revista "El Periodista", Revista "Humor Registrado", Periódico de Madres de Plaza de Mayo, "Le Monde Diplomatique" y "Diario del Juicio".
• Afiches de actividades del IEM y vinculadas a derechos humanos.
• Donación de Nora Cortiñas: copias de documentos vinculados a proceso de justicia por violaciones de derechos humanos durante la dictadura; materiales gráficos (volantes, afiches, folletos) sobre problemáticas sociales y economicas, campañas, homenajes y actividades de organismos de derechos humanos, en particular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; materiales de difusión del IEM.
• Donación de Ángel Graña: Recortes del Diario "Brecha" de Uruguay; copia de listado parcial de personas uruguayas desaparecidas; copias de documentación judicial sobre Plan Cóndor; copia de documentación judicial (de la causa 14.216/2003) sobre el ex centro clandestino de detención "Automotores Orletti".
• Fichas de relevamiento de Disposiciones y Resoluciones del Ministerio de Educación de la Nación durante la última dictadura.
• Fichas de relevamiento, sobre temática derechos humanos, de la hemeroteca del Diario Página 12 (hasta año 2006).
• Documentación en soporte papel y óptico vinculada al ex centro clandestino de detención "Club Atlético": documentación sobre trabajos de geolocalización del predio; copias de legajos CONADEP y declaraciones judiciales de sobrevivientes del centro clandestino; transcripciones de entrevistas a familiares y copias de documentación.
• Libros vinculados a la temática Derechos Humanos.
• Impresiones de la base de datos del Área "Centro de Documentación y Archivo".
• Objetos encontrados por equipos de conservación del ex IEM en el edificio del casino de oficiales (ex centro clandestino de detención ESMA) y ex centro clandestino "Automotores Orletti".
• Fichas de personal del Instituto Espacio para la Memoria (IEM).

La documentación en otros soportes corresponde es su mayor parte a las Área "Centro de Documentación y Archivo", "Comunicación" y "Recuperación de Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio y Sitios de Memoria".
En un primer relevamiento general se puede mencionar la siguiente documentación:

• Registros audiovisuales institucionales y de otras organizaciones de derechos humanos de Argentina y la región. Las imágenes que se pueden consultar muestran las actividades, homenajes, conferencias, presentaciones de libros y publicaciones, que se desarrollaron en el IEM y en diferentes ex centros clandestinos.
• También hay registros de inspecciones oculares, señalizaciones en las distintas dependencias militares o en otros predios donde funcionaron centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar, de movilizaciones en el marco de los juicios por violaciones a los derechos humanos y también de las audiencias y testimonios durante dichos juicios.
• Entrevistas audiovisuales a sobrevivientes, familiares, amigos y compañeros de militancia de personas detenidas desaparecidas. En su mayor parte vinculadadas a los ex centros clandestinos de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), "Club Atlético" y "Automotores Orletti".
• Copias de distintas realizaciones documentales vinculadas a la temática derechos humanos, copias de libros y artículos de diarios.

Este fondo contiene copia los cuerpos de la investigación preliminar de la Causa "Masacre de Napalpí s/juicio por la Verdad" inciada en 2014, la documentación agregada en instrucción suplementaria, las audiencias del juicio, el fallo y fundamentos de la sentencia y los informes de cumplimiento de la sentencia de la Unidad para la Ejecución de la Sentencia de la Causa "Masacre de Napalpí s/juicio por la Verdad".

La particularidad de este juicio se relaciona con la complejidad de la investigación judicial llevada adelante, que debió indagar sobre hechos ocurridos un siglo antes. En la sentencia del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia se establece que la "Masacre de Napalpí" constituyó un crimen de lesa humanidad y da como probados los hechos que se detallan a continuación: “El sábado 19 de julio de 1924, en horas de la mañana, alrededor de un centenar de policías de territorios nacionales, gendarmes y algunos civiles armados, ayudados por logística aérea, llegaron a la zona de El Aguará, ubicada en el interior de la Reducción de Indios de Napalpí, donde aproximadamente 1000 personas, compuestas por familias Moqoit, Qom y algunos peones correntinos y santiagueños, estaban realizando una huelga concentrados en tolderías, a modo de campamentos, para reclamar por las condiciones a las que estaban sometidos. Llegaron montando caballos, se establecen a una distancia cercana del campamento y desde allí dispararon con sus fusiles y carabinas, todos a la vez y a mansalva por el espacio de una hora. De forma inmediata, por el impacto de la balacera, cayeron muertos estimativamente entre cuatrocientos y quinientos integrantes de las etnias Qom y Moqoit, entre ellos niñas y niños, mujeres, algunas de ellas embarazadas, varones, ancianos y ancianas. En algunos casos, perdieron la vida varios de los componentes de una misma familia. Los/as heridos/as que quedaron en el lugar y no pudieron escapar a tiempo fueron ultimados/as de las formas más crueles posibles. Se produjeron mutilaciones, exhibiciones y entierros en fosas comunes. Los/as sobrevivientes que pudieron escapar, atravesando los cardales, soportando el hambre, la sed, el frio, debieron esconderse durante mucho tiempo para evitar ser capturados/as y asesinados/as. La perpetración de la Masacre, por su propia complejidad, requirió de la previa concepción de un plan, que supuso una exhaustiva coordinación, organización logística, distribución de roles, movilización de diversos contingentes de tropas, su traslado y concentración desde varios días antes, gran cantidad de armamento y municiones, su acampe y alimentación, además del apoyo de una avioneta que realizó por lo menos, tareas de inteligencia y observación. Tales hechos ocurrieron en el contexto de la Reducción de Indios de Napalpí, la cual fue creada por el Estado argentino bajo la dirección civil del Ministerio del Interior, con el objetivo de culminar el proceso de ocupación del territorio de las poblaciones indígenas y su sometimiento a la explotación laboral. Sus condiciones de vida eran deplorables, vivían hacinados/as, sin vestimenta apropiada, con poca comida y de mala calidad, sin atención médica ni posibilidad de escolarizarse. Allí les cobraban por los elementos de trabajo, como así, por las bolsas de algodón y un impuesto del 15% sobre la cosecha y costosos fletes para su traslado, a los pocos que se les dio la posibilidad de hacerlo, siendo el resto obligados/as a trabajar extensas jornadas para la Reducción o vecinos hacendados, pagándoles con vales. Asimismo, fue decretada su prohibición de salir del territorio y no podían elegir dónde y para quien trabajar. Las mujeres indígenas trabajaban intensamente y sin remuneración, eran frecuentes los abusos, es decir, en condiciones análogas a la esclavitud. Todo ello dio lugar a la protesta y reunión de alrededor de mil indígenas en la zona de El Aguará, en el interior de la Reducción, donde luego ocurrió el ataque. Una vez producida la masacre, desde el Estado se llevó adelante una estrategia de construcción de una historia oficial, a los fines de negar y encubrir la matanza, siendo presentados los hechos como un supuesto enfrentamiento entre las etnias y posterior desbande, que habría tenido como consecuencia la muerte de cuatro indígenas, uno de ellos el importante dirigente Pedro Maidana. La prensa oficialista reprodujo la versión brindada por los oficiales policiales y los funcionarios del gobierno del territorio, que luego avaló la justicia local, en un proceso en el que declararon solo los efectivos y civiles que participaron de la agresión, pero ningún indígena. En paralelo, el oficialismo en el Congreso de la Nación obstruyó la conformación de una Comisión Investigadora, a pesar de las aberrantes denuncias que se conocían y la existencia de testigos calificados que podían narrar aquella barbarie. La masacre provocó graves consecuencias en los sobrevivientes y en sus descendientes. Producto de ello y de una sistemática opresión, las generaciones posteriores de los pueblos Moqoit y Qom sufrieron el trauma del terror, el desarraigo, la pérdida de su lengua y su cultura”.

En los cuerpos de la investigación preliminar, en términos generales, se encuentran documentos jurídicos propios del desarrollo de la investigación judicial y del juicio, tales como requerimientos de la fiscalía, dictámenes del juzgado, ofrecimientos de prueba, entre otros. Además estos cuerpos contienen testimonios producidos en las dos etapas de la investigación, en instrucción y durante las audiencias orales del juicio así como también se incluyen las copias de libros, informes, artículos académicos y periodísticos y otro tipo de producción académica y no académica. Asimismo, se encuentran unidades documentales que fueron incorporadas directamente o como anexos de informes institucionales, tales como expedientes del Ministerio del Interior aportados por el Archivo General de la Nación, fotografías de relevancia pertenecientes a museos o archivos locales o extranjeros, y decretos y leyes publicadas en el Boletín Oficial de la República Argentina. Cabe señalar también que, además de los cuerpos creados a partir del 2014 el fondo también contiene copia de los dos cuerpos del expediente iniciado en 1924. La organización y contenido de la documentación responde, en gran medida, a las decisiones y estrategias de la Unidad Fiscal.