Esta serie reúne tramitaciones realizadas por Celia Jinkis de Korsunsky a partir de la detención y desaparición de su hijo Eduardo Korsunsky en 1976, incluyendo las acciones judiciales realizadas desde ese momento para localizar su paradero. Contiene distintos tipos de presentaciones judiciales como por ejemplo borradores de recursos de habeas corpus, ampliación de medidas y acciones, reiteratorios frente a las negativas de los habeas corpus recibidas de las distintas instancias y jurisdicciones del Poder Judicial. También pueden encontrarse declaraciones testimoniales y comunicaciones intercambiadas con los juzgados y tribunales en el marco de investigaciones sobre delitos de lesa humanidad a partir de la reapertura de los juicios en el año 2003, así como copia de las pruebas documentales presentadas. Finalmente, también se encuentran algunas de las denuncias realizadas ante distintos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. El recorrido por estos documentos permite recuperar el derrotero que significó para miles de Madres de Plaza de Mayo la búsqueda de sus hijos detenidos desaparecidos por la dictadura cívico militar.

Testimonio de Ana María Moreyra brindado ante Carlos González Gartland como consejero directivo de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) en México en relación a las circunstancias en las que fue secuestrada en marzo de 1979 hasta su liberación el 24 de diciembre de 1982. Se adjuntan cartas personales y de gestiones ante autoridades méxicanas e internacionales, el acta de libertad y constancias médicas.

Sobre y carta de María Julia Davi a sus tíos, Soledad Davi de Capello y Jorge Gabino Capello, expresando su dolor al enterarse del asesinato de su primo, Eduardo Adolfo Capello. Nueva York, Estados Unidos.

Esta serie reúne las gestiones realizadas por la CONADEP para la solicitud de asistencia social a familiares o víctimas del terrorismo de Estado. Entre la documentación se encuentran fichas con los datos de las personas para el acceso a las cajas que se entregaban a través del Plan Alimentario Nacional (PAN), una política del gobierno de Raúl Alfonsín para enfrentar el hambre y la pobreza. Asimismo, hay notas y derivaciones para atender problemas de salud y especialmente de salud mental así como diversas gestiones para solicitar subsidios, pensiones, recursos económicos y laborales. Estas gestiones se materializaron a través de diversas comunicaciones de la CONADEP con organismos e instituciones del Estado tales como el Ministerio del Interior, la Intendencia de la Matanza, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección Nacional de Promoción Social, la Cámara de Diputados, la Comisión de Peticiones Poderes y Reglamentos, la Subsecretaría de Promoción Social, la Subsecretaría de Salud Social, el Hospital Argerich, la Secretaría de Salud Pública, la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental, el Centro Cultural General San Martín, el Ministerio de Salud y Acción Social, la Subsecretaría de Seguridad Social, Aerolíneas Argentinas, entre otros. También la CONADEP gestionó asistencia mediante otras organizaciones de la sociedad civil y empresas, encontrándose comunicaciones por ejemplo con el Movimiento SoliDarío de Salud Mental, el Instituto Oral Modelo, el Instituto de Rehabilitación "Rocca", el Partido Comunista, el Presidente del Banco Nacional de Desarrollo, Cáritas; el Hotel Reina y el CEMIC.

Esta serie reúne alrededor de 25.000 habeas corpus que fueron remitidos por distintas instancias del Poder Judicial de todo el país como respuesta a los requerimientos que realizara la CONADEP sobre los pedidos presentados por las familias para determinar el paradero de personas desaparecidas entre 1975 y 1983. Asimismo contiene las respuestas de distintas instancias del Poder Judicial de diversos puntos del país a la solicitud realizada por la CONADEP de nóminas de causas sobre privación ilegítima de la libertad iniciadas durante el mismo período.

Esta serie reúne las respuestas enviadas por distintos hospitales de salud mental y cementerios del país al pedido de información realizado por la CONADEP vinculado a los registros que pudieran encontrarse en dichas instituciones sobre internaciones, enterramientos de NN y de partos realizados entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. En el caso de los hospitales esta información fue requerida por la Dirección Nacional de Salud Mental, la Subsecretaría de Justicia o el Ministerio del Interior según correspondiera y se encuentran los listados de personas ingresadas al hospital Colonia Nacional de Salud Mental de Diamante, a la Unidad penitenciaria Nº 10 Melchor Romero Instituto Neuropsiquiátrico de Seguridad, a la Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca, al Hospital Nacional Braulio A. Moyano y al Hospital Nacional José T. Borda. En lo que refiere a las respuestas de los cementerios, se encuentra documentación vinculada al Cementerio de Chacarita como listados de personas fallecidas entre 1970 y 1984, informes de la Dirección General del Cementerio así como algunas comunicaciones con el Poder Judicial referidas a la Causa Nº 40.357.

Esta serie reúne ejemplares del informe final elaborado por la CONADEP en el que se condensó toda la labor investigativa de la Comisión vinculada con las denuncias y pruebas sobre los secuestros y desapariciones perpetrados durante la dictadura, el destino de los desaparecidos y desaparecidas así como sobre el paradero de los niños y niñas apropiados en el marco del terrorismo de Estado. El 20 de septiembre de 1984, luego de extenderse por tres meses el plazo establecido originalmente para el funcionamiento de la CONADEP, el informe fue entregado al presidente de la Nación, Raúl Ricardo Alfonsín, en un acto que tuvo lugar en la casa de gobierno. Dos meses después, fue publicado bajo el título Nunca más por la editorial universitaria EUDEBA.
La serie cuenta con una copia de los tres tomos firmada y sellada por Eduardo Rabossi y una fotocopia de ese mismo ejemplar. Por otro lado, se incluyen carpetas numeradas sucesivamente las cuales contienen una copia previa del informe "Nunca Más" que no se encuentra firmada ni sellada así como diversa documentación que la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación fue añadiendo una vez finalizadas las funciones de la CONADEP y creada la SDH cuya misión era completar los trabajos que la Comisión había podido concluir al finalizar su mandato. Entre esta documentación se encuentra el informe "La Subsecretaría de Derechos Humanos y la CONADEP: Informe sobre las tareas realizadas" que evidencia el traspaso de funciones de un organismo a otro al tiempo que detalla el tratamiento que recibió el archivo de la CONADEP y sus usos posteriores. Se encuentran también algunas correspondencias de personas que, una vez publicado el Informe, se pusieron en contacto con la SDH para rectificar errores sober sus situaciones personales. Además de añadir documentación, la Subsecretaría agregó en estas carpetas los documentos recibidos por las delegaciones provinciales de la CONADEP como la de Santa Fe, así como los informes finales de las delegaciones de Bahía Blanca, Santa Fe, Mar del Plata y el certificado del depósito en un banco de los documentos de la delegación de Córdoba. Finalmente una gran parte de estas carpetas se corresponden con documentos que fueron enviados a la CONADEP por el Ministro de Educación y Justicia , Dr. Carlos R. S. Alconada Aramburu, consistentes en fichas de los procesados (condenados o no), sometidos a juicio por Tribunales Militares o Civiles acusados de actividades subversivas a partir de 1975.

Esta serie reúne correspondencia enviada y recibida por la CONADEP. Hay una gran cantidad de cartas recibidas por la Comisión desde organismos estatales y de la sociedad civil de otros países como Brasil, Uruguay, Colombia, Chile, Francia, Bélgica, Italia, Holanda, Alemania, Suiza, Suecia, Austria, Reino Unido, Nueva Zelanda, Canadá, Japón y Estados Unidos, entre otros, en las que mayormente se solicita información sobre el paradero de personas de esos países detenidas y desaparecidas en Argentina, o bien se manifiesta el apoyo a la labor de la CONADEP o se solicita copia del informe final elaborado por la Comisión como resultado de su labor investigativa. Entre estas cartas se encuentran también aquellas de organismos internacionales como por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional. Además, la serie contiene cartas enviadas y recibidas por la CONADEP de distintos organismos estatales de Argentina con el objeto de solicitar y remitir información necesaria para las investigaciones llevadas adelante como parte central de sus tareas. Hay también correspondencia con distintos organismos de la sociedad civil así como con particulares, cartas entre la Comisión y el Presidente Raúl Ricardo Alfonsín y muchas misivas dirigidas al Presidente de la Nación sobre el funcionamiento de la CONADEP y remitidas luego a la misma. A través de esta gran cantidad de comunicaciones durante el tiempo que funcionó la CONADEP se evidencia el impacto nacional e internacional que la creación de esta Comisión tuvo para el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad comentidos durante la dictadura cívico militar. Una vez finalizada la CONADEP se agregaron a esta serie algunas cartas e informes hasta 1997.

Esta serie reúne diversas comunicaciones sobre los cuestionarios a militares enviados por la CONADEP a miembros de las Fuerzas Armadas a través del Ministerio de Defensa y a miembros de las Fuerzas de Seguridad a través del Ministerio del Interior en 1984 con el objeto de llevar adelante sus tareas de investigación sobre la detención y desaparición de personas durante la dictadura cívico-militar. El 5 de julio de 1984, considerando que era neCésario afianzar la justicia y consolidar la paz interior y para lograr esto eran indispensables las declaraciones del personal de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la Nación, Raúl Ricardo Alfonsín firmó el decreto 2107/84. Por medio de esta normativa se autorizó de forma genérica al personal de las Fuerzas Armadas "a quienes les sean legalmente requeridos informes, declaraciones o documentos referidos a la lucha contra la subversión y el terrorismo, a declarar sobre hechos o asuntos del servicio que se refieran a dicha actividad, sin necesidad de solicitar en cada caso concreto la venia que prescriben los reglamentos militares pertinentes".
Esta serie reúne algunos de los cuestionarios que la CONADEP envió a altos mandos de las distintas Fuerzas por medio del Ministerio de Defensa con preguntas vinculadas a su participación personal y directa en la planificación, dirección y ejecución de la lucha antisubversiva según la interpretación dada a los decretos 261/75 y 2772/75 emanados del Poder Ejecutivo Nacional, a las normativas legales que legitimaron los métodos y operativos utilizados y a los parámetros jurídicos para discernir entre quién era subversivo y quién no, así como a las formas de documentar ese accionar. Asimismo se encuentran las respuestas por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas, enviadas también a través del Ministerio, muchas de las cuales se negaron a responder el cuestionario.