Esta serie reúne documentos recopilados por Guillermo Bernasconi, la mayor parte de los cuales fueron obtenidos en el Comando I Cuerpo del Ejército Argentino en 1982 cuando Bernasconi cumplía el Servicio Militar Obligatorio. Hay partes de inteligencia; documentos con fotos de distintitas personas tipo prontuario, de las que se consignaba nombre y apodo; notas entre miembros del Ejército con el objeto de enviar información sobre personas y documentos adjuntos de secuestrados; copias de documentos pertenecientes a organizaciones como Montoneros, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Partido Comunista, Partido Obrero, Partido Comunista Revolucionario, entre otras; y documentos vinculados con el terrorismo de Estado en Chile. Muchos de los documentos, por la forma en que fueron obtenidos, se encuentran incompletos y poseen numeraciones dadas probablemente por el Ejército al incluirlos como anexos en partes de inteligencia o expedientes de documentación tomada en secuestros y allanamientos. Un alto porcentaje de la documentación tiene también sellos que indican "Secreto" o "Estrictamente secreto y confidencial". Adicionalmente, hay algunas publicaciones como un ejemplar de "Síntesis de prensa" en la que el Ejército analiza los principales titulares de tapa de diferentes medios gráficos de agosto de 1982 y el libro "Fichas de instrucción".

La colección consta de copias de legajos de personal y sumarios pertenecientes a agentes de la Policía Federal Argentina, de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval Argentian. Además contiene una carpeta con huellas de personas de nacionalidad chilena detenidas desaparecidas en Argentina y dos informes: uno sobre la actuación de la Policía Federal Argentina en la denominada "lucha contra la subversión" en Rosario entre 1976 y 1977 y su articulación con el Destacamento de Inteligencia 121 del II Cuerpo de Ejército, y otro sobre la actuación de la Policía Federal Argentina en la denominada "lucha contra la subversión" en La Rioja y su articulación con el Área Militar 342 y el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 del Ejército Argentino.
Se destacan los informes elaborados por el Área de Investigación respecto de la actuación de la Policía Federal Argentina durante la última dictadura cívico-militar.

La presente colección incluye un único documento. Se trata de un "Informe preliminar - Archivo Municipal de la Memoria Colectiva y Popular de Avellaneda" confeccionado por el área memoria, Verdad y Justicia, la Comisión por la Memoria y la Unidad especializada Investigacipon dependientes de la Municipalidad de Avellaneda. El informe contiene un listado de víctimas del terrorismo de Estado de Avellaneda que se encuentra en proceso de actualización, corrección y ampliación permanente. Además, trata temas como el asesinato y desaparición de militantes populares en Monte Chingolo, el funcionamiento del aparato represivo en la localidad, el Centro Clandestino de Detención El Infierno de Avellaneda, los fusilamientos ocurridos en el casco urbano y en la zona costera y el sector 134 del Cementerio. Se menciona además documentación relevante tal como actas de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA).

La serie reúne documentación recopilada por Carlos González Gartland de casos de personas detenidas-desaparecidas por la dictadura en Argentina entre ellas, diferentes casos de niños y niñas. Entre los documentos se encuentran informes y listados de personas detenidas desaparecidas elaborados por distintos organismos tales como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Comisión Argentina de los Derechos Humanos (CADHU), el Argentine Information Service Center (AISIC), Familiares de Detenidos Desaparecidos por razones políticas entre otras. Las listas detallan los nombres de las personas detenidas desaparecidas y fueron realizadas para enumerar diferentes colectivos de personas en distintos momentos: mujeres, trabajadores de diferentes oficios, trabajadores de la educación, trabajadores de la salud, detenidos en la cárcel de Devoto, detenidos desaparecidos en Chile; entre otros. Además, esta serie presenta numerosas denuncias y cartas que denuncian los secuestros y desaparición forzada de personas. Se encuentran también recursos de habeas corpus, como por ejemplo presentado en la causa Nº 12.703 caratulada Antokoletz, Daniel y otros s/ habeas corpus. Algunos artículos periodísticos exponen también información relativa a los asesinatos lista de 76 cadáveres N.N inhumados en Chacarita e informe al respecto.
Se reúnen también dos carpetas con documentos sobre el caso de María Luisa Piedra por un lado, y por otro el de Gustavo Gabriel Olmedo Villegas, Horacio Olmedo Villegas, Gladys Graciela Pujol, Rosa Ana Frigerio Eduardo E. Rival; Adriana C. de Rival, Arnulfo Verón Florentin, Roberto Juan Carmelo Sinigaglia, Lucía M. Cullen de Nell; Ana María Moreira y Mario Alberto Nivoli.
Dentro de esta serie un grupo de documentos caratulados como "Desaparición de niños" contiene informes, listados, denuncias y cartas sobre desaparición de niños y niñas por la dictadura cívico militar-en Argentina así como sobre la violencia, represión y vulneración de los derechos de la niñez.

La colección reúne documentos sobre la comunidad israelita argentina, cuenta con un informe realizado por el Centro de Estudios Sociales de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) sobre la situación de los detenidos desaparecidos judíos durante la dictadura de 1976 a 1983, un dossier sobre las actividades de nazis en Argentina elaborado por historiadoras para el uso en la escuela media (EGB y Polimodal), un comunicado de prensa de la Secretaría de Derechos Humanos en el cual anuncia la creación de una unidad de investigación de crímenes del terrorismo de estado contra la comunidad judía. Por último, cuenta con artículos periodísticos sobre la derrogación de una circular contra la inmigración de la comunidad judía a Argentina durante la segunda mitad del siglo XX y otros que refieren al terrorismo de estado.

Informe sobre la situación de los detenidos - desaparecidos judíos durante el genocidio perpetrado en Argentina elaborado por el Centro de Estudios Sociales de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA)

Expediente de la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del caso 14.147 por el incumplimiento por parte del Estado argentino de los artículos 50 y 61 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Vinculado a la anulación de sentecias a represores condenados por delitos de lesa humanidad, en los casos de Rodolfo Omar Farias y Glasdys Noemí Musante, en el marco de la aplicación de las leyes 23.492 y 23. 521 conocidas con Ley de Punto Final y Ley de Obediencia Debida respectivamente. Contiene correspondencia deTorres Molina y su patrocinada Alicia Consuelo Herrera, con la CIDH, presentaciones ante la Comisión, un informe del año 1992 de ésta y copias del expediente judicial.

Esta serie reúne artículos, mayormente periodísticos, acerca de la detención y desaparición de Eduardo Korsunsky así como de la dictadura en general y sobre la lucha de Madres de Plaza de Mayo, especialmente de la búsqueda de Celia Jinkis de su hijo Eduardo. De las décadas de 1970 y 1980, algunos de ellos son recortes de las solicitadas publicadas en diferentes medios por la aparición de detenidos desaparecidos, entre los cuales se menciona a Eduardo. Otros, por su parte, tienen la foto de Eduardo y un texto sobre la búsqueda de su paradero. Por otro lado, hay artículos sobre su detención y desaparición en particular y sobre la desaparición de otros pampeanos y la causa llevada adelante por la búsqueda de treinta casos.
De la década de 1990, hay dos artículos periodísticos en los que se informa acerca de la decisión de la Comisión de festejo del centenario de la Escuela N°15 "José Hernández" de no permitir un homenaje a Eduardo Sergio Korsunsky.
Asimismo hay artículos sobre Celia y su lucha, sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad, acerca del Padre Carlos Mujica, sobre un homenaje a ex alumnos de la Escuela General Mosconi de Ingeniero White que se encuentran detenidos desaparecidos, entre otros, que reflejan las preocupaciones de Celia Jinkis y el camino de búsqueda de su hijo, tras su desaparición en 1976.

Esta serie reúne tramitaciones realizadas por Celia Jinkis de Korsunsky a partir de la detención y desaparición de su hijo Eduardo Korsunsky en 1976, incluyendo las acciones judiciales realizadas desde ese momento para localizar su paradero. Contiene distintos tipos de presentaciones judiciales como por ejemplo borradores de recursos de habeas corpus, ampliación de medidas y acciones, reiteratorios frente a las negativas de los habeas corpus recibidas de las distintas instancias y jurisdicciones del Poder Judicial. También pueden encontrarse declaraciones testimoniales y comunicaciones intercambiadas con los juzgados y tribunales en el marco de investigaciones sobre delitos de lesa humanidad a partir de la reapertura de los juicios en el año 2003, así como copia de las pruebas documentales presentadas. Finalmente, también se encuentran algunas de las denuncias realizadas ante distintos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. El recorrido por estos documentos permite recuperar el derrotero que significó para miles de Madres de Plaza de Mayo la búsqueda de sus hijos detenidos desaparecidos por la dictadura cívico militar.

El fondo se compone de la documentación producida en el marco de la causa N° 2522 (Lex. 14216/2003/TO9) "Rodríguez, Hubo Roberto y otros s/privación ilegal de la libertad, agravada por mediar violencia o amenazas; en concurso ideal con el delito de imposición de tormentos" conocida como Vesubio III, tramitada ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 (TOF 4). En particular, contiene los audios de las audiencias y la documentación aportada como prueba. Entre la documentación de prueba, se encuentran:

• libros históricos de distintas unidades militares, juntas de calificaciones, directivas y reglamentos militares, copias de legajos de personal militar, boletines, listados de personal militar, policial y penitenciarios.
• planos e inspecciones oculares
• expedientes judiciales anexados a la causa
• legajos de identificación de la Cámara Federal
• constancia de pericias antropológicas y certificados de defunción
• documentación de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires e informes de la Comisión Provincial por la Memoria
• documentación aportada por el CELS que incluye artículos periodísticos, la declaración de Elena Alfaro, lista de trabajadores desaparecidos y documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos
• copias de legajos CONADEP, SDH y REDEFEA y habeas corpus presentados para la búsqueda de paradero de las víctimas involucradas
• Libros titulados "Subteniente de Caballería JCO 1977", "Derechos Humanos, Justicia y Reparación", "Vida y lucha de Vanguardia Comunista", "Genocidio en la Argentina" e "Historia Argentina contemporánea"

El Centro Clandestino de Detención El Vesubio funcionó entre 1975 y 1979 en un predio del Servicio Penitenciario Federal ubicado en el cruce de Autopista Ricchieri y Camino de Cintura en el partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires. Hasta su disolución y demolición completa a raíz de la inspección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), habían pasado más de 2.500 personas de las que hubo unos pocos sobrevivientes. Este tramo del juicio analiza la responsabilidad de seis agentes del Servicio Penitenciario Federal en los crímenes perpetrados contra casi 400 víctimas. Por esta causa en las que se investigaron crímenes cometidos contra casi 400 víctimas, el Tribunal condenó a un exmilitar y a dos exagentes penitenciarios federales a prisión perpetua, e impuso penas de entre tres años y seis meses de prisión y 15 años de prisión para otros cinco acusados. A su vez, el TOF 4 declaró que los hechos juzgados fueron crímenes contra la humanidad y que la violencia sexual perpetrada contra mujeres "fue específica, sistemática y planificada" y que "partió de estereotipos de género y los profundizó, exhibiendo un carácter extendido y con un claro objetivo disciplinador". También dispuso la reparación de los legajos de las víctimas estudiantes y trabajadoras para que se consigne que fueron víctimas del terrorismo de Estado.

Esta serie reúne informes e investigaciones realizadas por el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA), principalmente por el Equipo de Salud y por el Equipo de Educación de la Secretaría de Cursos e Investigaciones. Hay además algunos borradores de informes.

Fotocopia de informe sobre los secuestros desapariciones de Ester Silvia del Rosario Felipe de Mónaco y Luis Carlos Mónaco ocurridos en la ciudad de Villa María, Córdoba, el día 11 de enero de 1978. Se describe el procedimiento en el cual fue secuestrada Ester Silvia y las gestiones realizadas por sus padres para dar con su hija y yerno.

La causa, conocida como "Causa Camps (44), se inició a raíz del Decreto 280/84, del Poder Ejecutivo Nacional con fecha 18 de enero de 1984, que dispuso someter a juicio sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas al General (R) Ramón Juan Alberto Camps, con motivo de las declaraciones prestadas por el nombrado y en donde habría reconocido su participación directa en la comisión de numerosos delitos. Entre los hechos más conocidos investigados en esta megacausa se encuentran “La noche de los lápices”, el secuestro del “grupo Graiver”, los secuestros de Jacobo Timerman y Jorge Julio López y el ataque a la “casa de Calle 30 Mariani Teruggi”, incluida la apropiación de la niña Clara Anahí. Se juzgaron los secuestros, tormentos, torturas y desapariciones en perjuicio de 280 víctimas -entre ellas embarazadas, bebés nacidos en cautiverio y niños secuestrados junto a sus padres- en los centros clandestinos que funcionaron en las Brigadas de San Justo y de Investigaciones de La Plata, el Destacamento de Arana, la Comisaría 5ta de La Plata, Puesto Vasco y Comando de Operaciones Tácticas I de Martínez. En la sentencia dictada el 2 de diciembre de 1986 se dictaminó la condena de Jorge Antonio, Ramón Juan Alberto Camps, Norberto Cozzani Cabezón, Miguel Osvaldo Etchecolatz Santillán; Ovidio Pablo Ricchieri y Ovidio Pablo.
El fondo se compone de la copia digital de los 57 cuerpos la causa, las actas mecanografiadas de las sesiones y la documentación aportada como prueba por las partes durante el desarrollo del juicio.

La colección está organizada por años en función de las diferentes tandas de entrega de documentos (2002, 2016 y 2019)
La primera tanda, de 2002, consiste en 4600 documentos aproximadamente, de 16.000 fojas, del Departamento de Estado (agencia gubernamental dedicada a la política exterior), datados del 1 de diciembre de 1975 al 31 de diciembre de 1984. Se encuentran divididos en 34 agrupamientos (volúmenes) de 500 folios aproximadamente cada uno. Pueden encontrarse diferentes comunicaciones (cables, telegramas, telex) entre las embajadas norteamericanas en diferentes países, principalmente la embajada argentina, sobre distintos hechos y personas involucradas en violaciones a los derechos humanos. Desde informes de reuniones con diferentes autoridades del gobierno de facto, como solicitudes de organizaciones de la sociedad civil que solicitan información sobre el paradero de detenidos-desaparecidos; en muchos casos adjuntan informes, panfletos, listados, proclamas y otros tipos de documentos de organizaciones denunciando estos hechos.
El segundo agrupamiento, de 2016/2017, está subdivido en tres entregas. Las fecha extremas de los documentos van del 1975 a 1987. La primera de agosto de 2016 que consta de un total de 1087 fojas donde se pueden encontrar documentos de las presidencias de Carter, Reagan y Bush. La segunda, de diciembre de 2016, dividida entre reportes, memorándums y brief diarios (breves informes diarios de inteligencia) para los Presidentes donde se puede observar aspectos de la relación del gobierno de Estados Unidos con las diferentes Juntas Militares de Argentina, así como las presiones que se producían por la liberación de ciertos detenidos que cobraban relevancia internacional, informes sobre distintos temas vinculados a las violaciones a los derechos humanos en Argentina, veto de venta de armas, Plan Cóndor, conflictos entre diferentes autoridades del gobierno militar e incluso ya en democracia sobre el levantamiento militar de abril de 1987. Hay también informes generales sobre la situación en diferentes países, los cuales se encuentran completamente tachados, excepto lo de Argentina. Finalmente, la entrega de abril de 2017, ya con Trump como Presidente de Estados Unidos, contiene 813 documentos del Departamento de Estado desclasificados en el 2002 los cuales fueron revisadas las tachaduras, más 119 documentos seleccionados por la Oficina del Historiador (Office of the Historian) por su relevancia para un capítulo sobre Argentina, de un volumen sobre América Latina, en una publicación sobre la Política Exterior de Estados Unidos entre 1977 y 1980.
Finalmente, la última entrega, de 2019 contiene documentos provenientes no sólo de los documentos presidenciales y del Departamento de Estado, sino que incluye otras agencias gubernamentales como la CIA, el Departamento de Justicia, el Departamento de Defensa, el FBI y del NARA (Archivos Nacionales y Administración de Archivos).
En total se entregaron 5600 documentos, 2100 del Departamento de Estado, 50.000 páginas, que aún hoy están siendo analizadas.

Esta sección reúne documentos de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) recopilados por Carlos González Gartland en el marco del cumplimiento de sus misiones, funciones y actividades en dicha organización. La CADHU se gestó durante los meses previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, aunque su aparición formal se produjo cuando ya había comenzado la dictadura, en abril de 1976. La CADHU se fundó a partir de la confluencia de distintos grupos. El más numeroso lo componían las y los militantes del Partido Revolucionario de los Obreros Argentinos (PROA), organización a la que pertenecía, entre otros, Carlos González Gartland. La denuncia y la solidaridad se constituyeron tempranamente como las dos vías de acción principales de la CADHU. Los acuerdos logrados entre el sector vinculado al PROA y los representantes de la organizaciones político-militares fueron fundamentales para llevar adelante la primera de esas iniciativas, que se canalizó a través de Ignacio Ikonikoff, encargado de centralizar los datos aportados por los colaboradores vinculados a Montoneros y el PRT-ERP. De este modo, se constituyó un primer circuito de información que permitía conocer y denunciar con cierta celeridad los secuestros y asesinatos que se multiplicaban diariamente en el país durante los primeros meses de dictadura, y de los que los militantes relacionados con las organizaciones político-militares formaban un porcentaje considerable.
La denuncia en el extranjero fue desde el inicio una prioridad para la CADHU, cuyos integrantes –por su experiencia en la defensa de presos políticos– habían entablado vínculos tempranos con diversas entidades internacionales del campo jurídico ligadas a la defensa de los derechos humanos. Esta proyección hacia el ámbito internacional de la CADHU no sólo respondía a consideraciones de estrategia sino, también, a las urgencias que planteaba el avance de la represión en la Argentina. La información que se recogía en la Argentina sobre el avance de los secuestros, las desapariciones y los asesinatos en la vía pública salía del país inicialmente a través del circuito organizado en torno a Ikonikoff. Durante el primer año de dictadura, él fue el encargado de enviar con cierta periodicidad cartas a los representantes de la CADHU en el exilio en las que recopilaba numerosos datos sobre el avance de la represión en la Argentina e informaba también sobre la cotidianidad del organismo.
La CADHU estableció representaciones en diversos países de Europa Occidental y América, entre ellas la delegación del organismo en México, encabezada por el abogado Carlos González Gartland, quien desarrolló su militancia en la CADHU en paralelo a su participación en el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA).
Una de las actividades fundamentales asumidas por la CADHU fue la de denuncia a través de la producción y difusión de relatos del cautiverio elaborados por sobrevivientes de centros clandestinos de detención. La circulación de este tipo de documentos en el extranjero tenía como objetivo principal lograr la condena internacional de la Junta Militar por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometían en la Argentina. Estos relatos, que narran de manera detallada el horror de la represión clandestina, constituyeron un insumo clave del movimiento antidictatorial en su campaña de denuncia y, además, generaron un conocimiento temprano sobre el dispositivo represivo que sería clave en el escenario judicial de la transición democrática. Los testimonios reunidos no solo son los producidos por la CADHU sino también algunos recopilados por Gartland y reunidos en un mismo corpus.
Además, esta sección reúne diversas publicaciones de la CADHU en las que se denunciaban los crímenes de la dictadura, una de las cuales, por ejemplo causó un gran impacto en el terreno de la denuncia internacional: ""Proceso al Genocidio"". Se trata del primer informe integral sobre las violaciones a los derechos humanos en el país. Editado en Madrid gracias a las gestiones del cineasta español Elías Querejeta, el libro fue redactado por Eduardo Duhalde y Gustavo Roca, pero su insumo fundamental fue la información que integrantes y colaboradores de la CADHU habían obtenido clandestinamente en la Argentina y, luego, sacado del país por distintas vías. El informe no sólo denunció los crímenes dictatoriales como parte de un genocidio, apelando así a una figura instalada en el derecho penal internacional, sino que además acuñó la noción de “terrorismo de Estado” para describir el esquema represivo montado por la Junta Militar. También hay una multiplicidad de comunicados de denuncia de diverso tipo como los comunicados de prensa o los llamados ""Acción urgente"".
La sección cuenta además con correspondencia que da cuenta de los vínculos de la CADHU con otros organismos de derechos humanos y de las actividades e iniciativas de solidaridad que buscaban dar auxilio a las personas que huían de la persecución dictatorial así como de las intervenciones en el espacio público que consistieron fundamentalmente en movilizaciones ante las embajadas argentinas en los países del exilio ante eventos puntuales o fechas de resonancia particular, como los aniversarios del golpe de Estado.
Finalmente, hay rendiciones de egresos mensuales de la sede México de la CADHU cada uno de los cuales se encuentra acompañado por la misiva dirigida al Consejo Directivo de la CADHU en Madrid y, en algunos casos, un detalle de las líneas de acción de la delegación.