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Testimonio de Juan Carlos Scarpatti ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU), acerca de lo acontecido durante su detención y secuestro hasta su fuga y exilio. Se menciona la ubicación, descripción y funcionamiento del centro clandestino de detención ubicado en Campo de Mayo, perteneciente al Comando de Institutos Militares, así como la ubicación y plano del interior del centro clandestino de detención perteneciente al asentamiento de artillería de Ciudadela dependiente del Regimiento de La Tablada, llamado Sheraton.

Informe de los acontecimientos ocurridos en torno a la detención y desaparición de Ana María Espejo y de la búsqueda de su paradero realizada por su familia.

La colección se compone de copias digitales de la documentación presentada como evidencia en el juicio llevado a cabo en Florida (Estados Unidos) contra Roberto Guillermo Bravo por las cuatro víctimas Alberto Camps, Eduardo Cappello, Rubén Bonet y Ana María Villarreal de Santucho de la Masacre de Trelew. Bravo se mudó a los Estados Unidos en 1973, donde evadió la justicia hasta que los clientes del Center for Justice and Accountability (CJA) lo demandaron. En julio de 2022, un jurado de Florida lo declaró responsable de ejecución extrajudicial, intento de ejecución extrajudicial y tortura en la Masacre de Trelew. La evidencia incluye el testimonio de uno de los tres únicos sobrevivientes de la Masacre, del personal que trabajó en la Base Naval Almirante Zar durante o inmediatamente después de la Masacre, y de nuestros clientes y otros familiares de las víctimas. También incluye evidencia fotográfica y documental de las lesiones de las víctimas, un informe contemporáneo sobre la Masacre realizado por militares argentinos, así como el testimonio pericial de nuestros expertos legales, históricos, forenses y médicos.
También se incluye documentación recopilada por la defensa que no fue admitida como evidencia en el juicio. La mayoría de los documentos se encuentran en idioma inglés.
Entre los documentos vinculados a la causa se encuentran:

• Las transcripciones del proceso judicial del caso civil Camps et al. v. Bravo
• Las transcripciones completas de las declaraciones previas al proceso judicial del caso civil Camps et al. v. Bravo de Carlos Celi, Carlos Marandino, Roberto Bravo y Julio Ulla.
• Los videos de las declaraciones completas previas al proceso judicial del caso civil Camps et al. v. Bravo de Carlos Celi, Carlos Marandino, Roberto Bravo y Julio Ulla.
• El expediente completo del proceso judicial del caso civil Camps et al. v. Bravo.
• El expediente completo del proceso de extradición de Roberto Bravo en el año 2010.
• Las transcripciones de la audiencia relacionada al proceso de extradición de Roberto Bravo en el año 2010.
• El expediente completo del proceso de extradición de Roberto Bravo en el año 2019.
• Las transcripciones de las audiencias relacionadas al proceso de extradición de Roberto Bravo en el año 2019.
• Los documentos del proceso penal en Argentina relacionado con la Masacre de Trelew (2006 - 2012) que están en posesión de el “CJA”.
• Informes de expertos (el historiador Brennan, el prof. Langer sobre derecho comparado, el médico forense Dr. Anderson, y el físico forense Dr. Pregliasco) junto con notas del CJA donde se señalan las transcripciones de sus declaraciones en vivo.
• Diario del juicio: informe de la Clínica Internacional de Defensa de los Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Florida, Estados Unidos.

La colección reúne 15 copias de prontuarios policiales de presos políticos de la provincia de Jujuy también, un informe realizado por el Archivo de la Memoria de Jujuy sobre un relevamiento documental de archivos de la administración pública provincial cuyo fin es la realización de un censo guía de archivos.

El fondo refleja la actividad solidaria y de denuncia que desarrolló Alicia Raquel Puchulu de Drangosch, quien debió exiliarse del país junto con una de sus hijas y sus nietos como consecuencia de la persecución y desaparición de varios familiares (sus hijos Adriana y Hugo Ricardo Drangosch y sus yernos Mario Rodríguez, Arnaldo del Valle Moyano y Samuel Leonardo Slutzky) durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina, el allanamiento de los domicilios de sus hijas Raquel Herminia Drangosch y Susana Drangosch, y con el objetivo de garantizar su seguridad y la de su familia. Gracias a la colaboración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se asiló primero en Brasil y luego viajó a Holanda donde permaneció varios años. Durante su estadía en Holanda fundó y presidió la Comisión de Solidaridad con Familiares de Desaparecidos en Argentina (COSOFAM) cuyo objetivo fue la promoción y realización de acciones de solidaridad y apoyo a las víctimas del terrorismo de Estado tanto en Argentina como en América Latina. Esta tarea fue realizada en constante colaboración con otros organismos de Derechos Humanos. Durante su exilio en Europa, Alicia también fue representante de Madres de Plaza de Mayo.
En este sentido, el fondo reúne documentos tales como fotografías, correspondencia entre las distintas instituciones que desde el exilio realizaron acciones a favor de los desaparecidos, denuncias, testimonios de detenidos en Centros Clandestinos de Detención Tortura y Exterminio, listados de detenidos-desaparecidos, publicaciones relativas a la lucha por los derechos humanos, boletines, comunicados de prensa, declaraciones, informes, folletos, invitaciones, y una gran cantidad de afiches que formaron parte de la campaña gráfica desde el exilio de denuncia del terrorismo de estado en Argentina y América Latina.

La colección reúne copias digitales de documentos sobre Liliana Corti, nacida el 9 de mayo de 1950 en la ciudad de Buenos Aires, y Horacio Miguel Pietragalla, nacido el 3 de agosto de 1948 en la misma ciudad, quienes fueron militantes de la organización política Montoneros. También hay documentos de Horacio Pietragalla Corti, segundo hijo de la pareja, nacido el 11 de marzo de 1975.
El 15 de octubre de 1975 Horacio Miguel Pietragalla fue detenido en la ciudad de Córdoba y asesinado el 8 de noviembre del mismo año, mientras que Liliana Corti fue asesinada el 4 de agosto de 1976 en un operativo realizado en la casa donde vivía en Villa Adelina. El niño hijo de la pareja, de cinco meses, fue llevado por personal policial a la Clínica Mayo y a la Brigada Femenina de San Martín, siendo luego entregado por el teniente coronel Hernán Tetzlaff a una mujer que trabajaba como empleada doméstica en su domicilio.
En el año 2002 Pietragalla Corti inicia el proceso de reconstrucción de su identidad a través de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI). El 4 de abril de 2003 el resultado de los estudios de ADN confirmó que se trataba de Horacio, hijo de Liliana Corti y Horacio Miguel Pietragalla, constituyendo el nieto número 75 que las Abuelas de Plaza de Mayo restituyeron a su familia biológica. Los restos de Liliana Corti y los de Horacio Miguel Pietragalla fueron exhumados e identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el año 2004 y 2003 respectivamente.
La colección está constituida por documentos personales de Liliana y Horacio Miguel, tales como la invitación al casamiento de la pareja, la libreta de familia, certificados de nacimiento y defunción, fotografías, tarjetas, postales, algunas cartas que Horacio Miguel enviaba de niño, certificado de vacunación, la cédula de identidad del Ejército, el certificado de juramento a la bandera y un programa de una obra teatral en la que actuó Pietragalla, entre otros.
Hay, además, documentación de la actividad laboral de Liliana como es la copia fiel de su legajo de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), reparado por medio del decreto 1199/12 que alcanzó a las y los empleados/as de la Administración Pública Nacional que se encontraran en condición de desaparición forzada o hayan sido asesinados/as como consecuencia de la acción del terrorismo de Estado entre 1955 y 1983. El legajo cuenta con documentos como planillas y solicitudes de licencias y antecedentes administrativos que registran licencias por detenciones y su renuncia el 01 de enero de 1976.
También se encuentran documentos vinculados al ámbito educativo de Horacio Miguel. Hay una copia de su legajo de la Universidad de Buenos Aires, donde cursó sus estudios de Sociología, y un certificado de las materias realizadas. Asimismo hay un duplicado de su título de Bachillerato nocturno realizado en el Instituto Privado Incorporado a la Enseñanza Oficial Cardoso y los correspondientes boletines de calificaciones, certificados de conducta y algunos apuntes sobre historia argentina.
Adicionalmente hay algunos artículos periodísticos sobre el retorno al país del ex Presidente Juan Domingo Perón luego del exilio en 1972.
Una gran parte de la colección se encuentra conformada por la reunión de documentos vinculados a la desaparición forzada de Horacio Miguel y Liliana en 1975 y 1976 respectivamente, así como documentación vinculada a la búsqueda y restitución de la identidad de su hijo Horacio Pietragalla Corti. En este sentido, se encuentran solicitudes de paradero de Horacio Miguel presentadas por el padre de Horacio, Gerardo Horacio Pietragalla, y por su madre, María Angélica Ventura de Pietragalla, así como las respuestas obtenidas por el Ministerio del Interior notificando el desconocimiento de la ubicación de Horacio Miguel y certificando que no se encontraba detenido. Asimismo, hay solicitudes del paradero de su nieto Horacio Pietragalla Corti. También hay notas al Ministerio del Interior enviadas por el padre de Liliana, José Antonio Corti, solicitando conocer el paradero de su nieto y la respuesta del Ministerio, mientras que, en otras notas, el padre de Liliana solicita el cuerpo de su hija. Se puede encontrar además, una copia certificada por el Archivo Provincial por la Memoria de Córdoba del expediente 186.340 de 1976 del Ministerio del Interior iniciado por Gerardo Horacio Pietragalla solicitando información sobre el paradero de su hijo y otros documentos obrantes en ese Archivo provincial. Finalmente, se añaden documentos de las causas que investigan la sustracción, desaparición, retención y ocultamiento del niño Horacio Pietragalla Corti como por ejemplo la solicitud de acumulación de las causas, citaciones judiciales a declarar, entre otros documentos que evidencian la intensa búsqueda de la verdad y la justicia por parte de la familia de Liliana y Horacio Miguel así como de organismos de Derechos Humanos como Abuelas de Plaza de Mayo.

Copia de legajo N° 3 del Expediente N° 009-010-001 de la Dirección Federal de Seguridad de México que consta de copias de distintos documentos que dan cuenta del seguimiento de ingreso al país y actividades de asilados políticos y migrantes de nacionalidad Argentina en México por parte del gobierno mexicano, entre julio de 1980 y febrero de 1981.
En casi la totalidad del legajo, se encuentran reportes de seguimiento diarios respecto a las actividades realizadas por Héctor J. Cámpora y las visitas recibidas en su lugar de residencia y en el hospital donde estuvo internado hasta el momento de su fallecimiento en noviembre de 1980 (P. 39, 50 a 105, 130 a 165, 185 a 188, 193 a 194, 197 a 201, 209 a 322, 325 a 332, 340 a 343, 348 a 364, 375 a 378 , 381 a 404). Hay además un reporte minucioso y registros fotográficos de su sepelio. (P. 10 a 22, 38, 41 a 48).
También se encuentra el seguimiento realizado a los hijos de Héctor J. Cámpora -Héctor Pedro Cámpora y Carlos Alberto Cámpora- en sus arribos a México los días previos al fallecimiento y para el sepelio de su padre. Hay informes con fotografía, copia del DNI y del salvoconducto (P. 4, 34 a 37, 49 y 50).
Por su parte, existen también informes y reportes respecto al traslados de los restos desde Cuba y sepelio de Rodolfo Puiggrós (P. 106 a 120, 124 a 131).
Hay un registro del ingreso al país de Juan José Agulleiro Casais (hay fotografía de él) (P. 23 a 28)
Respecto a los seguimientos y reportes de actividades realizados por agentes de la Dirección Federal de Seguridad, se destacan los realizados sobre:

• Proyección de película en la Casa del Pueblo Argentino en febrero de 1981 (P.3)
• Declaraciones de Juan Carlos Agostini, director del Instituto Latinoamericano de Estudios Políticos y Sociales de Argentina (P. 29 a 33)
• Conferencia debate organizada por la Asociación Radio Noticias del Continente y el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA). Hay foto (P. 189 a 192, 195 a 196)
• Conferencia de prensa en la Casa de Argentina en México el 18 de octubre de 1980. Hay fotos (P. 202 a 208).
• Conferencia sobre procesos políticos en Argentina organizada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Hay fotos (P. 323 y 324). Consta la participación de Héctor J. Cámpora y su intervención en dicha conferencia (P. 345 a 352).
• Actividad en recordatorio de la Masacre de Trelew. Hay fotos (P. 333 a 339).
• Actividad en la Casa del Pueblo Argentino, en apoyo al pueblo boliviano y en homenaje al periodista Marcelo Quiroga Santa Cruz. Hay fotos (P. 365 a 374).
• Actividad y conferencia de prensa de COSOFAM (Comisión de Solidaridad de familias de presos, muertos y desaparecidos por causas políticas en Argentina), el 13 de agosto de 1980, por la entrega de un pliego de demanda a la junta militar sobre la situación de las personas detenidas-desaparecidas.
  -Dentro del legajo, también está la publicación de la CADHU " Mensaje a la comunidad internacional" (P. 166 a 175) y la portada de una publicación de COSPA de julio-agosto de 1980 (P. 344)

Copia de "Ejército Necesario". Informe elaborado por la Subjefatura VI del Comando en Jefe del Ejército (Estado Mayor General del Ejército) en cumplimiento del "Plan de Tareas del Estado Mayor General del Ejército" (Año 1965) - Número de orden IV - Movilización. Se menciona la intervención de todas las subjefaturas en su conformación. Es un análisis de los planteos sobre las fuerzas terrestres necesarias, hasta el nivel de grandes unidades de combate, para hacer frente a todas las hipótesis de conflicto, de acuerdo al trabajo realizado por la Comisión Especial de Reestructuración del Ejército (CERE), y la necesidad de detallarlo más hasta el nivel de formaciones y comandos. Para avanzar sobre el Ejército Necesario no se esperarían los resultados de la reciente aplicación del sistema de planeamiento. Ineficacia de la Hipótesis "Mar". Plan de Operaciones V: variantes 1, 2 y 3. Directiva CJE del 02 julio 1964. "Ejército necesario". Se explica el procedimiento utilizado para elaborarlo. Hipótesis de guerra "A": variante 1 agresión interna comunista, variante 2 comunización parcial o total de países limítrofes, variante 3 comunización parcial o total de países no limítrofes. Hipótesis de guerra "B": países americanos buscan imponer sus objetivos nacionales a otros países, variante 4 países limítrofes, variante 5 países no limítrofes. Hipótesis de Guerra "C": conmoción interna de estado. Se centran en la hipótesis de Guerra A variantes 2 y 1 para la política de seguridad nacional. El marco temporal trabajado en el documento es 1962-1965. Expresa que en 1964 se dio inicio a la catalogación de unidades y organismos, esperando publicarlo como reglamento en 1965. Utilizan como base el Documento 5c de la CERE en cuanto a los requerimientos para los teatros de operaciones y el 5c y el 6 para los requerimientos de zonas del interior. Triple función del Comandante en Jefe del Ejército durante la guerra. Responsabilidades del CJE respecto a: variante 1, abastecimiento, mantenimiento, sistema de reemplazos de las zonas del interior. Anexos: Organización superior y distribución de las fuerzas terrestres, Requerimientos orgánicos de guerra- fuerzas de campaña y zonas del interior.

La colección reúne documentación recopilada por Santiago Mellibovsky, padre de Graciela Mellibovsky desaparecida en 1976, vinculada a personas detenidas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. Principalmente, consiste en 7 biblioratos que conforman el álbum de fotografías de personas detenidas desaparecidas elaborado a partir de un acuerdo entre la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Las fotos que componen el álbum son más de 3.000 copias en soporte papel, digitalizadas o reprografiadas por Santiago Mellibosky quien realizara esta tarea ad honorem. El tamaño de las fotos es de 6 x 9 cm., fueron hechas en blanco y negro y poseen un epígrafe con el nombre de la persona, número de legajo de la CONADEP y el número de bobina del negativo. Los biblioratos ordenan las fotografías según la fecha de desaparición forzada de las personas. Además, se incluyen los negativos 35 mm de esas fotografías. Adicionalmente, se encuentran algunos documentos vinculados con ese acuerdo entre las instituciones como por ejemplo una copia del acta firmada por Eduardo Rabossi, Subsecretario de Derechos Humanos, y Emilio Fermín Mignone, en nombre del CELS; un memorándum y una carta que dan contexto a la elaboración de este álbum. También se incluyen dos índices de las fotografías, uno en orden alfabético según el nombre de la persona, y otro cronológico de acuerdo a la fecha de desaparición forzada.
Por otro lado, forman parte de esta colección, dos informes vinculados a personas de origen judío detenidas desaparecidas. Uno de ellos se titula "Informe de la Violación de los Derechos Humanos de argentinos judíos bajo el régimen militar (1976-1983)", elaborado por la Comisión de Solidaridad con Familiares de Desaparecidos en Argentina (COSOFAM) en 1999, mientras que el otro lleva el título de "Testimonio sobre la desaparición de ciento cincuenta ciudadanos Argentinos de origen Judío".

El núcleo de la colección está constituido por documentación que perteneció al Comando I Cuerpo del Ejército Argentino. El Comando del I Cuerpo de Ejército se encuentra sito en el barrio de Palermo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el cruce entre las Avenidas Santa Fe y Bullrich. El mismo ha sido cabeza de una de las grandes Unidades de Batalla del Ejército Argentino, el I Cuerpo de Ejército creado originariamente en la zonificación en febrero de 1960. Dicha zona abarcó al comienzo la Capital Federal, la Provincia de Buenos Aires y La Pampa. A partir de la directiva 404/75, de octubre de 1975, la cual pone en ejecución la directiva 1/75 y posteriormente en marzo de 1976, mediante la directiva 405/76, llamada “Reestructuración de jurisdicciones y adecuación orgánica para intensificar las operaciones contra la subversión” se adecúan nuevamente las zonas modificando las competencias territoriales del Comando de la zona I . Allí se excluye de la zona I un conjunto de Partidos del noreste de la provincia de Buenos Aires que pasan a conformar la Zona IV. Por la zona militar bajo su responsabilidad durante la última dictadura cívico militar de 1976 ha sido el comando que tuvo bajo su órbita el mayor número de habitantes 11,5 millones de personas, con 7 subzonas y 31 áreas. Hacia finales de 1979, una nueva readecuación excluye de su incumbencia la Provincia de La Pampa. Entre los documentos sacados del Ejército, hay partes de inteligencia; documentos con fotos de distintitas personas tipo prontuario, de las que se consignaba nombre y apodo; notas entre miembros del Ejército con el objeto de enviar información sobre personas y documentos adjuntos de secuestrados; copias de documentos pertenecientes a organizaciones como Montoneros, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Partido Comunista, Partido Obrero, Partido Comunista Revolucionario, entre otras; y documentos vinculados con el terrorismo de Estado en Chile. Muchos de los documentos, por la forma en que fueron obtenidos, se encuentran incompletos y poseen numeraciones dadas probablemente por el Ejército al incluirlos como anexos en partes de inteligencia o expedientes de documentación tomada en secuestros y allanamientos. Un alto porcentaje de la documentación tiene también sellos que indican "Secreto" o "Estrictamente secreto y confidencial". Adicionalmente, hay algunas publicaciones como un ejemplar de "Síntesis de prensa" en la que el Ejército analiza los principales titulares de tapa de diferentes medios gráficos de agosto de 1982 y el libro "Fichas de instrucción".
Entre los documentos personales, se incluye el DNI del donante, una orden de salida permanente del Comando I Cuerpo del Ejército Argentino (1982), el llamado al servicio de conscripción (marzo 1982) y la libreta del Servicio Militar Obligatorio (mayo 1982).
En cuanto a los documentos que Bernasconi añadió a este núcleo, se encuentran artículos de prensa de diversos medios como Clarín, Viva, La Nación, El País, Sur; folletos y volantes sobre el terrorismo de Estado en Argentina y las respuestas de la sociedad que el productor fue recopilando a lo largo de los años en circunstancias diversas y que entiende que ilustran la historia del país sentida como su historia personal.

El fondo reúne documentos producidos y recopilados por Carlos González Gartland durante sus años de exilio en México entre 1976 y 1984. González Gartland, abogado y defensor de presos políticos desde la década de 1960 y fundador de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) en 1976, partió al exilio ese mismo año tras el secuestro de otros dos compañeros fundadores de la Comisión, decisión que fue consensuada con el resto de la dirección de la CADHU cuando se debatió el destino de cada uno de sus dirigentes. Gartland había sido miembro fundador de la CADHU en Buenos Aires y, una vez en México, fue responsable de la sección mexicana. Con el retorno de la democracia, volvió del exilio en 1984 trayendo con él, los documentos que registran su actividad en la CADHU, el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA) y el Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay (SIJAU), así como sus múltiples vínculos con organizaciones de defensa de los derechos humanos en el exterior y su propia militancia de denuncia de la dictadura cívico-militar en Argentina.

Entre los documentos que forman parte del fondo se encuentran testimonios, publicaciones, rendiciones de egresos, correspondencia, comunicados que dan cuenta del accionar la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) recopilados por Carlos González Gartland en el marco del cumplimiento de sus misiones, funciones y actividades en dicha organización. La CADHU se gestó durante los meses previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, a partir de la confluencia de distintos grupos, aunque su aparición formal se produjo cuando ya había comenzado la dictadura, en abril de 1976. Una de las actividades fundamentales asumidas por la CADHU fue la de denuncia a través de la producción y difusión de relatos del cautiverio elaborados por sobrevivientes de centros clandestinos de detención. La circulación de este tipo de documentos en el extranjero tenía como objetivo principal lograr la condena internacional de la Junta Militar por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometían en la Argentina. Los testimonios reunidos no solo son los producidos por la CADHU sino también algunos recopilados por Gartland y reunidos en un mismo corpus. Además, se encuentran diversas publicaciones de la CADHU en las que se denunciaban los crímenes de la dictadura, una multiplicidad de comunicados de denuncia de diverso tipo como los comunicados de prensa o los llamados "Acción urgente" y numerosa correspondencia que da cuenta de los vínculos de la CADHU con otros organismos de derechos humanos y de las actividades e iniciativas de solidaridad que buscaban dar auxilio a las personas que huían de la persecución dictatorial así como de las intervenciones en el espacio público que consistieron fundamentalmente en movilizaciones ante las embajadas argentinas en los países del exilio ante eventos puntuales o fechas de resonancia particular, como los aniversarios del golpe de Estado. También, hay rendiciones de egresos mensuales de la sede México de la CADHU cada uno de los cuales se encuentra acompañado por la misiva dirigida al Consejo Directivo de la CADHU en Madrid y, en algunos casos, un detalle de las líneas de acción de la delegación. Además, Gartland preservó algunas certificaciones expedidas por la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) y firmadas en su mayoría por el mismo como Consejero Directivo de la Comisión. Algunas de estas certificaciones fueron realizadas en favor de militantes con el objeto de dejar constancia del peligro que corrían para determinar su permanencia o salida del país al exilio, así como dar cuenta de su colaboración con la CADHU en tareas de solidaridad y denuncia. Otras, certifican las investigaciones realizadas por la CADHU de la detención y desaparición de personas, muchas de las cuales fueron sintetizadas en la publicación "Desaparecidos en Argentina" de 1979. Por otro lado, hay documentos de carácter más informal como diversos borradores de informes de la CADHU así como registros sobre víctimas del terrorismo de Estado hechos por la CADHU muy disímiles entre sí en cuanto al formato y al tipo de información consignada. Finalmente, hay unas pocas presentaciones de la CADHU ante la División de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

En el marco de la CADHU se creó en 1980 el Centro de Información y Documentación del Exilio Argentino (CIDEA), un centro especializado en los problemas argentinos, orientado a los aspectos vinculados con los derechos humanos. En ese momento, el CIDEA no logró obtener financiamiento más allá del propio de la CADHU de manera que se puso en funcionamiento en condiciones precarias dependiendo del trabajo voluntario de colaboradores no especializados, lo que devino en que no pudiera darse un tratamiento adecuado a la documentación. Esto se pudo realizar sobre la base de una recopilación de documentos realizada por González Gartland durante su exilio en México, entre 1976 y 1984 a partir de sus múltiples vínculos con organizaciones de defensa de los derechos humanos en el exterior, de manera que fue reuniendo documentos tales como panfletos, comunicados, volantes, artículos de prensa, proclamas e informes, que dan cuenta de su propia militancia de denuncia de la dictadura cívico-militar en Argentina así como del accionar de estas organizaciones entre las que se encuentran Argentine Information Service Center (AISC), Agence Latino-.Americaine D´Information (ALAI), Amnistía Internacional (AI), Centre Argentin d´information et solidarité (CAIS), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Inter American Commission on Human Rights (CIDH), Centro de Investigaciones Políticas y Económicas (CIPE), Comisión de Solidaridad con Familiares de Desaparecidos en Argentina (COSOFAM), Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM), Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP), Madres de Plaza de Mayo, Organización de los Estados Americanos (OEA), Parlamento Europeo, Parlamento Latinoamericano, Trabajadores y Sindicalistas Argentinos en el Exilio (TYSAE), No Candu in Argentina, Congreso Internacional de Solidaridad con Argentina, Movimiento Peronista Montonero, entre otras. Entre estos documentos pueden encontrarse agrupaciones sobre la base de ejes temáticos como “Cárceles y presos políticos”, en la que se incluyen comunicados de prensa y denuncias de las condiciones de las cárceles, seguimientos casos de detenidos, informes de personas detenidas, informes elaborados por presos y presas y testimonios personales. También hay documentos sobre los Centros Clandestinos de Detención entre los cuales hay una lista de los campos de concentración existentes hasta 1978 y diversas publicaciones con testimonios de sobrevivientes e informes de los dichos centros. Sobre el Mundial de Fútbol de 1978 hay recortes de prensa internacional (sobre todo francesa) y afiches en relación con las violaciones a los derechos humanos y documentos de la Coordinación Internacional de la Campaña del Boicot así como documentos de denuncia. Bajo el título "Religión" se reúnen algunos documentos que registran la relación entre la dictadura cívico-militar y algunos sectores opositores de la Iglesia Católica. También se pueden encontrar documentos sobre exiliados y el retorno al país, sobre la contraofensiva al terrorismo de Estado e informes de situación de Argentina en materia de derechos humanos, salud, economía y política. Otro agrupamiento relevante es el relacionado al conflicto de Malvinas con declaraciones e informes por parte de organismos de lucha en el exilio en México tales como CADHU, TySAE, Grupo de Argentinos Exiliados en México, Movimiento Peronista Montonero, Movimiento Independiente de la Comisión Argentina de Solidaridad, Comunidad de Cristianos Argentinos en el Exilio, Organización Comunista Poder Obrero y dirigentes como Enrique Gorriarán Merlo, entre otros. Sobre Malvinas, hay también un seguimiento de prensa y algunos cables de teletipo de agencias para enviar a los diarios. Se incluye finalmente, un minucioso seguimiento de la prensa de la época y otros artículos de publicaciones periódicas sobre la actualidad Argentina en materia política, económica, religiosa, de la cultura y los medios, la cultura y la educación, los derechos humanos, la situación laboral y sindical de los trabajadores y la dictadura cívico-militar Argentina.

En relación a las funciones de Carlos González Gartland en el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA) en México, el fondo contiene documentos como los estatutos de creación del COSPA; boletines editados por el Comité que funcionaron como órganos de comunicación, entre ellos "Boletín Argentino", "CASA ARGENTINA" e "Informaciones Argentinas". Hay además, correspondencia en su mayoría, enviada por el COSPA a diferentes organismos de derechos humanos, organismos internacionales, organizaciones y partidos políticos a través de la cual el Comité expone sus posturas, declaraciones y líneas de acción a seguir, buscando al mismo tiempo tender lazos para la denuncia de violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura cívico-militar argentina y para atender a la situación de los refugiados y exiliados políticos argentinos. Se pueden encontrar también denuncias de detenciones y desapariciones de personas por parte de la dictadura cívico-militar realizadas por el Comité, como parte de sus actividades centrales, así como una serie de comunicados de prensa del Comité.

Finalmente se incorporan algunos documentos que registran la actividad de Carlos González Gartland como miembro del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay (SIJAU) y como abogado dedicado a la búsqueda de ciudadanos uruguayos detenidos desaparecidos tanto en Uruguay como en otros países del Cono Sur.
La documentación es tanto del SIJAU como de diversos organismos de Derechos Humanos con los que esta organización se relacionaba como el Centro de Estudios Legales y Sociales, ya que este era su representante legal en Argentina; así como también el Servicio por la Paz y la Justicia; Madres de Uruguayos Desaparecidos en Argentina (MUDA); Agrupación de Familiares de Uruguayos Desaparecidos (AFUDE); Amnistía Internacional; Comisión Argentina de Solidaridad (CAS); Abuelas de Plaza de Mayo; Madres y Familiares de Uruguayos Desaparecidos en Argentina y Paraguay; Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos; Unión de Obreros y Empleados de FUNSA; Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares Detenidos Desaparecidos; Grupo de Madres de Procesados por la Justicia Militar; Oficina de Solidaridad para Exiliados Argentinos (OSEA); Comisión Internacional de Juristas; Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU); Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública (ASCEEP); Comité de Defensa de los Derechos Humanos en el Cono Sur, de la Comisión Arquidiocesana de los Derechos Humanos y Marginados de Sao Paulo (CLAMOR).

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) fue creada por el presidente Raúl Alfonsín a través del decreto Nº 187 del 15 de diciembre de 1983. Contra la propuesta esbozada por la mayoría de los organismos de derechos humanos, que reclamaban la creación de una Comisión bicameral para la investigación de los crímenes de la última dictadura (1976-1983), el titular del Poder Ejecutivo optó por una Comisión de “notables” compuesta por personalidades destacadas de la vida política, cultural y religiosa argentina, presidida por el escritor Ernesto Sábato. Sus otros integrantes fueron Magadalena Ruiz Guiñazú, Ricardo Colombres, René Favaloro –quien renunció poco después–, Hilario Fernández Long, Carlos Gattinoni, Gregorio Klimovsky, Marshall Meyer, Mons. Jaime F. de Nevares, Eduardo Rabossi, Santiago López, Hugo Piucill, Horacio Huarte, Graciela Fernández Meijide, Daniel Salvador, Raúl Aragón, Alberto Mansur y Leopoldo Silgueira.
El objetivo de la CONADEP, que inicialmente funcionaría por seis meses, era recibir denuncias y pruebas sobre los secuestros y desapariciones perpetrados durante la dictadura para remitirlas a la Justicia, investigar cuál había sido el destino de los desaparecidos y desaparecidas y determinar el paradero de los niños y niñas apropiados en el marco del terrorismo de Estado. Además, debía denunciar cualquier intento de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad por destruir evidencia de los crímenes de la represión. Todos los datos recabados durante las labores investigativas serían recopilados en un informe final que se pondría en manos del presidente de la Nación. La entrega se efectivizó el 20 de septiembre de 1984, luego de extenderse por tres meses el plazo establecido originalmente para el funcionamiento de la CONADEP, en un acto que tuvo lugar en la casa de gobierno. Dos meses después, el informe fue publicado bajo el título Nunca más por la editorial universitaria EUDEBA, convirtiéndose en un éxito de ventas.
Las tareas de la Comisión se desarrollaron en un clima cargado de tensión por la reticencia de los integrantes de la Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad a que se llevara adelante una revisión de su actividad represiva durante los años de dictadura. A pesar de ello, y de las dificultades que planteaba la recopilación de información en las zonas alejadas de los grandes centros urbanos, la CONADEP logró registrar 8.960 casos de desaparición forzada y comprobar, a través de inspecciones oculares con sobrevivientes, la existencia de unos 340 centros clandestinos de detención, la mayoría ubicados en dependencias policiales y militares todavía en funcionamiento.
La información recopilada por la Comisión dejó en evidencia que, lejos de constituir “excesos” aislados, los secuestros, las torturas, las desapariciones y los asesinatos habían formado parte de un plan sistemático organizado desde las más altas jerarquías de las Fuerzas Armadas. Esta constatación fue clave para lograr la condena de los integrantes de las tres primeras Juntas Militares en el denominado Juicio a las Juntas, realizado entre abril y diciembre de 1985. La importante circulación pública del Nunca más, por otra parte, fue central para la conformación de una primera memoria pública sobre los crímenes de la dictadura argentina.
El subfondo CONADEP, perteneciente al Fondo Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dado el traspaso de funciones a este organismo el cual continuó gestionando, interviniendo y modificando los documentos, se compone de distinto tipo de documentación que refleja la actividad realizada por la Comisión en el marco de sus labores investigativas. Incluye, en primer lugar, los legajos constituidos a partir de formularios que recogían las denuncias de familiares, sobrevivientes o testigos ocasionales de acciones represivas. Estos formularios incorporaban información diversa como ser el nombre y apellido de la víctima, su fecha de nacimiento, documento de identidad, profesión o trabajo, lugar de estudio o trabajo, domicilio, estado civil, número de hijos y edad; fecha, hora y lugar del secuestro, descripción del hecho, mención a testigos si los hubiese y de los posibles responsables; las gestiones realizadas por los familiares y allegados de las víctimas, las respuestas obtenidas ante esos requerimientos y los datos del denunciante. Este subfondo reúne además, más de dos mil fotografías tomadas por el fotógrafo Enrique Shore durante las inspecciones oculares en los centros clandestinos de detención (CCD) así como las actas elaboradas a partir de esas inspecciones junto a un vasto relevamiento documental hecho por la Comisión sobre los CCD. Por otra parte, el fondo contiene también las actas de las reuniones que realizó la CONADEP en el transcurso de su investigación así como las del Comité Ejecutivo, instituido el 29 de diciembre de 1983 dada la necesidad de funcionar ejecutivamente con un grupo más reducido de sus miembros. La correspondencia nacional e internacional de la Comisión también forma parte de este subfondo dando cuenta de los intercambios con organismos estatales y de la sociedad civil tanto de Argentina como de otros países.
Asimismo, se encuentran las elevaciones de denuncias a la Justicia, unos 25.000 habeas corpus que fueron elevados al Poder Judicial para determinar el paradero de personas desaparecidas entre 1975 y 1983, las respuestas de hospitales de salud mental y cementerios con listados de pacientes de hospitales y de entierros sucedidos en los cementerios entre 1976 y 1983. Hay además numerosos relevameintos documentales de dos organismos internacionales que elaboró diferentes listados e investigaciones sobre casos de violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura cívico militar. Tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reopiló y transfirió la documentación vinculada a estos hechos y, en el caso de la CIDH, aquellos informes de las observaciones in-loco que realizara en 1979, en plena dictadura, y que permitieran dar apoyo internacional a las denuncias que venían realizando los organismos de derechos humanos en el país.
Desde su creación y hasta el presente, el fondo de la CONADEP desarrolla un rol central en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, ya sea como evidencia en los juicios por los crímenes de lesa humanidad, como fuente de consulta para los ascensos de personal de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, como insumo para producciones de distinta índole orientadas a la transmisión de la memoria de los crímenes dictatoriales y para la investigación científica sobre el pasado reciente argentino.

Esta colección reúne legajos de trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Nacional y de empresas públicas, como YPF y Aerolíneas Argentinas, que se encuentren en condición de desaparición forzada o que fueron asesinados o asesinadas como consecuencia de la acción del terrorismo de Estado entre 1955 y 1983. El acto de "reparación" implica la modificación de la inscripción de la baja y se le agrega a cada legajo laboral de cada organismo, institución o empresa, una resolución que indica que la verdadera causa del cese laboral fue la desaparición forzada o asesinato como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado.
Asimismo la colección cuenta con un “Informe Técnico sobre el Proceso de Elaboración de la Nómina de Trabajadores y Trabajadoras de YPF Desaparecidos y/o Asesinados por el accionar del Terrorismo de Estado", elaborado por Dr. Santiago Garaño en el marco de Convenio de Asistencia Técnica entre YPF y CONICET.

El Buró de Información de la Sede Washington D.C. de la Argentine Commission for Human Rights/ Comisión Argentina por los Derechos Humanos (CADHU) funcionó en la capital estadounidense entre diciembre de 1976 y mayo de 1980, aproximadamente. Su primera oficina fue en una casa semiabandonada de North Capitol Avenue, la segunda en el 1912 de N Street, N.W. y la tercera en el 1735 de New Hampshire Avenue, en el barrio de Dupont Circle, todos domicilios de la ciudad de Washington. Sus miembros permanentes fueron Olga Talamante, ciudadana mexicana naturalizada norteamericana; Horacio Lofredo, ciudadano argentino naturalizado norteamericano y Robert Barber, ciudadano norteamericano. Sus actividades principales fueron las de denuncias de violaciones a los Derechos Humanos en Argentina y la de lobby ante las dos Cámaras del Congreso de los Estados Unidos para poder influenciar en la legislación que promoviese sanciones económicas y militares a la dictadura argentina. También elaboraron y publicaron informes sobre distintos aspectos de las políticas dictatoriales, trabajaron en conjunto con otras organizaciones de base para promover el conocimiento de actividades solidarias con el pueblo argentino, realizaron traducciones, batallaron ante la persecución jurídica a la que sometió a la Sede Washington de la CADHU el Departamento de Justicia norteamericano y participaron activamente en la compilación y elaboración de listados de personas secuestradas, desaparecidas y asesinadas en Argentina.
La colección Talamante-Barber contiene principalmente documentos fechados entre diciembre de 1976 y febrero de 1978, dos extractos de libros publicados en 1981 y 2013 respectivamente y los dos inventarios elaborados por los productores de la colección en 2020. En su gran mayoría son documentos producidos por el Buró de Información de Washington D.C. de la CADHU y otros relacionados de manera directa o indirecta con el mismo: informes, correspondencia a adherentes y simpatizantes, cartas a diferentes personalidades públicas norteamericanas y argentinas, listados, documentos y publicaciones oficiales del gobierno norteamericano, discursos, publicaciones, recortes periodísticos, boletines, folletos, volantes, traducciones, declaraciones, resúmenes, boletines, circulares, comunicados de prensa, memorándums, fotos, estadillos de ingresos, testimonios, fichas técnicas, alertas, cables de agencias periodísticas y extractos de libros publicados conteniendo capítulos con profusa mención de la CADHU USA.
Entre los documentos más destacados podemos citar los siguientes: una copia de la publicación gubernamental conteniendo las declaraciones de Gustavo Roa, Lucio Garzón Maceda y Olga Talamante ante el Subcomité de Organizaciones Internacionales del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, presidido por el representante Donald Fraser el 28 y 29 de septiembre de 1976; listado parcial de los documentos disponibles para consulta pública en la Sede hacia 1976 diciembre; un resumen introductorio de la CADHU USA escrito a fines de 1976; publicación original del Informe de la visita de la misión de Amnistía Internacional a Argentina en noviembre de 1976; un Informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la observancia de los Derechos Humanos en Argentina publicado en diciembre de 1976; tres ejemplares originales del Boletín Outreach, publicado por el Argentine Information and Service Center (AISC) en Nueva York correspondientes a enero-febrero de 1977, mayo-junio de 1977 y enero-febrero de 1978; cartas escritas en conjunto por el AISC y el Buró de Información de Washington D.C. de la CADHU; un folletín introductorio de la creación de la CADHU USA publicado a comienzos de 1977; un Informe especial preparado por el Buró de Información de Washington D.C. de la CADHU dirigido a miembros del Congreso y simpatizantes sobre los Derechos Humanos, las Libertades Democráticas y las Relaciones USA-Argentina; una carta personal al presidente Jimmy Carter acompañando el envío del mencionado Informe; declaraciones y artículos periodísticos sobre la visita del diputado y sacerdote Robert Drinan a Argentina en 1976; un Informe del mismo Drinan sobre represión política y religiosa en Argentina, incluyendo el caso Mignone; varias cartas al presidente Jimmy Carter, a sindicalistas norteamericanos y a los y las simpatizantes y colaboradores de la CADHU en Estados Unidos; un Informe especial preparado en marzo de 1977 por el Buró de Información de Washington D.C de la CADHU sobre el desvío de fondos otorgados a la dictadura argentina para el combate al narcotrafico por la Drug Enforcement Agency (DEA) y el Departamento de Estado para actividades represivas y de contrainsurgencia; un Informe especial preparado por el Buró de Información de Washington de la CADHU sobre las consistentes violaciones a los Derechos Humanos en Argentina; cartas de la CADHU fechadas en febrero de 1977 a miembros del Congreso de Estados Unidos alertando sobre la ola de antisemitismo desatada en Argentina en los últimos meses de 1976; folletín con la traducción al inglés de la Carta Abierta de un Escritor a la Junta Militar escrita por el militante montonero y escritor Rodolfo Walsh; un Memorándum elaborado por el Buró de Washington D.C. de la CADHU sobre el posible lenguaje a utilizar en las enmiendas a someterse a votación en el Congreso para cortar la ayuda militar a la dictadura argentina por parte del gobierno de los Estados Unidos; un estadillo de ingresos fechado en abril de 1977 abril; un listado de personas secuestradas, arrestadas, desaparecidas o asesinadas en Argentina entre el 20 de marzo de 1977 y el 24 de abril de 1977; copia del Testimonio prestado por el Buró de Información de Washington D.C. de la CADHU ante el Comité de Ayuda Exterior del Senado de los Estados Unidos; una ficha técnica preparada por el Buró de Información de Washington D.C. de la CADHU con detallada información sobre el entrenamiento dado por los Estados Unidos a los integrantes de las Fuerzas Armadas argentinas; alertas y comunicados de prensa sobre la votación a tener lugar en el Congreso de Estados Unidos para terminar la ayuda económica y el entrenamiento militar a las Fuerzas Armadas argentinas por parte del gobierno de Estados Unidos; original del comunicado de prensa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el caso judicial abierto contra el Buró de Información de Washington D.C. de la CADHU y dos de sus integrantes para obligarlos a declararse “agentes de una potencia extranjera”; una carta a los simpatizantes de la CADHU en Estados Unidos alertándolos sobre dicho proceso y requiriendo ayuda económica para cubrir los costos legales; extractos de libros escritos por William Schmidli en 2013 y L. Schoultz en 1981 donde se hace extensa mención al trabajo del Buró de Información de Washington D.C. de la CADHU y una foto de Olga Talamante, Horacio Lofredo, Robert Barber y un colaborador del Buró tomada en Washington D.C. ca.1977.

Memorando del jefe de la Comisaría 23 de Capital Federal de la Policía Federal, Miguel Alcides Viollaz, a la Subzona Capital Federal, Área Militar II; con en el objeto de informar sobre un hecho de "Intimidación pública y daño" por medio de la explosión de lanzapanfletos en agencias de autmóviles Fiat y Peugeot. Se adjuntan tres panfletos secuestrados de la Juventud Guevarista relativos al Operativo Independencia en Tucumán y la Compañía de Monte "Ramón Rosa Jiménez". Estos documentos fueron probablemente recibidos por el Comando I Cuerpo de Ejército como parte de sus actividades de inteligencia.

Copia de "Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Defensa de la Democracia". Memorandum producido por el General de Brigada (RE) Juan Alberto Lagalaye, Secretario de Informaciones del Estado, al Presidente de la Nación en el que eleva la opinión de dicha Secretaría sobre el proyecto de Ley de Defensa de la Democracia. En referencia al documento AR-ANM-DOCTRINA-BNMM-001.

Nota de la Subzona Capital Federal del Comando I Cuerpo de Ejército, firmada por el Coronel Roberto Roualdes, al Jefe del Departamento II de Inteligencia con el objeto de remitir fotocopias de información producida por el doctor Sara José Guillermo, cartas recibidas con amenazas con pie de imprenta "Montoneros" y 14 fichas de personas supuestamente sospechosas. Además, la nota señala que este Comando ordenó al Jefe Área II realizar un chequeo de las siguientes personas: Margarita Giménez de Vallejos y Hugo Daniel Strejilevich. La nota presenta un sello con la leyenda "Original" y otro "Secreto".

Informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre observancia de los Derechos Humanos Internacionales y sus implicancias para la política de los Estados Unidos. Una nota mecanografiada indica que este informe sobre el “status” de los Derechos Humanos en Argentina fue pedido al Departamento de Estado por el Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes el 15 de septiembre de 1976 bajo la sección 502(c) de la Ley de Ayuda Militar, la así llamada “cláusula de los derechos humanos”. También menciona que el informe fue remitido al Comité en noviembre de 1976 como documento clasificado mientras que la versión no-clasificada, que es este informe, fue lanzada el 27 de diciembre de 1976. Finalmente, la nota señala que se debe tener en cuenta que este Informe fue preparado por el Departamento de Estado con la intención de justificar la continuación de la ayuda militar de Estados Unidos a la Junta Militar argentina.
El informe en si se divide en 4 partes. La primera trata sobre la situación política y la situación legal. Respecto de la situación política, el informe se asegura que el golpe de 1976 marzo fue precipitado por la seria inestabilidad política y económica, la inflación, la recesión, la deuda externa y la violencia política que en 3 años, del 73 al 76, costó 2000 vidas y entre 1976 marzo y 1976 septiembre, aseguran, 1000 vidas. Culpan del inicio del actual ciclo de violencia al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros, ambas “organizaciones terroristas dedicadas a la revolución violenta” que trabajaban en conjunto con guerrillas de Uruguay, Chile y Bolivia cuyos miembros, cuando hubo golpes de estado en esos países se refugiaron en Argentina. Respecto de analizan la Constitución del 1853, justifican los decretos y leyes promulgados por la dictadura ya que tienen precedencia sobre la constitución en caso de conflicto según reiterados fallos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para finalizar explicando, y también justificando, el Estado de Sitio decretado por Isabel Martínez en 1974 noviembre 06 la consiguiente suspensión del habeas corpus, la detención por tiempo indefinido y el traslado de presos acusados de un lugar a otro.
La segunda parte trata sobre el avance de los Derechos Humanos reconocidos internacionalmente. Se analizan diversos casos de violaciones a los derechos a la vida, libertad y seguridad de las personas cometidos por “terroristas a ambos extremos del espectro político” pero dando prioridad al “terrorismo” de derecha y ultraderecha. Se menciona a la Triple A, a la Masacre de Pilar ocurrida el 30 de agosto de 1976, al Informe de Amnistía Internacional del año 1975-76, a la muerte del agente consular norteamericano John Patrick Egan en Córdoba en 1975 y al intento de secuestro del empleado de la USIA Alfred Laun también en Córdoba en 1975, al caso de tortura denunciado por Olga Talamante cuando era presa política en Argentina, al caso de tortura denunciado por la ciudadana norteamericana Gwenda Mae Loken López también presa política en Argentina, al caso denunciado por el Reverendo James Weeks ante el Congreso de USA. Se aclara que en general los argentinos disponen de libertades que los igualan ante la ley mas allá de su religión o raza, que son libres de salir del país y retornar al mismo pero cita la persecución a los Testigos de Jehová y la ola de antisemitismo como dos problemas graves. Esta parte finaliza poniendo en duda que que exista total libertad de expresión y opinión.
La tercera parte trata sobre la acción del gobierno de los Estados unidos en el área de Derechos Humanos. Se describen los esfuerzos realizados por el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires para tratar el tema de la violación a los derechos Humanos ante distintas autoridades militares, ministros, oficiales de las Fuerzas Armadas y altos cargos de la dictadura. Se enumeran en un listado los distintos temas que fueron tratados y discutidos con las autoridades de facto argentinas y se citan algunas de las respuestas obtenidas por parte del gobierno de facto de la Argentina. Se describen también los esfuerzos realizados a pedido del Congreso de Estados Unidos y de ciudadanos y ciudadanas norteamericanas acerca del paradero de ciudadanos norteamericanos y argentinos mantenidos en detención o desaparecidos. Por último, se mencionan los esfuerzos del embajador norteamericano en Buenos Aires y de varios equipos de prensa del gobierno norteamericano para informar a la opinión pública y los medios de prensa argentinos sobre la posición de los Estados Unidos en el tema de Derechos Humanos. Además, se destacan los esfuerzos realizados por autoridades políticas y militares norteamericanas para explicarles a los funcionarios de la dictadura las legislaciones vigentes en los Estados Unidos respecto a la ayuda militar a otros países.
La cuarta parte trata sobre el Programa de Ayuda en Seguridad de los Estados Unidos. Se citan las sumas destinadas para el año 1977 en ayuda en seguridad, créditos para ventas militares y entrenamiento militar y se hace notar que esas sumas fueron aprobadas por el Congreso de Estados Unidos poco después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Aclara que los Estados Unidos no ayudan a la Policía de Argentina salvo en temas relacionados con el control y tráfico de narcóticos y que los créditos otorgados son para temas de investigación y desarrollo y no para contrainsurgencia. Afirma que la ayuda en seguridad es de extrema importancia para la cooperación con las Fuerzas Armadas argentinas y para promover y proteger los intereses norteamericanos en Argentina. Hacia el final del inorme se hace conocer la posición del Departamento de Estado que apoya la continuación de la ayuda en seguridad a la Argentina con el fin de preservar la relación profesional con las Fuerzas Armadas argentinas y demostrar el interés de los Estados Unidos en mantener relaciones constructivas y promover los objetivos delineados anteriormente.

Parte del Informe del Buró de Información de Washington D.C. de la CADHU. El Informe se divide en las siguientes secciones: Introducción; Sinopsis del Informe: 1) Situación política; 2) Definición legal del actual régimen; 3) Responsabilidad del gobierno por los secuestros, torturas y asesinatos; 4) Debido proceso, el derecho a un juicio justo; 5) Un patrón consistente de violaciones a derechos humanos internacionalmente reconocidos; 6) La situación de los refugiados políticos en Argentina; 7) El movimiento sindical bajo el régimen militar; 8) Derechos Humanos y libertades democráticas: las alternativas políticas; 9) Programa de Asistencia Militar destinado a fortalecer la Seguridad Interna del régimen militar argentino. Se incluyen 6 páginas de fuentes consultadas para la elaboración del Informe.

Informe de estado de ingresos de la CADHU Washington entre diciembre de 1976 diciembre y el 15 de abril de 1977.