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Testimonios referidos a los centros clandestinos de detención en la Provincia de Tucumán y de localidades como Coronda, Sierra Chica y La Plata. Se incluye lista de personas desaparecidas así como de sus familiares y de fusilados por la dictadura cívico militar. Se hace referencia a la situación de la sala de partos de la Unidad Penal 2 de Villa Devoto. Además, se incluye lista de personas amenazadas de fusilamiento, torturadores, guardias y personal del penitenciario participantes en vejaciones y torturas, pertenecientes a la Policía y al Comando III Cuerpo de Ejército.

Sección Derechos Humanos de la publicación "Argentina día por día" con testimonio de Lisandro Raúl Cubas titulado "Los desaparecidos empiezan a hablar". Este testimonio aparece en forma de entrevista a Cubas, quien fue secuestrado y desaparecido el 20 de octubre de 1976 y, tres años más tarde, liberado, saliendo al exilio en 1979. Además del testimonio se inlcuyen otros dos artículos periodísticos:

• Artículo de Clarín titulado "Un Informe Revelador. Detenciones Clandestinas" y se trata de un informe elaborado por ocho ex detenidos del centro clandestino de detención La Cacha, redactado en un convento de San Pablo. Incluye lista de 75 personas que pasaron por La Cacha.
• Artículo de La Nación con el título "La Libertad para Subversivos" que trata sobre la sanción del Poder Ejecutivo Nacional de la Ley 22.980 con la que se deroga la ley 22.156 y se modifica los artículos 13 y 53 del Código Penal.
• Artículo de La Nación "Situación Procesal del Almirante Massera".
• Artículo de Clarín "Recurso Diplomático" sobre el Habeas corpus en favor de 27 españoles desaparecidos. Incluye el relato sobre españoles detenidos ilegalmente en distintos centros clandestinos de detención, proveniente de un escrito presentado por el ministro encargado de la sección Asuntos Consulares de la Embajada de España.
• Artículo de Clarín "Internaron a Emilio Massera", que refiere a la ausencia de Eduardo Massera en la absolución de posiciones convocada por el juez de sentencia Ricardo José Galli debido a problemas de salud.

Testimonio de Juan Enrique Roldán sobre su detención y tortura en Ingenio San Pablo, provincia de Tucumán, y su traslado a la Unidad Penal 2 de Villa Devoto.

Testimonio anónimo de una maestra rural sobre su detención y la de su hijo en Tucumán.

Testimonio de Ángel Luis Nieva sobre su secuestro y existencia de centro clandestino de detención en Famaillá, provincia de Tucumán.

Testimonio de Ángel Raúl Fonseca sobre su detención en su lugar de trabajo en la ciudad de Santa Fe hasta su liberación el 24 de diciembre de 1977, tras estar detenido en la cárcel de Clorinda. El testimonio menciona que durante su detención se le informa el asesinato de sus dos hijos: Miguel Ángel Fonseca y Miguel Ángel Fonseca.

Artículo periodístico publicado en revista "Resumen 77 de la Actualidad Argentina", publicación quincenal de Madrid editada por el Club para la Recuperación Democrática Argentina, en el que aparece el testimonio de Juan Martín. Se trata del primer testimonio presentado ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU), sobre la represión en la provincia de Tucumán.

Testimonio de Mirta Liliana Igaz ante el Carlos A. González Gartland en representación de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) en relación a la desaparición, tortura, allanamiento y detención ilegal de miembros de la familia de Mirta Liliana Igaz y sobre la desaparición y/o asesinato de amigos y compañeros de escuela.

Testimonio de Luis Pablo Nicanor Córdoba y Alcira Ríos de Córdoba, exiliados argentinos en México, sobre su detención, secuestro e información sobre las personas que vieron durante el mismo en el centro clandestino de detención "La Cacha".

Extracto del testimonio del abogado Martin Tomás Gras sobre su permanencia en el campo de concentración y exterminio de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en Buenos Aires, República Argentina titulado "Terrorismo de Estado y secuestros". Este testimonio fue presentado ante el Grupo Especial de Trabajo sobre Desapariciones forzadas e involuntarias de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Lista manuscrita de testimonios.

La colección está conformada por documentos y objetos reunidos por la Cámara Federal en lo Penal de la Nación (CFPN), conocida como Camarón o Cámara del Terror. La CFPN fue creada en mayo de 1971, durante la dictadura del general Alejando Agustín Lanusse, por el Decreto Ley 19.053. Esta normativa derogaba la Ley 18.670, aprobada en abril de 1970 por el régimen de facto encabezado por el general Juan Carlos Onganía, que establecía la instancia única y el procedimiento oral para una serie de delitos de competencia federal, para los que se cometieran en zonas de emergencia, contra establecimientos o instalaciones de utilidad nacional y/o para provocar alzamientos o resistencia a la autoridad y, finalmente, para los que tuvieran lugar en ocasión de huelgas, paros u otras medidas de fuerza. El objetivo de la CFPN, que se proponía agilizar los tiempos de la justicia ordinaria, era ""juzgar en instancia única y juicio oral todos los delitos de índole federal que se cometan en el territorio nacional y lesionen o tiendan a vulnerar básicos principios de nuestra organización constitucional o la seguridad de las instituciones del Estado”. Este tribunal especial, según establecía el decreto ley que le dio origen, tenía competencia sobre delitos tipificados en el Código Penal y en el Código de Justicia Militar, incluyendo tanto aquellos “previstos en la ley de represión de actividades comunistas N° 17.401"" como los casos de muerte o lesiones contra miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, siempre que no correspondiera la intervención de Tribunales Militares. También tenía injerencia cuando se trataba de delitos cometidos contra personal de las Policías Provinciales actuantes bajo órdenes de autoridades nacionales. La actividad de la CFPN se extendió hasta el 26 de mayo de 1973, cuando el gobierno democrático de Héctor Cámpora promulgó la ley 20.510 que la disolvía.
En su totalidad los documentos y objetos que contiene la colección son confiscaciones que la CFPN realizó a militantes populares considerados subversivos. Entre ellos podemos encontrar publicaciones periódicas de organizaciones políticas argentinas de la época, pronunciamientos sobre la Masacre de Trelew, folletos, boletines, informes, apuntes, afiches, banderas, armas caseras, objetos (miguelitos, mimeógrafos, baldosa conmemorativa, disco metálico con inscripciones de organizaciones), documentos de personas detenidas y sus familiares (carnet, cartas). Hay también, cartillas de instrucción militar y entrenamiento físico, escrituras de inmuebles, relatos de torturas, libretas de direcciones, listas de militares para ser ascendidos, entre otros.
Los documentos impresos pertenecientes al fondo dan cuenta de un amplio abanico de posiciones ideológicas de los diferentes frentes y organizaciones políticas, movimientos sociales, estudiantiles, sindicales barriales, eclesiales y profesionales de la época.

El fondo refleja la actividad solidaria y de denuncia que desarrolló Alicia Raquel Puchulu de Drangosch, quien debió exiliarse del país junto con una de sus hijas y sus nietos como consecuencia de la persecución y desaparición de varios familiares (sus hijos Adriana y Hugo Ricardo Drangosch y sus yernos Mario Rodríguez, Arnaldo del Valle Moyano y Samuel Leonardo Slutzky) durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina, el allanamiento de los domicilios de sus hijas Raquel Herminia Drangosch y Susana Drangosch, y con el objetivo de garantizar su seguridad y la de su familia. Gracias a la colaboración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se asiló primero en Brasil y luego viajó a Holanda donde permaneció varios años. Durante su estadía en Holanda fundó y presidió la Comisión de Solidaridad con Familiares de Desaparecidos en Argentina (COSOFAM) cuyo objetivo fue la promoción y realización de acciones de solidaridad y apoyo a las víctimas del terrorismo de Estado tanto en Argentina como en América Latina. Esta tarea fue realizada en constante colaboración con otros organismos de Derechos Humanos. Durante su exilio en Europa, Alicia también fue representante de Madres de Plaza de Mayo.
En este sentido, el fondo reúne documentos tales como fotografías, correspondencia entre las distintas instituciones que desde el exilio realizaron acciones a favor de los desaparecidos, denuncias, testimonios de detenidos en Centros Clandestinos de Detención Tortura y Exterminio, listados de detenidos-desaparecidos, publicaciones relativas a la lucha por los derechos humanos, boletines, comunicados de prensa, declaraciones, informes, folletos, invitaciones, y una gran cantidad de afiches que formaron parte de la campaña gráfica desde el exilio de denuncia del terrorismo de estado en Argentina y América Latina.

La colección está constituida por un único documento cuyo productor es la Jefatura II de Inteligencia de Ejército, identificado por el símbolo que figura en sus primeras hojas.
La fecha de producción no figura en el documento pero, luego de un proceso de indagación, se encontraron dos marcas que permiten brindar un intervalo temporal en el que, casi con certeza, habría transcurrido la confección del documento. La primera referencia temporal la dan los registros de las salidas del país de las personas “opcionadas” que se incluían en el listado, que podía ser contrastada con los decretos del PEN emitidos entre los años 1974 y 1983, es decir, durante la vigencia del Estado de Sitio. Se observa que las “opciones” de personas incluidas en el álbum se detienen hacia el final del mes de agosto de 1979. Por lo tanto, es posible inferir que el documento fue elaborado con posterioridad a esa fecha, es decir, a partir de septiembre de ese año. La otra huella sobre el momento de producción del documento se vincula con la inclusión en el mismo de varios y varias participantes de la segunda Contraofensiva de Montoneros, desarrollada entre enero y febrero de 1980. Dado que el álbum tenía como finalidad primordial la captura de militantes que todavía permanecían con vida, la presencia de 17 protagonistas de la acción impulsada por la organización armada peronista -entre quienes retornaron a la Argentina desde el exilio y quienes conformaron los grupos de apoyo en el país- permite suponer que el documento habría sido elaborado con anterioridad al desarrollo de la segunda fase de la Contraofensiva.
El álbum presenta la información como de carácter confidencial y pena su divulgación según los artículos 222 y 223 del Código Penal vigente entonces. Restringe su utilización a miembros de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y organismos del Estado debidamente autorizados para ello, para ser utilizado como "elemento de orientación y no de prueba". Contiene 517 imágenes: 12 referidas a materiales, 362 que corresponden a 338 hombres y 143 que pertenecen a 139 mujeres. Entre los números que identifican a los hombres (que van del 1 al 362) y las mujeres (que van del número 1001 al 1143) existe un salto en la correlatividad.
El documento se encuentra dividido en tres partes: una primera con los retratos de las personas calificadas como "delincuentes terroristas" (DT); una segunda parte con dos listas de los "DT por orden de foto" y "DT por alfabético" en las cuales se detallan los nombres completos, alias, documentos de identidad y letras cuyas referencias aparecen al final; y una tercera parte con "fotografías y características de equipos, material, embalaje y coberturas utilizados por los DT". Este álbum estaba pensado para ser actualizado y completado periódicamente y se detallan allí las indicaciones acerca de cómo hacerlo. Hacia el final del documento se encuentra una lista con referencias de las letras utilizadas a lo largo del álbum para indicar pertenencia a organizaciones políticas, denominadas según este documento "BDT" bandas de delincuentes terroristas, así como una mención a si las personas fueron "expulsadas" o con "derecho de opción a salir del país durante el estado de sitio".
Con respecto a las fotografías, mediante su contrastación con otros acervos y también a través de los intercambios con sus titulares al momento de la restitución de su foto, se pudo determinar el origen de algunas de ellas: registros policiales, cédulas de identidad y pasaportes, legajos laborales, fichas de ingreso a unidades penales durante procedimientos de legalización de detenciones clandestinas y fotografías personales confiscadas en el marco de allanamientos. Asimismo, se identificaron fotografías similares al acervo documental identificado como "Registro de extremistas de Córdoba".
Respecto de la circulación de este álbum dentro de las Fuerzas Armadas y de Seguridad como fuente de información, corresponde destacar la existencia de algunas de sus páginas dentro de un documento del fondo de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires. Estas páginas pueden encontrarse en el Legajo 37127, Mesa DS, Factor Policial, Material relacionado con Montoneros. Años 82, 83 y 84. Tomo I, utilizadas como material de trabajo dentro de otro documento que recopilaba información vinculada a Montoneros, dentro del capítulo XVI como un listado de “terroristas con indicación de opcionados/expulsados”. Se evidencia en sus páginas la actualización, escrita a mano, del estado de situación de las personas que figuraban allí: “fallecido”, “abatido”, “desaparecido”, “detenido exterior”.
En relación a la circulación en el exterior del país, corresponde destacar la utilización que se hace en el mismo del término “Delincuente Terrorista” y de las siglas “DT” y “BDT”, la primera alusiva a “Delincuente Terrorista” y la segunda a “Banda de Delincuentes Terroristas”. En una rectificación del “Plan de capacidades de la Armada Argentina” de 1975, normativa empleada por dicha fuerza para llevar adelante la “lucha contra la subversión”, se indica que las expresiones “DT” y “BDT” se emplearán cada vez que exceda el marco específico de la institución y se dirija hacia los públicos externos, mientras que “DS” y “BDS” –siglas correspondientes, respectivamente, a “Delincuente subversivo” y “Banda de Delincuentes Subversivos”– serán los términos correspondientes cuando no sobrepase el nivel específico de la institución. Por su parte, debe mencionarse que se encontraron páginas similares al álbum remitidas por el Jefe de la Policía de Asunción a su homólogo del Departamento de Investigaciones –área responsable de las tareas de inteligencia– en una nota fechada el 1 de diciembre de 1979 . En dicha comunicación se reproducía textualmente un fragmento de otra nota que había sido enviada junto con las copias del listado desde el II Departamento del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Paraguay. El texto permite suponer que los militares paraguayos tenían en su poder la totalidad del álbum fotográfico e, incluso, participaban en las tareas de actualización de su contenido.