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Esta colección reúne copias de documentos de la Comisión de Solidaridad con Familiares de Presos y Desaparecidos en Argentina (COSOFAM) recopiladas por Alicia Carriquiriborde. Registra las actividades de COSOFAM en México y reúne testimonios y denuncias de los prisioneros políticos recluidos en Argentina, fichas de identificación de personas desaparecidas entre las que destaca el rastreo de mujeres embarazadas detenidas y desaparecidas, así como mujeres que al ser detenidas llevaban consigo a sus bebés, muchos de los cuales fueron apropiados por militares argentinos. Además se incluye un seguimiento de prensa de las actividades de las organizaciones de resistencia y oposición a la dictadura al interior de Argentina y de organizaciones mexicanas de solidaridad con las resistencias, así como las acciones de otros exilios latinoamericanos. Se registran finalmente, algunos crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor.

La colección está compuesta por copias digitales de publicaciones, documentos y artículos de investigación recopilados por Claudio San Juan durante el relevamiento realizado para conocer la historia de la Comisión de Control Obrero de la Higiene y Seguridad en Astilleros ASTARSA así como un relevamiento de normativa y artículos vinculados con las condiciones de salud en el ámbito laboral. Pueden encontrarse también extractos de artículos y publicaciones relevantes para el productor de la colección vinculadas con los hechos ocurridos durante la última dictadura cívico-militar a los trabajadores de los Astilleros, en particular en ASTARSA; así como de la lucha por los derechos de los trabajadores y las condiciones de trabajo a los que eran sometidos.

El Plan CONINTES fue puesto en vigencia secretamente por Arturo Frondizi el 14 de noviembre de 1958, mediante el Decreto “S” Nº 9880/58 y luego de forma pública en 1960, mediante la sanción de los decretos Nº 2628/1960 y Nº2639/1960. Técnicamente el plan finalizó el 1 de agosto de 1961, con la sanción del decreto 6495/1961. En reemplazo del Plan CONINTES, fue sancionada la Ley 15.293 de Represión de las Actividades Terroristas y aprobada el 21 de julio de 1960, que establecía penas más severas que las existentes hasta entonces, tras la modificación del Código Penal.
Su objetivo fue poner fin a una serie de protestas laborales haciendo uso de la represión estatal. Es considerado un antecedente del Terrorismo de Estado debido a que durante ese periodo se ampliaron las prerrogativas dadas a las Fuerzas Armadas, autorizando la detención y enjuiciamiento de civiles bajo código militar, la instalación de un estado de guerra donde toda forma de resistencia (luchas políticas o sindicales) eran caracterizadas como accionar de fuerzas enemigas y la subordinación de las Fuerzas de Seguridad y policías provinciales a las Fuerzas Armadas, entre otras medidas.
Esta colección reúne recortes de prensa, publicaciones, listados de detenidos, testimonios, fotografías, noticieros, diarios, revistas, artículos de publicaciones periódicas, actuaciones de justicia militar, informes, legislación, libros históricos, causas judiciales, informes de inteligencia, órdenes de operaciones, reglamentos, manuales militares, debates parlamentarios, entre otros documentos producidos entre 1958 y 1962 principalmente.
En particular, copia de documentos relevados del Fondo Centro de Estudios Nacionales; debates parlamentarios, diarios de sesiones ordinarias y versiones taquigráficas de sesiones de la Cámara de Diputados; copia de legajos de la Mesa Doctrina del Fondo DIPPBA; decretos del Poder Ejecutivo Nacional; libros históricos de destacamentos de Gendarmería Nacional; acuerdos bilaterales entre el Gobierno francés y el gobierno argentino; cursos y conferencias brindados en las diferentes Escuelas de Guerra de cada Fuerza Armada, así como artículos publicados en sus revistas; cursos superiores de la Escuela de Comando y Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina; la declaración de Antonio Vañek, Almirante Retirado, ex Comandante de Operaciones Navales de 1976, en Expte. Nº 10.326/96, caratulado “Nicolaides, Cristino y otros s/ sustracción de menores”, radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7, Secretaría Nº 13, Cuerpo 19; sentencias del Consejo de Guerra; Actuaciones de Justicia Militar del Ejército Argentino; directivas, órdenes, reglamentos y manuales militares.
A su vez, copia de documentos entregados informalmente por el investigador Gabriel Périès:

• Documento N° 404, Embajada de Francia en la Argentina, 29 de marzo de 1956.
• Carta N° 614, Embajada de Francia en la Argentina, Asuntos Políticos, 11 de septiembre de 1958.
• Nota N° 961, Embajada de Francia en la Argentina. Buenos Aires, 6 de octubre de 1961.
• TTA 117 Instruction Provisoire sur L'emploi de L'arme Psychologique (1957)
• TTA 165 Instruction Provisoire pour L'emploi des Forces Armees (1959)
• Dossier “Documentation”, Plan de défense interne du Territoire (DIT), Exemplaire N° 099/250, Année 1960, École Supérieur de Guerre.
  Entrevistas realizadas en 2011 a Julio Betbeder, Manuel Gallardo, Raimundo Heredia, Víctor Reviglio, Jorge Rulli, Erasmo Sarmiento.
  Copias de diarios, periódicos y revistas: Boletín Informativo, Agencia de Informaciones Católicas (AICA), Diario Clarín, Diario Crítica, Diario Democracia, Diario La Nación, Diario La Razón, Diario Mayoría, Diario Noticias Gráficas, Revista Desarrollo Económico, Revista Panorama, Revista Que, Revista Verbo, Semanario Nuestra Palabra.
  Por último, se obtuvo también copia de la película de Pontecorvo, Gillo, La batalla de Argel. (Argelia-Italia, 1965) y el documental de Robin, Marie Monique (Francia, 2013) Escuadrones de la muerte, la escuela francesa. Respecto a esto último, se incorporaron 70 minutos de documentos inéditos que incluyen los reportajes completos inéditos realizados para el documental.

La colección cuenta con un recorte del diario Denuncia con notas titulas: "La democracia del Almirante Massera"; "La Marina: ¿Defensora de los Derechos Humanos?", "La Marina Bien Merece Su reputación" y una entrevista a Juan Gelman, esta última realizada por Margaret Randall en Cuba durante el Segundo Congreso de Escritores y Artistas Cubanos en 1978. Por otro lado la colección cuenta con tres ejemplares del Boletín de la Escuela de Guerra Naval, del número 7 al número 9 y nueve ejempleares de la Revista de la Escuela de Guerra Naval, del número 10 al número 19.

La colección reúne documentos vinculados con Eduardo Adolfo Capello, militante político fusilado el 22 de agosto de 1972 en la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew, en la Masacre de Trelew de 1972. Eduardo Adolfo militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), inicialmente en el ámbito estudiantil, siendo luego designado responsable militar. En 1971 fue detenido y encarcelado primero en la Unidad Penal 2 de Villa Devoto y luego en la Unidad Penal 6 de Rawson. Entre los documentos vinculados a Eduardo Adolfo se encuentran algunos de su infancia como boletines de calificaciones, el carnet de River Plate y fotografías familiares, así como una cédula de identidad. Además, hay documentos vinculados a su militancia como algunas tarjetas elaboradas por él mismo desde la cárcel y numerosa correspondencia que enviaba a su familia agradeciendo el apoyo por sus desiciones de combatir el orden establecido y un escrito titulado "La familia desde la perspectiva revolucionaria". Tras su asesinato, su madre Soledad, recibió una carta de una sobrina que forma parte de la colección y reunió algunos artículos de publicaciones sobre la Masacre de Trelew en la que fue asesinado su hijo junto a 18 militantes más, tanto de los días en que acaecieron los hechos así como de homenajes ulteriores a las víctimas y el juicio a los culpables.
Además, la colección reúne documentación vinculada a la desaparición de Jorge Antonio Cappello, secuestrado junto a su pareja, Irma Márquez, y al hijo de ella de 14 años, el 12 de mayo de 1977 de su domicilio en Avellaneda, por el GT3 del Ejército Argentino. Entre los documentos, se encuentran varias cartas recibidas por su madre Soledad, así como habeas corpus, notificaciones de rechazo y testimonios de Soledad que dan cuenta de las denuncias de desaparición forzada efectuadas así como de la intensa búsqueda de su hijo. Asimismo, hay diversas notificaciones vinculadas a la causa de desaparición forzada de Jorge Antonio.
Finalmente, la colección también reúne algunos poemas manuscritos escritos por Soledad.

El núcleo de la colección está constituido por documentación que perteneció al Comando I Cuerpo del Ejército Argentino. El Comando del I Cuerpo de Ejército se encuentra sito en el barrio de Palermo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el cruce entre las Avenidas Santa Fe y Bullrich. El mismo ha sido cabeza de una de las grandes Unidades de Batalla del Ejército Argentino, el I Cuerpo de Ejército creado originariamente en la zonificación en febrero de 1960. Dicha zona abarcó al comienzo la Capital Federal, la Provincia de Buenos Aires y La Pampa. A partir de la directiva 404/75, de octubre de 1975, la cual pone en ejecución la directiva 1/75 y posteriormente en marzo de 1976, mediante la directiva 405/76, llamada “Reestructuración de jurisdicciones y adecuación orgánica para intensificar las operaciones contra la subversión” se adecúan nuevamente las zonas modificando las competencias territoriales del Comando de la zona I . Allí se excluye de la zona I un conjunto de Partidos del noreste de la provincia de Buenos Aires que pasan a conformar la Zona IV. Por la zona militar bajo su responsabilidad durante la última dictadura cívico militar de 1976 ha sido el comando que tuvo bajo su órbita el mayor número de habitantes 11,5 millones de personas, con 7 subzonas y 31 áreas. Hacia finales de 1979, una nueva readecuación excluye de su incumbencia la Provincia de La Pampa. Entre los documentos sacados del Ejército, hay partes de inteligencia; documentos con fotos de distintitas personas tipo prontuario, de las que se consignaba nombre y apodo; notas entre miembros del Ejército con el objeto de enviar información sobre personas y documentos adjuntos de secuestrados; copias de documentos pertenecientes a organizaciones como Montoneros, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Partido Comunista, Partido Obrero, Partido Comunista Revolucionario, entre otras; y documentos vinculados con el terrorismo de Estado en Chile. Muchos de los documentos, por la forma en que fueron obtenidos, se encuentran incompletos y poseen numeraciones dadas probablemente por el Ejército al incluirlos como anexos en partes de inteligencia o expedientes de documentación tomada en secuestros y allanamientos. Un alto porcentaje de la documentación tiene también sellos que indican "Secreto" o "Estrictamente secreto y confidencial". Adicionalmente, hay algunas publicaciones como un ejemplar de "Síntesis de prensa" en la que el Ejército analiza los principales titulares de tapa de diferentes medios gráficos de agosto de 1982 y el libro "Fichas de instrucción".
Entre los documentos personales, se incluye el DNI del donante, una orden de salida permanente del Comando I Cuerpo del Ejército Argentino (1982), el llamado al servicio de conscripción (marzo 1982) y la libreta del Servicio Militar Obligatorio (mayo 1982).
En cuanto a los documentos que Bernasconi añadió a este núcleo, se encuentran artículos de prensa de diversos medios como Clarín, Viva, La Nación, El País, Sur; folletos y volantes sobre el terrorismo de Estado en Argentina y las respuestas de la sociedad que el productor fue recopilando a lo largo de los años en circunstancias diversas y que entiende que ilustran la historia del país sentida como su historia personal.

La colección reúne copias digitales de documentos sobre Liliana Corti, nacida el 9 de mayo de 1950 en la ciudad de Buenos Aires, y Horacio Miguel Pietragalla, nacido el 3 de agosto de 1948 en la misma ciudad, quienes fueron militantes de la organización política Montoneros. También hay documentos de Horacio Pietragalla Corti, segundo hijo de la pareja, nacido el 11 de marzo de 1975.
El 15 de octubre de 1975 Horacio Miguel Pietragalla fue detenido en la ciudad de Córdoba y asesinado el 8 de noviembre del mismo año, mientras que Liliana Corti fue asesinada el 4 de agosto de 1976 en un operativo realizado en la casa donde vivía en Villa Adelina. El niño hijo de la pareja, de cinco meses, fue llevado por personal policial a la Clínica Mayo y a la Brigada Femenina de San Martín, siendo luego entregado por el teniente coronel Hernán Tetzlaff a una mujer que trabajaba como empleada doméstica en su domicilio.
En el año 2002 Pietragalla Corti inicia el proceso de reconstrucción de su identidad a través de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI). El 4 de abril de 2003 el resultado de los estudios de ADN confirmó que se trataba de Horacio, hijo de Liliana Corti y Horacio Miguel Pietragalla, constituyendo el nieto número 75 que las Abuelas de Plaza de Mayo restituyeron a su familia biológica. Los restos de Liliana Corti y los de Horacio Miguel Pietragalla fueron exhumados e identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el año 2004 y 2003 respectivamente.
La colección está constituida por documentos personales de Liliana y Horacio Miguel, tales como la invitación al casamiento de la pareja, la libreta de familia, certificados de nacimiento y defunción, fotografías, tarjetas, postales, algunas cartas que Horacio Miguel enviaba de niño, certificado de vacunación, la cédula de identidad del Ejército, el certificado de juramento a la bandera y un programa de una obra teatral en la que actuó Pietragalla, entre otros.
Hay, además, documentación de la actividad laboral de Liliana como es la copia fiel de su legajo de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), reparado por medio del decreto 1199/12 que alcanzó a las y los empleados/as de la Administración Pública Nacional que se encontraran en condición de desaparición forzada o hayan sido asesinados/as como consecuencia de la acción del terrorismo de Estado entre 1955 y 1983. El legajo cuenta con documentos como planillas y solicitudes de licencias y antecedentes administrativos que registran licencias por detenciones y su renuncia el 01 de enero de 1976.
También se encuentran documentos vinculados al ámbito educativo de Horacio Miguel. Hay una copia de su legajo de la Universidad de Buenos Aires, donde cursó sus estudios de Sociología, y un certificado de las materias realizadas. Asimismo hay un duplicado de su título de Bachillerato nocturno realizado en el Instituto Privado Incorporado a la Enseñanza Oficial Cardoso y los correspondientes boletines de calificaciones, certificados de conducta y algunos apuntes sobre historia argentina.
Adicionalmente hay algunos artículos periodísticos sobre el retorno al país del ex Presidente Juan Domingo Perón luego del exilio en 1972.
Una gran parte de la colección se encuentra conformada por la reunión de documentos vinculados a la desaparición forzada de Horacio Miguel y Liliana en 1975 y 1976 respectivamente, así como documentación vinculada a la búsqueda y restitución de la identidad de su hijo Horacio Pietragalla Corti. En este sentido, se encuentran solicitudes de paradero de Horacio Miguel presentadas por el padre de Horacio, Gerardo Horacio Pietragalla, y por su madre, María Angélica Ventura de Pietragalla, así como las respuestas obtenidas por el Ministerio del Interior notificando el desconocimiento de la ubicación de Horacio Miguel y certificando que no se encontraba detenido. Asimismo, hay solicitudes del paradero de su nieto Horacio Pietragalla Corti. También hay notas al Ministerio del Interior enviadas por el padre de Liliana, José Antonio Corti, solicitando conocer el paradero de su nieto y la respuesta del Ministerio, mientras que, en otras notas, el padre de Liliana solicita el cuerpo de su hija. Se puede encontrar además, una copia certificada por el Archivo Provincial por la Memoria de Córdoba del expediente 186.340 de 1976 del Ministerio del Interior iniciado por Gerardo Horacio Pietragalla solicitando información sobre el paradero de su hijo y otros documentos obrantes en ese Archivo provincial. Finalmente, se añaden documentos de las causas que investigan la sustracción, desaparición, retención y ocultamiento del niño Horacio Pietragalla Corti como por ejemplo la solicitud de acumulación de las causas, citaciones judiciales a declarar, entre otros documentos que evidencian la intensa búsqueda de la verdad y la justicia por parte de la familia de Liliana y Horacio Miguel así como de organismos de Derechos Humanos como Abuelas de Plaza de Mayo.

La colección está compuesta por la primera versión de la base de datos elaborada por un equipo del Archivo Biográfico Familiar de Abuelas de Plaza de Mayo y el Grupo Construir Proyectar Identidad sobre la Historia del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y de las organizaciones por el fundadas: Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Junta de Coordinación Revolucionaria (JCR), Juventud Guevarista (JG), Frente Antiimperialista y por el Socialismo (FAS) y de las dos organizaciones que le dieron origen, el Frente Revolucionario Indoamericanista Popular (FRIP) y Palabra Obrera.
Los documentos de estas organizaciones se encuentran organizados en la pestaña "Archivo" de la base de datos y, entre ellos, podemos encontrar documentación sobre los orígenes del PRT como varios números entre 1956 y 1959 de la revista bimestral de cultura y crítica "Dimensión" cuyo director era Francisco René Santucho; boletines mensuales del FRIP; ejemplares del órgano de prensa del FRIP "Norte Revolucionario" y algunos números de "Palabra Obrera", órgano de prensa del peronismo revolucionario.
Asimismo, hay documentación del Partido Revolucionario de los Trabajadores como ejemplares del órgano de prensa "El Combatiente" entre 1968 y 1978, boletines internos desde 1972 a 1979, informes y balances de actividades del Comité Central, artículos de prensa, declaraciones y algunos números del semanario de informaciones obreras "La Verdad". Hay también documentos del Ejército Revolucionario del Pueblo como ejemplares del órgano de prensa "Estrella Roja" entre 1971 y 1977, artículos y proclamas, afiches y volantes con las consignas de luchas de la organización. De la Juventud Guevarista hay tres números de "Juventud Rebelde", una nota del Diario Clarín donde se habla de actividades subversivas y unos pocos documentos vinculados con las luchas estudiantiles y la Reforma Universitaria. También podemos encontrar tres números de la revista de la Junta de Coordinación Revolucionaria "Che Guevara", algunos más de "Hombre nuevo" del Frente Antiimperialista y por el Socialismo, artículos y otros documentos vinculados con el MSB.
Además de los documentos, la base cuenta con un listado provisorio de más de mil ochocientos militantes del PRT-ERP secuestrados desaparecidos, asesinados y muertos en combate. Se puntualiza además, dentro del listado, los casos de aquellos militantes cuyos hijos han sido asesinados o apropiados y que han sido parte de la búsqueda de las Abuelas de Plaza Mayo. Asimismo el listado de compañeros incluye una sección para las compañeras embarazadas al momento de su desaparición así como de aquellos cuyos restos pudieron ser identificados por el Equipo Argentino de Antrología Forense (EAAF). Cada registro de estas personas tiene una foto y algunos datos como nombre, apodo, edad a la fecha de desaparición, asesinato o caída en combate y la organización en la que militaba.
Otro listado que compone la base de datos es el de los niños y jóvenes apropiados, algunos de los cuales fueron restituidos por la persistente búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo y otros asesinados.
Finalmente la base cuenta con algunas canciones y libros relacionadas a la temática.

La colección reúne diferentes tipos de documentos tales como cartas, notas y presentaciones que dan cuenta de la búsqueda de Liliana Marcela Pellegrino por parte de sus padres quien fuera secuestrada junto a su pareja Carlos Gregorio Lordkipanidse así como de las gestiones realizadas luego de su liberación y posterior exilio a Suecia. Liliana Marcela Pellegrino es sobreviviente del Centro Clandestino de Detención Escuela de Mecánica de la Armada.

La sublevación de la Armada el 17 de noviembre de 1972 fue llevada adelante por un grupo de oficiales, suboficiales y conscriptos que se rebelaron contra las órdenes y disposiciones represivas en el contexto de la dictadura militar de Lanusse.
Las acciones iniciadas en la ESMA no prosperaron y los marinos fueron encarcelados, juzgados y condenados por un Consejo de Guerra por rebelión, conspiración y omisión por encubrimiento. En mayo de 1973, fueron liberados bajo la promulgación de la ley de Amnistía un total de 52 marinos, pero no pudieron volver a las filas.
Posteriormente, en 1974, fueron expulsados de la fuerza por medio de un decreto firmado por María Estela Martínez. Muchos de ellos se volcaron a la militancia en organizaciones políticas y político-militares, y sufrieron la persecución, la represión y el encarcelamiento durante el terrorismo de Estado.

La colección contiene una copia de la actuación de la Justicia Militar DIJN. JCT N° 20 "S"/72 iniciada el 17 de noviembre de 1972 a raíz de estos hechos, obrante en el Fondo AHJM01 - Archivo Histórico de la Justicia Militar en custodia en el Archivo General de la Nación. En total, la causa se compone de 14 cuerpos más anexos.

Asimismo, se compone de las copias de documentos entregados por:

Marianela Galli (digitalizados y devueltos los originales), pertenecientes a Mario Guillermo Galli:

• Libro de la Escuela Naval Militar. Rumbo al Mar. Promoción 100.
• Copia de los legajos de servicios y conceptos de Mario Guillermo Galli.
• Copia del legajo N° 3240 de Mario Guillermo Galli como preso en el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas (Penal de Magdalena)
• Copia del legajo de estudiante de la Facultad de Sociología de la Universidad de Buenos Aires
• Copia de la ratificación de su denuncia ante la CONADEP del 15/08/1984
• Apuntes sobre la declaración brindada por Marianela Galli en el juicio de la ESMA.

Julio César Urien (digitalizados y devueltos los originales):

• Copia de su testimonio, escrito en noviembre de 1999.
• Copias de decretos y resoluciones del Ministerio de Defensa vinculados a la sublevación de 1972.
• Fotografías del grupo de marinos de jóvenes.
• Ficha de exámen médico de la Escuela Naval Militar
• Boletines de la Escuela Naval Militar
• Juramento a la Bandera Nacional de 1968
• Artículos de diarios sobre el tema.

El Buró de Información de la Sede Washington D.C. de la Argentine Commission for Human Rights/ Comisión Argentina por los Derechos Humanos (CADHU) funcionó en la capital estadounidense entre diciembre de 1976 y mayo de 1980, aproximadamente. Su primera oficina fue en una casa semiabandonada de North Capitol Avenue, la segunda en el 1912 de N Street, N.W. y la tercera en el 1735 de New Hampshire Avenue, en el barrio de Dupont Circle, todos domicilios de la ciudad de Washington. Sus miembros permanentes fueron Olga Talamante, ciudadana mexicana naturalizada norteamericana; Horacio Lofredo, ciudadano argentino naturalizado norteamericano y Robert Barber, ciudadano norteamericano. Sus actividades principales fueron las de denuncias de violaciones a los Derechos Humanos en Argentina y la de lobby ante las dos Cámaras del Congreso de los Estados Unidos para poder influenciar en la legislación que promoviese sanciones económicas y militares a la dictadura argentina. También elaboraron y publicaron informes sobre distintos aspectos de las políticas dictatoriales, trabajaron en conjunto con otras organizaciones de base para promover el conocimiento de actividades solidarias con el pueblo argentino, realizaron traducciones, batallaron ante la persecución jurídica a la que sometió a la Sede Washington de la CADHU el Departamento de Justicia norteamericano y participaron activamente en la compilación y elaboración de listados de personas secuestradas, desaparecidas y asesinadas en Argentina.
La colección Talamante-Barber contiene principalmente documentos fechados entre diciembre de 1976 y febrero de 1978, dos extractos de libros publicados en 1981 y 2013 respectivamente y los dos inventarios elaborados por los productores de la colección en 2020. En su gran mayoría son documentos producidos por el Buró de Información de Washington D.C. de la CADHU y otros relacionados de manera directa o indirecta con el mismo: informes, correspondencia a adherentes y simpatizantes, cartas a diferentes personalidades públicas norteamericanas y argentinas, listados, documentos y publicaciones oficiales del gobierno norteamericano, discursos, publicaciones, recortes periodísticos, boletines, folletos, volantes, traducciones, declaraciones, resúmenes, boletines, circulares, comunicados de prensa, memorándums, fotos, estadillos de ingresos, testimonios, fichas técnicas, alertas, cables de agencias periodísticas y extractos de libros publicados conteniendo capítulos con profusa mención de la CADHU USA.
Entre los documentos más destacados podemos citar los siguientes: una copia de la publicación gubernamental conteniendo las declaraciones de Gustavo Roa, Lucio Garzón Maceda y Olga Talamante ante el Subcomité de Organizaciones Internacionales del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, presidido por el representante Donald Fraser el 28 y 29 de septiembre de 1976; listado parcial de los documentos disponibles para consulta pública en la Sede hacia 1976 diciembre; un resumen introductorio de la CADHU USA escrito a fines de 1976; publicación original del Informe de la visita de la misión de Amnistía Internacional a Argentina en noviembre de 1976; un Informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la observancia de los Derechos Humanos en Argentina publicado en diciembre de 1976; tres ejemplares originales del Boletín Outreach, publicado por el Argentine Information and Service Center (AISC) en Nueva York correspondientes a enero-febrero de 1977, mayo-junio de 1977 y enero-febrero de 1978; cartas escritas en conjunto por el AISC y el Buró de Información de Washington D.C. de la CADHU; un folletín introductorio de la creación de la CADHU USA publicado a comienzos de 1977; un Informe especial preparado por el Buró de Información de Washington D.C. de la CADHU dirigido a miembros del Congreso y simpatizantes sobre los Derechos Humanos, las Libertades Democráticas y las Relaciones USA-Argentina; una carta personal al presidente Jimmy Carter acompañando el envío del mencionado Informe; declaraciones y artículos periodísticos sobre la visita del diputado y sacerdote Robert Drinan a Argentina en 1976; un Informe del mismo Drinan sobre represión política y religiosa en Argentina, incluyendo el caso Mignone; varias cartas al presidente Jimmy Carter, a sindicalistas norteamericanos y a los y las simpatizantes y colaboradores de la CADHU en Estados Unidos; un Informe especial preparado en marzo de 1977 por el Buró de Información de Washington D.C de la CADHU sobre el desvío de fondos otorgados a la dictadura argentina para el combate al narcotrafico por la Drug Enforcement Agency (DEA) y el Departamento de Estado para actividades represivas y de contrainsurgencia; un Informe especial preparado por el Buró de Información de Washington de la CADHU sobre las consistentes violaciones a los Derechos Humanos en Argentina; cartas de la CADHU fechadas en febrero de 1977 a miembros del Congreso de Estados Unidos alertando sobre la ola de antisemitismo desatada en Argentina en los últimos meses de 1976; folletín con la traducción al inglés de la Carta Abierta de un Escritor a la Junta Militar escrita por el militante montonero y escritor Rodolfo Walsh; un Memorándum elaborado por el Buró de Washington D.C. de la CADHU sobre el posible lenguaje a utilizar en las enmiendas a someterse a votación en el Congreso para cortar la ayuda militar a la dictadura argentina por parte del gobierno de los Estados Unidos; un estadillo de ingresos fechado en abril de 1977 abril; un listado de personas secuestradas, arrestadas, desaparecidas o asesinadas en Argentina entre el 20 de marzo de 1977 y el 24 de abril de 1977; copia del Testimonio prestado por el Buró de Información de Washington D.C. de la CADHU ante el Comité de Ayuda Exterior del Senado de los Estados Unidos; una ficha técnica preparada por el Buró de Información de Washington D.C. de la CADHU con detallada información sobre el entrenamiento dado por los Estados Unidos a los integrantes de las Fuerzas Armadas argentinas; alertas y comunicados de prensa sobre la votación a tener lugar en el Congreso de Estados Unidos para terminar la ayuda económica y el entrenamiento militar a las Fuerzas Armadas argentinas por parte del gobierno de Estados Unidos; original del comunicado de prensa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el caso judicial abierto contra el Buró de Información de Washington D.C. de la CADHU y dos de sus integrantes para obligarlos a declararse “agentes de una potencia extranjera”; una carta a los simpatizantes de la CADHU en Estados Unidos alertándolos sobre dicho proceso y requiriendo ayuda económica para cubrir los costos legales; extractos de libros escritos por William Schmidli en 2013 y L. Schoultz en 1981 donde se hace extensa mención al trabajo del Buró de Información de Washington D.C. de la CADHU y una foto de Olga Talamante, Horacio Lofredo, Robert Barber y un colaborador del Buró tomada en Washington D.C. ca.1977.

El fondo refleja la actividad solidaria y de denuncia que desarrolló Alicia Raquel Puchulu de Drangosch, quien debió exiliarse del país junto con una de sus hijas y sus nietos como consecuencia de la persecución y desaparición de varios familiares (sus hijos Adriana y Hugo Ricardo Drangosch y sus yernos Mario Rodríguez, Arnaldo del Valle Moyano y Samuel Leonardo Slutzky) durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina, el allanamiento de los domicilios de sus hijas Raquel Herminia Drangosch y Susana Drangosch, y con el objetivo de garantizar su seguridad y la de su familia. Gracias a la colaboración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se asiló primero en Brasil y luego viajó a Holanda donde permaneció varios años. Durante su estadía en Holanda fundó y presidió la Comisión de Solidaridad con Familiares de Desaparecidos en Argentina (COSOFAM) cuyo objetivo fue la promoción y realización de acciones de solidaridad y apoyo a las víctimas del terrorismo de Estado tanto en Argentina como en América Latina. Esta tarea fue realizada en constante colaboración con otros organismos de Derechos Humanos. Durante su exilio en Europa, Alicia también fue representante de Madres de Plaza de Mayo.
En este sentido, el fondo reúne documentos tales como fotografías, correspondencia entre las distintas instituciones que desde el exilio realizaron acciones a favor de los desaparecidos, denuncias, testimonios de detenidos en Centros Clandestinos de Detención Tortura y Exterminio, listados de detenidos-desaparecidos, publicaciones relativas a la lucha por los derechos humanos, boletines, comunicados de prensa, declaraciones, informes, folletos, invitaciones, y una gran cantidad de afiches que formaron parte de la campaña gráfica desde el exilio de denuncia del terrorismo de estado en Argentina y América Latina.

El fondo reúne documentos producidos y recopilados por Carlos González Gartland durante sus años de exilio en México entre 1976 y 1984. González Gartland, abogado y defensor de presos políticos desde la década de 1960 y fundador de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) en 1976, partió al exilio ese mismo año tras el secuestro de otros dos compañeros fundadores de la Comisión, decisión que fue consensuada con el resto de la dirección de la CADHU cuando se debatió el destino de cada uno de sus dirigentes. Gartland había sido miembro fundador de la CADHU en Buenos Aires y, una vez en México, fue responsable de la sección mexicana. Con el retorno de la democracia, volvió del exilio en 1984 trayendo con él, los documentos que registran su actividad en la CADHU, el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA) y el Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay (SIJAU), así como sus múltiples vínculos con organizaciones de defensa de los derechos humanos en el exterior y su propia militancia de denuncia de la dictadura cívico-militar en Argentina.

Entre los documentos que forman parte del fondo se encuentran testimonios, publicaciones, rendiciones de egresos, correspondencia, comunicados que dan cuenta del accionar la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) recopilados por Carlos González Gartland en el marco del cumplimiento de sus misiones, funciones y actividades en dicha organización. La CADHU se gestó durante los meses previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, a partir de la confluencia de distintos grupos, aunque su aparición formal se produjo cuando ya había comenzado la dictadura, en abril de 1976. Una de las actividades fundamentales asumidas por la CADHU fue la de denuncia a través de la producción y difusión de relatos del cautiverio elaborados por sobrevivientes de centros clandestinos de detención. La circulación de este tipo de documentos en el extranjero tenía como objetivo principal lograr la condena internacional de la Junta Militar por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometían en la Argentina. Los testimonios reunidos no solo son los producidos por la CADHU sino también algunos recopilados por Gartland y reunidos en un mismo corpus. Además, se encuentran diversas publicaciones de la CADHU en las que se denunciaban los crímenes de la dictadura, una multiplicidad de comunicados de denuncia de diverso tipo como los comunicados de prensa o los llamados "Acción urgente" y numerosa correspondencia que da cuenta de los vínculos de la CADHU con otros organismos de derechos humanos y de las actividades e iniciativas de solidaridad que buscaban dar auxilio a las personas que huían de la persecución dictatorial así como de las intervenciones en el espacio público que consistieron fundamentalmente en movilizaciones ante las embajadas argentinas en los países del exilio ante eventos puntuales o fechas de resonancia particular, como los aniversarios del golpe de Estado. También, hay rendiciones de egresos mensuales de la sede México de la CADHU cada uno de los cuales se encuentra acompañado por la misiva dirigida al Consejo Directivo de la CADHU en Madrid y, en algunos casos, un detalle de las líneas de acción de la delegación. Además, Gartland preservó algunas certificaciones expedidas por la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) y firmadas en su mayoría por el mismo como Consejero Directivo de la Comisión. Algunas de estas certificaciones fueron realizadas en favor de militantes con el objeto de dejar constancia del peligro que corrían para determinar su permanencia o salida del país al exilio, así como dar cuenta de su colaboración con la CADHU en tareas de solidaridad y denuncia. Otras, certifican las investigaciones realizadas por la CADHU de la detención y desaparición de personas, muchas de las cuales fueron sintetizadas en la publicación "Desaparecidos en Argentina" de 1979. Por otro lado, hay documentos de carácter más informal como diversos borradores de informes de la CADHU así como registros sobre víctimas del terrorismo de Estado hechos por la CADHU muy disímiles entre sí en cuanto al formato y al tipo de información consignada. Finalmente, hay unas pocas presentaciones de la CADHU ante la División de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

En el marco de la CADHU se creó en 1980 el Centro de Información y Documentación del Exilio Argentino (CIDEA), un centro especializado en los problemas argentinos, orientado a los aspectos vinculados con los derechos humanos. En ese momento, el CIDEA no logró obtener financiamiento más allá del propio de la CADHU de manera que se puso en funcionamiento en condiciones precarias dependiendo del trabajo voluntario de colaboradores no especializados, lo que devino en que no pudiera darse un tratamiento adecuado a la documentación. Esto se pudo realizar sobre la base de una recopilación de documentos realizada por González Gartland durante su exilio en México, entre 1976 y 1984 a partir de sus múltiples vínculos con organizaciones de defensa de los derechos humanos en el exterior, de manera que fue reuniendo documentos tales como panfletos, comunicados, volantes, artículos de prensa, proclamas e informes, que dan cuenta de su propia militancia de denuncia de la dictadura cívico-militar en Argentina así como del accionar de estas organizaciones entre las que se encuentran Argentine Information Service Center (AISC), Agence Latino-.Americaine D´Information (ALAI), Amnistía Internacional (AI), Centre Argentin d´information et solidarité (CAIS), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Inter American Commission on Human Rights (CIDH), Centro de Investigaciones Políticas y Económicas (CIPE), Comisión de Solidaridad con Familiares de Desaparecidos en Argentina (COSOFAM), Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM), Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP), Madres de Plaza de Mayo, Organización de los Estados Americanos (OEA), Parlamento Europeo, Parlamento Latinoamericano, Trabajadores y Sindicalistas Argentinos en el Exilio (TYSAE), No Candu in Argentina, Congreso Internacional de Solidaridad con Argentina, Movimiento Peronista Montonero, entre otras. Entre estos documentos pueden encontrarse agrupaciones sobre la base de ejes temáticos como “Cárceles y presos políticos”, en la que se incluyen comunicados de prensa y denuncias de las condiciones de las cárceles, seguimientos casos de detenidos, informes de personas detenidas, informes elaborados por presos y presas y testimonios personales. También hay documentos sobre los Centros Clandestinos de Detención entre los cuales hay una lista de los campos de concentración existentes hasta 1978 y diversas publicaciones con testimonios de sobrevivientes e informes de los dichos centros. Sobre el Mundial de Fútbol de 1978 hay recortes de prensa internacional (sobre todo francesa) y afiches en relación con las violaciones a los derechos humanos y documentos de la Coordinación Internacional de la Campaña del Boicot así como documentos de denuncia. Bajo el título "Religión" se reúnen algunos documentos que registran la relación entre la dictadura cívico-militar y algunos sectores opositores de la Iglesia Católica. También se pueden encontrar documentos sobre exiliados y el retorno al país, sobre la contraofensiva al terrorismo de Estado e informes de situación de Argentina en materia de derechos humanos, salud, economía y política. Otro agrupamiento relevante es el relacionado al conflicto de Malvinas con declaraciones e informes por parte de organismos de lucha en el exilio en México tales como CADHU, TySAE, Grupo de Argentinos Exiliados en México, Movimiento Peronista Montonero, Movimiento Independiente de la Comisión Argentina de Solidaridad, Comunidad de Cristianos Argentinos en el Exilio, Organización Comunista Poder Obrero y dirigentes como Enrique Gorriarán Merlo, entre otros. Sobre Malvinas, hay también un seguimiento de prensa y algunos cables de teletipo de agencias para enviar a los diarios. Se incluye finalmente, un minucioso seguimiento de la prensa de la época y otros artículos de publicaciones periódicas sobre la actualidad Argentina en materia política, económica, religiosa, de la cultura y los medios, la cultura y la educación, los derechos humanos, la situación laboral y sindical de los trabajadores y la dictadura cívico-militar Argentina.

En relación a las funciones de Carlos González Gartland en el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA) en México, el fondo contiene documentos como los estatutos de creación del COSPA; boletines editados por el Comité que funcionaron como órganos de comunicación, entre ellos "Boletín Argentino", "CASA ARGENTINA" e "Informaciones Argentinas". Hay además, correspondencia en su mayoría, enviada por el COSPA a diferentes organismos de derechos humanos, organismos internacionales, organizaciones y partidos políticos a través de la cual el Comité expone sus posturas, declaraciones y líneas de acción a seguir, buscando al mismo tiempo tender lazos para la denuncia de violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura cívico-militar argentina y para atender a la situación de los refugiados y exiliados políticos argentinos. Se pueden encontrar también denuncias de detenciones y desapariciones de personas por parte de la dictadura cívico-militar realizadas por el Comité, como parte de sus actividades centrales, así como una serie de comunicados de prensa del Comité.

Finalmente se incorporan algunos documentos que registran la actividad de Carlos González Gartland como miembro del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay (SIJAU) y como abogado dedicado a la búsqueda de ciudadanos uruguayos detenidos desaparecidos tanto en Uruguay como en otros países del Cono Sur.
La documentación es tanto del SIJAU como de diversos organismos de Derechos Humanos con los que esta organización se relacionaba como el Centro de Estudios Legales y Sociales, ya que este era su representante legal en Argentina; así como también el Servicio por la Paz y la Justicia; Madres de Uruguayos Desaparecidos en Argentina (MUDA); Agrupación de Familiares de Uruguayos Desaparecidos (AFUDE); Amnistía Internacional; Comisión Argentina de Solidaridad (CAS); Abuelas de Plaza de Mayo; Madres y Familiares de Uruguayos Desaparecidos en Argentina y Paraguay; Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos; Unión de Obreros y Empleados de FUNSA; Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares Detenidos Desaparecidos; Grupo de Madres de Procesados por la Justicia Militar; Oficina de Solidaridad para Exiliados Argentinos (OSEA); Comisión Internacional de Juristas; Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU); Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública (ASCEEP); Comité de Defensa de los Derechos Humanos en el Cono Sur, de la Comisión Arquidiocesana de los Derechos Humanos y Marginados de Sao Paulo (CLAMOR).

La Secretaría de Prensa y Difusión de Presidencia tuvo distintas funciones tales como: proporcionar información relativa a las actividades del Presidente de la Nación; colaborar con los Ministerios, Secretarías de Estado y Reparticiones Antárticas en la divulgación informativa de carácter oficial; establecer y mantener un entendimiento mutuo entre el gobierno y las organizaciones, las comunidades y las personas; prestar colaboración a los representantes de la prensa nacional, prensa extranjera y enviados especiales (Decreto Nº 1608/1964); asistir al Presidente de la Nación en todo lo inherente a la información de los actos de gobierno realizando los estudios de opinión que permitan conocer las expectativas y necesidades de la población, administrando provisoriamente los medios de difusión que se encuentran en poder del estado y los intereses del estado en las empresas vinculadas a la información en que éste sea accionista, mientras se dispone su destino definitivo” (Decreto 134/1983).
El fondo reúne, en su mayoría, recortes de diarios y revistas, principalmente de la Capital Federal, de las provincias argentinas y del exterior del país, desde la mitad de la década de 1930 hasta el año 1997, sobre el seguimiento en la prensa escrita de presidentes argentinos, política nacional e internacional, información sobre países, economía, política, sociedad, estructura del Estado, trabajo y medios de comunicación, entre otros. Los recortes están pegados en una hoja acompañados con el título del medio gráfico y la fecha de producción. Se encuentran, además, documentos escritos, informes oficiales, discursos, comunicados de prensa, libros y fotos.
Dicha Secretaría tuvo once cambios de denominación:
Subsecretaría de Información y Prensa: 1943-1944
Subsecretaría de Informaciones: 1945-1954
Secretaría de Prensa y Actividades Culturales: 1955-1957
Servicio de Prensa: 1957-1958
Secretaría de Prensa: 1958-1965
Entre 1964 y 1972, la Secretaría deja de funcionar en el ámbito de la Presidencia para pasar al del Ministerio del Interior.
Secretaría de Difusión y Turismo: 1968-1971
Secretaría de Prensa y Difusión: 1971-1976
Secretaría de Información Pública: 1977-1987 (SIP)
Dirección General de Prensa: 1988-1989
Secretaría de Prensa y Difusión: 1989-1990
Durante su funcionamiento durante la última dictadura militar, la SIP cumplió con una doble función: ejerció como órgano de contralor de los medios de comunicación (prensa, radio, televisión y cine) a través de la aplicación de instrumentos legales mediante organismos oficiales como el COMFER; y se encargó de producir y difundir información y propaganda a través de sus propios medios (la agencia de noticias Télam y los canales de televisión, expropiados durante el gobierno anterior y repartidos después del golpe entre las tres fuerzas) así como de los medios de comunicación en manos privadas. Cfr: Risler (2018) Risler, Julia (2018) La acción psicológica. Dictadura, Inteligencia y gobierno de las emociones (1955-1981). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Tinta Limón.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) fue creada por el presidente Raúl Alfonsín a través del decreto Nº 187 del 15 de diciembre de 1983. Contra la propuesta esbozada por la mayoría de los organismos de derechos humanos, que reclamaban la creación de una Comisión bicameral para la investigación de los crímenes de la última dictadura (1976-1983), el titular del Poder Ejecutivo optó por una Comisión de “notables” compuesta por personalidades destacadas de la vida política, cultural y religiosa argentina, presidida por el escritor Ernesto Sábato. Sus otros integrantes fueron Magadalena Ruiz Guiñazú, Ricardo Colombres, René Favaloro –quien renunció poco después–, Hilario Fernández Long, Carlos Gattinoni, Gregorio Klimovsky, Marshall Meyer, Mons. Jaime F. de Nevares, Eduardo Rabossi, Santiago López, Hugo Piucill, Horacio Huarte, Graciela Fernández Meijide, Daniel Salvador, Raúl Aragón, Alberto Mansur y Leopoldo Silgueira.
El objetivo de la CONADEP, que inicialmente funcionaría por seis meses, era recibir denuncias y pruebas sobre los secuestros y desapariciones perpetrados durante la dictadura para remitirlas a la Justicia, investigar cuál había sido el destino de los desaparecidos y desaparecidas y determinar el paradero de los niños y niñas apropiados en el marco del terrorismo de Estado. Además, debía denunciar cualquier intento de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad por destruir evidencia de los crímenes de la represión. Todos los datos recabados durante las labores investigativas serían recopilados en un informe final que se pondría en manos del presidente de la Nación. La entrega se efectivizó el 20 de septiembre de 1984, luego de extenderse por tres meses el plazo establecido originalmente para el funcionamiento de la CONADEP, en un acto que tuvo lugar en la casa de gobierno. Dos meses después, el informe fue publicado bajo el título Nunca más por la editorial universitaria EUDEBA, convirtiéndose en un éxito de ventas.
Las tareas de la Comisión se desarrollaron en un clima cargado de tensión por la reticencia de los integrantes de la Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad a que se llevara adelante una revisión de su actividad represiva durante los años de dictadura. A pesar de ello, y de las dificultades que planteaba la recopilación de información en las zonas alejadas de los grandes centros urbanos, la CONADEP logró registrar 8.960 casos de desaparición forzada y comprobar, a través de inspecciones oculares con sobrevivientes, la existencia de unos 340 centros clandestinos de detención, la mayoría ubicados en dependencias policiales y militares todavía en funcionamiento.
La información recopilada por la Comisión dejó en evidencia que, lejos de constituir “excesos” aislados, los secuestros, las torturas, las desapariciones y los asesinatos habían formado parte de un plan sistemático organizado desde las más altas jerarquías de las Fuerzas Armadas. Esta constatación fue clave para lograr la condena de los integrantes de las tres primeras Juntas Militares en el denominado Juicio a las Juntas, realizado entre abril y diciembre de 1985. La importante circulación pública del Nunca más, por otra parte, fue central para la conformación de una primera memoria pública sobre los crímenes de la dictadura argentina.
El subfondo CONADEP, perteneciente al Fondo Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dado el traspaso de funciones a este organismo el cual continuó gestionando, interviniendo y modificando los documentos, se compone de distinto tipo de documentación que refleja la actividad realizada por la Comisión en el marco de sus labores investigativas. Incluye, en primer lugar, los legajos constituidos a partir de formularios que recogían las denuncias de familiares, sobrevivientes o testigos ocasionales de acciones represivas. Estos formularios incorporaban información diversa como ser el nombre y apellido de la víctima, su fecha de nacimiento, documento de identidad, profesión o trabajo, lugar de estudio o trabajo, domicilio, estado civil, número de hijos y edad; fecha, hora y lugar del secuestro, descripción del hecho, mención a testigos si los hubiese y de los posibles responsables; las gestiones realizadas por los familiares y allegados de las víctimas, las respuestas obtenidas ante esos requerimientos y los datos del denunciante. Este subfondo reúne además, más de dos mil fotografías tomadas por el fotógrafo Enrique Shore durante las inspecciones oculares en los centros clandestinos de detención (CCD) así como las actas elaboradas a partir de esas inspecciones junto a un vasto relevamiento documental hecho por la Comisión sobre los CCD. Por otra parte, el fondo contiene también las actas de las reuniones que realizó la CONADEP en el transcurso de su investigación así como las del Comité Ejecutivo, instituido el 29 de diciembre de 1983 dada la necesidad de funcionar ejecutivamente con un grupo más reducido de sus miembros. La correspondencia nacional e internacional de la Comisión también forma parte de este subfondo dando cuenta de los intercambios con organismos estatales y de la sociedad civil tanto de Argentina como de otros países.
Asimismo, se encuentran las elevaciones de denuncias a la Justicia, unos 25.000 habeas corpus que fueron elevados al Poder Judicial para determinar el paradero de personas desaparecidas entre 1975 y 1983, las respuestas de hospitales de salud mental y cementerios con listados de pacientes de hospitales y de entierros sucedidos en los cementerios entre 1976 y 1983. Hay además numerosos relevameintos documentales de dos organismos internacionales que elaboró diferentes listados e investigaciones sobre casos de violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura cívico militar. Tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reopiló y transfirió la documentación vinculada a estos hechos y, en el caso de la CIDH, aquellos informes de las observaciones in-loco que realizara en 1979, en plena dictadura, y que permitieran dar apoyo internacional a las denuncias que venían realizando los organismos de derechos humanos en el país.
Desde su creación y hasta el presente, el fondo de la CONADEP desarrolla un rol central en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, ya sea como evidencia en los juicios por los crímenes de lesa humanidad, como fuente de consulta para los ascensos de personal de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, como insumo para producciones de distinta índole orientadas a la transmisión de la memoria de los crímenes dictatoriales y para la investigación científica sobre el pasado reciente argentino.