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La colección reúne doce entrevistas a padres cuyos hijos son detenenidos desaprecidos durante la última dictadura, las cuales recorren la historia de vida de cada uno de ellos mostrando los matices que cada experiencia tuvo. Los entrevistados son: Abraham Diszel, Angel Lepiscopo, Bruno Palermo, Benjamín Schwalb; Osacar Hueravillo; Estrer Cubas; Julio Lareu; Julio Morresi; Marcos Weinstein; Mauricio Brodsky; Ricardo Braveman y Teoblado Altamiranda.

La colección contiene documentos relacionados con la Masacre de Pasco, es decir, relativos al secuestro, asesinato y dinamitación de los cuerpos de ocho militantes de la Juventud Peronista el 21 de marzo de 1975 por parte de agentes de la Triple A; hecho sucedido en el marco de un conflicto político transcurrido entre el 25 de julio de 1973 y el 12 de diciembre de 1975 vinculados a la destitución del Intendente de Lomas de Zamora de la Provincia de Buenos Aires Ricardo Ortiz, la asunción y destitución de Pedro Pablo Turner y la asunción como intendente de Eduardo Alberto Duhalde. Pedro Pablo Turner fue detenido en la provincia de Chaco el 29 de marzo de 1976 y unos días después su cuerpo fue hallado en Avellaneda (Provincia de Buenos Aires). En particular, la colección se compone de una carpeta titulada "Acontecimientos" con fotos y recortes de prensa organizados mensualmente de enero a mayo de 1974, una declaración testimonial del hermano y del hijo de Pablo Turner, la copia del Expediente 49025 de sucesión correspondiente al Juzgado de Primera Instancia Nº 9 en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires Año de fecha 23 de octubre de 1996, un telegrama escrito por Pedro Pablo Turner del 9 de agosto de 1974 dirigido al delegado de la CGT Valsechi denunciando injerencia gremial en relación a su suspensión como intendente, 13 fotografías, 74 páginas de recortes periodísticos y ejemplares del diario La Voz del Pueblo de diciembre de 1973 y mayo de 1974, suplemento de Evita Inmortal de La Razón del 17 de noviembre de 1974, diario Crónica del 18 de noviembre de 1972, diario La Opinión del 4 de julio de 1975, diario La Prensa del 5 de julio de 1975, diario Crónica del 1 de agosto de 1974,diario noticias del 5 de julio de 1974, parte del diario La Opinión del 28 de junio de 1975 y diario Así del 5 de julio de 1975.

La colección contiene copia de 2 expedientes divididos en legajos y de una selección de fichas, integrados por 3484 fojas en total, con información identificada y catalogada por la Dirección Federal de Seguridad de México respecto de personas argentinas asiladas en dicho país. La Dirección Federal de Seguridad fue un órgano de seguimiento y espionaje que funcionó entre la década de 1940 y 1980 en México.
El primer expediente corresponde al N° 11-225 y consta de cuatro legajos que contiene información desde 1932 a agosto de 1979. El segundo correspondiente al expediente 009-010-001, consta de seis legajos que contienen información de septiembre de julio 1979 a julio de 1984. El tercero consiste en fichas que realizó la Dirección como instrumento de consulta del Archivo y que contiene información de julio de 1970 a febrero de 1985.
Los documentos evidencian el seguimiento y vigilancia realizado por el gobierno mexicano, a través de la Dirección Federal de Seguridad, a los asilados políticos extranjeros, en particular provenientes de Argentina. Pueden encontrarse reportes diarios de actividades sobre algunos asilados o sobre los alojamientos donde estos se albergaban; reportes y coberturas fotográficas de congresos, eventos y actividades de denuncia públicas de distintas organizaciones de solidaridad y denuncia junto con material de las propias organizaciones recopilados en dichos encuentros; así como fichas y declaraciones tomadas en el marco de los trámites migratorios de los asilados y sus familias.
Se destacan los seguimientos realizados a las actividades de las organizaciones Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA), Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU), Trabajadores y Sindicalistas Argentinos en el Exilio (TYSAE), Movimiento Peronista Montonero (MPM), Comisión de Solidaridad con Familiares de Desaparecidos en Argentina (CoSoFam), con detalle de los oradores y fotografías. Asimismo, se encuentra un seguimiento diario minucioso de las actividades del ex presidente argentino Héctor J. Cámpora, encontrándose incluso un registro fotográfico de su sepelio. También hay información y fotos sobre el traslado desde Cuba de los restos de Rodolfo Puiggrós.

La colección reúne dos expedientes producidos por Ramón Horacio Torres Molina en el cumplimiento de sus funciones como abogado de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. Refieren a dos casos presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), caso 10.181 y caso 10.147, por el incumplimiento por parte del Estado argentino de los artículos 50 y 61 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), vinculados a la anulación de sentecias a represores condenados por delitos de lesa humanidad en el marco de la aplicación de las leyes 23.492 y 23. 521 conocidas con Ley de Punto Final y Ley de Obediencia Debida respectivamente.

Esta colección contiene 226 carpetas de cada persona ítalo-argentina identificada como víctima de desaparición forzada durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. Cada carpeta contiene copia de las notas cursadas entre los Ministerios de Relaciones Exteriores de Argentina y de Italia en relación a cada caso.
La Red Diplomático-Consular italiana se organiza en cada país que cuente con una alta densidad de residentes italianos. Para los italianos residentes en el exterior y, en algunos países, también para los italianos que residen temporalmente, las Oficinas Consulares tienen la facultad de ejercer algunas de las funciones que en el territorio nacional son cumplidas por los organismos pertenecientes a la Administración Pública. En Argentina, además de la Embajada, existen nueve Oficinas de Primera Categoría (Consulados Generales y Consulados).

La colección reúne copias autenticadas de 17 expedientes de personas de ciudadanía argentina secuestradas y asesinadas en Uruguay. También se incluye un listado de las personas detenidas desaparecidas con una breve información biográfica de cada una que fue elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay. Al interior de cada uno de estos expedientes se encuentran distintos tipos de documentos como artículos de prensa, informes secretos de las personas, seguimientos de causas, entre otros, los cuales están detallados en una lista adjunta a la carátula de cada expediente, donde se consignan datos como código de referencia de la institución de origen, título, fechas extremas, volumen, productor y nivel de descripción.

La colección contiene documentos recopilados y/o producidos por Aurora Gómez Otero y Norberto Giménez, padres de Silvia Noemí Giménez (detenida-desaparecida), en el marco de las acciones impulsadas para encontrar su paradero. Silvia Noemí Giménez tenía 23 años cuando se la llevaron secuestrada junto a su pareja Raúl en Mar del Plata el 19 de junio de 1976. Ambos eran estudiantes de Agronomía, trabajaban y militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, y tenían un hijo llamado Emiliano. Al momento del secuestro Emiliano tenía 1 año y 3 meses, fue dejado junto con una vecina; luego de unos meses después, fue llevado junto a sus abuelos. El cuerpo de Silvia fue encontrado en una fosa individual en el Cementerio de Avellaneda, e identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense en el año 2005.
Pueden encontrarse dentro de la colección folletos, volantes y correspondencia de las Madres de Plaza de Mayo y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Además, un listado en blanco para completar con información sobre la desaparición de una persona y la solicitada de la APDH (y adherentes) a Jorge Rafael Videla por una ""navidad con paz y justicia"" solicitando el esclarecimiento de la situación de los desaparecidos.
A su vez, la colección contiene sobre de cartas dirigidos a Norberto Giménez en Zelarrayán 1196 (ciudad de Bahía Blanca) proveniente de diferentes remitentes, tales como la Conferencia Episcopal Argentina, Arzobispado de Santa Fe, Nunciatura Apostólica y del exterior del país, como Francia y Suiza. En algunos casos pueden encontrarse las notas de respuestas enviadas por estas instituciones. También notas y borradores manuscritos de correspondencia dirigidas a distintas autoridades del gobierno militar argentino, la Iglesia Católica Argentina y organismos internacionales de recepción de denuncias de violaciones a los Derechos Humanos.
Asimismo, recortes y apuntes con direcciones de contacto de periodistas, autoridades del gobierno y organizaciones de Derechos Humanos, como el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Comisión Permanente por los Derechos Humanos.
Documentos vinculados a la vida personal de Aurora, como cartas de sus amistades, una tarjeta de saludo navideño, comprobantes de pago de préstamo personal de índole económica y social del Banco Nación.
Copias en papel de fotografías de tres niña (sin identificar).
Recortes de prensa del diario Clarín de abril y mayo de 1982 vinculados con la Guerra de Malvinas
Un prendedor de la agrupación H.I.J.O.S.
Por último, puede encontrarse un cuaderno con dibujos del hijo de Silvia, datos de personas y organizaciones para denunciar la desaparición, y borradores de cartas enviadas solicitando información sobre su hija.

La colección reúne recortes originales de medios periodísticos fechados entre 1981 y 1986, recopilados por un periodista estadounidense. Los artículos corresponden a medios nacionales como La Prensa, La Razón, Clarín, La Voz, Buenos Aires Herald, Crónica, Diario Popular, Tiempo Argentino, Ámbito Financiero, La Nación, Siete Días, La Semana y Gente; agencias como Diarios y Noticias (DyN) y Noticias Argentinas (NA) y el medio internacional The New York Times. Los artículos están vinculados a denuncias e imputaciones a perpetradores de crímenes de lesa humanidad, relatos de casos de personas detenidas desaparecidas, casos de personas asesinadas, nóminas de obreros desaparecidos por la dictadura cívico-militar, testimonios y entrevistas a víctimas del terrorismo de Estado, casos de apropiación de menores, fragmentos de las crónicas de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP), memorias de "La Noche los Lápices", noticias sobre denuncias de los organismos de derechos humanos. Otros artículos tratan sobre la detención y desaparición de ciudadanos y ciudadanas españoles, italianos, bolivianos, paraguayos y uruguayos y, también, sobre el hallazgo de cadáveres NN en cementerios y fosas comunes así como en las costas uruguayas, además de las exhumaciones realizadas en distintos puntos del país.
Hay además comunicados de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y publicaciones vinculadas a la democracia, la educación y la promoción de los derechos humanos.

La colección reúne la documentación perteneciente al avión utilitario Short SC.7 Skyvan N° de serie SH1888, utilizado para los "vuelos de la muerte" durante la última dictadura cívico militar. E l ShortSkyvan SC-7 perteneció a la Prefectura Naval Argentina bajo la denominación PA-51 y fue utilizado para realizar el "vuelo de la muerte" en el que se asesinó y buscó eliminar los cuerpos de las víctimas del grupo de la Iglesia de la Santa Cruz, secuestradas entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977 por miembros de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).
En 1995 el marino Adolfo Scilingo confesó haber participado en "vuelos de la muerte". Así se supo el modelo de los aviones empleados por la Armada y la Prefectura en el exterminio de personas. Enre 2004 y 2005 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó, a través de pruebas de ADN, a cinco de los cuerpos hallados en las costas bonaerenses entre el 20 y el 27 de diciembre de 1977 que pertenecían a Ángela Auad, Léonie Duquet, Esther Ballestrino, María Eugenia Ponce y Azucena Villaflor, comprobándose que habían sido víctimas de los "vuelos de la muerte". En 2009, a partir de una investigación de "Telenoche investiga", desarrollada en simultáneo y en contacto con el trabajo de los periodistas Miriam Lewin y Giancarlo Ceraudo, fue posible hallar a uno de los aviones Skyvan que todavía estaba en uso en Fort Lauderlade, en el estado de Florida, Estados Unidos. Un año después, la justicia argentina obtiene de la Prefectura documentación de cuatro de sus cinco aviones Skyvan del período 1976-1978. En las planillas de vuelo, que fueron analizadas por especialistas, se destacó la presencia de registros extraños e irregulares. En particular, un viaje realizado por el Skyvan PA-51 el día 14 de diciembre de 1977 por la noche, día en el que fueron vistas por última vez las víctimas del grupo de la Iglesia de la Santa Cruz dentro de la ESMA.
En noviembre de 2017, la justicia argentina, consideró probada la utilización del avión en los "vuelos de la muerte". El fallo se nutrió de indagaciones previas que recogieron las denuncias e investigaciones de organismos de derechos humanos, sobrevivientes de la dictadura, periodistas y de los aportes realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
En 2023, el avión fue repatriado por el Estado Nacional.
La documentación hallada en el avión consiste en libros de modificaciones del avión con fechas entre su construcción en 1971 y 2012, fichas de arreglos e índices de revisiones, fichas con las horas de vuelo y nombres de pilotos del mismo, resúmenes de inspecciones, placas del avión, así como diversas guías de piloto y manuales de vuelo.

Esta colección reúne expedientes del Ministerio de Justicia caratulados en 2011 y 2012 pero tramitados hacia finales de la década de 1980 y principios de la década de 1990 por la entonces Secretaría de Justicia a pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (Subsecertaría de Derechos Humanos y de la Mujer) como intermediario de los organismos internacionales ante los cuales los casos por violaciones de derechos humanos eran tramitados. Entre los organismos internacionales se encuentran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La mayor parte de los expedientes se encuentran vinculados a violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico militar de 1976 a 1973, como detenciones y desapariciones forzadas así como apropiación de menores y sustitución de sus identidades. Entre estos casos se encuentran el caso sobre Irma Carolina Ferrero de Fierro y su esposo José Enrique de Fierro así como también sobre Marta Ester Gatica de Giulani todos quienes sufrieron detenciones ilegales; los casos de Rosario Isabella Valenzi de Sánchez y Alicia Consuelo Herrera; el caso de Guillermo Rolando Puerta; el de Josefina Prat Gómez Lencinas, Hilda Susana Dillon de Ales, María del Carmen Boll de Vanella, Antonio Zorrilla, Pascual Ariño y Aurora María Paulina Tosoratto de García; el caso presentado por Darwiniana Rosa Monaco de Gallicchio por la desaparición de su hija y la apropiación de su nieta; el caso de desaparición forzada de Emiliano Carlos Castro Tortrino y otros; el caso de Raquel Altamira de Vaca Narvaja, Olga del Valle Marquez de Aredez, Luis Baronetto y Cristina Díaz; los casos de Pedro Luis Mazzocchi y de la niña Laura Dorado; el caso de Graciela Cristina Chein; el de Bernardo Bartoli y Rubén Héctor Padula que fueron detenidos forzosamente entre 1975 y 1976; el caso de José Mariano Torregiani; el de Sofía de Apelbaum por la desaparición de sus hijos; el caso sobre la detención del señor Jorge Altamira y otros; y los casos Rosario Isabella Valenzi y Alicia Consuelo Herrera.
Otros expedientes, por su parte, se encuentran relacionados a graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en otros períodos como es el caso del expediente que contiene las denuncias de la comunidad guaraní Fortín Mboraré; la denuncia de Ernesto Máximo Rodríguez; una encuesta sobre la aplicación de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (1989) solicitada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU); la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por Raúl Sánchez Abelenda; el caso de María Arena por abusos cometidos por las autoridades penitenciarias del Gobierno Federal; el caso referido al juicio a los atacantes del regimiento de la Tablada; el caso sobre Julio y Luis María Armesto; la denuncia del señor Carlos Alberto Wuesen ante la CIDH; informe anual de la CIDH 1989-1990 a la asamblea general; la nota y anexos del Centro de Derechos Humanos en el orden internacional sobre "Principios y garantías para la protección de las personas recluidas por mala salud mental o padecer trastornos mentales"; y la denuncia de Horacio Verbitsky al Estado Argentino por violación a disposiciones del Pacto de San José de Costa Rica.

La colección está constituida por dos documentos producidos por la Universidad Nacional de Córdoba en el ejercicio de sus actividades y funciones. El primer documento es una copia de la publicación “Los dolores que nos quedan son los compañeros que nos faltan: Informe sobre personas desaparecidas o asesinadas ligadas a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Córdoba”. El informe es el resultado de una investigación que comenzó en el 2011 por Nora Britos; Angélica Paviolo (directoras) con colaboración de María Mercedes Laje y publicado en el 2014.
El segundo documento es un informe de trabajo del Aula Abierta de Montaña (AAdeM) y EsCalera de la Universidad Nacional de Córdoba sobre la “Propuesta ciudadana Parque Nacional de la Memoria - Reserva Natural Militar, La Calera - Espacio para la Memoria y Promoción de los DDHH La Perla (2012). El documento fue elevado al Congreso de la Nación para su aprobación, por distintas organizaciones sociales, universidad y organismos de derechos humanos.

La colección es una única publicación: "Juicio Monte Pelloni: Cobertura periodística de las agencias de noticias Comunica y Zum" (2015) escrito por Juan Cachero, Santiago Wiggenhauser y Jonatan Salazar, compilado por Carolina Ferrer, Francisco Delfino y Laura Hoffman y editado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Trata sobre la causa Monte Peloni, elevada a juicio el 4 de julio de 2012, que se constituyó en el primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad realizado en Olavarría.

La colección reúne documentos que registran la violencia estatal ejercida en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) entre los años 1974 y 1984. El INTA es un organismo estatal, descentralizado y con autarquía financiera dedicado a la investigación y desarrollo agro-tecnológico que se vio profundamente afectado por la dictadura cívico-militar. En 1974 comenzaron los primeros despidos de trabajadores y trabajadoras y esto se profundizó una vez dado el golpe de Estado. Cientos de trabajadores en ese período fueron cesanteados, perseguidos, detenidos, torturados, asesinados o desaparecidos. En 1980 se dicta la ley 22.294 que, al tiempo que limita sus funciones a la investigación básica, deroga la contribución del 1,5% sobre los productos y subproductos de la agricultura y ganadería que se exporten, con lo cual el INTA perdió su autonomía financiera, situación que fue enmendada en 1984 con la ley 23.058.
Entre los documentos de esta colección, podemos encontrar actas y resoluciones del Consejo Directivo del INTA, información del personal entre los años de referencia, documentación de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) referida al INTA, una copia de la Ley Nacional 23.058/84 que restituye la autarquía al organismo y artículos de periodísticos sobre la Ley Agraria.

El Archivo Nacional de la Memoria en cumplimiento de su misión y funciones produce y recibe documentos que dan testimonio de su vida institucional. Es por ello que en su fondo se puede encontrar una amplia cantidad de documentos generados por sus dependencias, siendo la documentación más voluminosa la administrativa y de recursos humanos (correspondencia, memos, convenios, presupuestos, trámites internos, informes, normativas, contratos, registro y control de bienes patrimoniales, expedientes de compras, recibos de pagos, registro de asistencia, entre tantos otros).
Asimismo, este fondo permite acercarse a las acciones de cooperación internacional con la región del Mercosur como de países europeos, desacatándose los convenios con el gobierno del Reino de España, UNICEF, PNUD y la participación en el Programa de Apoyo al Desarrollo de los Archivos Iberoamericanos (ADAI) que aportaron al fortalecimiento institucional del Archivo, desde el 2005 al 2014. Además, en el marco de la construcción del Espacio y Centro Cultural para la Memoria Trelew en el viejo aeropuerto de la ciudad, podemos encontrar las notas remitidas por este tema tanto desde la Secretaría Ejecutiva del ANM como por el Secretario de Derechos Humanos de la Nación así como planos y fotos del aeropuerto, proyectos e informes vinculados con su construcción, folletería de difusión de la Secretaría de Derechos Humanos sobre el tema, síntesis de reuniones, propuestas y Actas de las reuniones de la Comisión Bipartita y Comisión Ad-hoc, entre otros.
A partir de las actividades de obtener, investigar y preservar informaciones, testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en que este comprendida la responsabilidad del Estado Argentino y sobre la respuesta social e institucional ante esas violaciones, el Archivo produjo diversa documentación tal como:
Registros de testimonios de víctimas de desaparición forzada y del accionar represivo en el Cono Sur, conformados hasta julio 2013; registros censales de personas de nacionalidad argentina o extranjeros, que revistieron el carácter de presos políticos en la República Argentina en el período comprendido entre el 16 de septiembre de 1955 y el 10 de diciembre de 1989, generados desde el 2009 hasta el 2014; oficios judiciales e informes que hasta el día de hoy se producen, para dar respuesta a las solicitudes de antecedentes de personas por violaciones a los derechos humanos en el marco de las Ordenanzas 1/94 y 1/04 de la Prefectura Naval Argentina y el Decreto 157/2006 que regula la actividad de las empresas de seguridad privada en el ámbito de la Policía de Seguridad Aeroportuaria; documentación generada a partir de las investigaciones llevadas a cabo por el Archivo: sobre las violaciones a los derechos humanos que sufrieron personas de origen español en la Argentina, Sitios de Memoria y ex Centros Clandestinos de Tortura y Exterminio, Ley de Residencia, Masacre de Trelew, Golpe de estado de 1955, Bombardeo de la Plaza de Mayo el 16 de Junio de 1955, Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado) el Cordobazo, Plan Cóndor, Doctrina de Seguridad Nacional, entre otras.
Prevalece una gran cantidad de registros fotográficos de actividades institucionales y de promoción de los derechos humanos, entre la cuales se encuentran las fotografías tomadas durante las actividades de la Comisión Especial de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) responsable de investigar la masacre ocurrida el 11 de septiembre de 2008 en la localidad boliviana de Pando. Se suman a estos registros fotografías de los edificios que funcionaron como Centros Clandestinos de Detención y del trabajo desarrollado por los trabajadores del ANM en la recuperación, tratamiento archivístico y conservación documental.
También hay registros audiovisuales de actividades institucionales en relación a los derechos humanos, actos y recorridos en el ex CCD ESMA y colocación de los carteles en los edificios de las distintas dependencias del Estado y de los organismos de derechos humanos; actividades de la recuperación y puesta en valor de los edificios que integran el predio del ex CCD ESMA; señalizaciones impulsadas por la Red Federal de Sitios de Memoria en lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención, tortura y exterminio; actividades, actos y movilizaciones en el marco de los juicios de lesa humanidad que se siguen a los represores de la última dictadura militar y videos institucionales sobre la defensa y promoción de los derechos humanos y que se proponen visibilizar el operar del terror de Estado así como sus prácticas, mecanismos y efectos y las experiencias y legados de las organizaciones políticas y sociales y las militancias. Además, una gran cantidad de entrevistas a personas representativas de la vida política, social y cultural de la Argentina conforman el Archivo Oral.
También puede encontrarse dentro de este fondo tanto las comunicaciones, acuerdos, listados y documentos de trabajo vinculados con la "Mesa de Archivos", coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación. Esta Comisión Técnica Mixta, compuesta por distintas instituciones de archivos públicos, representantes del Ministerio Público Fiscal y organismos de derechos humanos, se creó en el marco de los acuerdos bilaterales específicos realizados entre Argentina con Brasil, Uruguay y Chile en el ámbito de la Reunión de Altas Autoridades en materia de Derechos Humanos y Cancillerías del MERCOSUR (RAADDHH). El objetivo de estos acuerdos bilaterales (también conocidos como Memorandos de Entendimiento - MOU) es el intercambio de documentación para el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos entre los diferentes países. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ha sido parte activa desde el principio en estos acuerdos, derivando la participación en las reuniones en el Archivo Nacional de la Memoria. Es atribución del ANM también la reunión y preservación de las copias de toda la información circulante en el marco de estos Memorandos: tanto aquella entregada por las instituciones nacionales (Cancillería, Ministerio de Defensa, Ministerio de Seguridad, Ministerio Público Fiscal, Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, entre otras) como aquella provista a la Argentina por instancias de carácter internacional, siguiendo los criterios de confidencialidad que emanan de los acuerdos.
En cumplimiento de sus actividades fundamentales, vinculadas a "obtener, analizar, clasificar, duplicar, digitalizar y archivar informaciones, testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en que esté comprometida la responsabilidad del Estado Argentino y sobre la respuesta social e institucional ante esas violaciones", el ANM crea colecciones en relación a sus intereses con documentos provenientes de diversos fondos de otras instituciones. Cada uno de estos agrupamientos, aunque vinculados estrechamente a las misiones del ANM, se describe de manera independiente.