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Fotografía de mujeres con obleas autoadhesivas en su ropa con la leyenda propagandística de la dictadura cívico militar “Los argentinos somos derechos y humanos”, en el marco de las denuncias ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) de familiares de detenidos desaparecidos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Fotografía de familiares de víctimas del Terrorismo de Estado hacen en el marco de las denuncias ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) la violación de los derechos humanos por parte de la dictadura cívico militar. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Este fondo reúne copias digitales de negativos 35 mm que registran la militancia política y social de los años ´70 y el accionar de organizaciones sociales, políticas y los organismos de derechos humanos. Se incluyen también copias de fotografías del triunfo del presidente Héctor J. Cámpora en las elecciones de 1973, el regreso de Juan Domingo Perón al país luego del exilio y la repatriación de los restos de Eva Duarte.
Durante la dictadura Loiácono registró los actos oficiales retratando a militares, religiosos y empresarios, fotografió la creciente demanda social de familiares de detenidos desaparecidos frente al Estado, el nacimiento y desarrollo de los organismos de derechos humanos y las movilizaciones contra el gobierno de facto, así como los reclamos durante los períodos democráticos posteriores. Se destaca además un vasto registro de personalidades y acontecimientos referidos a la primera presidencia de Carlos Saúl Menem.

Suplemento de la Revista Siete Días Año XV N° 848 titulado "La tortura en Argentina. Documento Especial" en el que se recopilan diferentes testimonios de personas torturadas en Argentina durante la dictadura cívico militar.

Fotografía de Jorge Rafael Videla junto a Patricia Derian, funcionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos bajo el gobierno de Jimmy Carter, en visita oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina con el fin de verificar las denuncias que había recibido sobre torturas, persecuciones, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas perpetradas por la dictadura cívico militar. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

La colección reúne una selección de copias digitales de fotografías en soporte papel pertenecientes al Fondo La Razón, empresa que previamente había adquirido el fondo de Tiempo Argentino, el cual se encuentra en resguardo de la Fototeca de ARGRA.
La selección de copias digitales se encuentra vinculada a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar y especialmente con las acciones de resistencia, de movilización y de búsqueda de justicia y verdad por parte de la sociedad. Hay copias de fotografías de movilizaciones y marchas en reclamo por la aparición de las personas detenidas desaparecidas y por la liberación de presos políticos; de marchas contra las leyes de obediencia debida y punto final; de Abuelas de Plaza de Mayo; fotos de miembros de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP); de audiencias del Presidente Raíl Alfonsín con organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); excavaciones y hallazgos de cadáveres NN; entre otros temas sobresalientes. También se pueden encontrar algunas copias de reprografías de fotografías donde aparecen personas que habían sido secuestradas, sobrevivientes de centros clandestinos de detención así como de otras dadas por fallecidas, como es el caso de los niños Lanuscou.
La mayor parte de las fotografías tienen el sello del Cronista Comercial y/o un papel pegado con información colocada por la Agencia Diarios y Noticias. Un par de ellos cuentan también con un recorte de un artículo periodístico referido al tema de la foto. Entre los fotoperiodistas que tomaron las fotografías se encuentran Enrique Rosito, Dani Yako, Oscar Sabetta, Omar Torres, Eduardo Frías, Ricardo Cárcova, Rodolfo Del Percio, Marcelo Ranea, Marcelo Setton, Alberto Rossi, Pefaur, Oscar Beguan, Roberto Pera, Eduardo Longoni, Alfredo Herms, Daniel García, Jorge Rilo, Ricardo Ceppi, Amado Becquer Casaballe, Don Rypka, Liliana Erinsek, Hugo Arias, Pablo Grinberg, Carlos Villoldo, Carlos Carrión.

Carta de Eduardo Urretaviscaya a Carlos González Gartland con su testimonio de lo acontecido desde su detención hasta el momento de su liberación. Detalla información sobre las personas que vio durante su permanencia en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y en la Isla del Delta en la que permaneció por un mes aproximadamente.

Lista manuscrita de testimonios.

Fotografía de familiares de víctimas del Terrorismo de Estado hacen en el marco de las denuncias ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) la violación de los derechos humanos por parte de la dictadura cívico militar. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Fotografía de familiares de víctimas del Terrorismo de Estado hacen en el marco de las denuncias ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) la violación de los derechos humanos por parte de la dictadura cívico militar. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

El fondo reúne 2.000 fotografías tomadas por Martín Kraut en su carácter de fotógrafo y trabajador del CIJ. El CIJ es un organismo creado por la Corte Suprema con el fin de generar un nuevo puente de comunicación entre la Justicia y la comunidad. Surgió como una de las conclusiones de la Primera Conferencia Nacional de Jueces que se realizó en Santa Fe en el año 2006 y desde su creación se convirtió en un espacio de comunicación entre los miembros del Poder Judicial y entre éste y la comunidad. Las imágenes retratan algunos de los juicios juicios por Crímenes de Lesa Humanidad desarrollados entre 2009 y 2011, y CCDyT de Caba y diferentes provincias del país. Entre los juicios registrados fotográficamente se encuentran la Audiencia Judicial por el caso Noble Herrera, el juicio oral por la Masacre de Cromañón, Juicio Esma, Juicio por apropiación de niños, Juicio a Reynaldo Bignone, Juicio a Luis Patti, Juicio Automotres Orletti, Juicio Vesubio, sentencia del Juicio ABO (Club Atlético – Banco - Olimpo), Juicio Arsenales y Pozo de Vargas (Tucumán), y la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2009 en el marco del 30 aniversario de la visita de la Comisión en 1979. En relación a las fotografías de los CCDyT, el fondo cuenta con imágenes de Olimpo, Club Atlético, Esma, Automotores Orletti, Virrey Cevallos (CABA), Campo de Mayo, Mansión Seré, Unidad 9, Pozo de Arana, Comisaría 5ta, Comisaría 8, Pozo de Banfield, La Cueva, Base Naval, ESIM (Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina), La Escuelita, Baterías 7 (Provincia de Buenos Aires), Brigada de Investigaciones (Chaco), Regimiento 9 (Corrientes), Comisaría 4, Guardia de Infantería Reforzada, Servicio de Informaciones /Jefatura de Policía, La Calamita, Fábrica de Armas Domingo Matheu (Santa Fe), La Perla / La Universidad, La Ribera, D2 (Córdoba), Arsenales 5, Jefatura de Policía, La Escuelita (Tucumán).

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) fue creada por el presidente Raúl Alfonsín a través del decreto Nº 187 del 15 de diciembre de 1983. Contra la propuesta esbozada por la mayoría de los organismos de derechos humanos, que reclamaban la creación de una Comisión bicameral para la investigación de los crímenes de la última dictadura (1976-1983), el titular del Poder Ejecutivo optó por una Comisión de “notables” compuesta por personalidades destacadas de la vida política, cultural y religiosa argentina, presidida por el escritor Ernesto Sábato. Sus otros integrantes fueron Magadalena Ruiz Guiñazú, Ricardo Colombres, René Favaloro –quien renunció poco después–, Hilario Fernández Long, Carlos Gattinoni, Gregorio Klimovsky, Marshall Meyer, Mons. Jaime F. de Nevares, Eduardo Rabossi, Santiago López, Hugo Piucill, Horacio Huarte, Graciela Fernández Meijide, Daniel Salvador, Raúl Aragón, Alberto Mansur y Leopoldo Silgueira.
El objetivo de la CONADEP, que inicialmente funcionaría por seis meses, era recibir denuncias y pruebas sobre los secuestros y desapariciones perpetrados durante la dictadura para remitirlas a la Justicia, investigar cuál había sido el destino de los desaparecidos y desaparecidas y determinar el paradero de los niños y niñas apropiados en el marco del terrorismo de Estado. Además, debía denunciar cualquier intento de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad por destruir evidencia de los crímenes de la represión. Todos los datos recabados durante las labores investigativas serían recopilados en un informe final que se pondría en manos del presidente de la Nación. La entrega se efectivizó el 20 de septiembre de 1984, luego de extenderse por tres meses el plazo establecido originalmente para el funcionamiento de la CONADEP, en un acto que tuvo lugar en la casa de gobierno. Dos meses después, el informe fue publicado bajo el título Nunca más por la editorial universitaria EUDEBA, convirtiéndose en un éxito de ventas.
Las tareas de la Comisión se desarrollaron en un clima cargado de tensión por la reticencia de los integrantes de la Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad a que se llevara adelante una revisión de su actividad represiva durante los años de dictadura. A pesar de ello, y de las dificultades que planteaba la recopilación de información en las zonas alejadas de los grandes centros urbanos, la CONADEP logró registrar 8.960 casos de desaparición forzada y comprobar, a través de inspecciones oculares con sobrevivientes, la existencia de unos 340 centros clandestinos de detención, la mayoría ubicados en dependencias policiales y militares todavía en funcionamiento.
La información recopilada por la Comisión dejó en evidencia que, lejos de constituir “excesos” aislados, los secuestros, las torturas, las desapariciones y los asesinatos habían formado parte de un plan sistemático organizado desde las más altas jerarquías de las Fuerzas Armadas. Esta constatación fue clave para lograr la condena de los integrantes de las tres primeras Juntas Militares en el denominado Juicio a las Juntas, realizado entre abril y diciembre de 1985. La importante circulación pública del Nunca más, por otra parte, fue central para la conformación de una primera memoria pública sobre los crímenes de la dictadura argentina.
El subfondo CONADEP, perteneciente al Fondo Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dado el traspaso de funciones a este organismo el cual continuó gestionando, interviniendo y modificando los documentos, se compone de distinto tipo de documentación que refleja la actividad realizada por la Comisión en el marco de sus labores investigativas. Incluye, en primer lugar, los legajos constituidos a partir de formularios que recogían las denuncias de familiares, sobrevivientes o testigos ocasionales de acciones represivas. Estos formularios incorporaban información diversa como ser el nombre y apellido de la víctima, su fecha de nacimiento, documento de identidad, profesión o trabajo, lugar de estudio o trabajo, domicilio, estado civil, número de hijos y edad; fecha, hora y lugar del secuestro, descripción del hecho, mención a testigos si los hubiese y de los posibles responsables; las gestiones realizadas por los familiares y allegados de las víctimas, las respuestas obtenidas ante esos requerimientos y los datos del denunciante. Este subfondo reúne además, más de dos mil fotografías tomadas por el fotógrafo Enrique Shore durante las inspecciones oculares en los centros clandestinos de detención (CCD) así como las actas elaboradas a partir de esas inspecciones junto a un vasto relevamiento documental hecho por la Comisión sobre los CCD. Por otra parte, el fondo contiene también las actas de las reuniones que realizó la CONADEP en el transcurso de su investigación así como las del Comité Ejecutivo, instituido el 29 de diciembre de 1983 dada la necesidad de funcionar ejecutivamente con un grupo más reducido de sus miembros. La correspondencia nacional e internacional de la Comisión también forma parte de este subfondo dando cuenta de los intercambios con organismos estatales y de la sociedad civil tanto de Argentina como de otros países.
Asimismo, se encuentran las elevaciones de denuncias a la Justicia, unos 25.000 habeas corpus que fueron elevados al Poder Judicial para determinar el paradero de personas desaparecidas entre 1975 y 1983, las respuestas de hospitales de salud mental y cementerios con listados de pacientes de hospitales y de entierros sucedidos en los cementerios entre 1976 y 1983. Hay además numerosos relevameintos documentales de dos organismos internacionales que elaboró diferentes listados e investigaciones sobre casos de violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura cívico militar. Tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reopiló y transfirió la documentación vinculada a estos hechos y, en el caso de la CIDH, aquellos informes de las observaciones in-loco que realizara en 1979, en plena dictadura, y que permitieran dar apoyo internacional a las denuncias que venían realizando los organismos de derechos humanos en el país.
Desde su creación y hasta el presente, el fondo de la CONADEP desarrolla un rol central en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, ya sea como evidencia en los juicios por los crímenes de lesa humanidad, como fuente de consulta para los ascensos de personal de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, como insumo para producciones de distinta índole orientadas a la transmisión de la memoria de los crímenes dictatoriales y para la investigación científica sobre el pasado reciente argentino.

Fotografía de familiares de víctimas del Terrorismo de Estado hacen cola para denunciar ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) la violación de los derechos humanos por parte de la dictadura cívico militar. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Fotografía de familiares de víctimas del Terrorismo de Estado hacen cola para denunciar ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) la violación de los derechos humanos por parte de la dictadura cívico militar. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.