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Álbum fotográfico de personas detenidas desaparecidas (tomo 1) realizado por Santiago Mellibovsky en el marco de un proyecto conjunto de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

La colección contiene un álbum con fotografías de personas detenidas desaparecidas elaborado a partir de un acuerdo entre la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y realizado ad honorem por Santiago Mellibovsky, padre de Graciela Mellibovsky desaparecida en 1976. Las fotos que componen estos álbumes álbum son más de 3.000 copias en soporte papel, digitalizadas o reprografiadas por Santiago Mellibosky. El tamaño de las fotos es de 6 x 9 cm., fueron hechas en blanco y negro y poseen un epígrafe con el nombre de la persona, número de legajo de la CONADEP y el número de bobina del negativo. Dada la cantidad de hojas del álbum, el mismo fue realizado en 5 tomos en los cuales las fotografías aparecen ordenadas alfabéticamente según el apellido y nombre de la personas. Adicionalmente, se encuentran algunos documentos vinculados con ese acuerdo entre las instituciones como por ejemplo una copia del acta firmada por Eduardo Rabossi, Subsecretario de Derechos Humanos, y Emilio Fermín Mignone, en nombre del CELS; un memorándum y una carta que dan contexto a la elaboración de este álbum. Finalmente, se incluye un inventario de estas fotografías, realizado por el CELS, institución que identifica a la colección con el código AR CELS C2 CFSM. Entre la información con que cuenta este inventario, sobresalen los nombres de las personas detenidas desaparecidas, la fecha de desaparición, el número de legajo CONADEP y algunas observaciones adicionales.

Álbum fotográfico de personas detenidas desaparecidas (tomo 2) realizado por Santiago Mellibovsky en el marco de un proyecto conjunto de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Álbum fotográfico de personas detenidas desaparecidas (tomo 3) realizado por Santiago Mellibovsky en el marco de un proyecto conjunto de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Álbum fotográfico de personas detenidas desaparecidas (tomo 4) realizado por Santiago Mellibovsky en el marco de un proyecto conjunto de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Fotografía de Jorge Rafael Videla junto a Patricia Derian, funcionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos bajo el gobierno de Jimmy Carter, en visita oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina con el fin de verificar las denuncias que había recibido sobre torturas, persecuciones, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas perpetradas por la dictadura cívico militar. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

El núcleo de la colección está constituido por documentación que perteneció al Comando I Cuerpo del Ejército Argentino. El Comando del I Cuerpo de Ejército se encuentra sito en el barrio de Palermo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el cruce entre las Avenidas Santa Fe y Bullrich. El mismo ha sido cabeza de una de las grandes Unidades de Batalla del Ejército Argentino, el I Cuerpo de Ejército creado originariamente en la zonificación en febrero de 1960. Dicha zona abarcó al comienzo la Capital Federal, la Provincia de Buenos Aires y La Pampa. A partir de la directiva 404/75, de octubre de 1975, la cual pone en ejecución la directiva 1/75 y posteriormente en marzo de 1976, mediante la directiva 405/76, llamada “Reestructuración de jurisdicciones y adecuación orgánica para intensificar las operaciones contra la subversión” se adecúan nuevamente las zonas modificando las competencias territoriales del Comando de la zona I . Allí se excluye de la zona I un conjunto de Partidos del noreste de la provincia de Buenos Aires que pasan a conformar la Zona IV. Por la zona militar bajo su responsabilidad durante la última dictadura cívico militar de 1976 ha sido el comando que tuvo bajo su órbita el mayor número de habitantes 11,5 millones de personas, con 7 subzonas y 31 áreas. Hacia finales de 1979, una nueva readecuación excluye de su incumbencia la Provincia de La Pampa. Entre los documentos sacados del Ejército, hay partes de inteligencia; documentos con fotos de distintitas personas tipo prontuario, de las que se consignaba nombre y apodo; notas entre miembros del Ejército con el objeto de enviar información sobre personas y documentos adjuntos de secuestrados; copias de documentos pertenecientes a organizaciones como Montoneros, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Partido Comunista, Partido Obrero, Partido Comunista Revolucionario, entre otras; y documentos vinculados con el terrorismo de Estado en Chile. Muchos de los documentos, por la forma en que fueron obtenidos, se encuentran incompletos y poseen numeraciones dadas probablemente por el Ejército al incluirlos como anexos en partes de inteligencia o expedientes de documentación tomada en secuestros y allanamientos. Un alto porcentaje de la documentación tiene también sellos que indican "Secreto" o "Estrictamente secreto y confidencial". Adicionalmente, hay algunas publicaciones como un ejemplar de "Síntesis de prensa" en la que el Ejército analiza los principales titulares de tapa de diferentes medios gráficos de agosto de 1982 y el libro "Fichas de instrucción".
Entre los documentos personales, se incluye el DNI del donante, una orden de salida permanente del Comando I Cuerpo del Ejército Argentino (1982), el llamado al servicio de conscripción (marzo 1982) y la libreta del Servicio Militar Obligatorio (mayo 1982).
En cuanto a los documentos que Bernasconi añadió a este núcleo, se encuentran artículos de prensa de diversos medios como Clarín, Viva, La Nación, El País, Sur; folletos y volantes sobre el terrorismo de Estado en Argentina y las respuestas de la sociedad que el productor fue recopilando a lo largo de los años en circunstancias diversas y que entiende que ilustran la historia del país sentida como su historia personal.

La colección reúne una selección de copias digitales de fotografías en soporte papel pertenecientes al Fondo La Razón, empresa que previamente había adquirido el fondo de Tiempo Argentino, el cual se encuentra en resguardo de la Fototeca de ARGRA.
La selección de copias digitales se encuentra vinculada a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar y especialmente con las acciones de resistencia, de movilización y de búsqueda de justicia y verdad por parte de la sociedad. Hay copias de fotografías de movilizaciones y marchas en reclamo por la aparición de las personas detenidas desaparecidas y por la liberación de presos políticos; de marchas contra las leyes de obediencia debida y punto final; de Abuelas de Plaza de Mayo; fotos de miembros de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP); de audiencias del Presidente Raíl Alfonsín con organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); excavaciones y hallazgos de cadáveres NN; entre otros temas sobresalientes. También se pueden encontrar algunas copias de reprografías de fotografías donde aparecen personas que habían sido secuestradas, sobrevivientes de centros clandestinos de detención así como de otras dadas por fallecidas, como es el caso de los niños Lanuscou.
La mayor parte de las fotografías tienen el sello del Cronista Comercial y/o un papel pegado con información colocada por la Agencia Diarios y Noticias. Un par de ellos cuentan también con un recorte de un artículo periodístico referido al tema de la foto. Entre los fotoperiodistas que tomaron las fotografías se encuentran Enrique Rosito, Dani Yako, Oscar Sabetta, Omar Torres, Eduardo Frías, Ricardo Cárcova, Rodolfo Del Percio, Marcelo Ranea, Marcelo Setton, Alberto Rossi, Pefaur, Oscar Beguan, Roberto Pera, Eduardo Longoni, Alfredo Herms, Daniel García, Jorge Rilo, Ricardo Ceppi, Amado Becquer Casaballe, Don Rypka, Liliana Erinsek, Hugo Arias, Pablo Grinberg, Carlos Villoldo, Carlos Carrión.

La colección reúne copias digitales de documentos sobre Liliana Corti, nacida el 9 de mayo de 1950 en la ciudad de Buenos Aires, y Horacio Miguel Pietragalla, nacido el 3 de agosto de 1948 en la misma ciudad, quienes fueron militantes de la organización política Montoneros. También hay documentos de Horacio Pietragalla Corti, segundo hijo de la pareja, nacido el 11 de marzo de 1975.
El 15 de octubre de 1975 Horacio Miguel Pietragalla fue detenido en la ciudad de Córdoba y asesinado el 8 de noviembre del mismo año, mientras que Liliana Corti fue asesinada el 4 de agosto de 1976 en un operativo realizado en la casa donde vivía en Villa Adelina. El niño hijo de la pareja, de cinco meses, fue llevado por personal policial a la Clínica Mayo y a la Brigada Femenina de San Martín, siendo luego entregado por el teniente coronel Hernán Tetzlaff a una mujer que trabajaba como empleada doméstica en su domicilio.
En el año 2002 Pietragalla Corti inicia el proceso de reconstrucción de su identidad a través de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI). El 4 de abril de 2003 el resultado de los estudios de ADN confirmó que se trataba de Horacio, hijo de Liliana Corti y Horacio Miguel Pietragalla, constituyendo el nieto número 75 que las Abuelas de Plaza de Mayo restituyeron a su familia biológica. Los restos de Liliana Corti y los de Horacio Miguel Pietragalla fueron exhumados e identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el año 2004 y 2003 respectivamente.
La colección está constituida por documentos personales de Liliana y Horacio Miguel, tales como la invitación al casamiento de la pareja, la libreta de familia, certificados de nacimiento y defunción, fotografías, tarjetas, postales, algunas cartas que Horacio Miguel enviaba de niño, certificado de vacunación, la cédula de identidad del Ejército, el certificado de juramento a la bandera y un programa de una obra teatral en la que actuó Pietragalla, entre otros.
Hay, además, documentación de la actividad laboral de Liliana como es la copia fiel de su legajo de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), reparado por medio del decreto 1199/12 que alcanzó a las y los empleados/as de la Administración Pública Nacional que se encontraran en condición de desaparición forzada o hayan sido asesinados/as como consecuencia de la acción del terrorismo de Estado entre 1955 y 1983. El legajo cuenta con documentos como planillas y solicitudes de licencias y antecedentes administrativos que registran licencias por detenciones y su renuncia el 01 de enero de 1976.
También se encuentran documentos vinculados al ámbito educativo de Horacio Miguel. Hay una copia de su legajo de la Universidad de Buenos Aires, donde cursó sus estudios de Sociología, y un certificado de las materias realizadas. Asimismo hay un duplicado de su título de Bachillerato nocturno realizado en el Instituto Privado Incorporado a la Enseñanza Oficial Cardoso y los correspondientes boletines de calificaciones, certificados de conducta y algunos apuntes sobre historia argentina.
Adicionalmente hay algunos artículos periodísticos sobre el retorno al país del ex Presidente Juan Domingo Perón luego del exilio en 1972.
Una gran parte de la colección se encuentra conformada por la reunión de documentos vinculados a la desaparición forzada de Horacio Miguel y Liliana en 1975 y 1976 respectivamente, así como documentación vinculada a la búsqueda y restitución de la identidad de su hijo Horacio Pietragalla Corti. En este sentido, se encuentran solicitudes de paradero de Horacio Miguel presentadas por el padre de Horacio, Gerardo Horacio Pietragalla, y por su madre, María Angélica Ventura de Pietragalla, así como las respuestas obtenidas por el Ministerio del Interior notificando el desconocimiento de la ubicación de Horacio Miguel y certificando que no se encontraba detenido. Asimismo, hay solicitudes del paradero de su nieto Horacio Pietragalla Corti. También hay notas al Ministerio del Interior enviadas por el padre de Liliana, José Antonio Corti, solicitando conocer el paradero de su nieto y la respuesta del Ministerio, mientras que, en otras notas, el padre de Liliana solicita el cuerpo de su hija. Se puede encontrar además, una copia certificada por el Archivo Provincial por la Memoria de Córdoba del expediente 186.340 de 1976 del Ministerio del Interior iniciado por Gerardo Horacio Pietragalla solicitando información sobre el paradero de su hijo y otros documentos obrantes en ese Archivo provincial. Finalmente, se añaden documentos de las causas que investigan la sustracción, desaparición, retención y ocultamiento del niño Horacio Pietragalla Corti como por ejemplo la solicitud de acumulación de las causas, citaciones judiciales a declarar, entre otros documentos que evidencian la intensa búsqueda de la verdad y la justicia por parte de la familia de Liliana y Horacio Miguel así como de organismos de Derechos Humanos como Abuelas de Plaza de Mayo.

Fotografía de Ricardo Gil Lavedra, Ministro de Justicia y Derechos Humanos, entrega informe sobre desaparecidos uruguayos en Argentina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Fotografía de trabajadores de prensa junto a José María Villone, ex Secretario de Prensa durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón e integrante de la Triple A, en una conferencia de prensa luego de su liberación tras 21 meses de prisión. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

La colección reúne documentación recopilada por Santiago Mellibovsky, padre de Graciela Mellibovsky desaparecida en 1976, vinculada a personas detenidas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. Principalmente, consiste en 7 biblioratos que conforman el álbum de fotografías de personas detenidas desaparecidas elaborado a partir de un acuerdo entre la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Las fotos que componen el álbum son más de 3.000 copias en soporte papel, digitalizadas o reprografiadas por Santiago Mellibosky quien realizara esta tarea ad honorem. El tamaño de las fotos es de 6 x 9 cm., fueron hechas en blanco y negro y poseen un epígrafe con el nombre de la persona, número de legajo de la CONADEP y el número de bobina del negativo. Los biblioratos ordenan las fotografías según la fecha de desaparición forzada de las personas. Además, se incluyen los negativos 35 mm de esas fotografías. Adicionalmente, se encuentran algunos documentos vinculados con ese acuerdo entre las instituciones como por ejemplo una copia del acta firmada por Eduardo Rabossi, Subsecretario de Derechos Humanos, y Emilio Fermín Mignone, en nombre del CELS; un memorándum y una carta que dan contexto a la elaboración de este álbum. También se incluyen dos índices de las fotografías, uno en orden alfabético según el nombre de la persona, y otro cronológico de acuerdo a la fecha de desaparición forzada.
Por otro lado, forman parte de esta colección, dos informes vinculados a personas de origen judío detenidas desaparecidas. Uno de ellos se titula "Informe de la Violación de los Derechos Humanos de argentinos judíos bajo el régimen militar (1976-1983)", elaborado por la Comisión de Solidaridad con Familiares de Desaparecidos en Argentina (COSOFAM) en 1999, mientras que el otro lleva el título de "Testimonio sobre la desaparición de ciento cincuenta ciudadanos Argentinos de origen Judío".

La colección está conformada por el registro de actividades y actos realizados por las diferentes juntas militares, así como también las movilizaciones impulsadas por los organismos de derechos humanos desde la dictadura cívico-militar de 1976 hasta la primera mitad de los años ´80. Hay también numerosos registros de la guerra de Malvinas tomados por fotógrafos de la agencia. Por otra parte integran esta colección los registros de los conflictos sociales y políticos ocurridos en la Argentina a partir del año 2001 y fotografías referidas a los juicios de lesa humanidad.

La Colección reúne copias digitales de una selección de fotografías tomadas por el reportero gráfico Ricardo Ceppi en las que registró en 1984 tres centros clandestinos de detención que funcionaron en las inmediaciones de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe: la Escuela Osvaldo Magnasco, La Intermedia y la Quinta de Funes.
Ricardo Ceppi es fotoperiodista desde 1982, trabajó en las redacciones de los diarios Clarín y Rosario; en las agencias de noticias Diarios y Noticias y Télam; en las revistas Viva, Dominical de Clarín, Noticias (del grupo Perfil) y Gente (del grupo Atlántida).
Las fotografías fueron tomadas a partir de una investigación suya independiente realizada sobre la base de la lectura del libro de Miguel Bonasso ""Recuerdos de la Muerte"" en el que se denuncia el terrorismo de Estado y se mencionan estos tres centros clandestinos de detención en los cuales estuvieron detenidas personas que continúan desaparecidas. El libro de Bonasso le permitió a Ceppi encontrar estos centros clandestinos, fotografiarlos tanto por fuera como en su interior y constatar las evidentes similitudes.
Este registro inicialmente no fue publicado en ningún medio. En 2012, estando Ceppi residiendo en Buenos Aires, leyó en Página 12 que Jaime Dri, uno de los detenidos y sobrevivientes que pasó por estos centros clandestinos, no había podido reconocer la Escuela Osvaldo Magnasco porque se habían realizado reformas con posterioridad a su paso por allí. En ese contexto, el fotoperiodista se pone en contacto con el Museo de la Memoria de Rosario para ofrecer sus fotografías que registraban el lugar previo a las reformas edilicias llevadas adelante. A partir de este contacto, las mismas fueron presentadas como prueba a la causa contra distintos militares retirados encontrados responsables de crímenes de lesa humanidad (Juan Daniel Amelong Jorge Alberto Fariña, Walter Salvador Dionisio Pagano, Eduardo Rodolfo Costanzo, Ariel Zenón Porra, Juan Andrés Cabrera, Marino Héctor González, Joaquín Tomás Guerra, Ariel Antonio López, Carlos Antonio Sfulcini y Alberto Enrique Pelliza), en la cual Ceppi además prestó declaración.

Álbum fotográfico de personas detenidas desaparecidas (tomo 5) realizado por Santiago Mellibovsky en el marco de un proyecto conjunto de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Fotografía de Lorenza C. de Brandazza junto a familiares abandona el Palacio de Tribunales con motivo de la audiencia por la desaparición de su hijo Enrique Brandazza ocurrida en Rosario el 28 de noviembre de 1972. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

El fondo refleja la actividad solidaria y de denuncia que desarrolló Alicia Raquel Puchulu de Drangosch, quien debió exiliarse del país junto con una de sus hijas y sus nietos como consecuencia de la persecución y desaparición de varios familiares (sus hijos Adriana y Hugo Ricardo Drangosch y sus yernos Mario Rodríguez, Arnaldo del Valle Moyano y Samuel Leonardo Slutzky) durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina, el allanamiento de los domicilios de sus hijas Raquel Herminia Drangosch y Susana Drangosch, y con el objetivo de garantizar su seguridad y la de su familia. Gracias a la colaboración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se asiló primero en Brasil y luego viajó a Holanda donde permaneció varios años. Durante su estadía en Holanda fundó y presidió la Comisión de Solidaridad con Familiares de Desaparecidos en Argentina (COSOFAM) cuyo objetivo fue la promoción y realización de acciones de solidaridad y apoyo a las víctimas del terrorismo de Estado tanto en Argentina como en América Latina. Esta tarea fue realizada en constante colaboración con otros organismos de Derechos Humanos. Durante su exilio en Europa, Alicia también fue representante de Madres de Plaza de Mayo.
En este sentido, el fondo reúne documentos tales como fotografías, correspondencia entre las distintas instituciones que desde el exilio realizaron acciones a favor de los desaparecidos, denuncias, testimonios de detenidos en Centros Clandestinos de Detención Tortura y Exterminio, listados de detenidos-desaparecidos, publicaciones relativas a la lucha por los derechos humanos, boletines, comunicados de prensa, declaraciones, informes, folletos, invitaciones, y una gran cantidad de afiches que formaron parte de la campaña gráfica desde el exilio de denuncia del terrorismo de estado en Argentina y América Latina.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) fue creada por el presidente Raúl Alfonsín a través del decreto Nº 187 del 15 de diciembre de 1983. Contra la propuesta esbozada por la mayoría de los organismos de derechos humanos, que reclamaban la creación de una Comisión bicameral para la investigación de los crímenes de la última dictadura (1976-1983), el titular del Poder Ejecutivo optó por una Comisión de “notables” compuesta por personalidades destacadas de la vida política, cultural y religiosa argentina, presidida por el escritor Ernesto Sábato. Sus otros integrantes fueron Magadalena Ruiz Guiñazú, Ricardo Colombres, René Favaloro –quien renunció poco después–, Hilario Fernández Long, Carlos Gattinoni, Gregorio Klimovsky, Marshall Meyer, Mons. Jaime F. de Nevares, Eduardo Rabossi, Santiago López, Hugo Piucill, Horacio Huarte, Graciela Fernández Meijide, Daniel Salvador, Raúl Aragón, Alberto Mansur y Leopoldo Silgueira.
El objetivo de la CONADEP, que inicialmente funcionaría por seis meses, era recibir denuncias y pruebas sobre los secuestros y desapariciones perpetrados durante la dictadura para remitirlas a la Justicia, investigar cuál había sido el destino de los desaparecidos y desaparecidas y determinar el paradero de los niños y niñas apropiados en el marco del terrorismo de Estado. Además, debía denunciar cualquier intento de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad por destruir evidencia de los crímenes de la represión. Todos los datos recabados durante las labores investigativas serían recopilados en un informe final que se pondría en manos del presidente de la Nación. La entrega se efectivizó el 20 de septiembre de 1984, luego de extenderse por tres meses el plazo establecido originalmente para el funcionamiento de la CONADEP, en un acto que tuvo lugar en la casa de gobierno. Dos meses después, el informe fue publicado bajo el título Nunca más por la editorial universitaria EUDEBA, convirtiéndose en un éxito de ventas.
Las tareas de la Comisión se desarrollaron en un clima cargado de tensión por la reticencia de los integrantes de la Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad a que se llevara adelante una revisión de su actividad represiva durante los años de dictadura. A pesar de ello, y de las dificultades que planteaba la recopilación de información en las zonas alejadas de los grandes centros urbanos, la CONADEP logró registrar 8.960 casos de desaparición forzada y comprobar, a través de inspecciones oculares con sobrevivientes, la existencia de unos 340 centros clandestinos de detención, la mayoría ubicados en dependencias policiales y militares todavía en funcionamiento.
La información recopilada por la Comisión dejó en evidencia que, lejos de constituir “excesos” aislados, los secuestros, las torturas, las desapariciones y los asesinatos habían formado parte de un plan sistemático organizado desde las más altas jerarquías de las Fuerzas Armadas. Esta constatación fue clave para lograr la condena de los integrantes de las tres primeras Juntas Militares en el denominado Juicio a las Juntas, realizado entre abril y diciembre de 1985. La importante circulación pública del Nunca más, por otra parte, fue central para la conformación de una primera memoria pública sobre los crímenes de la dictadura argentina.
El subfondo CONADEP, perteneciente al Fondo Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dado el traspaso de funciones a este organismo el cual continuó gestionando, interviniendo y modificando los documentos, se compone de distinto tipo de documentación que refleja la actividad realizada por la Comisión en el marco de sus labores investigativas. Incluye, en primer lugar, los legajos constituidos a partir de formularios que recogían las denuncias de familiares, sobrevivientes o testigos ocasionales de acciones represivas. Estos formularios incorporaban información diversa como ser el nombre y apellido de la víctima, su fecha de nacimiento, documento de identidad, profesión o trabajo, lugar de estudio o trabajo, domicilio, estado civil, número de hijos y edad; fecha, hora y lugar del secuestro, descripción del hecho, mención a testigos si los hubiese y de los posibles responsables; las gestiones realizadas por los familiares y allegados de las víctimas, las respuestas obtenidas ante esos requerimientos y los datos del denunciante. Este subfondo reúne además, más de dos mil fotografías tomadas por el fotógrafo Enrique Shore durante las inspecciones oculares en los centros clandestinos de detención (CCD) así como las actas elaboradas a partir de esas inspecciones junto a un vasto relevamiento documental hecho por la Comisión sobre los CCD. Por otra parte, el fondo contiene también las actas de las reuniones que realizó la CONADEP en el transcurso de su investigación así como las del Comité Ejecutivo, instituido el 29 de diciembre de 1983 dada la necesidad de funcionar ejecutivamente con un grupo más reducido de sus miembros. La correspondencia nacional e internacional de la Comisión también forma parte de este subfondo dando cuenta de los intercambios con organismos estatales y de la sociedad civil tanto de Argentina como de otros países.
Asimismo, se encuentran las elevaciones de denuncias a la Justicia, unos 25.000 habeas corpus que fueron elevados al Poder Judicial para determinar el paradero de personas desaparecidas entre 1975 y 1983, las respuestas de hospitales de salud mental y cementerios con listados de pacientes de hospitales y de entierros sucedidos en los cementerios entre 1976 y 1983. Hay además numerosos relevameintos documentales de dos organismos internacionales que elaboró diferentes listados e investigaciones sobre casos de violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura cívico militar. Tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reopiló y transfirió la documentación vinculada a estos hechos y, en el caso de la CIDH, aquellos informes de las observaciones in-loco que realizara en 1979, en plena dictadura, y que permitieran dar apoyo internacional a las denuncias que venían realizando los organismos de derechos humanos en el país.
Desde su creación y hasta el presente, el fondo de la CONADEP desarrolla un rol central en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, ya sea como evidencia en los juicios por los crímenes de lesa humanidad, como fuente de consulta para los ascensos de personal de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, como insumo para producciones de distinta índole orientadas a la transmisión de la memoria de los crímenes dictatoriales y para la investigación científica sobre el pasado reciente argentino.