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A través del Decreto 158 del 15 de diciembre de 1983, el gobierno de Raúl Alfonsín ordenó la realización de un juicio sumario a los integrantes de las Juntas Militares que estuvieron en el poder desde el 24 de marzo de 1976 hasta la guerra de Malvinas. Tras derogar la “Ley de autoamnistía” sancionada hacia el final de la dictadura, el 28 de diciembre de 1983 el gobierno comunicó al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que debía iniciar la instrucción y el juicio sumario de la que más tarde sería conocida como “Causa 13”.
Apoyándose en la ley 23.049/84 de reforma de del Código de Justicia Militar, y ante las demoras del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para juzgar a sus pares, el 4 de octubre de 1984 la Cámara Federal desplazó al tribunal castrense y por avocación continuó con la investigación.
No obstante a cargo de la justicia penal, el proceso judicial se realizó bajo los procedimientos del Código de Justicia Militar, que imponía el juicio sumario, oral y público. Por decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones, el canal estatal de televisión, Argentina Televisora Color (ATC), registró íntegramente el desarrollo del juicio.
Entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985 tuvieron lugar las audiencias orales del juicio en las que prestaron declaración testimonial 833 personas citadas por las defensas y por el Ministerio Público. Entre agosto y septiembre se dio lectura a la acusación presentada por la Fiscalía y entre los meses de octubre y noviembre tuvieron lugar los alegatos de las defensas de los ex comandantes. El 9 de diciembre de 1985, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal dictó sentencia fundada en el análisis de 709 casos presentados. Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera fueron condenados a reclusión perpetua; Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión; Armando Lambruschini a ocho años y Orlando Ramón Agosti a cuatro años y seis meses. Omar Domingo Rubens Graffigna, Basilio Arturo Lami Dozo, Leopoldo Fortunato Galtieri y Jorge Isaac Anaya fueron absueltos.
El fondo comprende la totalidad de las audiencias orales (530 horas) producidas en el marco del proceso judicial conocido como Juicio a las Juntas Militares, en el que se juzgó a los nueve miembros de las tres primeras Juntas Militares como responsables por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Argentina durante la dictadura cívico-militar durante los años 1976 y 1983. Como material complementario fueron digitalizadas las actas mecanografiadas del juicio.
Asimismo, contiene copia digital de los 185 cuerpos de la Causa13/84 caratulada 'causa originariamente instruida por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del decreto 158/83 del Poder Ejecutivo Nacional'. Así como copia de las actas mecanografiadas de las manifestaciones vertidas por el Tribunal, las partes y testigos en el transcurso de la audiencia.
El fondo también reúne la documentación aportada como prueba por cada una de las partes. Se destacan los "cuadernos de la defensa" de Ramón Orlando Agosti, Leopoldo Fortunato Galtieri, Armando Lambruschini, Emilio Eduardo Massera, Jorge Rafael Videla y Roberto Eduardo Viola; así como las Directivas, Planes y Reglamentos de las tres Fuerzas Armadas. También hay copia de los expedientes del Consejo de Guerra Especial Estable. A su vez, pueden encontrarse la documentación traducida del idioma inglés aportada como cuaderno de prueba de la Fiscalía, documentación y reclamos gestionados a través de la Cancillería argentina vinculados a denuncias realizadas en el exterior y copia de la documentación aportada por los testigos.
Por su parte, pueden encontrarse copias de las denuncias vinculadas a desapariciones forzadas de personas recibidas por el Ministerio de Defensa durante el periodo de la dictadura, distintas denuncias de privación ilegítima de la libertad recibidas ante la justicia de las provincias de Entre Ríos, Mendoza y Santa Fe y copia de todos los habeas corpus presentados durante el juicio.

En el estado preliminar de tratamiento archivístico en el que se encuentra el fondo, se puede inferir que este comprende documentos de la Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior, particularmente de la Dirección General de Publicaciones y la Dirección General de Seguridad Interior. La mayoría de estos documentos se vinculan con el seguimiento y tratamiento de los medios de comunicación y publicaciones realizados por ese Ministerio durante la dictadura, pero no exclusivamente.
El Ministerio del Interior, a cargo del General de Brigada Albano Harguindeguy, concentró durante la dictadura el poder de policía, es decir, la capacidad de sanción acerca de todo lo que era caracterizado como una amenaza a la Seguridad Nacional. La Subsecretaría del Interior, a cargo del Coronel José Ruiz Palacios, recibía información proveniente de: a) la Secretaría de Información Pública (SIP) tales como informes de situación psicosocial y comportamiento de medios; b) la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE): sondeos, encuestas y partes informativos sobre noticias relativas al gobierno; c) y de los distintos organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Aduana, Correos, Policía Federal, entre otros. Por este motivo, pueden encontrarse dentro del fondo notas e informes de otras dependencias del Estado nacional y provinciales.
Para la dictadura cívico-militar, el análisis de los medios de comunicación social (MCS) incluía tanto a) las publicaciones: editoriales, diarios, revistas, libros, corresponsales extranjeros, agencias de noticias, imprentas, sistemas de distribución y comercialización, vía pública –afiches, fotografías, y productoras de discos–; como b) los espectáculos: teatros y café concert, conferencias, exposiciones, congresos, entre otros. Y dentro del Ministerio del Interior quien tenía a su cargo el control sobre estos medios era la Dirección General de Publicaciones.
Por este motivo, pueden encontrarse expedientes de la Dirección General de Publicaciones a través de los cuales se tramitaban prohibiciones a publicaciones (artículos, libros, diarios, revistas) que contiene notas remitidas por diferentes organismos del estado nacional y provinciales (como la SIP, el Batallón 601 de Inteligencia, SIDE, Fuerzas Armadas, policías y gobiernos provinciales, Ministerio de Relaciones Exteriores, Municipalidad de Buenos Aires) así como de particulares denunciando la publicación. Dicha Dirección elaboraba un informe con recomendaciones de acción (sanciones, multas, prohibiciones, entre otros) que era elevado a la Subsecretaría del Interior, a la SIP, al Poder Ejecutivo y al área que lo denunció. Si finalmente se prohibía la publicación, ésta se dictada mediante decreto del PEN, por lo que en muchos casos también se encuentran los proyectos de decretos. La encargada del cumplimiento de la medida era la Policía Federal, que debía informar de lo actuado a la Dirección General de Seguridad Interior, por lo que también se pueden encontrar estas notificaciones dentro del fondo. Al respecto, se mencionan algunos ejemplos:

• Informes, planes y notas remitidas por la Secretaría de Información Pública de Presidencia, a cargo del Capitán de Navío Carlos Pablo Carpintero.
• Informes de situación psicosocial (que abarca entre dos y tres semanas del 29 de abril al 12 de diciembre de 1981) y el Plan Nacional de Comunicación para el año 1978.
• Sondeos de Opinión Pública elaborados por la SIDE (Dirección de Comunicación Social), así como informes sobre actuación de los medios de comunicación.
• Informes del accionar de los medios de comunicación elaborados por la Jefatura II del Ejército Argentino del 27 de mayo al 26 de julio de 1981.
• Nota Nº 40 remitida al Ministro del Interior por la Secretaría de Información Pública de Presidencia de la Nación, de fecha 6 de julio de 1977, con informa el análisis realizado por el Comité de Estudios en el ámbito de esa secretaría, integrado por representantes del Ministerio de Planeamiento, Interior y SIDE para analizar el seguimiento y tratamiento de los Medios de Comunicación.
• Informe Especial 10 de octubre de 1977 titulado La subversión en los medios culturales elaborado por la Jefatura III de Operaciones del Estado Mayor General del Ejército, con anotaciones a mano sin identificar productor que contiene como anexo decretos, organigramas y órdenes vinculados a tratamiento de medios en relación a la ""subversión"".
• Memorándum sin fecha del Ministro del Interior Harguindeguy al Presidente de la Nación donde solicita aprobación de las Bases para la Acción Gubernamental en materia de medios de comunicación escritos, sonoros y espectáculos públicos.
• Asimismo, también se pueden encontrar notas tramitadas a través de la Dirección General de Provincias, quien era la encargada de la comunicación con las gobernaciones provinciales, vinculadas al control y censura de los medios de comunicación. Como por ejemplo, la normativa provincial relacionada con "moralidad y buenas costumbres" de varias provincias, en función de una solicitud realizada por esa Dirección General.

Por su parte, la Dirección General de Seguridad Interior, a cargo del Coronel (R) Carlos Alberto Tepedino, tenía como misión dirigir las actividades inmanentes al poder de policía y seguridad interior que le competen al Ministerio del Interior, entendiendo los aspectos funcionales y jurisdiccionales de la Policía Federal, Policía Territorial y Policías Provinciales. Por ello pueden encontrarse las comunicaciones con las diferentes policías y gobernaciones provinciales donde intercambian información referida a antecedentes de personas y/o organizaciones, allanamientos, accionar policial, movilizaciones, conflictos gremiales, entre otros.

En el fondo también pueden encontrarse organigramas, decretos, resoluciones y leyes vinculados a las funciones del Ministerio del Interior.

El 16 de junio de 1955 se produjo en la Ciudad de Buenos Aires el bombardeo de la Plaza de Mayo, la Casa Rosada y sus zonas adyacentes. Ese hecho, inédito hasta entonces, fue una acción instrumentada por militares y civiles argentinos decididos a poner fin al proceso democrático instaurado por el gobierno peronista en 1946. En cumplimiento de ese objetivo golpista, la conspiración no reparó en los costos humanos de su acción, ocasionando durante el bombardeo y los posteriores enfrentamientos armados al menos 309 víctimas fatales y un indeterminado número de heridos. Esta colección reúne recortes de prensa, publicaciones, nóminas de fallecidos, testimonios, fotografías, noticieros, diarios, revistas, artículos de publicaciones periódicas, actas de defunción, legislación, legajos militares, libros históricos, causas judiciales y otro tipo de documentos oficiales relacionados con las acciones de ese día de junio. En particular:

• Recortes de prensa relacionados con el bombardeo del 16 de junio de 1955 y la “Revolución libertadora”. Periodo 1967/1972, 35 fojas.
• Libro del Regimiento “Granaderos a Caballo General San Martín”, 37 fojas.
• Policía Federal Argentina. “Nomina de fallecidos a raíz de hechos del día 16 de junio de 1955”, 20 fojas.
• Expediente 2262/2009 de la Corte Suprema de la Nación. Solicitud de “informe s/practicas de autopsias a cadáveres fallecidos en inmediaciones de Plaza de Mayo el día 16-17-18/6/1955”, 8 fojas.
• Ministerio de Marina. Decreto PEN 10.732/55 en relación a la baja del cuadro permanente de la Marina de Guerra del Teniente de Corbeta D. Eduardo Invierno y fotografías, 9 fojas.
• Boletín oficial del 14 de julio de 1955, 1 foja.
• Esto Es, Año III Número 82, Buenos Aires, 27 de junio de 1955, 20 fojas.
• Carpeta conteniendo Proyecto de Ley 3216-D-2006- Monumento en recuerdo a las Víctimas del bombardeo a Pza. de Mayo de 1955 y artículos periodísticos varios, 26 fojas.
• Trámite Nota ANM 311/08 en relación a solicitud de certificados de defunción correspondientes a los días 16,17,18 de junio de 1955 de las localidades de Avellaneda, Lanus, Berazategui, Quilmes y Lomas de Zamora, 33 fojas.
• Gonzalo Cháves 16 de junio de 1955-La Masacre de Plaza de Mayo. “as Víctimas”, 27 fojas.
• Copia del legajo Personal del General de Brigada Tomás Vergara Ruzo, 3 fojas.
• Parte del Libro Histórico del Regimiento de Infantería 3 “General Belgrano”, 20 fojas.
• Trámite Nota ANM 120/09 solicitando al Ministerio de Defensa Nómina de muertos en el bombardeo a Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955, pertenecientes a la Fuerza Aérea Argentina, Armada Argentina, Ejército y demás fuerzas de seguridad, 79 fojas.
• Clarín, 29/09/1955, 12 fojas.
• Carpeta conteniendo publicaciones: El Emilio, Año 2 Nº 6, junio-julio 2005, 10 fojas; Suplemento especial Página 12, “Peronismo” por José Pablo Feinmann, 2 fojas; Suplemento Página 12 “Historia de la Economía Argentina del siglo XX” Nº 25, 8 fojas; Ahora, Año XXI Nº 2323, 4 de octubre de 1955, 16 fojas; Ahora, Año XXI Nº 2301, 15 de julio de 1955, 16 fojas.
• Copias libro de Pedro Bevilacqua Hay que matar a Perón, 14 fojas.
• Presentación de los Sres. Miguel De Renzis y Carlos Villagra de la Fundación Evita al ex Secretario de Derechos Humanos Dr. Eduardo luis Duhalde, 6 fojas.
• “D’ Andrea Mohr: un coraje inqueblantable” por Juan Salinas, 1 foja.
• Carpeta con actas de defunción del registro Civil de C.A.B.A., 188 fojas.
• Policía Federal Argentina, “Nómina de Heridos que han declarado”, 29 fojas.
• Documentación relativa a Mariano Grondona, vinculada a su rol en el intento de derrocamiento de Juan Domingo Perón en 1955.
• Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (Consufa). Causa "C Almte Don Anibal O Olivieri y otros sobre rebelión militar EXP 26.137", 492 fojas.
• Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Penal Especial N° 2 de la Capital Federal, "Averiguación hechos de rebelión", EXP 3.744, 8 cuerpos.
• Archivos sonoros que se utilizaron para ser incorporados en la producción del material multimedia sobre el bombardeo a Plaza de Mayo del 16 de Junio de 1955. Se trata de 31 archivos de audio que incluyen crónicas de los hechos realizadas por diversas radios afines a los golpistas, y discursos del Presidente Juan Domingo Perón y de los militares involucrados en el golpe de septiembre de 1955.
• Copia de las actuaciones de la justicia militar elaboradas por el Ejército Argentino para la investigación de los sucesos ocurridos durante el 16 de junio de 1955 (AJM 24310, AJM 24323, AJM 24334, AJM 24395, AJM 24400). También pueden encontrarse dentro de esta colección copias de las actuaciones vinculadas al golpe de Estado de septiembre de 1955 (AJM 24073, AJM 24089, AJM 24090, AJM 24111, AJM 24113, AJM 24116, AJM 24117, AJM 24118 y AJM 24158).

Asimismo, pueden encontrarse los registros audiovisuales de los siguientes sobrevivientes y familiares de víctimas del bombardeo dentro de la Sección Audiovisual del Fondo del Archivo Nacional de la Memoria:
Laura Abatángelo (empleada de comercio)
Natividad López (trabajadora)
Justo Roque González (trabajador del puerto)
Ignacio Olarte (ex conscripto)
Crescencio Ayala (obrero de la construcción)
Luis Guerci (granadero conscripto)
Diego Bermúdez (granadero conscripto)
Edmundo Napoleón Mercado (granadero conscripto)
Antonio Amitrano (militar conscripto)
Horacio Rossi (suboficial de Marina)
Daniela Marino (abogada y nieta de Juan Carlos Marino, empleado de la Aduana y fallecido durante el bombardeo a Plaza de Mayo)
Estela Cejas (ama de casa -hija de Delfina Cejas, ama de casa y fallecida durante el bombardeo a Plaza de Mayo)
Beatriz Contreras (hija de Tomás Eduardo Contreras, víctima del bombardeo a Plaza de Mayo)
Roberto Rodríguez (hijo de Carlos Rodríguez, chofer del director de la asistencia pública y fallecido durante el bombardeo a Plaza de Mayo)
Liliana Bacalja (hija de José Mariano Bacalja, fallecido durante el bombardeo a Plaza de Mayo)
Enrique Juan Cosse (hijo de Enrique Adolfo Cosse, fallecido durante el bombardeo a Plaza de Mayo)
María Braña (hija Carlos Braña, Capitán de Marina)
Mirta Ñáñez (hermana de Raúl Alberto Ñáñez, fallecido durante el bombardeo a Plaza de Mayo)
Ivonne Maccione y Lucas Maccione (nietos de Leonardo Salvador Maccione, fallecido durante el bombardeo a Plaza de Mayo)
María Cristina Rojas y Mario Rojas (hijos de Julio Ventura Rojas, fallecido durante el bombardeo a Plaza de Mayo)
Liliana Mures (sobrina de Oscar Aníbal Mures, fallecido durante el bombardeo a Plaza de Mayo)
Sergio Bembich (hijo de Juan Bembich, fallecido durante el bombardeo a Plaza de Mayo).

Este fondo reúne la documentación generada y recibida por el Ente Autárquico Mundial 78 (EAM 78) con el objeto de organizar y llevar adelante el Campeonato Mundial de Fútbol de ese año. La decisión de que la Argentina fuera la sede del evento había sido tomada ya previo al golpe de Estado del 24 marzo de 1976. Sin embargo, la Junta Militar le otorgó especial atención a la realización del Mundial, ya que consideraba que se trataba de una oportunidad privilegiada para mostrar una buena imagen del país a la comunidad extranjera, procurando evadir así las denuncias que circulaban en el extranjero contra la dictadura por violaciones a los derechos humanos.
Para su organización, el régimen militar creó, mediante la Ley N° 21.349 del 2 de julio de 1976, el EAM 78, que reemplazaba a la Comisión de Apoyo al Mundial dependiente del Ministerio de Bienestar Social. La entidad estuvo presidida inicialmente por el general Omar Actis. Luego de su asesinato, ocurrido el 19 de agosto de 1976, el cargo fue ocupado por el general (R) Antonio Merlo, aunque la mayoría de las decisiones en materia organizativa las tomó el contraalmirante Carlos Lacoste, quien había sido designado vicepresidente del organismo. Además de crear el EAM 78, la Junta Militar contrató a la empresa norteamericana Burson-Marsteller y Asociados, especializada en la mejora de la imagen de gobiernos, para que tuviera a cargo la publicidad del Mundial y demostrara que las denuncias contra la dictadura eran parte de una “campaña antiargentina” organizada desde el extranjero. A esto se destinó parte de los aproximadamente 500 millones de dólares que se gastaron para la realización del evento, una cifra astronómica para los parámetros de la época y que nunca pudo confirmarse con exactitud debido a la ausencia de balances contables. El dinero se utilizó también para remodelar algunos de los estadios que serían sede de los partidos y para la creación de una moderna planta de televisión a colores, el “Centro de Producción Buenos Aires”, ubicada en la esquina de la avenida Libertador y Tagle de la Ciudad de Buenos Aires.
Fuera de la Argentina, el Mundial generó un fuerte impacto entre las y los exiliados, que se tradujo en una fractura entre quienes pretendían impedir la realización del torneo –agrupados en el Comité de Boicot a la Organización del Mundial de Fútbol en la Argentina (COBA)– y quienes, en cambio, creían que el evento deportivo era una ocasión excepcional para concitar la atención de la prensa internacional y exponer así ante el mundo las atrocidades que cometía la Junta Militar en el país. Las posiciones y disputas entre ambos grupos quedaron reflejadas en la documentación que produjeron durante las distintas campañas de denuncia y solidaridad que llevaron adelante en diversos países de América y, fundamentalmente, de Europa Occidental.
El Mundial comenzó formalmente con la ceremonia de apertura que se realizó el 1 de junio, de la que participó el presidente de facto Jorge Rafael Videla, y se extendió a lo largo de poco más de tres semanas. La competencia deportiva tuvo como ganadora a la Argentina, que se consagró así por primera vez como campeona del mundo, aunque al día de hoy existen sospechas sobre el posible arreglo del partido en que la selección local le ganó 6 a 0 al combinado de Perú, resultado que le permitió clasificar a las instancias definitorias del certamen. En términos políticos, el enorme esfuerzo destinado por la dictadura para mejorar su imagen en el extranjero no rindió sus frutos, como dejaría en evidencia la creciente condena internacional al régimen militar durante los años posteriores.
Entre los documentos que forman parte de este acervo se encuentran: legajos de personal contratado, documentación administrativa, planos y fotografías de las obras realizadas en todo el país, expedientes de compras y contrataciones, resoluciones de la presidencia del Ente Autárquico, organigramas, adjudicaciones (muchas de ellas directas), libros de obras de construcción y ampliación de estadios de fútbol (River Plate, Vélez Sarsfield, Mar del Plata, Rosario Central, Córdoba y Mendoza), cintas de audio de partidos, correspondencia nacional e internacional, modelos de uniformes del personal, notas del concurso cerrado para la creación del afiche oficial Campeonato Mundial de Futbol 1978, fotocromos para boletines y transparencias varias, notas sobre las transmisiones televisivas, listados de acreditaciones periodísticas y planes de acción psicológica tendientes a mejorar la imagen del país.

La colección reúne informes de reuniones de delegados y delegadas estudiantes, diversos expedientes (entre ellos de prohibición de asambleas y expulsión de alumnos y alumnas), acciones de amparo de estudiantes, listados de personal afectado por bajas de personal (Ley 21.274), bibliografía recomendada para el Departamento de Historia, documentos de la Asociación de Padres de alumnos del Colegio, correspondencia, discursos y conferencias de prensa de autoridades, memorias de los distintos departamentos y secretarías del Colegio, planes educativos, y publicaciones.

La colección reúne copias digitales de documentos sobre Liliana Corti, nacida el 9 de mayo de 1950 en la ciudad de Buenos Aires, y Horacio Miguel Pietragalla, nacido el 3 de agosto de 1948 en la misma ciudad, quienes fueron militantes de la organización política Montoneros. También hay documentos de Horacio Pietragalla Corti, segundo hijo de la pareja, nacido el 11 de marzo de 1975.
El 15 de octubre de 1975 Horacio Miguel Pietragalla fue detenido en la ciudad de Córdoba y asesinado el 8 de noviembre del mismo año, mientras que Liliana Corti fue asesinada el 4 de agosto de 1976 en un operativo realizado en la casa donde vivía en Villa Adelina. El niño hijo de la pareja, de cinco meses, fue llevado por personal policial a la Clínica Mayo y a la Brigada Femenina de San Martín, siendo luego entregado por el teniente coronel Hernán Tetzlaff a una mujer que trabajaba como empleada doméstica en su domicilio.
En el año 2002 Pietragalla Corti inicia el proceso de reconstrucción de su identidad a través de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI). El 4 de abril de 2003 el resultado de los estudios de ADN confirmó que se trataba de Horacio, hijo de Liliana Corti y Horacio Miguel Pietragalla, constituyendo el nieto número 75 que las Abuelas de Plaza de Mayo restituyeron a su familia biológica. Los restos de Liliana Corti y los de Horacio Miguel Pietragalla fueron exhumados e identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el año 2004 y 2003 respectivamente.
La colección está constituida por documentos personales de Liliana y Horacio Miguel, tales como la invitación al casamiento de la pareja, la libreta de familia, certificados de nacimiento y defunción, fotografías, tarjetas, postales, algunas cartas que Horacio Miguel enviaba de niño, certificado de vacunación, la cédula de identidad del Ejército, el certificado de juramento a la bandera y un programa de una obra teatral en la que actuó Pietragalla, entre otros.
Hay, además, documentación de la actividad laboral de Liliana como es la copia fiel de su legajo de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), reparado por medio del decreto 1199/12 que alcanzó a las y los empleados/as de la Administración Pública Nacional que se encontraran en condición de desaparición forzada o hayan sido asesinados/as como consecuencia de la acción del terrorismo de Estado entre 1955 y 1983. El legajo cuenta con documentos como planillas y solicitudes de licencias y antecedentes administrativos que registran licencias por detenciones y su renuncia el 01 de enero de 1976.
También se encuentran documentos vinculados al ámbito educativo de Horacio Miguel. Hay una copia de su legajo de la Universidad de Buenos Aires, donde cursó sus estudios de Sociología, y un certificado de las materias realizadas. Asimismo hay un duplicado de su título de Bachillerato nocturno realizado en el Instituto Privado Incorporado a la Enseñanza Oficial Cardoso y los correspondientes boletines de calificaciones, certificados de conducta y algunos apuntes sobre historia argentina.
Adicionalmente hay algunos artículos periodísticos sobre el retorno al país del ex Presidente Juan Domingo Perón luego del exilio en 1972.
Una gran parte de la colección se encuentra conformada por la reunión de documentos vinculados a la desaparición forzada de Horacio Miguel y Liliana en 1975 y 1976 respectivamente, así como documentación vinculada a la búsqueda y restitución de la identidad de su hijo Horacio Pietragalla Corti. En este sentido, se encuentran solicitudes de paradero de Horacio Miguel presentadas por el padre de Horacio, Gerardo Horacio Pietragalla, y por su madre, María Angélica Ventura de Pietragalla, así como las respuestas obtenidas por el Ministerio del Interior notificando el desconocimiento de la ubicación de Horacio Miguel y certificando que no se encontraba detenido. Asimismo, hay solicitudes del paradero de su nieto Horacio Pietragalla Corti. También hay notas al Ministerio del Interior enviadas por el padre de Liliana, José Antonio Corti, solicitando conocer el paradero de su nieto y la respuesta del Ministerio, mientras que, en otras notas, el padre de Liliana solicita el cuerpo de su hija. Se puede encontrar además, una copia certificada por el Archivo Provincial por la Memoria de Córdoba del expediente 186.340 de 1976 del Ministerio del Interior iniciado por Gerardo Horacio Pietragalla solicitando información sobre el paradero de su hijo y otros documentos obrantes en ese Archivo provincial. Finalmente, se añaden documentos de las causas que investigan la sustracción, desaparición, retención y ocultamiento del niño Horacio Pietragalla Corti como por ejemplo la solicitud de acumulación de las causas, citaciones judiciales a declarar, entre otros documentos que evidencian la intensa búsqueda de la verdad y la justicia por parte de la familia de Liliana y Horacio Miguel así como de organismos de Derechos Humanos como Abuelas de Plaza de Mayo.

La colección reúne copias de la carpeta titulada "33 orientales" junto a una copia de la denunica de Ana Dolores Soberón y las resoluciones de la justicia en relación al pedido de custodia por parte de Ana Dolores.

La colección contiene un Libro de Actas del Consejo de Personal de la Dirección Nacional de Vías Navegables y Construcciones Portuarias del año 1976, donde se puede observar el accionar de los interventores militares respecto al seguimiento y persecución a trabajadores del sector. Además 17 sellos, 1 porta sellos, 1 pinche, 4 rollos de microfilm de 35 mm, 1 rollo de microfilm de 16 mm, 1 pisa papel, 1 goma, 1 caja y 1 barra metálica de mediciones de 100 cm. A su vez, un libro índice del año 1983 del Departamento Distrito del Río de la Plata, el Expediente Nº 200697/94 Iniciador Antolin Fernández S.A. sobre una concesión para la extracción de arena sobre el Río Paraná y un libro de Registro de Licencias especiales por asuntos particulares de la Dirección Nacional de Vías Navegables y Construcciones Portuarias Años 1967-2000. Por último, la colección contiene sesenta y ocho fotografías y cuatro negativos, una parte de estas fotografías son de la jura de María Estela Marínez de Perón, la toma de juramento a funcionarios que llevan el sello de la Secretaría de Prensa y Difusión de Presidencia de la Nación. En otras se observan varones festajando, algunas fotografías de miembros de la Marina, dos fotografías de un bebé y dos fotografías de un puente. En los negativos se observa una ceremonia religiosa.

Los juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina son los procesos judiciales llevados a cabo para investigar las violaciones a los Derechos Humanos cometidas antes y durante la última dictadura cívico-militar. Investigan la responsabilidad de integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, de funcionarios judiciales, miembros de instituciones religiosas, de civiles o grupos empresariales en el cometimiento de delitos tales como secuestros, desapariciones forzadas, ejecuciones, torturas, apropiaciones y delitos de índole sexual. El proceso de justicia por estos delitos comenzó con la vuelta de la democracia en 1983, pero se vio interrumpido durante casi 20 años por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos. Se retomaron en 2005 y desde ese momento se completaron más de 350 juicios, con más de 1200 personas condenadas.
La colección reúne copias, en soporte papel y digital, de los cuerpos de la causas judiciales vinculadas a delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos cometidos en Argentina entre 1974 y 1983.