Esta serie reúne tramitaciones realizadas por Celia Jinkis de Korsunsky a partir de la detención y desaparición de su hijo Eduardo Korsunsky en 1976, incluyendo las acciones judiciales realizadas desde ese momento para localizar su paradero. Contiene distintos tipos de presentaciones judiciales como por ejemplo borradores de recursos de habeas corpus, ampliación de medidas y acciones, reiteratorios frente a las negativas de los habeas corpus recibidas de las distintas instancias y jurisdicciones del Poder Judicial. También pueden encontrarse declaraciones testimoniales y comunicaciones intercambiadas con los juzgados y tribunales en el marco de investigaciones sobre delitos de lesa humanidad a partir de la reapertura de los juicios en el año 2003, así como copia de las pruebas documentales presentadas. Finalmente, también se encuentran algunas de las denuncias realizadas ante distintos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. El recorrido por estos documentos permite recuperar el derrotero que significó para miles de Madres de Plaza de Mayo la búsqueda de sus hijos detenidos desaparecidos por la dictadura cívico militar.

Testimonio de Ana María Moreyra brindado ante Carlos González Gartland como consejero directivo de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) en México en relación a las circunstancias en las que fue secuestrada en marzo de 1979 hasta su liberación el 24 de diciembre de 1982. Se adjuntan cartas personales y de gestiones ante autoridades méxicanas e internacionales, el acta de libertad y constancias médicas.

Esta sección reúne documentos de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) recopilados por Carlos González Gartland en el marco del cumplimiento de sus misiones, funciones y actividades en dicha organización. La CADHU se gestó durante los meses previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, aunque su aparición formal se produjo cuando ya había comenzado la dictadura, en abril de 1976. La CADHU se fundó a partir de la confluencia de distintos grupos. El más numeroso lo componían las y los militantes del Partido Revolucionario de los Obreros Argentinos (PROA), organización a la que pertenecía, entre otros, Carlos González Gartland. La denuncia y la solidaridad se constituyeron tempranamente como las dos vías de acción principales de la CADHU. Los acuerdos logrados entre el sector vinculado al PROA y los representantes de la organizaciones político-militares fueron fundamentales para llevar adelante la primera de esas iniciativas, que se canalizó a través de Ignacio Ikonikoff, encargado de centralizar los datos aportados por los colaboradores vinculados a Montoneros y el PRT-ERP. De este modo, se constituyó un primer circuito de información que permitía conocer y denunciar con cierta celeridad los secuestros y asesinatos que se multiplicaban diariamente en el país durante los primeros meses de dictadura, y de los que los militantes relacionados con las organizaciones político-militares formaban un porcentaje considerable.
La denuncia en el extranjero fue desde el inicio una prioridad para la CADHU, cuyos integrantes –por su experiencia en la defensa de presos políticos– habían entablado vínculos tempranos con diversas entidades internacionales del campo jurídico ligadas a la defensa de los derechos humanos. Esta proyección hacia el ámbito internacional de la CADHU no sólo respondía a consideraciones de estrategia sino, también, a las urgencias que planteaba el avance de la represión en la Argentina. La información que se recogía en la Argentina sobre el avance de los secuestros, las desapariciones y los asesinatos en la vía pública salía del país inicialmente a través del circuito organizado en torno a Ikonikoff. Durante el primer año de dictadura, él fue el encargado de enviar con cierta periodicidad cartas a los representantes de la CADHU en el exilio en las que recopilaba numerosos datos sobre el avance de la represión en la Argentina e informaba también sobre la cotidianidad del organismo.
La CADHU estableció representaciones en diversos países de Europa Occidental y América, entre ellas la delegación del organismo en México, encabezada por el abogado Carlos González Gartland, quien desarrolló su militancia en la CADHU en paralelo a su participación en el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA).
Una de las actividades fundamentales asumidas por la CADHU fue la de denuncia a través de la producción y difusión de relatos del cautiverio elaborados por sobrevivientes de centros clandestinos de detención. La circulación de este tipo de documentos en el extranjero tenía como objetivo principal lograr la condena internacional de la Junta Militar por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometían en la Argentina. Estos relatos, que narran de manera detallada el horror de la represión clandestina, constituyeron un insumo clave del movimiento antidictatorial en su campaña de denuncia y, además, generaron un conocimiento temprano sobre el dispositivo represivo que sería clave en el escenario judicial de la transición democrática. Los testimonios reunidos no solo son los producidos por la CADHU sino también algunos recopilados por Gartland y reunidos en un mismo corpus.
Además, esta sección reúne diversas publicaciones de la CADHU en las que se denunciaban los crímenes de la dictadura, una de las cuales, por ejemplo causó un gran impacto en el terreno de la denuncia internacional: ""Proceso al Genocidio"". Se trata del primer informe integral sobre las violaciones a los derechos humanos en el país. Editado en Madrid gracias a las gestiones del cineasta español Elías Querejeta, el libro fue redactado por Eduardo Duhalde y Gustavo Roca, pero su insumo fundamental fue la información que integrantes y colaboradores de la CADHU habían obtenido clandestinamente en la Argentina y, luego, sacado del país por distintas vías. El informe no sólo denunció los crímenes dictatoriales como parte de un genocidio, apelando así a una figura instalada en el derecho penal internacional, sino que además acuñó la noción de “terrorismo de Estado” para describir el esquema represivo montado por la Junta Militar. También hay una multiplicidad de comunicados de denuncia de diverso tipo como los comunicados de prensa o los llamados ""Acción urgente"".
La sección cuenta además con correspondencia que da cuenta de los vínculos de la CADHU con otros organismos de derechos humanos y de las actividades e iniciativas de solidaridad que buscaban dar auxilio a las personas que huían de la persecución dictatorial así como de las intervenciones en el espacio público que consistieron fundamentalmente en movilizaciones ante las embajadas argentinas en los países del exilio ante eventos puntuales o fechas de resonancia particular, como los aniversarios del golpe de Estado.
Finalmente, hay rendiciones de egresos mensuales de la sede México de la CADHU cada uno de los cuales se encuentra acompañado por la misiva dirigida al Consejo Directivo de la CADHU en Madrid y, en algunos casos, un detalle de las líneas de acción de la delegación.

Este fondo contiene copia los cuerpos de la investigación preliminar de la Causa "Masacre de Napalpí s/juicio por la Verdad" inciada en 2014, la documentación agregada en instrucción suplementaria, las audiencias del juicio, el fallo y fundamentos de la sentencia y los informes de cumplimiento de la sentencia de la Unidad para la Ejecución de la Sentencia de la Causa "Masacre de Napalpí s/juicio por la Verdad".

La particularidad de este juicio se relaciona con la complejidad de la investigación judicial llevada adelante, que debió indagar sobre hechos ocurridos un siglo antes. En la sentencia del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia se establece que la "Masacre de Napalpí" constituyó un crimen de lesa humanidad y da como probados los hechos que se detallan a continuación: “El sábado 19 de julio de 1924, en horas de la mañana, alrededor de un centenar de policías de territorios nacionales, gendarmes y algunos civiles armados, ayudados por logística aérea, llegaron a la zona de El Aguará, ubicada en el interior de la Reducción de Indios de Napalpí, donde aproximadamente 1000 personas, compuestas por familias Moqoit, Qom y algunos peones correntinos y santiagueños, estaban realizando una huelga concentrados en tolderías, a modo de campamentos, para reclamar por las condiciones a las que estaban sometidos. Llegaron montando caballos, se establecen a una distancia cercana del campamento y desde allí dispararon con sus fusiles y carabinas, todos a la vez y a mansalva por el espacio de una hora. De forma inmediata, por el impacto de la balacera, cayeron muertos estimativamente entre cuatrocientos y quinientos integrantes de las etnias Qom y Moqoit, entre ellos niñas y niños, mujeres, algunas de ellas embarazadas, varones, ancianos y ancianas. En algunos casos, perdieron la vida varios de los componentes de una misma familia. Los/as heridos/as que quedaron en el lugar y no pudieron escapar a tiempo fueron ultimados/as de las formas más crueles posibles. Se produjeron mutilaciones, exhibiciones y entierros en fosas comunes. Los/as sobrevivientes que pudieron escapar, atravesando los cardales, soportando el hambre, la sed, el frio, debieron esconderse durante mucho tiempo para evitar ser capturados/as y asesinados/as. La perpetración de la Masacre, por su propia complejidad, requirió de la previa concepción de un plan, que supuso una exhaustiva coordinación, organización logística, distribución de roles, movilización de diversos contingentes de tropas, su traslado y concentración desde varios días antes, gran cantidad de armamento y municiones, su acampe y alimentación, además del apoyo de una avioneta que realizó por lo menos, tareas de inteligencia y observación. Tales hechos ocurrieron en el contexto de la Reducción de Indios de Napalpí, la cual fue creada por el Estado argentino bajo la dirección civil del Ministerio del Interior, con el objetivo de culminar el proceso de ocupación del territorio de las poblaciones indígenas y su sometimiento a la explotación laboral. Sus condiciones de vida eran deplorables, vivían hacinados/as, sin vestimenta apropiada, con poca comida y de mala calidad, sin atención médica ni posibilidad de escolarizarse. Allí les cobraban por los elementos de trabajo, como así, por las bolsas de algodón y un impuesto del 15% sobre la cosecha y costosos fletes para su traslado, a los pocos que se les dio la posibilidad de hacerlo, siendo el resto obligados/as a trabajar extensas jornadas para la Reducción o vecinos hacendados, pagándoles con vales. Asimismo, fue decretada su prohibición de salir del territorio y no podían elegir dónde y para quien trabajar. Las mujeres indígenas trabajaban intensamente y sin remuneración, eran frecuentes los abusos, es decir, en condiciones análogas a la esclavitud. Todo ello dio lugar a la protesta y reunión de alrededor de mil indígenas en la zona de El Aguará, en el interior de la Reducción, donde luego ocurrió el ataque. Una vez producida la masacre, desde el Estado se llevó adelante una estrategia de construcción de una historia oficial, a los fines de negar y encubrir la matanza, siendo presentados los hechos como un supuesto enfrentamiento entre las etnias y posterior desbande, que habría tenido como consecuencia la muerte de cuatro indígenas, uno de ellos el importante dirigente Pedro Maidana. La prensa oficialista reprodujo la versión brindada por los oficiales policiales y los funcionarios del gobierno del territorio, que luego avaló la justicia local, en un proceso en el que declararon solo los efectivos y civiles que participaron de la agresión, pero ningún indígena. En paralelo, el oficialismo en el Congreso de la Nación obstruyó la conformación de una Comisión Investigadora, a pesar de las aberrantes denuncias que se conocían y la existencia de testigos calificados que podían narrar aquella barbarie. La masacre provocó graves consecuencias en los sobrevivientes y en sus descendientes. Producto de ello y de una sistemática opresión, las generaciones posteriores de los pueblos Moqoit y Qom sufrieron el trauma del terror, el desarraigo, la pérdida de su lengua y su cultura”.

En los cuerpos de la investigación preliminar, en términos generales, se encuentran documentos jurídicos propios del desarrollo de la investigación judicial y del juicio, tales como requerimientos de la fiscalía, dictámenes del juzgado, ofrecimientos de prueba, entre otros. Además estos cuerpos contienen testimonios producidos en las dos etapas de la investigación, en instrucción y durante las audiencias orales del juicio así como también se incluyen las copias de libros, informes, artículos académicos y periodísticos y otro tipo de producción académica y no académica. Asimismo, se encuentran unidades documentales que fueron incorporadas directamente o como anexos de informes institucionales, tales como expedientes del Ministerio del Interior aportados por el Archivo General de la Nación, fotografías de relevancia pertenecientes a museos o archivos locales o extranjeros, y decretos y leyes publicadas en el Boletín Oficial de la República Argentina. Cabe señalar también que, además de los cuerpos creados a partir del 2014 el fondo también contiene copia de los dos cuerpos del expediente iniciado en 1924. La organización y contenido de la documentación responde, en gran medida, a las decisiones y estrategias de la Unidad Fiscal.

Esta serie reúne documentos recopilados por Guillermo Bernasconi, la mayor parte de los cuales fueron obtenidos en el Comando I Cuerpo del Ejército Argentino en 1982 cuando Bernasconi cumplía el Servicio Militar Obligatorio. Hay partes de inteligencia; documentos con fotos de distintitas personas tipo prontuario, de las que se consignaba nombre y apodo; notas entre miembros del Ejército con el objeto de enviar información sobre personas y documentos adjuntos de secuestrados; copias de documentos pertenecientes a organizaciones como Montoneros, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Partido Comunista, Partido Obrero, Partido Comunista Revolucionario, entre otras; y documentos vinculados con el terrorismo de Estado en Chile. Muchos de los documentos, por la forma en que fueron obtenidos, se encuentran incompletos y poseen numeraciones dadas probablemente por el Ejército al incluirlos como anexos en partes de inteligencia o expedientes de documentación tomada en secuestros y allanamientos. Un alto porcentaje de la documentación tiene también sellos que indican "Secreto" o "Estrictamente secreto y confidencial". Adicionalmente, hay algunas publicaciones como un ejemplar de "Síntesis de prensa" en la que el Ejército analiza los principales titulares de tapa de diferentes medios gráficos de agosto de 1982 y el libro "Fichas de instrucción".

Esta serie reúne denuncias de detenciones y desapariciones de personas por parte de la dictadura cívico-militar argentina realizadas por el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA), como parte de sus actividades centrales.

Esta serie reúne diecisiete declaraciones realizadas por el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA), las cuales comparten, en muchos casos, el carácter de denuncia que tiene la serie "Denuncias realizadas por e COSPA". A través de estas declaraciones el COSPA sienta posición respecto de los actos de represión y violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura cívico-militar argentina desde el contexto del exilio en la ciudad de México D.F., así como también de su accionar sobre temas de soberanía nacional como los casos de las Islas Malvinas y del Canal de Beagle. En algunos casos, por medio de estas declaraciones, el COSPA reclama la intervención de organismos internacionales a fin de que se manifiesten contra estos hechos.

Cuerpo 2 de la Causa "Masacre de Napalpí s/juicio por la Verdad" el cual contiene los siguientes documentos:

1. Declaración testimonial de Pedro Solans.
2. Nota con medidas de la Unidad Fiscal entre las que se mencionan:
   • Oficio al Archivo Histórico de la Provincia del Chaco solicitando Expediente Administrativo Número 403 e Informe del Gobernador del Territorio Fernando Centeno dirigida al Ministro de Interior Vicente Gallo (Libro Número 63).
   • Oficio al Ministerio del Interior de la Nación pidiendo copias de Memoria del Ministerio de 1923-1924; Informes de la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios de 1911 a 1930; Expediente Administrativo Número 403 Letra R de 5 de agosto de 1924 de la Jefatura de Policía de Territorio del Chaco; Informe de Reducción de Indios de Napalpí de Enrique Lynch Arribálzaga de 1914 y otros similares remitidos por los encargados de la reducción hasta 1925; legajos del Gobernador Fernando Centeno y del Secretario Pedro Outes y de los agentes de policía: Diego Ulibarrie, Roberto Sáenz Loza, Pedro Antonio Kaminsky, Sargento Carlos Toro, Julio Gómez de la Fuente, Vicente Attis y Remigio Muñoz.
   • Solicitud al Congreso de la Nación copias de Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de julio a septiembre de 1924 y nota al presidente de la - Cámara del inspector de Territorios Nacionales Juan Elordi
   • Oficio a La Voz del Chaco para pedir notas del 31 de diciembre de 1923 y varias más.
   • Oficio al diario La Razón para solicitar ejemplares del 26 de agosto de 1924.
   • Oficio al Museo de Medios de la provincia de Chaco para pedir copias de ejemplares de La Voz del Chaco y El Colono de Resistencia de junio a agosto de 1924
   • Oficio al Archivo Histórico de Corrientes para pedirle copias del diario El Heraldo del Norte, edición especial del 27 de junio de 1925, número 625
   • Oficio al Museo del Hombre Chaqueño para requerir préstamo de expediente administrativo Número 403 Letra R, de 5 de agosto de 1924.
   • Oficio al Gobernador del Chaco para solicitar legajos del ex gobernador Fernando Centeno y ex secretario Pedro Outes
   • Oficio al Ministerio de Defensa de la Nación para solicitar legajos de agentes de policía: Diego Ulibarrie, Roberto Sáenz Loza, Pedro Antonio Kaminsky, Sargento Carlos Toro, Julio Gómez de la Fuente, Vicente Attis y Remigio Muñoz. Y legajo de Emilio Esquivel, sargento del Ejército de Aviación que ejerció funciones en Aero Club Chaco de Resistencia en 1924.
     Oficio al Superior Tribunal de Chaco para solicitar legajos de funcionarios: Juan Sessariego, Benito Palamedi, Jerónimo Cello. Y Solicitan en préstamo el Expediente Número 910/24
   • Oficio al Aero Club Chaco para requerir informe de comisión directiva, aeronaves y personal en 1924. Informe sobre la trayectoria allí de Emilio Esquivel y Juan Browis. Y sobre la aeronave Biplano biplaza Curtis JN90HO Resistencia II.
   • Oficio al Museo de Ciencias Naturales de La Plata, requiriendo informe sobre documentación, objetos y material óseo de etnias vinculadas a Napalpí. Y copia de un informe del antropólogo Roberto Lehman Nietsche.
3. Testimonio de Sabino Yrigoyen, hijo de Melitona Enrique.
4. Testimonio de Mario Yrigoyen, hijo de Melitona Enrique.
   5.Testimonio de Carmen Rosa Delgado, hija de Rosa Chará.
5. Oficio Número 1024/14 al diario La Voz del Chaco
6. Oficio Número 1026 a Museo de Medios de Chaco
7. Respuesta del Museo de Medios Chaco
8. Respuesta del Archivo Histórico de la Provincia de Corrientes
9. Nota de la Unidad Fiscal.
10. Orden de oficio al Archivo Histórico de la Provincia del Chaco
11. Respuesta de Clarín / La Razón
12. Oficio Número 1025 al Diario La Razón
13. Respuesta del Aero Club Chaco a Oficio Número 1032.
14. Partida de nacimiento de Carme Rosa Delgado
15. Partida de nacimiento de Mario Yrigoyen
16. Partida de nacimiento de Sabino Yrigoyen
17. Respuesta del Archivo Histórico “Monseñor José Alumni”. Copia de 19 archivos digitalizados, entr ellos:
    • Copia de Nota de la Reducción Napalpí al Jefe de Policía del Territorio Nacional del Chaco, de fecha 26 de julio de 1924
    • Copia de Nota sobre “Detalle de Mercaderías” provistas al personal de Tropa y Policía Montada en la Reducción Napalpí desde el 16 de mayo al 12 de Julio
    • Copia de Nota de la Reducción Napalpí al Jefe de Policía de fecha 26 de julio de 1924
    • Copia de Nota del Comisario de Quitilipi de fecha 20 de agosto de 1924
    • Copia del Listado de tropa a cargo del Sargento Alejandro Verón
    • Copia del Listado del Personal de Gendarmería y Armamento
    • Copia del Informe del Comisario de Quitilipi
    • Copia del Informe del Interventor del Territorio Nacional del Chaco
18. Respuesta de Ministerio de Defensa de la Nación
19. Oficio Número 1030 al Ministerio de Defensa de la Nación
20. Respuesta del Ejército Argentino. Dirección de Asuntos Humanitarios y Políticas de Género
21. Memorándum de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
22. Nota al Ministerio de Defensa
23. Respuesta del Ministerio de Defensa
24. Respuesta del Ejército Argentino. Dirección de Asuntos Humanitarios y Políticas de Género
25. Respuesta del Ejército Argentino. Dirección de Personal Militar
26. Respuesta del Ejército Argentino. Archivo General del Ejército.
27. Respuesta del Ministerio de Defensa
28. Respuesta del Ministerio de Interior y Transporte (Detalle de documentación hallada y remitida; Explicación y listado de expedientes y memorias; Punteo de hallazgo realizado por Mariana Nazar; Copias adjuntas en 1 CD con Memorias del Ministerio de Interior 1923-1924); Copias adjuntas en 1 CD con copias de expedientes y legajos y listado síntesis de la información de las Memorias del Ministerio del Interior entre 1914 y 1940 sobre reducciones indígenas y listado de expedientes de 1914 del Ministerio de Interior sobre reducciones indígenas).
29. Material del segundo CD mencionado (Copia del Expediente Número 2.520/1924 del Ministerio del Interior; Copia del Expediente Número 3.776/1924 del Ministerio del Interior; Copia del Expediente Número 13.718/1914 del Ministerio del Interior; Copia del Legajo y Foja de Servicios del Oficial Roberto Sáenz Loza; Copia del Legajo y Foja de Servicios del Oficial Vicente Attis; Copia del Legajo y Foja de Servicios del Oficial Diego Tomas Ulibarrie; Memorias del Ministerio del Interior 1923-1924 que incluye informe del Departamento Nacional del Trabajo).
30. Nota de la Unidad Fiscal. Agregan contestaciones de oficio remitidos al Ministerio de Defensa de la Nación y listado de expedientes del Ministerio de Interior de la Nación de 2014
31. Respuesta de la Biblioteca del Congreso de la Nación
32. Oficio a la Biblioteca del Congreso de la Nación
33. Documentación del Congreso de la Nación (Copia del Libro de “Sesiones de la Cámara de diputados de la Nación” correspondientes a los años 1921 a 1925: 25 de julio de 1924, 3-4; 30 de julio de 1924, 50-58; 20 de agosto de 1924, 398-399; 27 de agosto de 1924, 1-2, 727-739; 3 de septiembre de 1924, 146-147, 188-190; 4 de septiembre de 1924, 191-192, 224-225, 294-332; 11 de septiembre de 1924, 337-338, 375-377, 420-464; 30 de septiembre de 1924, 916-918, 954-956, 966-972; 11 de septiembre de 1924, 362-364).
34. Artículo académico de Marcelo Musante, “Las reducciones estatales indígenas. ¿Espacios concentracionarios o avance del proyecto civilizatorio?
35. Artículo académico de Marcelo Musante: “El discurso como herramienta de un proceso social genocida”
36. Nota de la Unidad Fiscal: Agregado de copia de notas libradas al Ministerio de Interior y un CD con contenido solicitado en Oficio Número 1022 (el CD mencionado se detalla en el Cuerpo 3); Agregado de contestaciones a oficios remitidos al Ministerio del Interior y Transporte)

Esta serie reúne ciento cincuenta y cinco cartas, en su mayoría, enviadas por el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA) en el marco del cumplimiento de sus funciones, misiones y actividades. Los destinatarios de los intercambios epistolares son, en general, organizaciones de derechos humanos como la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU), el Comité Mexicano de Solidaridad con el Pueblo Boliviano, el Comité de Solidaridad con el Pueblo de Nicaragua, entre otras, y con organizaciones políticas como el Partido Comunista Chileno y el Comité Político de la Izquierda Chilena en México. Además, hay cartas dirigidas a organismos internacionales como la Organización para las Naciones Unidas (ONU); el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); la Comisión Internacional de Juristas, o The International League for Human Rights, así como con diferentes embajadas en las que el COSPA denuncia la desaparición o asesinato de distintas personas así como advierte el riesgo que corren otras y la necesidad de tomar medidas urgentes. A través de esta correspondencia, gran parte de la cual se encuentra firmada por Carlos González Gartland como Secretario de Relaciones Internacionales, el Comité expone sus posturas, declaraciones y líneas de acción a seguir, buscando al mismo tiempo tender lazos para la denuncia de violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura cívico-militar argentina y para atender a la situación de los refugiados y exiliados políticos argentinos. Hay también algunas cartas enviadas al interno del Comité entre las diferentes secretarías que lo integraban. Entre la correspondencia recibida, que es minoritaria, se encuentran algunas misivas dirigidas a Casa Argentina de familiares de detenidos desaparecidos buscando apoyo y solidaridad para dar con su paradero así como a Madres de Plaza de Mayo.