Informe de hechos delictivos cometidos entre el 06 y el 26 de enero de 1974 vinculados con sustracción de armas de fuego y asesinatos a agentes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, secuestros de personas y colocación de explosivos. Este informe fue probablemente producido o recibido por el Comando I Cuerpo de Ejército como parte de sus actividades de inteligencia.

La colección se compone del Expediente Nº 5746 del Ministerio de Gobierno y Justicia de la Pampa, iniciado el 22 de septiembre de 1997, con el asunto “S/presentación del Sr. Marcelino Acosta s/ubicación de un expediente relacionado con la violación de DDHH en nuestra provincia”. Marcelino Acosta le escribe al Representante del Consejo Federal de La Pampa, Carlos Mario Sánchez, Subsecretario de Justicia sobre una investigación realizada por él mismo en la que tomó testimonios en distintos lugares del país. Allí le solicita que remita esta investigación a la Subsecretaría de Derechos Humanos, ya que su contiene testimonios de represores, funcionarios de la época de la dictadura, así como de víctimas de los hechos vinculados al Terrorismo de Estado en la Provincia de la Pampa.

La colección reúne documentación perteneciente a Osvaldo Pedro Ballestrini, quien fue personal del Servicio de Inteligencia del Ejército Argentino Cuerpo V entre la década de 1970 y hasta su muerte en 1987 bajo el nombre de Omar Pascual Bosich. Entre los documentos se pueden encontrar recibos de haberes del Ejército Argentino, algunos con nombre real y otros con el de cobertura. Según el informe de la Coordinación de Investigaciones Históricas resulta relevante resaltar que si bien Tadey informó que Ballestrini había muerto en 1987, hay un recibo de haberes a nombre de Bosich Omar Pascual con fecha del 31 de enero de 1989. Otros documentos que forman parte de la colección son pasajes de avión a su nombre por viajes a América del Sur y a Madrid, así como recibos de hoteles en los que se hospedó y de servicios de comunicaciones y correo. Otros documentos son cartas personales escritas desde la Estancia Santa Catalina en Paraguay, país al que se habrían ido en 1976 estando Silvia embarazada. También forman parte de la colección un pasaporte argentino, un permiso internacional para conducir, una visa de negocios, una credencial de periodista profesional y una credencial de corresponsal del diario El Día como reportero gráfico a nombre de Osvaldo Pedro Ballestrini, además de una libreta sanitaria otorgada a Ballestrini y Raúl Ricardo Fernández por el Servicio Nacional de Sanidad Animal de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería por la tenencia de 271 hectáreas en Junín (San Luis). En el caso del pasaporte, tramitado el 23 de abril de 1980, se registran viajes entre ese año y 1982.
Por otro lado, hay dos contratos de arrendamiento de hectáreas a nombre de Ballestrini y Fernanández entre 1985 y 1986 en San Luis. Asimismo se puede encontrar documentación del Banco de la Provincia de San Luis también a nombre de ambos. Hay además, algunos volantes vinculados a la Iglesia Católica sobre la contrasubversión y la detención de sacerdotes considerados guerrilleros y otros relacionados a movimientos peronistas, entre los que se encuentra un ejemplar de Cuadernos de El Combatiente 2, a cinco años de la muerte de Mario Roberto Santucho.
También hay algunos apuntes de causas, por ejemplo de la causa "Armelín, Juana María s/ Habeas Corpus Expte. 158/82" quien fuera detenida el 23 de febrero de 1978 por un operativo realizado por personal del regimiento de Villa Martelli, escapándose su marido José Ignacio Ríos. Otros de los apuntes es sobre la causa 4340 de Julio Miguel Municoy, médico voluntario en Malvinas que había recibido amenazas, y uno último que trata sobre la causa 1291 s/ Habeas Corpus de Graciela Irene Quesada Ayub, detenida el 17 de marzo de 1977 y vista por última vez en diciembre de ese año. Otro de los documentos que integran la colección es un informe del Batallón de Inteligencia 601 con asunto "Actualidad de la IV Internacional".
Finalmente, hay también una fotografía en soporte papel blanco y negro de Ballestrini junto a Raúl Ricardo Fernández.
Si bien el informe de la Coordinación de Investigaciones Históricas realizado en 2012 menciona una fotografía de Diana Lewinger y Apuntes sobre antisemitismo y racismo, al momento de realizar la presente descripción, los mismos no se hallaban en la caja. Por otra parte, este informe también detalla otra documentación no inventariada por esa Coordinación pero que se encontraba mencionada en un borrador así como documentos vinculados con este tema pertenecientes a otros fondos y colecciones del Archivo Nacional de la Memoria. Este informe de la Coordinación de Investigaciones Históricas, un resumen del testimonio de Silvia Tadey de 2003 y algunas fotocopias de fotos de Ballestrini, forman también parte de esta colección.

La colección reúne informes elaborados por la Cruz Roja Internacional sobre las visitas a las cárceles en la que se encontraban los detenidos y detenidas por razones políticas durante la dictadura cívico-militar de 1976- 1983 en Argentina.

El fondo refleja la actividad solidaria y de denuncia que desarrolló Alicia Raquel Puchulu de Drangosch, quien debió exiliarse del país junto con una de sus hijas y sus nietos como consecuencia de la persecución y desaparición de varios familiares (sus hijos Adriana y Hugo Ricardo Drangosch y sus yernos Mario Rodríguez, Arnaldo del Valle Moyano y Samuel Leonardo Slutzky) durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina, el allanamiento de los domicilios de sus hijas Raquel Herminia Drangosch y Susana Drangosch, y con el objetivo de garantizar su seguridad y la de su familia. Gracias a la colaboración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se asiló primero en Brasil y luego viajó a Holanda donde permaneció varios años. Durante su estadía en Holanda fundó y presidió la Comisión de Solidaridad con Familiares de Desaparecidos en Argentina (COSOFAM) cuyo objetivo fue la promoción y realización de acciones de solidaridad y apoyo a las víctimas del terrorismo de Estado tanto en Argentina como en América Latina. Esta tarea fue realizada en constante colaboración con otros organismos de Derechos Humanos. Durante su exilio en Europa, Alicia también fue representante de Madres de Plaza de Mayo.
En este sentido, el fondo reúne documentos tales como fotografías, correspondencia entre las distintas instituciones que desde el exilio realizaron acciones a favor de los desaparecidos, denuncias, testimonios de detenidos en Centros Clandestinos de Detención Tortura y Exterminio, listados de detenidos-desaparecidos, publicaciones relativas a la lucha por los derechos humanos, boletines, comunicados de prensa, declaraciones, informes, folletos, invitaciones, y una gran cantidad de afiches que formaron parte de la campaña gráfica desde el exilio de denuncia del terrorismo de estado en Argentina y América Latina.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) fue creada por el presidente Raúl Alfonsín a través del decreto Nº 187 del 15 de diciembre de 1983. Contra la propuesta esbozada por la mayoría de los organismos de derechos humanos, que reclamaban la creación de una Comisión bicameral para la investigación de los crímenes de la última dictadura (1976-1983), el titular del Poder Ejecutivo optó por una Comisión de “notables” compuesta por personalidades destacadas de la vida política, cultural y religiosa argentina, presidida por el escritor Ernesto Sábato. Sus otros integrantes fueron Magadalena Ruiz Guiñazú, Ricardo Colombres, René Favaloro –quien renunció poco después–, Hilario Fernández Long, Carlos Gattinoni, Gregorio Klimovsky, Marshall Meyer, Mons. Jaime F. de Nevares, Eduardo Rabossi, Santiago López, Hugo Piucill, Horacio Huarte, Graciela Fernández Meijide, Daniel Salvador, Raúl Aragón, Alberto Mansur y Leopoldo Silgueira.
El objetivo de la CONADEP, que inicialmente funcionaría por seis meses, era recibir denuncias y pruebas sobre los secuestros y desapariciones perpetrados durante la dictadura para remitirlas a la Justicia, investigar cuál había sido el destino de los desaparecidos y desaparecidas y determinar el paradero de los niños y niñas apropiados en el marco del terrorismo de Estado. Además, debía denunciar cualquier intento de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad por destruir evidencia de los crímenes de la represión. Todos los datos recabados durante las labores investigativas serían recopilados en un informe final que se pondría en manos del presidente de la Nación. La entrega se efectivizó el 20 de septiembre de 1984, luego de extenderse por tres meses el plazo establecido originalmente para el funcionamiento de la CONADEP, en un acto que tuvo lugar en la casa de gobierno. Dos meses después, el informe fue publicado bajo el título Nunca más por la editorial universitaria EUDEBA, convirtiéndose en un éxito de ventas.
Las tareas de la Comisión se desarrollaron en un clima cargado de tensión por la reticencia de los integrantes de la Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad a que se llevara adelante una revisión de su actividad represiva durante los años de dictadura. A pesar de ello, y de las dificultades que planteaba la recopilación de información en las zonas alejadas de los grandes centros urbanos, la CONADEP logró registrar 8.960 casos de desaparición forzada y comprobar, a través de inspecciones oculares con sobrevivientes, la existencia de unos 340 centros clandestinos de detención, la mayoría ubicados en dependencias policiales y militares todavía en funcionamiento.
La información recopilada por la Comisión dejó en evidencia que, lejos de constituir “excesos” aislados, los secuestros, las torturas, las desapariciones y los asesinatos habían formado parte de un plan sistemático organizado desde las más altas jerarquías de las Fuerzas Armadas. Esta constatación fue clave para lograr la condena de los integrantes de las tres primeras Juntas Militares en el denominado Juicio a las Juntas, realizado entre abril y diciembre de 1985. La importante circulación pública del Nunca más, por otra parte, fue central para la conformación de una primera memoria pública sobre los crímenes de la dictadura argentina.
El subfondo CONADEP, perteneciente al Fondo Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dado el traspaso de funciones a este organismo el cual continuó gestionando, interviniendo y modificando los documentos, se compone de distinto tipo de documentación que refleja la actividad realizada por la Comisión en el marco de sus labores investigativas. Incluye, en primer lugar, los legajos constituidos a partir de formularios que recogían las denuncias de familiares, sobrevivientes o testigos ocasionales de acciones represivas. Estos formularios incorporaban información diversa como ser el nombre y apellido de la víctima, su fecha de nacimiento, documento de identidad, profesión o trabajo, lugar de estudio o trabajo, domicilio, estado civil, número de hijos y edad; fecha, hora y lugar del secuestro, descripción del hecho, mención a testigos si los hubiese y de los posibles responsables; las gestiones realizadas por los familiares y allegados de las víctimas, las respuestas obtenidas ante esos requerimientos y los datos del denunciante. Este subfondo reúne además, más de dos mil fotografías tomadas por el fotógrafo Enrique Shore durante las inspecciones oculares en los centros clandestinos de detención (CCD) así como las actas elaboradas a partir de esas inspecciones junto a un vasto relevamiento documental hecho por la Comisión sobre los CCD. Por otra parte, el fondo contiene también las actas de las reuniones que realizó la CONADEP en el transcurso de su investigación así como las del Comité Ejecutivo, instituido el 29 de diciembre de 1983 dada la necesidad de funcionar ejecutivamente con un grupo más reducido de sus miembros. La correspondencia nacional e internacional de la Comisión también forma parte de este subfondo dando cuenta de los intercambios con organismos estatales y de la sociedad civil tanto de Argentina como de otros países.
Asimismo, se encuentran las elevaciones de denuncias a la Justicia, unos 25.000 habeas corpus que fueron elevados al Poder Judicial para determinar el paradero de personas desaparecidas entre 1975 y 1983, las respuestas de hospitales de salud mental y cementerios con listados de pacientes de hospitales y de entierros sucedidos en los cementerios entre 1976 y 1983. Hay además numerosos relevameintos documentales de dos organismos internacionales que elaboró diferentes listados e investigaciones sobre casos de violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura cívico militar. Tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reopiló y transfirió la documentación vinculada a estos hechos y, en el caso de la CIDH, aquellos informes de las observaciones in-loco que realizara en 1979, en plena dictadura, y que permitieran dar apoyo internacional a las denuncias que venían realizando los organismos de derechos humanos en el país.
Desde su creación y hasta el presente, el fondo de la CONADEP desarrolla un rol central en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, ya sea como evidencia en los juicios por los crímenes de lesa humanidad, como fuente de consulta para los ascensos de personal de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, como insumo para producciones de distinta índole orientadas a la transmisión de la memoria de los crímenes dictatoriales y para la investigación científica sobre el pasado reciente argentino.

El Plan CONINTES fue puesto en vigencia secretamente por Arturo Frondizi el 14 de noviembre de 1958, mediante el Decreto “S” Nº 9880/58 y luego de forma pública en 1960, mediante la sanción de los decretos Nº 2628/1960 y Nº2639/1960. Técnicamente el plan finalizó el 1 de agosto de 1961, con la sanción del decreto 6495/1961. En reemplazo del Plan CONINTES, fue sancionada la Ley 15.293 de Represión de las Actividades Terroristas y aprobada el 21 de julio de 1960, que establecía penas más severas que las existentes hasta entonces, tras la modificación del Código Penal.
Su objetivo fue poner fin a una serie de protestas laborales haciendo uso de la represión estatal. Es considerado un antecedente del Terrorismo de Estado debido a que durante ese periodo se ampliaron las prerrogativas dadas a las Fuerzas Armadas, autorizando la detención y enjuiciamiento de civiles bajo código militar, la instalación de un estado de guerra donde toda forma de resistencia (luchas políticas o sindicales) eran caracterizadas como accionar de fuerzas enemigas y la subordinación de las Fuerzas de Seguridad y policías provinciales a las Fuerzas Armadas, entre otras medidas.
Esta colección reúne recortes de prensa, publicaciones, listados de detenidos, testimonios, fotografías, noticieros, diarios, revistas, artículos de publicaciones periódicas, actuaciones de justicia militar, informes, legislación, libros históricos, causas judiciales, informes de inteligencia, órdenes de operaciones, reglamentos, manuales militares, debates parlamentarios, entre otros documentos producidos entre 1958 y 1962 principalmente.
En particular, copia de documentos relevados del Fondo Centro de Estudios Nacionales; debates parlamentarios, diarios de sesiones ordinarias y versiones taquigráficas de sesiones de la Cámara de Diputados; copia de legajos de la Mesa Doctrina del Fondo DIPPBA; decretos del Poder Ejecutivo Nacional; libros históricos de destacamentos de Gendarmería Nacional; acuerdos bilaterales entre el Gobierno francés y el gobierno argentino; cursos y conferencias brindados en las diferentes Escuelas de Guerra de cada Fuerza Armada, así como artículos publicados en sus revistas; cursos superiores de la Escuela de Comando y Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina; la declaración de Antonio Vañek, Almirante Retirado, ex Comandante de Operaciones Navales de 1976, en Expte. Nº 10.326/96, caratulado “Nicolaides, Cristino y otros s/ sustracción de menores”, radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7, Secretaría Nº 13, Cuerpo 19; sentencias del Consejo de Guerra; Actuaciones de Justicia Militar del Ejército Argentino; directivas, órdenes, reglamentos y manuales militares.
A su vez, copia de documentos entregados informalmente por el investigador Gabriel Périès:

• Documento N° 404, Embajada de Francia en la Argentina, 29 de marzo de 1956.
• Carta N° 614, Embajada de Francia en la Argentina, Asuntos Políticos, 11 de septiembre de 1958.
• Nota N° 961, Embajada de Francia en la Argentina. Buenos Aires, 6 de octubre de 1961.
• TTA 117 Instruction Provisoire sur L'emploi de L'arme Psychologique (1957)
• TTA 165 Instruction Provisoire pour L'emploi des Forces Armees (1959)
• Dossier “Documentation”, Plan de défense interne du Territoire (DIT), Exemplaire N° 099/250, Année 1960, École Supérieur de Guerre.
  Entrevistas realizadas en 2011 a Julio Betbeder, Manuel Gallardo, Raimundo Heredia, Víctor Reviglio, Jorge Rulli, Erasmo Sarmiento.
  Copias de diarios, periódicos y revistas: Boletín Informativo, Agencia de Informaciones Católicas (AICA), Diario Clarín, Diario Crítica, Diario Democracia, Diario La Nación, Diario La Razón, Diario Mayoría, Diario Noticias Gráficas, Revista Desarrollo Económico, Revista Panorama, Revista Que, Revista Verbo, Semanario Nuestra Palabra.
  Por último, se obtuvo también copia de la película de Pontecorvo, Gillo, La batalla de Argel. (Argelia-Italia, 1965) y el documental de Robin, Marie Monique (Francia, 2013) Escuadrones de la muerte, la escuela francesa. Respecto a esto último, se incorporaron 70 minutos de documentos inéditos que incluyen los reportajes completos inéditos realizados para el documental.

Copia de Reestructuración Orgánica del Ejército (Plano Orgánico Superior). Tarea N° 5-Plan Teniente General Riccheri. Exposición del Subjefe del Estado Mayor General del Ejército sobre el Plan de Reestructuración Orgánica del Ejército. El análisis realizado en el documento parte de retomar las consideraciones sobre la crisis orgánico funcional del Ejército planteada en la Directiva N° 32 CJE. Señala que la estructura orgánica superior consume la mayor parte de los recursos económicos en detrimento de los comandos y unidades y que es necesario comprobar constantemente la ejecución de las medidas tomadas, tarea asignada al EMGE. Se realiza un repaso histórico de las modificaciones estructurales de la fuerza desde 1900 hasta 1962 (14 reestructuraciones orgánico funcionales). Estudios y modificaciones a partir de 1954. Reestructuración 1955 con incorporación de organismos provenientes del Ministerio de Defensa y puesta en vigencia del "Manual de Doctrina Orgánica". Modificaciones propuestas por la Comisión "Gral Álvarez Spence" para el desdoblamiento de tareas de planeamiento y doctrina y las de educación e instrucción (1956). "Plan Plumerillo" (1958), no llegó a concretarse en medidas. Modificaciones de relaciones de dependencia y organismos del CJE (1959) "fueron promovidas por situaciones personales" está remarcado en lápiz y dice "NO". Plan de operaciones V y nueva doctrina de conducción (1960) "La solución adoptada es prácticamente la que se encuentra en vigencia" está remarcado en lápiz y dice "NO". Estudios emergentes de la Directiva N° 32 hasta Plan Riccheri. Agrupamiento político administrativo: análisis de la estructura orgánica del plano superior del Ejército. Presidente es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, único responsable de la conducción operacional. Ley N° 13.234 Secretario de Guerra es responsable de la conducción política y administrativa de la fuerza. Para las operaciones terrestres el Comandante en Jefe del Ejército dependerá directamente del Presidente, para administración y gobierno del Secretario de Guerra. Ley N° 14.439 de Ministerios. Necesidad de la existencia de dos planos orgánicos, campos jurisdiccionales distintos para el Secretario de Guerra y el Comandante en Jefe del Ejército. Tareas político administrativas que dependen del Secretario de Guerra están vinculadas a: política nacional e internacional, gobierno y relaciones públicas, administración de fondos, de personal y de justicia. Agrupamiento operacional: Organización de Paz del Ejército. Deficiencias: estructura centralizada, burocratizada y descoordinada. La reestructuración del CJE debe atender a la delegación de autoridad, fijación clara de responsabilidades y fácil coordinación de los entes que la integran. Solución "excluyente" con esquema de Alta Conducción. Solución "incluyente" con esquema de Conducción y Comprobación. Se detalla situación de los siguientes aspectos: Personal, Informaciones, Operaciones (en particular Instrucción), Logística, Territorial. Análisis del proceso de conducción: concepción y ejecución. Análisis de las exigencias de la estrategia. Se recomienda la solución "Incluyente" detallándola. Se presentan las limitaciones a la solución "ideal" propuesta por el Departamento III Operaciones. Proposiciones del EMGE de acuerdo a la intención del CJE: Organización de Paz (Relaciones de dependencia 1963), misiones generales y objetivos de la Reestructuración. Anexo 1: Reestructuración Orgánica del Plano Superior del Ejército. Calendario de tareas. Anexo 2: Evolución de la estructura orgánica superior del Ejército 1900-1962 (en el documento se aclara que el año correcto es 1960). Anexo 3: Reestructuración de la Organización de Paz. estudios realizados y modificaciones importantes decididas en el lapso 29 nov 54 - 1 ago 62. Anexo 4: Imposiciones en materia orgánica de la Directiva N°32 del Comandante en Jefe del Ejército. Anexo 5: Atribuciones legales del SG y CJE. Anexo 6: Estructura Orgánica del Agrupamiento político administrativo. Anexo 7: Organización de Paz del Ejército- Relaciones de Dependencia año 1962. Anexo 8: Soluciones posible "Incluyente"- "Excluyente". Anexo 9: Régimen funcional actual. Personal. Anexo 9a: procedimiento actual de nombramientos y pases. Anexo 10: Régimen funcional actual. Informaciones. Anexo 11: Régimen funcional actual. Instrucción. Anexo 12: Régimen funcional actual. Logística. Anexo 13: Régimen funcional actual. Territorial. Anexo 14: Cuadro Resumen de las Funciones Esenciales de la Conducción. principios, funciones y vicios. Anexo 15: Análisis del proceso actual de la conducción. Anexo 16: Simplificación orgánica. Comando en Jefe del Ejército resultante. Anexo 17: Memorandum producido por el asesor jurídico general del Ejército Coronel Auditor José Abarca y dirigido al Jefe del EMGE, emite opinión sobre conducción (1960 julio 20). Anexo 18: Régimen funcional del Personal. Anexo 19: Régimen funcional de Informaciones. Anexo 20: Régimen funcional de la Instrucción (Incl. Org. y doctrina). Anexo 21: Doctrina Orgánica Logística (EE.UU.). Anexo 21a: Régimen funcional Logístico. Anexo 22: Régimen funcional Territorial. Anexo 23: Organización de Paz del Ejército. Relaciones de Dependencia Año 1963.

Copia de la respuesta elaborada por la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires ante la solicitud realizada por Celia Jinkis de Korsunsky vinculada a su hijo Eduardo Sergio Korsunsky en base al Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.