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La colección está conformada por documentos y objetos reunidos por la Cámara Federal en lo Penal de la Nación (CFPN), conocida como Camarón o Cámara del Terror. La CFPN fue creada en mayo de 1971, durante la dictadura del general Alejando Agustín Lanusse, por el Decreto Ley 19.053. Esta normativa derogaba la Ley 18.670, aprobada en abril de 1970 por el régimen de facto encabezado por el general Juan Carlos Onganía, que establecía la instancia única y el procedimiento oral para una serie de delitos de competencia federal, para los que se cometieran en zonas de emergencia, contra establecimientos o instalaciones de utilidad nacional y/o para provocar alzamientos o resistencia a la autoridad y, finalmente, para los que tuvieran lugar en ocasión de huelgas, paros u otras medidas de fuerza. El objetivo de la CFPN, que se proponía agilizar los tiempos de la justicia ordinaria, era ""juzgar en instancia única y juicio oral todos los delitos de índole federal que se cometan en el territorio nacional y lesionen o tiendan a vulnerar básicos principios de nuestra organización constitucional o la seguridad de las instituciones del Estado”. Este tribunal especial, según establecía el decreto ley que le dio origen, tenía competencia sobre delitos tipificados en el Código Penal y en el Código de Justicia Militar, incluyendo tanto aquellos “previstos en la ley de represión de actividades comunistas N° 17.401"" como los casos de muerte o lesiones contra miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, siempre que no correspondiera la intervención de Tribunales Militares. También tenía injerencia cuando se trataba de delitos cometidos contra personal de las Policías Provinciales actuantes bajo órdenes de autoridades nacionales. La actividad de la CFPN se extendió hasta el 26 de mayo de 1973, cuando el gobierno democrático de Héctor Cámpora promulgó la ley 20.510 que la disolvía.
En su totalidad los documentos y objetos que contiene la colección son confiscaciones que la CFPN realizó a militantes populares considerados subversivos. Entre ellos podemos encontrar publicaciones periódicas de organizaciones políticas argentinas de la época, pronunciamientos sobre la Masacre de Trelew, folletos, boletines, informes, apuntes, afiches, banderas, armas caseras, objetos (miguelitos, mimeógrafos, baldosa conmemorativa, disco metálico con inscripciones de organizaciones), documentos de personas detenidas y sus familiares (carnet, cartas). Hay también, cartillas de instrucción militar y entrenamiento físico, escrituras de inmuebles, relatos de torturas, libretas de direcciones, listas de militares para ser ascendidos, entre otros.
Los documentos impresos pertenecientes al fondo dan cuenta de un amplio abanico de posiciones ideológicas de los diferentes frentes y organizaciones políticas, movimientos sociales, estudiantiles, sindicales barriales, eclesiales y profesionales de la época.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) fue creada por el presidente Raúl Alfonsín a través del decreto Nº 187 del 15 de diciembre de 1983. Contra la propuesta esbozada por la mayoría de los organismos de derechos humanos, que reclamaban la creación de una Comisión bicameral para la investigación de los crímenes de la última dictadura (1976-1983), el titular del Poder Ejecutivo optó por una Comisión de “notables” compuesta por personalidades destacadas de la vida política, cultural y religiosa argentina, presidida por el escritor Ernesto Sábato. Sus otros integrantes fueron Magadalena Ruiz Guiñazú, Ricardo Colombres, René Favaloro –quien renunció poco después–, Hilario Fernández Long, Carlos Gattinoni, Gregorio Klimovsky, Marshall Meyer, Mons. Jaime F. de Nevares, Eduardo Rabossi, Santiago López, Hugo Piucill, Horacio Huarte, Graciela Fernández Meijide, Daniel Salvador, Raúl Aragón, Alberto Mansur y Leopoldo Silgueira.
El objetivo de la CONADEP, que inicialmente funcionaría por seis meses, era recibir denuncias y pruebas sobre los secuestros y desapariciones perpetrados durante la dictadura para remitirlas a la Justicia, investigar cuál había sido el destino de los desaparecidos y desaparecidas y determinar el paradero de los niños y niñas apropiados en el marco del terrorismo de Estado. Además, debía denunciar cualquier intento de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad por destruir evidencia de los crímenes de la represión. Todos los datos recabados durante las labores investigativas serían recopilados en un informe final que se pondría en manos del presidente de la Nación. La entrega se efectivizó el 20 de septiembre de 1984, luego de extenderse por tres meses el plazo establecido originalmente para el funcionamiento de la CONADEP, en un acto que tuvo lugar en la casa de gobierno. Dos meses después, el informe fue publicado bajo el título Nunca más por la editorial universitaria EUDEBA, convirtiéndose en un éxito de ventas.
Las tareas de la Comisión se desarrollaron en un clima cargado de tensión por la reticencia de los integrantes de la Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad a que se llevara adelante una revisión de su actividad represiva durante los años de dictadura. A pesar de ello, y de las dificultades que planteaba la recopilación de información en las zonas alejadas de los grandes centros urbanos, la CONADEP logró registrar 8.960 casos de desaparición forzada y comprobar, a través de inspecciones oculares con sobrevivientes, la existencia de unos 340 centros clandestinos de detención, la mayoría ubicados en dependencias policiales y militares todavía en funcionamiento.
La información recopilada por la Comisión dejó en evidencia que, lejos de constituir “excesos” aislados, los secuestros, las torturas, las desapariciones y los asesinatos habían formado parte de un plan sistemático organizado desde las más altas jerarquías de las Fuerzas Armadas. Esta constatación fue clave para lograr la condena de los integrantes de las tres primeras Juntas Militares en el denominado Juicio a las Juntas, realizado entre abril y diciembre de 1985. La importante circulación pública del Nunca más, por otra parte, fue central para la conformación de una primera memoria pública sobre los crímenes de la dictadura argentina.
El subfondo CONADEP, perteneciente al Fondo Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dado el traspaso de funciones a este organismo el cual continuó gestionando, interviniendo y modificando los documentos, se compone de distinto tipo de documentación que refleja la actividad realizada por la Comisión en el marco de sus labores investigativas. Incluye, en primer lugar, los legajos constituidos a partir de formularios que recogían las denuncias de familiares, sobrevivientes o testigos ocasionales de acciones represivas. Estos formularios incorporaban información diversa como ser el nombre y apellido de la víctima, su fecha de nacimiento, documento de identidad, profesión o trabajo, lugar de estudio o trabajo, domicilio, estado civil, número de hijos y edad; fecha, hora y lugar del secuestro, descripción del hecho, mención a testigos si los hubiese y de los posibles responsables; las gestiones realizadas por los familiares y allegados de las víctimas, las respuestas obtenidas ante esos requerimientos y los datos del denunciante. Este subfondo reúne además, más de dos mil fotografías tomadas por el fotógrafo Enrique Shore durante las inspecciones oculares en los centros clandestinos de detención (CCD) así como las actas elaboradas a partir de esas inspecciones junto a un vasto relevamiento documental hecho por la Comisión sobre los CCD. Por otra parte, el fondo contiene también las actas de las reuniones que realizó la CONADEP en el transcurso de su investigación así como las del Comité Ejecutivo, instituido el 29 de diciembre de 1983 dada la necesidad de funcionar ejecutivamente con un grupo más reducido de sus miembros. La correspondencia nacional e internacional de la Comisión también forma parte de este subfondo dando cuenta de los intercambios con organismos estatales y de la sociedad civil tanto de Argentina como de otros países.
Asimismo, se encuentran las elevaciones de denuncias a la Justicia, unos 25.000 habeas corpus que fueron elevados al Poder Judicial para determinar el paradero de personas desaparecidas entre 1975 y 1983, las respuestas de hospitales de salud mental y cementerios con listados de pacientes de hospitales y de entierros sucedidos en los cementerios entre 1976 y 1983. Hay además numerosos relevameintos documentales de dos organismos internacionales que elaboró diferentes listados e investigaciones sobre casos de violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura cívico militar. Tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reopiló y transfirió la documentación vinculada a estos hechos y, en el caso de la CIDH, aquellos informes de las observaciones in-loco que realizara en 1979, en plena dictadura, y que permitieran dar apoyo internacional a las denuncias que venían realizando los organismos de derechos humanos en el país.
Desde su creación y hasta el presente, el fondo de la CONADEP desarrolla un rol central en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, ya sea como evidencia en los juicios por los crímenes de lesa humanidad, como fuente de consulta para los ascensos de personal de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, como insumo para producciones de distinta índole orientadas a la transmisión de la memoria de los crímenes dictatoriales y para la investigación científica sobre el pasado reciente argentino.

La colección reúne documentación recopilada por Santiago Mellibovsky, padre de Graciela Mellibovsky desaparecida en 1976, vinculada a personas detenidas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. Principalmente, consiste en 7 biblioratos que conforman el álbum de fotografías de personas detenidas desaparecidas elaborado a partir de un acuerdo entre la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Las fotos que componen el álbum son más de 3.000 copias en soporte papel, digitalizadas o reprografiadas por Santiago Mellibosky quien realizara esta tarea ad honorem. El tamaño de las fotos es de 6 x 9 cm., fueron hechas en blanco y negro y poseen un epígrafe con el nombre de la persona, número de legajo de la CONADEP y el número de bobina del negativo. Los biblioratos ordenan las fotografías según la fecha de desaparición forzada de las personas. Además, se incluyen los negativos 35 mm de esas fotografías. Adicionalmente, se encuentran algunos documentos vinculados con ese acuerdo entre las instituciones como por ejemplo una copia del acta firmada por Eduardo Rabossi, Subsecretario de Derechos Humanos, y Emilio Fermín Mignone, en nombre del CELS; un memorándum y una carta que dan contexto a la elaboración de este álbum. También se incluyen dos índices de las fotografías, uno en orden alfabético según el nombre de la persona, y otro cronológico de acuerdo a la fecha de desaparición forzada.
Por otro lado, forman parte de esta colección, dos informes vinculados a personas de origen judío detenidas desaparecidas. Uno de ellos se titula "Informe de la Violación de los Derechos Humanos de argentinos judíos bajo el régimen militar (1976-1983)", elaborado por la Comisión de Solidaridad con Familiares de Desaparecidos en Argentina (COSOFAM) en 1999, mientras que el otro lleva el título de "Testimonio sobre la desaparición de ciento cincuenta ciudadanos Argentinos de origen Judío".

El fondo refleja la actividad solidaria y de denuncia que desarrolló Alicia Raquel Puchulu de Drangosch, quien debió exiliarse del país junto con una de sus hijas y sus nietos como consecuencia de la persecución y desaparición de varios familiares (sus hijos Adriana y Hugo Ricardo Drangosch y sus yernos Mario Rodríguez, Arnaldo del Valle Moyano y Samuel Leonardo Slutzky) durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina, el allanamiento de los domicilios de sus hijas Raquel Herminia Drangosch y Susana Drangosch, y con el objetivo de garantizar su seguridad y la de su familia. Gracias a la colaboración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se asiló primero en Brasil y luego viajó a Holanda donde permaneció varios años. Durante su estadía en Holanda fundó y presidió la Comisión de Solidaridad con Familiares de Desaparecidos en Argentina (COSOFAM) cuyo objetivo fue la promoción y realización de acciones de solidaridad y apoyo a las víctimas del terrorismo de Estado tanto en Argentina como en América Latina. Esta tarea fue realizada en constante colaboración con otros organismos de Derechos Humanos. Durante su exilio en Europa, Alicia también fue representante de Madres de Plaza de Mayo.
En este sentido, el fondo reúne documentos tales como fotografías, correspondencia entre las distintas instituciones que desde el exilio realizaron acciones a favor de los desaparecidos, denuncias, testimonios de detenidos en Centros Clandestinos de Detención Tortura y Exterminio, listados de detenidos-desaparecidos, publicaciones relativas a la lucha por los derechos humanos, boletines, comunicados de prensa, declaraciones, informes, folletos, invitaciones, y una gran cantidad de afiches que formaron parte de la campaña gráfica desde el exilio de denuncia del terrorismo de estado en Argentina y América Latina.

Sección Derechos Humanos de la publicación "Argentina día por día" con testimonio de Lisandro Raúl Cubas titulado "Los desaparecidos empiezan a hablar". Este testimonio aparece en forma de entrevista a Cubas, quien fue secuestrado y desaparecido el 20 de octubre de 1976 y, tres años más tarde, liberado, saliendo al exilio en 1979. Además del testimonio se inlcuyen otros dos artículos periodísticos:

• Artículo de Clarín titulado "Un Informe Revelador. Detenciones Clandestinas" y se trata de un informe elaborado por ocho ex detenidos del centro clandestino de detención La Cacha, redactado en un convento de San Pablo. Incluye lista de 75 personas que pasaron por La Cacha.
• Artículo de La Nación con el título "La Libertad para Subversivos" que trata sobre la sanción del Poder Ejecutivo Nacional de la Ley 22.980 con la que se deroga la ley 22.156 y se modifica los artículos 13 y 53 del Código Penal.
• Artículo de La Nación "Situación Procesal del Almirante Massera".
• Artículo de Clarín "Recurso Diplomático" sobre el Habeas corpus en favor de 27 españoles desaparecidos. Incluye el relato sobre españoles detenidos ilegalmente en distintos centros clandestinos de detención, proveniente de un escrito presentado por el ministro encargado de la sección Asuntos Consulares de la Embajada de España.
• Artículo de Clarín "Internaron a Emilio Massera", que refiere a la ausencia de Eduardo Massera en la absolución de posiciones convocada por el juez de sentencia Ricardo José Galli debido a problemas de salud.

El fondo reúne documentos producidos y recopilados por Carlos González Gartland durante sus años de exilio en México entre 1976 y 1984. González Gartland, abogado y defensor de presos políticos desde la década de 1960 y fundador de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) en 1976, partió al exilio ese mismo año tras el secuestro de otros dos compañeros fundadores de la Comisión, decisión que fue consensuada con el resto de la dirección de la CADHU cuando se debatió el destino de cada uno de sus dirigentes. Gartland había sido miembro fundador de la CADHU en Buenos Aires y, una vez en México, fue responsable de la sección mexicana. Con el retorno de la democracia, volvió del exilio en 1984 trayendo con él, los documentos que registran su actividad en la CADHU, el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA) y el Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay (SIJAU), así como sus múltiples vínculos con organizaciones de defensa de los derechos humanos en el exterior y su propia militancia de denuncia de la dictadura cívico-militar en Argentina.

Entre los documentos que forman parte del fondo se encuentran testimonios, publicaciones, rendiciones de egresos, correspondencia, comunicados que dan cuenta del accionar la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) recopilados por Carlos González Gartland en el marco del cumplimiento de sus misiones, funciones y actividades en dicha organización. La CADHU se gestó durante los meses previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, a partir de la confluencia de distintos grupos, aunque su aparición formal se produjo cuando ya había comenzado la dictadura, en abril de 1976. Una de las actividades fundamentales asumidas por la CADHU fue la de denuncia a través de la producción y difusión de relatos del cautiverio elaborados por sobrevivientes de centros clandestinos de detención. La circulación de este tipo de documentos en el extranjero tenía como objetivo principal lograr la condena internacional de la Junta Militar por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometían en la Argentina. Los testimonios reunidos no solo son los producidos por la CADHU sino también algunos recopilados por Gartland y reunidos en un mismo corpus. Además, se encuentran diversas publicaciones de la CADHU en las que se denunciaban los crímenes de la dictadura, una multiplicidad de comunicados de denuncia de diverso tipo como los comunicados de prensa o los llamados "Acción urgente" y numerosa correspondencia que da cuenta de los vínculos de la CADHU con otros organismos de derechos humanos y de las actividades e iniciativas de solidaridad que buscaban dar auxilio a las personas que huían de la persecución dictatorial así como de las intervenciones en el espacio público que consistieron fundamentalmente en movilizaciones ante las embajadas argentinas en los países del exilio ante eventos puntuales o fechas de resonancia particular, como los aniversarios del golpe de Estado. También, hay rendiciones de egresos mensuales de la sede México de la CADHU cada uno de los cuales se encuentra acompañado por la misiva dirigida al Consejo Directivo de la CADHU en Madrid y, en algunos casos, un detalle de las líneas de acción de la delegación. Además, Gartland preservó algunas certificaciones expedidas por la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) y firmadas en su mayoría por el mismo como Consejero Directivo de la Comisión. Algunas de estas certificaciones fueron realizadas en favor de militantes con el objeto de dejar constancia del peligro que corrían para determinar su permanencia o salida del país al exilio, así como dar cuenta de su colaboración con la CADHU en tareas de solidaridad y denuncia. Otras, certifican las investigaciones realizadas por la CADHU de la detención y desaparición de personas, muchas de las cuales fueron sintetizadas en la publicación "Desaparecidos en Argentina" de 1979. Por otro lado, hay documentos de carácter más informal como diversos borradores de informes de la CADHU así como registros sobre víctimas del terrorismo de Estado hechos por la CADHU muy disímiles entre sí en cuanto al formato y al tipo de información consignada. Finalmente, hay unas pocas presentaciones de la CADHU ante la División de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

En el marco de la CADHU se creó en 1980 el Centro de Información y Documentación del Exilio Argentino (CIDEA), un centro especializado en los problemas argentinos, orientado a los aspectos vinculados con los derechos humanos. En ese momento, el CIDEA no logró obtener financiamiento más allá del propio de la CADHU de manera que se puso en funcionamiento en condiciones precarias dependiendo del trabajo voluntario de colaboradores no especializados, lo que devino en que no pudiera darse un tratamiento adecuado a la documentación. Esto se pudo realizar sobre la base de una recopilación de documentos realizada por González Gartland durante su exilio en México, entre 1976 y 1984 a partir de sus múltiples vínculos con organizaciones de defensa de los derechos humanos en el exterior, de manera que fue reuniendo documentos tales como panfletos, comunicados, volantes, artículos de prensa, proclamas e informes, que dan cuenta de su propia militancia de denuncia de la dictadura cívico-militar en Argentina así como del accionar de estas organizaciones entre las que se encuentran Argentine Information Service Center (AISC), Agence Latino-.Americaine D´Information (ALAI), Amnistía Internacional (AI), Centre Argentin d´information et solidarité (CAIS), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Inter American Commission on Human Rights (CIDH), Centro de Investigaciones Políticas y Económicas (CIPE), Comisión de Solidaridad con Familiares de Desaparecidos en Argentina (COSOFAM), Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM), Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP), Madres de Plaza de Mayo, Organización de los Estados Americanos (OEA), Parlamento Europeo, Parlamento Latinoamericano, Trabajadores y Sindicalistas Argentinos en el Exilio (TYSAE), No Candu in Argentina, Congreso Internacional de Solidaridad con Argentina, Movimiento Peronista Montonero, entre otras. Entre estos documentos pueden encontrarse agrupaciones sobre la base de ejes temáticos como “Cárceles y presos políticos”, en la que se incluyen comunicados de prensa y denuncias de las condiciones de las cárceles, seguimientos casos de detenidos, informes de personas detenidas, informes elaborados por presos y presas y testimonios personales. También hay documentos sobre los Centros Clandestinos de Detención entre los cuales hay una lista de los campos de concentración existentes hasta 1978 y diversas publicaciones con testimonios de sobrevivientes e informes de los dichos centros. Sobre el Mundial de Fútbol de 1978 hay recortes de prensa internacional (sobre todo francesa) y afiches en relación con las violaciones a los derechos humanos y documentos de la Coordinación Internacional de la Campaña del Boicot así como documentos de denuncia. Bajo el título "Religión" se reúnen algunos documentos que registran la relación entre la dictadura cívico-militar y algunos sectores opositores de la Iglesia Católica. También se pueden encontrar documentos sobre exiliados y el retorno al país, sobre la contraofensiva al terrorismo de Estado e informes de situación de Argentina en materia de derechos humanos, salud, economía y política. Otro agrupamiento relevante es el relacionado al conflicto de Malvinas con declaraciones e informes por parte de organismos de lucha en el exilio en México tales como CADHU, TySAE, Grupo de Argentinos Exiliados en México, Movimiento Peronista Montonero, Movimiento Independiente de la Comisión Argentina de Solidaridad, Comunidad de Cristianos Argentinos en el Exilio, Organización Comunista Poder Obrero y dirigentes como Enrique Gorriarán Merlo, entre otros. Sobre Malvinas, hay también un seguimiento de prensa y algunos cables de teletipo de agencias para enviar a los diarios. Se incluye finalmente, un minucioso seguimiento de la prensa de la época y otros artículos de publicaciones periódicas sobre la actualidad Argentina en materia política, económica, religiosa, de la cultura y los medios, la cultura y la educación, los derechos humanos, la situación laboral y sindical de los trabajadores y la dictadura cívico-militar Argentina.

En relación a las funciones de Carlos González Gartland en el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA) en México, el fondo contiene documentos como los estatutos de creación del COSPA; boletines editados por el Comité que funcionaron como órganos de comunicación, entre ellos "Boletín Argentino", "CASA ARGENTINA" e "Informaciones Argentinas". Hay además, correspondencia en su mayoría, enviada por el COSPA a diferentes organismos de derechos humanos, organismos internacionales, organizaciones y partidos políticos a través de la cual el Comité expone sus posturas, declaraciones y líneas de acción a seguir, buscando al mismo tiempo tender lazos para la denuncia de violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura cívico-militar argentina y para atender a la situación de los refugiados y exiliados políticos argentinos. Se pueden encontrar también denuncias de detenciones y desapariciones de personas por parte de la dictadura cívico-militar realizadas por el Comité, como parte de sus actividades centrales, así como una serie de comunicados de prensa del Comité.

Finalmente se incorporan algunos documentos que registran la actividad de Carlos González Gartland como miembro del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay (SIJAU) y como abogado dedicado a la búsqueda de ciudadanos uruguayos detenidos desaparecidos tanto en Uruguay como en otros países del Cono Sur.
La documentación es tanto del SIJAU como de diversos organismos de Derechos Humanos con los que esta organización se relacionaba como el Centro de Estudios Legales y Sociales, ya que este era su representante legal en Argentina; así como también el Servicio por la Paz y la Justicia; Madres de Uruguayos Desaparecidos en Argentina (MUDA); Agrupación de Familiares de Uruguayos Desaparecidos (AFUDE); Amnistía Internacional; Comisión Argentina de Solidaridad (CAS); Abuelas de Plaza de Mayo; Madres y Familiares de Uruguayos Desaparecidos en Argentina y Paraguay; Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos; Unión de Obreros y Empleados de FUNSA; Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares Detenidos Desaparecidos; Grupo de Madres de Procesados por la Justicia Militar; Oficina de Solidaridad para Exiliados Argentinos (OSEA); Comisión Internacional de Juristas; Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU); Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública (ASCEEP); Comité de Defensa de los Derechos Humanos en el Cono Sur, de la Comisión Arquidiocesana de los Derechos Humanos y Marginados de Sao Paulo (CLAMOR).