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La colección está formada por copias de documentación obrante en archivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y reúne legajos personales, listados de integrantes de los escuadrones de la fuerza y solicitudes de verificación de antecedentes vinculados a eventuales violaciones a los derechos humanos.

La colección está integrada por copias de documentación obrante en archivos del Servicio Penitenciario Federal y contiene legajos de personal del Servicio principalmente.

La colección está integrada, principalmente, por copias de documentación obrante en archivos del Ejército y contiene información sobre personal militar y civil de inteligencia que formó parte o estuvo vinculado al arma terrestre: legajos, fichas Anexo I, fojas de servicios, nóminas y listados de integrantes, información sobre conscriptos y reclamos a la Junta de Calificaciones.

Los juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina son los procesos judiciales llevados a cabo para investigar las violaciones a los Derechos Humanos cometidas antes y durante la última dictadura cívico-militar. Investigan la responsabilidad de integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, de funcionarios judiciales, miembros de instituciones religiosas, de civiles o grupos empresariales en el cometimiento de delitos tales como secuestros, desapariciones forzadas, ejecuciones, torturas, apropiaciones y delitos de índole sexual. El proceso de justicia por estos delitos comenzó con la vuelta de la democracia en 1983, pero se vio interrumpido durante casi 20 años por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos. Se retomaron en 2005 y desde ese momento se completaron más de 350 juicios, con más de 1200 personas condenadas.
La colección reúne documentos audiovisuales y sonoros de distintos juicios de lesa humanidad en la Argentina. Entre ellos se encuentran los actos preliminares, debate oral y público, alegatos y sentencias de juicios orales comúnmente conocidos como:

• Masacre de Fátima
• Olivera Rovere, Jefes de Área
• Mansión Seré
• Rivas, Apropiación Sampallo Barragán
• Hospital Campo de Mayo
• Hospital Militar Campo de Mayo
• Von Wernich
• Etchecolatz
• ABO
• ABO III”
• ESMA II”
• ESMA- primera megacausa
• ESMA-unificada
• Jefatura de policía de Tucumán
• Hospital Posadas
• Plan Sistematico
• Fuerza De Tareas 5 - Escuela Naval - Vañek
• Brusa

Este fondo contiene copia los cuerpos de la investigación preliminar de la Causa "Masacre de Napalpí s/juicio por la Verdad" inciada en 2014, la documentación agregada en instrucción suplementaria, las audiencias del juicio, el fallo y fundamentos de la sentencia y los informes de cumplimiento de la sentencia de la Unidad para la Ejecución de la Sentencia de la Causa "Masacre de Napalpí s/juicio por la Verdad".

La particularidad de este juicio se relaciona con la complejidad de la investigación judicial llevada adelante, que debió indagar sobre hechos ocurridos un siglo antes. En la sentencia del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia se establece que la "Masacre de Napalpí" constituyó un crimen de lesa humanidad y da como probados los hechos que se detallan a continuación: “El sábado 19 de julio de 1924, en horas de la mañana, alrededor de un centenar de policías de territorios nacionales, gendarmes y algunos civiles armados, ayudados por logística aérea, llegaron a la zona de El Aguará, ubicada en el interior de la Reducción de Indios de Napalpí, donde aproximadamente 1000 personas, compuestas por familias Moqoit, Qom y algunos peones correntinos y santiagueños, estaban realizando una huelga concentrados en tolderías, a modo de campamentos, para reclamar por las condiciones a las que estaban sometidos. Llegaron montando caballos, se establecen a una distancia cercana del campamento y desde allí dispararon con sus fusiles y carabinas, todos a la vez y a mansalva por el espacio de una hora. De forma inmediata, por el impacto de la balacera, cayeron muertos estimativamente entre cuatrocientos y quinientos integrantes de las etnias Qom y Moqoit, entre ellos niñas y niños, mujeres, algunas de ellas embarazadas, varones, ancianos y ancianas. En algunos casos, perdieron la vida varios de los componentes de una misma familia. Los/as heridos/as que quedaron en el lugar y no pudieron escapar a tiempo fueron ultimados/as de las formas más crueles posibles. Se produjeron mutilaciones, exhibiciones y entierros en fosas comunes. Los/as sobrevivientes que pudieron escapar, atravesando los cardales, soportando el hambre, la sed, el frio, debieron esconderse durante mucho tiempo para evitar ser capturados/as y asesinados/as. La perpetración de la Masacre, por su propia complejidad, requirió de la previa concepción de un plan, que supuso una exhaustiva coordinación, organización logística, distribución de roles, movilización de diversos contingentes de tropas, su traslado y concentración desde varios días antes, gran cantidad de armamento y municiones, su acampe y alimentación, además del apoyo de una avioneta que realizó por lo menos, tareas de inteligencia y observación. Tales hechos ocurrieron en el contexto de la Reducción de Indios de Napalpí, la cual fue creada por el Estado argentino bajo la dirección civil del Ministerio del Interior, con el objetivo de culminar el proceso de ocupación del territorio de las poblaciones indígenas y su sometimiento a la explotación laboral. Sus condiciones de vida eran deplorables, vivían hacinados/as, sin vestimenta apropiada, con poca comida y de mala calidad, sin atención médica ni posibilidad de escolarizarse. Allí les cobraban por los elementos de trabajo, como así, por las bolsas de algodón y un impuesto del 15% sobre la cosecha y costosos fletes para su traslado, a los pocos que se les dio la posibilidad de hacerlo, siendo el resto obligados/as a trabajar extensas jornadas para la Reducción o vecinos hacendados, pagándoles con vales. Asimismo, fue decretada su prohibición de salir del territorio y no podían elegir dónde y para quien trabajar. Las mujeres indígenas trabajaban intensamente y sin remuneración, eran frecuentes los abusos, es decir, en condiciones análogas a la esclavitud. Todo ello dio lugar a la protesta y reunión de alrededor de mil indígenas en la zona de El Aguará, en el interior de la Reducción, donde luego ocurrió el ataque. Una vez producida la masacre, desde el Estado se llevó adelante una estrategia de construcción de una historia oficial, a los fines de negar y encubrir la matanza, siendo presentados los hechos como un supuesto enfrentamiento entre las etnias y posterior desbande, que habría tenido como consecuencia la muerte de cuatro indígenas, uno de ellos el importante dirigente Pedro Maidana. La prensa oficialista reprodujo la versión brindada por los oficiales policiales y los funcionarios del gobierno del territorio, que luego avaló la justicia local, en un proceso en el que declararon solo los efectivos y civiles que participaron de la agresión, pero ningún indígena. En paralelo, el oficialismo en el Congreso de la Nación obstruyó la conformación de una Comisión Investigadora, a pesar de las aberrantes denuncias que se conocían y la existencia de testigos calificados que podían narrar aquella barbarie. La masacre provocó graves consecuencias en los sobrevivientes y en sus descendientes. Producto de ello y de una sistemática opresión, las generaciones posteriores de los pueblos Moqoit y Qom sufrieron el trauma del terror, el desarraigo, la pérdida de su lengua y su cultura”.

En los cuerpos de la investigación preliminar, en términos generales, se encuentran documentos jurídicos propios del desarrollo de la investigación judicial y del juicio, tales como requerimientos de la fiscalía, dictámenes del juzgado, ofrecimientos de prueba, entre otros. Además estos cuerpos contienen testimonios producidos en las dos etapas de la investigación, en instrucción y durante las audiencias orales del juicio así como también se incluyen las copias de libros, informes, artículos académicos y periodísticos y otro tipo de producción académica y no académica. Asimismo, se encuentran unidades documentales que fueron incorporadas directamente o como anexos de informes institucionales, tales como expedientes del Ministerio del Interior aportados por el Archivo General de la Nación, fotografías de relevancia pertenecientes a museos o archivos locales o extranjeros, y decretos y leyes publicadas en el Boletín Oficial de la República Argentina. Cabe señalar también que, además de los cuerpos creados a partir del 2014 el fondo también contiene copia de los dos cuerpos del expediente iniciado en 1924. La organización y contenido de la documentación responde, en gran medida, a las decisiones y estrategias de la Unidad Fiscal.

La colección reúne fotografías de diversos juicios vinculados a crímenes de lesa humanidad entre los que se encuentran la causa de Ernestina Herrera de Noble por apropiación de bebés, la sentencia del juicio por la Masacre de Cromañón, el juicio ESMA, el juicio Campo de Mayo II, el juicio Plan Sistemático, el juicio Automotores Orletti, el juicio Vesubio, la sentencia del juicio ABO (Club Atlético – Banco – Olimpo) y el juicio Campo de Mayo III.
Asimismo, hay numerosas fotografías de inspecciones oculares en ex Centros Clandestinos de Detención (CCD) ubicados en distintas regiones del país. Entre ellos están, en Bahía Blanca: Base de Infantería de Marina "Baterías" (Batería VII), Escuelita de Bahía Blanca, la Policía de Establecimientos Navales (Base Naval Puerto Belgrano) y Buque 9 de Julio (Base Naval Puerto Belgrano); en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Automotores Orletti, Club Atlético, Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Olimpo y Virrey Cevallos; en la provincia del Chaco: la Dirección de Investigaciones de la Provincia de Chaco y fotografías tomadas en el Monumento a Margarita Belén; en Córdoba: el Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba (D-2), La Perla y Campo de la Ribera; en Corrientes: el Regimiento de Infantería 9; en la provincia de Buenos Aires: Campo de Mayo, Mansión Seré, el Pozo de Banfield, las comisarías 5 y 8 de La Plata, el Destacamento de Arana y la Unidad Penal 9 de La Plata; en Mar del Plata: Base Naval Mar del Plata (Agrupación de Buzos Tácticos), la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM) y La Cueva (Base Aérea Militar); en Rosario: la Comisaría 6, la Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu, la Guardia de Infantería Reforzada (Unidad Regional I), La Calamita y la Jefatura de Policía de Rosario (Servicio de Informaciones); en Tucumán: Arsenal Miguel de Azcuénaga, la Escuelita de Famaillá, la Jefatura de Policía de Tucumán y el sitio de inhumación de cadáveres NN Pozo de Vargas; en Entre Ríos: el Escuadrón de Comunicaciones Blindado II, ubicado en Paraná.
Por otra parte, el fondo fotográfico documenta eventos institucionales de relevancia en el ámbito de los derechos humanos. Entre ellos se encuentran la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2009 en conmemoración del 30 aniversario de su primera visita en 1979; la visita institucional del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Doctor Ricardo Lorenzetti, junto a referentes de organismos de derechos humanos; la presentación del informe sobre juicios por delitos de lesa humanidad, realizada el 10 de agosto de 2010; la conferencia de prensa por el hallazgo de los restos de Manuel Coley Robles; y la inspección ocular al establecimiento Cromañón.

El fondo se compone de la documentación producida en el marco de la causa N° 2522 (Lex. 14216/2003/TO9) "Rodríguez, Hubo Roberto y otros s/privación ilegal de la libertad, agravada por mediar violencia o amenazas; en concurso ideal con el delito de imposición de tormentos" conocida como Vesubio III, tramitada ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 (TOF 4). En particular, contiene los audios de las audiencias y la documentación aportada como prueba. Entre la documentación de prueba, se encuentran:

• libros históricos de distintas unidades militares, juntas de calificaciones, directivas y reglamentos militares, copias de legajos de personal militar, boletines, listados de personal militar, policial y penitenciarios.
• planos e inspecciones oculares
• expedientes judiciales anexados a la causa
• legajos de identificación de la Cámara Federal
• constancia de pericias antropológicas y certificados de defunción
• documentación de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires e informes de la Comisión Provincial por la Memoria
• documentación aportada por el CELS que incluye artículos periodísticos, la declaración de Elena Alfaro, lista de trabajadores desaparecidos y documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos
• copias de legajos CONADEP, SDH y REDEFEA y habeas corpus presentados para la búsqueda de paradero de las víctimas involucradas
• Libros titulados "Subteniente de Caballería JCO 1977", "Derechos Humanos, Justicia y Reparación", "Vida y lucha de Vanguardia Comunista", "Genocidio en la Argentina" e "Historia Argentina contemporánea"

El Centro Clandestino de Detención El Vesubio funcionó entre 1975 y 1979 en un predio del Servicio Penitenciario Federal ubicado en el cruce de Autopista Ricchieri y Camino de Cintura en el partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires. Hasta su disolución y demolición completa a raíz de la inspección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), habían pasado más de 2.500 personas de las que hubo unos pocos sobrevivientes. Este tramo del juicio analiza la responsabilidad de seis agentes del Servicio Penitenciario Federal en los crímenes perpetrados contra casi 400 víctimas. Por esta causa en las que se investigaron crímenes cometidos contra casi 400 víctimas, el Tribunal condenó a un exmilitar y a dos exagentes penitenciarios federales a prisión perpetua, e impuso penas de entre tres años y seis meses de prisión y 15 años de prisión para otros cinco acusados. A su vez, el TOF 4 declaró que los hechos juzgados fueron crímenes contra la humanidad y que la violencia sexual perpetrada contra mujeres "fue específica, sistemática y planificada" y que "partió de estereotipos de género y los profundizó, exhibiendo un carácter extendido y con un claro objetivo disciplinador". También dispuso la reparación de los legajos de las víctimas estudiantes y trabajadoras para que se consigne que fueron víctimas del terrorismo de Estado.

La colección reúne copias digitales de documentos de diversas procedencias recopilados por la Familia Korsunsky, especialmente por Mirta Korsunsky, vinculados a la trayectoria de Celia Jinkis de Korsunsky, Madre de Plaza de Mayo de Bahía Blanca, a raíz de la desaparición y búsqueda de su hijo Eduardo Korsunsky. Eduardo, nacido en Bernasconi (La Pampa), era estudiante de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca y militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). El 4 de agosto de 1976 Eduardo fue secuestrado de su domicilio en la localidad de San Nicolás continuando desaparecido hasta la actualidad.
Entre los documentos que conforman esta colección se encuentran entrevistas radiales realizadas a Celia Jinkis de Korsunsky y una copia digital del documental "Eduardo", dirigido por Luis Rojas, que narra la historia de vida de Eduardo Sergio Korsunsky y el recorrido de su madre en la búsqueda de su paradero. También incluye copias digitales de publicaciones de prensa sobre su trayectoria, artículos referidos a la inauguración de la muestra Archivo de Celia Jinkis de Korsunsky, realizada el 11 de septiembre de 2023 en el Centro Histórico Cultural de la Universidad Nacional del Sur (UNS), en Bahía Blanca, y notas de prensa publicadas en su homenaje tras su fallecimiento.

La causa, conocida como "Causa Camps (44), se inició a raíz del Decreto 280/84, del Poder Ejecutivo Nacional con fecha 18 de enero de 1984, que dispuso someter a juicio sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas al General (R) Ramón Juan Alberto Camps, con motivo de las declaraciones prestadas por el nombrado y en donde habría reconocido su participación directa en la comisión de numerosos delitos. Entre los hechos más conocidos investigados en esta megacausa se encuentran “La noche de los lápices”, el secuestro del “grupo Graiver”, los secuestros de Jacobo Timerman y Jorge Julio López y el ataque a la “casa de Calle 30 Mariani Teruggi”, incluida la apropiación de la niña Clara Anahí. Se juzgaron los secuestros, tormentos, torturas y desapariciones en perjuicio de 280 víctimas -entre ellas embarazadas, bebés nacidos en cautiverio y niños secuestrados junto a sus padres- en los centros clandestinos que funcionaron en las Brigadas de San Justo y de Investigaciones de La Plata, el Destacamento de Arana, la Comisaría 5ta de La Plata, Puesto Vasco y Comando de Operaciones Tácticas I de Martínez. En la sentencia dictada el 2 de diciembre de 1986 se dictaminó la condena de Jorge Antonio, Ramón Juan Alberto Camps, Norberto Cozzani Cabezón, Miguel Osvaldo Etchecolatz Santillán; Ovidio Pablo Ricchieri y Ovidio Pablo.
El fondo se compone de la copia digital de los 57 cuerpos la causa, las actas mecanografiadas de las sesiones y la documentación aportada como prueba por las partes durante el desarrollo del juicio.

La colección reúne copias digitales de las fotografías de Dante Lartirigoyen, Juan Derdoy, Paloma Uranga, Elizabet Kenny, Malena Gioia, Estefanía Schegtel Torres, Josefina Vitale y Sol Vázquez, tomadas en el marco del juicio oral y público por delitos de lesa humanidad que se realizó en la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), entre septiembre y diciembre de 2014. Este proceso judicial investigó los crímenes de terrorismo de Estado cometidos en el ex Centro Clandestino de Detención Monte Pelloni. El debate oral contó con cuatro represores en el banquillo de los acusados y evaluó los casos de más de 20 víctimas, con testimonios de unos 200 testigos
Asimismo, la colección contiene también una publicación titulada "Juicio Monte Pelloni: Cobertura periodística de las agencias de noticias Comunica y Zum" (2015) escrito por Juan Cachero, Santiago Wiggenhauser y Jonatan Salazar, compilado por Carolina Ferrer, Francisco Delfino y Laura Hoffman, y editado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Este libro trata sobre la causa Monte Peloni, elevada a juicio el 4 de julio de 2012, constituyéndose en el primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad realizado en Olavarría.

El fondo reúne distintos tipos de documentos producidos por la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en cumplimiento de sus funciones. Fundada en 1994 bajo la dirección de Osvaldo Bayer, la Cátedra mantiene una importante actividad desde su inicio, con foros de debate sobre temas de actualidad política y social y una serie de talleres y seminarios sobre temas vinculados a la problemática de los derechos humanos que se renuevan permanentemente. Los temas de las actividades que registran los documentos son muy variados y se encuentran referidos a salud y derechos humanos, ancianidad, sexualidad, derechos laborales, educación, políticas represivas, control social, leyes de obediencia debida y punto final, las villas en Buenos Aires, presos políticos, pueblos originarios, ferrocarriles en Argentina, Encuentros Nacionales de Mujeres, población afrodescendiente, el golpe de Estado en Chile; políticas públicas, el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, redes de trata, entre muchos otros .
Entre los documentos de este fondo podemos encontrar principalmente audios de charlas, seminarios y presentaciones realizadas en el marco de las actividades de la cátedra. Además se incluyen notas, resoluciones y fotos vinculadas a esas actividades.

La colección está integrada, principalmente, por copias de documentación obrante en archivos de la Fuerza Aérea Argentina y contiene información sobre personal militar y civil de inteligencia que formó parte o estuvo vinculado a la fuerza: legajos, fojas de servicios, nóminas y listados de integrantes e información sobre conscriptos.

La colección se compone de diversas entrevistas realizadas a familiares y testigos, abogados y personajes locales de la ciudad de Trelew y Rawson quienes se comprometieron en la lucha por el esclarecimiento de los hechos acontecidos en la Masacre de Trelew, muchas de las cuales fueron elaboradas y posteriormente utilizadas para el documental "22 de agosto: la causa" realizado por Diego César Pauli. Por otro lado, se encuentra el registro del juicio y sentencia a los responsables de la Masacre de Trelew que tuvo lugar en el año 2012 por medio del cual se condenan a prisión perpetua a Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino como autores de 16 homicidios y tres tentativas de homicidio.

La colección está integrada por copias de documentación producida por Gendarmería Nacional Argentina. Principalmente contiene copia de legajos de personal.