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El fondo reúne la documentación producida y recopilada por Sara Solarz de Osatinsky, militante por los derechos humanos, tras la detención y desaparición de su marido, Marcos Osatinsky, quien fue secuestrado en 1975, permaneció en el Centro Clandestino de Detención “Departamento N°2 de Inteligencia de la Provincia de Córdoba (D2)” y fue asesinado el mismo año. En 1976 su hijo mayor, Mario Osatinsky, y su compañera embarazada Rosa Ocampo así como su hijo menor José Osatinsky fueron asesinados en distintas localidades de la provincia de Córdoba. Sara fue secuestrada en 1977 en Capital Federal y permaneció cautiva durante dos años en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada donde asistió a más de quince partos de personas secuestradas. En 1979 fue liberada bajo un régimen de “libertad vigilada” y obligada a exiliarse a España donde permaneció el resto de su vida. Junto a Alicia Millia y Ana María Martí, quienes también habían estado secuestradas en la ESMA, elaboraron un testimonio que fue presentado ante distintos organismos internacionales, constituyendo una denuncia pionera sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese centro clandestino de detención.
El fondo reúne alguna documentación personal de Sara como pasaporte, un currículum vitae, carnet de conducir y carnet de salud así como también fotografías familiares tanto de su familia como de la familia Osatinsky, algunas de las cuales se encontraban originalmente enmarcadas, y correspondencia de Sara escrita en español y en francés entre las cuales se incluye copia de una carta de José en la que realiza un relato del noviazgo de Sara con Marcos.
Otra documentación se refiere a la desaparición y asesinato de su marido así como de sus dos hijos y su nuera embarazada y las gestiones realizadas por Sara ante diversos organismos nacionales e internacionales. Entre estos documentos se destaca una nota recibida por Sara Solarz de parte de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) el 27 de enero de 1984, acompañada de declaraciones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, copias de notas del Diario Página 12 y correos electrónicos impresos. También, se encuentran los diversos testimonios que Sara dio: una copia del testimonio de Sara en Buenos Aires el 14 de junio de 2007, el testimonio de Sara Solarz y María Marti ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra el 22 de febrero de 1982 y de agosto de 1983, el testimonio de Sara Solarz y María Marti sobre Alicia Elena Alfonsín de Cabandie ante la Asamblea Nacional Francesa el 12 de octubre de 1979, el testimonio “Parir en la ESMA” de Sara Solarz como testigo de la apropiación de bebés. Hay también otras fotografías, vinculadas a la militancia de Marcos como por ejemplo una en la que se encuentra junto a Fernando Vaca Narvaja. Gran parte de la documentación son copias de artículos de publicaciones periódicas, de prensa y algunos artículos de investigación y libros sobre los crímenes de lesa humanidad comentidos por la dictadura cívico militar entre 1976 y 1983 así como de los juicios de condena de estos delitos. Algunos de los artículos de prensa refieren específicamente a las novedades sobre los avances en las causas de los familiares de Sara detenidos desaparecidos asesinados como por ejemplo cuando se identificó el cadáver de Mario en 1999. Por su parte, algunos de los textos de investigación son de Sara Solarz como el libro "ESMA “Traslados” Testimonio de tres liberadas", escrito por por ella junto a Ana María Marti y María Alicia Milia de Pirles editado por Ediciones Abuelas Plaza de Mayo en 1995. Finalmente, hay impresiones de correos electrónicos de Sara así como algunos documentos vinculados a la reparación de Sara por parte del Estado Argentino como la resolución que otorga beneficio económico a Sara Solarz del 07 de Junio de 2005, la petición de beneficio de la Ley reparatoria Nacional de 2015.

El fondo reúne los documentos audiovisuales generados por la productora Ícaro que trabaja desde sus inicios de forma independiente para agencias de noticias internacionales como CBS, BBC, ABC, Globo, Reuter, entre otras, en la realización de documentales e informes de noticias del ámbito latinoamericano.
Se trata de registros que abarcan desde el año 1982 hasta fines de la década de 1990 referidos en su mayor parte a hechos políticos y sociales, con un singular hincapié en las problemáticas de derechos humanos y temas afines. Podemos encontrar producciones relativas a Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, la guerra de Malvinas, las campañas y elección presidencial de 1983, el Juicio a las Juntas militares, las sublevaciones carapintadas, las leyes de impunidad, las campañas y elecciones de Menem, los indultos, los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, y diversos registros de la transición democrática en Chile y Uruguay. El fondo también incluye los ficheros originales en los cuales se consignaba información relevante de los casetes.

Este fondo contiene copia los cuerpos de la investigación preliminar de la Causa "Masacre de Napalpí s/juicio por la Verdad" inciada en 2014, la documentación agregada en instrucción suplementaria, las audiencias del juicio, el fallo y fundamentos de la sentencia y los informes de cumplimiento de la sentencia de la Unidad para la Ejecución de la Sentencia de la Causa "Masacre de Napalpí s/juicio por la Verdad".

La particularidad de este juicio se relaciona con la complejidad de la investigación judicial llevada adelante, que debió indagar sobre hechos ocurridos un siglo antes. En la sentencia del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia se establece que la "Masacre de Napalpí" constituyó un crimen de lesa humanidad y da como probados los hechos que se detallan a continuación: “El sábado 19 de julio de 1924, en horas de la mañana, alrededor de un centenar de policías de territorios nacionales, gendarmes y algunos civiles armados, ayudados por logística aérea, llegaron a la zona de El Aguará, ubicada en el interior de la Reducción de Indios de Napalpí, donde aproximadamente 1000 personas, compuestas por familias Moqoit, Qom y algunos peones correntinos y santiagueños, estaban realizando una huelga concentrados en tolderías, a modo de campamentos, para reclamar por las condiciones a las que estaban sometidos. Llegaron montando caballos, se establecen a una distancia cercana del campamento y desde allí dispararon con sus fusiles y carabinas, todos a la vez y a mansalva por el espacio de una hora. De forma inmediata, por el impacto de la balacera, cayeron muertos estimativamente entre cuatrocientos y quinientos integrantes de las etnias Qom y Moqoit, entre ellos niñas y niños, mujeres, algunas de ellas embarazadas, varones, ancianos y ancianas. En algunos casos, perdieron la vida varios de los componentes de una misma familia. Los/as heridos/as que quedaron en el lugar y no pudieron escapar a tiempo fueron ultimados/as de las formas más crueles posibles. Se produjeron mutilaciones, exhibiciones y entierros en fosas comunes. Los/as sobrevivientes que pudieron escapar, atravesando los cardales, soportando el hambre, la sed, el frio, debieron esconderse durante mucho tiempo para evitar ser capturados/as y asesinados/as. La perpetración de la Masacre, por su propia complejidad, requirió de la previa concepción de un plan, que supuso una exhaustiva coordinación, organización logística, distribución de roles, movilización de diversos contingentes de tropas, su traslado y concentración desde varios días antes, gran cantidad de armamento y municiones, su acampe y alimentación, además del apoyo de una avioneta que realizó por lo menos, tareas de inteligencia y observación. Tales hechos ocurrieron en el contexto de la Reducción de Indios de Napalpí, la cual fue creada por el Estado argentino bajo la dirección civil del Ministerio del Interior, con el objetivo de culminar el proceso de ocupación del territorio de las poblaciones indígenas y su sometimiento a la explotación laboral. Sus condiciones de vida eran deplorables, vivían hacinados/as, sin vestimenta apropiada, con poca comida y de mala calidad, sin atención médica ni posibilidad de escolarizarse. Allí les cobraban por los elementos de trabajo, como así, por las bolsas de algodón y un impuesto del 15% sobre la cosecha y costosos fletes para su traslado, a los pocos que se les dio la posibilidad de hacerlo, siendo el resto obligados/as a trabajar extensas jornadas para la Reducción o vecinos hacendados, pagándoles con vales. Asimismo, fue decretada su prohibición de salir del territorio y no podían elegir dónde y para quien trabajar. Las mujeres indígenas trabajaban intensamente y sin remuneración, eran frecuentes los abusos, es decir, en condiciones análogas a la esclavitud. Todo ello dio lugar a la protesta y reunión de alrededor de mil indígenas en la zona de El Aguará, en el interior de la Reducción, donde luego ocurrió el ataque. Una vez producida la masacre, desde el Estado se llevó adelante una estrategia de construcción de una historia oficial, a los fines de negar y encubrir la matanza, siendo presentados los hechos como un supuesto enfrentamiento entre las etnias y posterior desbande, que habría tenido como consecuencia la muerte de cuatro indígenas, uno de ellos el importante dirigente Pedro Maidana. La prensa oficialista reprodujo la versión brindada por los oficiales policiales y los funcionarios del gobierno del territorio, que luego avaló la justicia local, en un proceso en el que declararon solo los efectivos y civiles que participaron de la agresión, pero ningún indígena. En paralelo, el oficialismo en el Congreso de la Nación obstruyó la conformación de una Comisión Investigadora, a pesar de las aberrantes denuncias que se conocían y la existencia de testigos calificados que podían narrar aquella barbarie. La masacre provocó graves consecuencias en los sobrevivientes y en sus descendientes. Producto de ello y de una sistemática opresión, las generaciones posteriores de los pueblos Moqoit y Qom sufrieron el trauma del terror, el desarraigo, la pérdida de su lengua y su cultura”.

En los cuerpos de la investigación preliminar, en términos generales, se encuentran documentos jurídicos propios del desarrollo de la investigación judicial y del juicio, tales como requerimientos de la fiscalía, dictámenes del juzgado, ofrecimientos de prueba, entre otros. Además estos cuerpos contienen testimonios producidos en las dos etapas de la investigación, en instrucción y durante las audiencias orales del juicio así como también se incluyen las copias de libros, informes, artículos académicos y periodísticos y otro tipo de producción académica y no académica. Asimismo, se encuentran unidades documentales que fueron incorporadas directamente o como anexos de informes institucionales, tales como expedientes del Ministerio del Interior aportados por el Archivo General de la Nación, fotografías de relevancia pertenecientes a museos o archivos locales o extranjeros, y decretos y leyes publicadas en el Boletín Oficial de la República Argentina. Cabe señalar también que, además de los cuerpos creados a partir del 2014 el fondo también contiene copia de los dos cuerpos del expediente iniciado en 1924. La organización y contenido de la documentación responde, en gran medida, a las decisiones y estrategias de la Unidad Fiscal.

El fondo se compone de la documentación producida en el marco de la causa N° 2522 (Lex. 14216/2003/TO9) "Rodríguez, Hubo Roberto y otros s/privación ilegal de la libertad, agravada por mediar violencia o amenazas; en concurso ideal con el delito de imposición de tormentos" conocida como Vesubio III, tramitada ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 (TOF 4). En particular, contiene los audios de las audiencias y la documentación aportada como prueba. Entre la documentación de prueba, se encuentran:

• libros históricos de distintas unidades militares, juntas de calificaciones, directivas y reglamentos militares, copias de legajos de personal militar, boletines, listados de personal militar, policial y penitenciarios.
• planos e inspecciones oculares
• expedientes judiciales anexados a la causa
• legajos de identificación de la Cámara Federal
• constancia de pericias antropológicas y certificados de defunción
• documentación de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires e informes de la Comisión Provincial por la Memoria
• documentación aportada por el CELS que incluye artículos periodísticos, la declaración de Elena Alfaro, lista de trabajadores desaparecidos y documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos
• copias de legajos CONADEP, SDH y REDEFEA y habeas corpus presentados para la búsqueda de paradero de las víctimas involucradas
• Libros titulados "Subteniente de Caballería JCO 1977", "Derechos Humanos, Justicia y Reparación", "Vida y lucha de Vanguardia Comunista", "Genocidio en la Argentina" e "Historia Argentina contemporánea"

El Centro Clandestino de Detención El Vesubio funcionó entre 1975 y 1979 en un predio del Servicio Penitenciario Federal ubicado en el cruce de Autopista Ricchieri y Camino de Cintura en el partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires. Hasta su disolución y demolición completa a raíz de la inspección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), habían pasado más de 2.500 personas de las que hubo unos pocos sobrevivientes. Este tramo del juicio analiza la responsabilidad de seis agentes del Servicio Penitenciario Federal en los crímenes perpetrados contra casi 400 víctimas. Por esta causa en las que se investigaron crímenes cometidos contra casi 400 víctimas, el Tribunal condenó a un exmilitar y a dos exagentes penitenciarios federales a prisión perpetua, e impuso penas de entre tres años y seis meses de prisión y 15 años de prisión para otros cinco acusados. A su vez, el TOF 4 declaró que los hechos juzgados fueron crímenes contra la humanidad y que la violencia sexual perpetrada contra mujeres "fue específica, sistemática y planificada" y que "partió de estereotipos de género y los profundizó, exhibiendo un carácter extendido y con un claro objetivo disciplinador". También dispuso la reparación de los legajos de las víctimas estudiantes y trabajadoras para que se consigne que fueron víctimas del terrorismo de Estado.

El fondo se compone de la copia de la documentación producida en el marco de la causa Nº 14216/03 caratulada "Suarez Mason Carlos Guillermo y otros sobre privación ilegal de la libertad" conocida como "Primer Cuerpo del Ejército" tramitada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3, Secretaría Nº 6. En particular, contiene los cuerpos de la causa y la documentación aportada como prueba. Además contiene copias de causas conexas, tanto los cuerpos como documentación de prueba. Entre ellas, causas Nº 00393/2001 “N.N s/privación ilegítima de la libertad”, Nº 02083-2005 “Viollaz Miguel Alcides y Mercado”, Nº 02637-2004 “Vaello Orestes y otros s-PIL - CCD Automotores Orletti”, Nº 03774-2012 “Compañía Mecanizada 10 de Pablo Podestá”, Nº 03993-2007 “Cuatrerismo”, Nº 05530-2012 “N.N. Quinta La Pastoril”, Nº 07273-2006 - Mansión Seré”, Nº 08238-2014 “Ruiz Juan Carlos”, Nº 08405-2010-T01 “D’Alessandri Obdulio y otros – PIL”, Nº 10684-2015 “Operativo calle Corro 105”, Nº 11657-2006 “N.N. S/ delito de acción pública”, Nº 11758-2006 “Bignone Reynaldo y otros”, Nº 12544-2013 “Sheraton”, Nº 12920-2016 “Pais, Alicia Rosalía”, Nº 13841-2015 “Causa CELS”, Nº 29451-2012 “Gordillo Roberto Edgardo” y Nº 42335 “Bis Rodríguez Larreta Enrique”.
La causa comprende la investigación de los hechos que se atribuyen a personal dependiente del Primer Cuerpo del Ejército o sometido operacionalmente a él, ocurridos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de gran parte de la provincia de Buenos Aires y de la provincia de La Pampa, y que no fueron incluidos en la causa N° 44 incoada en virtud del decreto 280/84 del Poder Ejecutivo Nacional. La causa 14216/03 tiene su origen en la causa Nº 450 “Suarez Mason, Carlos Guillermo y otros s/ homicidio, privación de la libertad, etc.” tramitada ante la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal, como continuación de las actuaciones iniciadas en el marco del Código de Justicia Militar. La sanción de las leyes de “obediencia debida” y “punto final” implicó la paralización del trámite de las actuaciones y la suspensión del proceso, entre 1987 y 2003, con relación a aquellas personas que se encontraban legitimadas pasivamente en las mismas. La causa fue reabierta en septiembre de 2003 como consecuencia de la sanción de la ley 25.779, que declaró nulas dichas leyes. Desde el momento de la reapertura de las actuaciones, el Juzgado dispuso hasta el momento el procesamiento 100 implicados pertenecientes al Ejército Argentino y a diversas fuerzas de seguridad, incluyendo al Servicio Penitenciario Federal, Gendarmería Nacional, Policía Federal y Secretaría de Inteligencia del Estado.

El fondo se compone de la documentación producida en el marco de la causa Nº 9243/07 caratulada "Nicolaides Cristrino y otros s/sustracción de menores tramitada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7, Secretaría Nº 13. En particular, contiene los cuerpos de la causa y la documentación aportada como prueba. Según lo estipulado en el decreto del 31 de marzo de 2022 del Juez a cargo, la causa tiene como objeto "investigar la sustracción de niñas y niños que nacieron durante el cautiverio de sus madres o fueron secuestrados junto con ellas, en el marco de un plan desarrollado por los comandantes de las Fuerzas Armadas, durante la implementación del sistema clandestino de represión ejecutado en el país por la dictadura militar que usurpó el poder en el año 1976 y los hechos vinculados a tal práctica sistemática. Al respecto, gracias al caudal probatorio reunido se lograron tres elevaciones a juicio oral y se condenó a los autores materiales".
Entre la documentación de prueba, se encuentra:

• Copias certificadas de causas judiciales de distintos Juzgados y Tribunales Federales.
• Copias del Boletín Oficial de la provincia de Tucumán del 22 de febrero de 1984 y copia de la versión taquigráfica de la VI Reunión de la Sesión Especial de la Cámara de Diputados de Tucumán del 28 de mayo de 1985.
• Artículos periodísticos sobre los casos vinculados a la causa.
• Libros de registro de nacimiento del Hospital Militar de Campo de Mayo
• Libros de registros de maternidades/nacimientos del Hospital General 601 (HMC).
• Historias Clínicas del Hospital Militar de Campo de Mayo
• Copias de legajos de personal militar y policial
• Copias de libros de bautismo de la Parroquia Castrense Nuestra Señora del Loreto
• Libro “La política racial nacionalsocialista” de Walter Darré
• Copia de reglamentos militares
• Libro de registro de personas detenidas de la Brigada Femenina de San Martín

El agrupamiento se compone de la serie de registros fílmicos del juicio oral y público que se desarrolló entre 2017 y 2018 en el marco la “causa Ford” (Causa N° 2855 caratulada como "Müller, Pedro y otros s/privación ilegal de la libertad") del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín.
En el juicio se investigó y condenó la participación de altos funcionarios de la empresa “Ford Motor Argentina” en las violaciones a los derechos humanos cometidas contra 24 trabajadores, algunos de ellos delegados gremiales, de la planta ubicada en la localidad de Pacheco, Provincia de Buenos Aires. El juzgamiento de las responsabilidades empresariales comenzó en el año 2002 como desprendimiento de la investigación llevada adelante contra Santiago Omar Riveros, responsable militar de la jurisdicción en la que se encontraba la planta de Ford en el momento de los hechos. A lo largo del tiempo, esta causa tramitó en tres departamentos judiciales diferentes de la justicia federal, y tardó más de once años en ser elevada a juicio. Desde el año 2014 la causa estuvo radicada en el Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín, y el inicio del juicio oral fue postergado en una ocasión. El veredicto se dictó el 11 de diciembre de 2018. El tribunal integrado por los jueces Osvaldo Alberto Facciano, Mario Jorge Gambacorta y Eugenio J. Martínez Ferrero condenó a Santiago Omar Riveros a 15 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena; a Pedro Müller (Gerente de manufactura de Ford Motor Argentina) a 10 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena; y a Héctor Sibilla (Jefe de seguridad de la empresa) a 12 años de prisión e inhabilitación absoluta durante la duración de las condenas, considerando a los dos últimos partícipes necesarios en los hechos criminales. Este fallo constituyó un hito histórico en los juicios por delitos de lesa humanidad, siendo la primera sentencia condenatoria en Argentina de altos funcionarios de una firma multinacional en términos de participación empresarial en delitos de lesa humanidad.

El agrupamiento se compone de la serie de registros fílmicos del juicio oral y público que comenzó el 28 de noviembre de 2012 y finalizó con el dictado de la sentencia el 29 de noviembre de 2017 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de la Capital Federal correspondientes a la causa "ESMA unificada" (Expedientes N° 1.282, 1.286, 1.349, 1.381, 1.415, 1.492, 1.510, 1.545, 1.668, 1.689 y 1.714), también conocida como "ESMA III".
Es el tercer juicio donde se investigaron crímenes de lesa humanidad cometidos dentro del centro clandestino de detención que funcionó en la ex Escuela de Mecánica de la Armada y de los grupos operativos que actuaban allí. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 dictó 29 condenas a prisión perpetua, 19 condenas a penas entre 8 y 25 años y 6 absoluciones. Se trata de uno de los juicios orales más importantes y grandes de la historia argentina, por la cantidad víctimas, casos analizados, porque 54 acusados que pudieron escuchar sus sentencias y dieron si testimonio más de 800 personas durante las audiencias que se desarrollaron en 5 años. También fue la primera vez que el veredicto tuvo por acreditado la metodología de los denominados “vuelos de la muerte”.

La causa, conocida como "Causa Camps (44), se inició a raíz del Decreto 280/84, del Poder Ejecutivo Nacional con fecha 18 de enero de 1984, que dispuso someter a juicio sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas al General (R) Ramón Juan Alberto Camps, con motivo de las declaraciones prestadas por el nombrado y en donde habría reconocido su participación directa en la comisión de numerosos delitos. Entre los hechos más conocidos investigados en esta megacausa se encuentran “La noche de los lápices”, el secuestro del “grupo Graiver”, los secuestros de Jacobo Timerman y Jorge Julio López y el ataque a la “casa de Calle 30 Mariani Teruggi”, incluida la apropiación de la niña Clara Anahí. Se juzgaron los secuestros, tormentos, torturas y desapariciones en perjuicio de 280 víctimas -entre ellas embarazadas, bebés nacidos en cautiverio y niños secuestrados junto a sus padres- en los centros clandestinos que funcionaron en las Brigadas de San Justo y de Investigaciones de La Plata, el Destacamento de Arana, la Comisaría 5ta de La Plata, Puesto Vasco y Comando de Operaciones Tácticas I de Martínez. En la sentencia dictada el 2 de diciembre de 1986 se dictaminó la condena de Jorge Antonio, Ramón Juan Alberto Camps, Norberto Cozzani Cabezón, Miguel Osvaldo Etchecolatz Santillán; Ovidio Pablo Ricchieri y Ovidio Pablo.
El fondo se compone de la copia digital de los 57 cuerpos la causa, las actas mecanografiadas de las sesiones y la documentación aportada como prueba por las partes durante el desarrollo del juicio.

El fondo reúne distintos tipos de documentos producidos por la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en cumplimiento de sus funciones. Fundada en 1994 bajo la dirección de Osvaldo Bayer, la Cátedra mantiene una importante actividad desde su inicio, con foros de debate sobre temas de actualidad política y social y una serie de talleres y seminarios sobre temas vinculados a la problemática de los derechos humanos que se renuevan permanentemente. Los temas de las actividades que registran los documentos son muy variados y se encuentran referidos a salud y derechos humanos, ancianidad, sexualidad, derechos laborales, educación, políticas represivas, control social, leyes de obediencia debida y punto final, las villas en Buenos Aires, presos políticos, pueblos originarios, ferrocarriles en Argentina, Encuentros Nacionales de Mujeres, población afrodescendiente, el golpe de Estado en Chile; políticas públicas, el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, redes de trata, entre muchos otros .
Entre los documentos de este fondo podemos encontrar principalmente audios de charlas, seminarios y presentaciones realizadas en el marco de las actividades de la cátedra. Además se incluyen notas, resoluciones y fotos vinculadas a esas actividades.

El Archivo Nacional de la Memoria en cumplimiento de su misión y funciones produce y recibe documentos que dan testimonio de su vida institucional. Es por ello que en su fondo se puede encontrar una amplia cantidad de documentos generados por sus dependencias, siendo la documentación más voluminosa la administrativa y de recursos humanos (correspondencia, memos, convenios, presupuestos, trámites internos, informes, normativas, contratos, registro y control de bienes patrimoniales, expedientes de compras, recibos de pagos, registro de asistencia, entre tantos otros).
Asimismo, este fondo permite acercarse a las acciones de cooperación internacional con la región del Mercosur como de países europeos, desacatándose los convenios con el gobierno del Reino de España, UNICEF, PNUD y la participación en el Programa de Apoyo al Desarrollo de los Archivos Iberoamericanos (ADAI) que aportaron al fortalecimiento institucional del Archivo, desde el 2005 al 2014. Además, en el marco de la construcción del Espacio y Centro Cultural para la Memoria Trelew en el viejo aeropuerto de la ciudad, podemos encontrar las notas remitidas por este tema tanto desde la Secretaría Ejecutiva del ANM como por el Secretario de Derechos Humanos de la Nación así como planos y fotos del aeropuerto, proyectos e informes vinculados con su construcción, folletería de difusión de la Secretaría de Derechos Humanos sobre el tema, síntesis de reuniones, propuestas y Actas de las reuniones de la Comisión Bipartita y Comisión Ad-hoc, entre otros.
A partir de las actividades de obtener, investigar y preservar informaciones, testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en que este comprendida la responsabilidad del Estado Argentino y sobre la respuesta social e institucional ante esas violaciones, el Archivo produjo diversa documentación tal como:
Registros de testimonios de víctimas de desaparición forzada y del accionar represivo en el Cono Sur, conformados hasta julio 2013; registros censales de personas de nacionalidad argentina o extranjeros, que revistieron el carácter de presos políticos en la República Argentina en el período comprendido entre el 16 de septiembre de 1955 y el 10 de diciembre de 1989, generados desde el 2009 hasta el 2014; oficios judiciales e informes que hasta el día de hoy se producen, para dar respuesta a las solicitudes de antecedentes de personas por violaciones a los derechos humanos en el marco de las Ordenanzas 1/94 y 1/04 de la Prefectura Naval Argentina y el Decreto 157/2006 que regula la actividad de las empresas de seguridad privada en el ámbito de la Policía de Seguridad Aeroportuaria; documentación generada a partir de las investigaciones llevadas a cabo por el Archivo: sobre las violaciones a los derechos humanos que sufrieron personas de origen español en la Argentina, Sitios de Memoria y ex Centros Clandestinos de Tortura y Exterminio, Ley de Residencia, Masacre de Trelew, Golpe de estado de 1955, Bombardeo de la Plaza de Mayo el 16 de Junio de 1955, Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado) el Cordobazo, Plan Cóndor, Doctrina de Seguridad Nacional, entre otras.
Prevalece una gran cantidad de registros fotográficos de actividades institucionales y de promoción de los derechos humanos, entre la cuales se encuentran las fotografías tomadas durante las actividades de la Comisión Especial de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) responsable de investigar la masacre ocurrida el 11 de septiembre de 2008 en la localidad boliviana de Pando. Se suman a estos registros fotografías de los edificios que funcionaron como Centros Clandestinos de Detención y del trabajo desarrollado por los trabajadores del ANM en la recuperación, tratamiento archivístico y conservación documental.
También hay registros audiovisuales de actividades institucionales en relación a los derechos humanos, actos y recorridos en el ex CCD ESMA y colocación de los carteles en los edificios de las distintas dependencias del Estado y de los organismos de derechos humanos; actividades de la recuperación y puesta en valor de los edificios que integran el predio del ex CCD ESMA; señalizaciones impulsadas por la Red Federal de Sitios de Memoria en lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención, tortura y exterminio; actividades, actos y movilizaciones en el marco de los juicios de lesa humanidad que se siguen a los represores de la última dictadura militar y videos institucionales sobre la defensa y promoción de los derechos humanos y que se proponen visibilizar el operar del terror de Estado así como sus prácticas, mecanismos y efectos y las experiencias y legados de las organizaciones políticas y sociales y las militancias. Además, una gran cantidad de entrevistas a personas representativas de la vida política, social y cultural de la Argentina conforman el Archivo Oral.
También puede encontrarse dentro de este fondo tanto las comunicaciones, acuerdos, listados y documentos de trabajo vinculados con la "Mesa de Archivos", coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación. Esta Comisión Técnica Mixta, compuesta por distintas instituciones de archivos públicos, representantes del Ministerio Público Fiscal y organismos de derechos humanos, se creó en el marco de los acuerdos bilaterales específicos realizados entre Argentina con Brasil, Uruguay y Chile en el ámbito de la Reunión de Altas Autoridades en materia de Derechos Humanos y Cancillerías del MERCOSUR (RAADDHH). El objetivo de estos acuerdos bilaterales (también conocidos como Memorandos de Entendimiento - MOU) es el intercambio de documentación para el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos entre los diferentes países. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ha sido parte activa desde el principio en estos acuerdos, derivando la participación en las reuniones en el Archivo Nacional de la Memoria. Es atribución del ANM también la reunión y preservación de las copias de toda la información circulante en el marco de estos Memorandos: tanto aquella entregada por las instituciones nacionales (Cancillería, Ministerio de Defensa, Ministerio de Seguridad, Ministerio Público Fiscal, Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, entre otras) como aquella provista a la Argentina por instancias de carácter internacional, siguiendo los criterios de confidencialidad que emanan de los acuerdos.
En cumplimiento de sus actividades fundamentales, vinculadas a "obtener, analizar, clasificar, duplicar, digitalizar y archivar informaciones, testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en que esté comprometida la responsabilidad del Estado Argentino y sobre la respuesta social e institucional ante esas violaciones", el ANM crea colecciones en relación a sus intereses con documentos provenientes de diversos fondos de otras instituciones. Cada uno de estos agrupamientos, aunque vinculados estrechamente a las misiones del ANM, se describe de manera independiente.

La colección reúne copias digitales de las fotografías de Dante Lartirigoyen, Juan Derdoy, Paloma Uranga, Elizabet Kenny, Malena Gioia, Estefanía Schegtel Torres, Josefina Vitale y Sol Vázquez, tomadas en el marco del juicio oral y público por delitos de lesa humanidad que se realizó en la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), entre septiembre y diciembre de 2014. Este proceso judicial investigó los crímenes de terrorismo de Estado cometidos en el ex Centro Clandestino de Detención Monte Pelloni. El debate oral contó con cuatro represores en el banquillo de los acusados y evaluó los casos de más de 20 víctimas, con testimonios de unos 200 testigos
Asimismo, la colección contiene también una publicación titulada "Juicio Monte Pelloni: Cobertura periodística de las agencias de noticias Comunica y Zum" (2015) escrito por Juan Cachero, Santiago Wiggenhauser y Jonatan Salazar, compilado por Carolina Ferrer, Francisco Delfino y Laura Hoffman, y editado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Este libro trata sobre la causa Monte Peloni, elevada a juicio el 4 de julio de 2012, constituyéndose en el primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad realizado en Olavarría.

La colección reúne expedientes del Ministerio de Justicia de diversa índole y correspondientes también a distintos períodos de la historia del país. Solo uno de los expedientes data de los años de la última ditadura cívico militar y refiere a la prohibición de disponer de los bienes por parte de determinadas personas de acuerdo a lo dispuesto por la Junta Militar en un acta del 18 de junio de 1976. El resto de los expedientes son de la década de 1980 y, entre ellos, hay algunos vinculados a una solicitud a distintas instancias del Poder Judicial, por requerimento de la Secretaría de Justicia de la Nación, de que se informe mensualmente acerca del personal de las Fuerzas Armadas (en actividad o situación de retiro) que se hallen involucrados en causas penales. También hay un expediente sobre un accidente de un Suboficial en Finalmente, se encuentra otro expediente relacionado a la causa "Fábrica militar de pólvoras y explosivos s/denuncia" en Bell Vill, Córdoba.

La colección reúne recortes originales de medios periodísticos fechados entre 1981 y 1986, recopilados por un periodista estadounidense. Los artículos corresponden a medios nacionales como La Prensa, La Razón, Clarín, La Voz, Buenos Aires Herald, Crónica, Diario Popular, Tiempo Argentino, Ámbito Financiero, La Nación, Siete Días, La Semana y Gente; agencias como Diarios y Noticias (DyN) y Noticias Argentinas (NA) y el medio internacional The New York Times. Los artículos están vinculados a denuncias e imputaciones a perpetradores de crímenes de lesa humanidad, relatos de casos de personas detenidas desaparecidas, casos de personas asesinadas, nóminas de obreros desaparecidos por la dictadura cívico-militar, testimonios y entrevistas a víctimas del terrorismo de Estado, casos de apropiación de menores, fragmentos de las crónicas de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP), memorias de "La Noche los Lápices", noticias sobre denuncias de los organismos de derechos humanos. Otros artículos tratan sobre la detención y desaparición de ciudadanos y ciudadanas españoles, italianos, bolivianos, paraguayos y uruguayos y, también, sobre el hallazgo de cadáveres NN en cementerios y fosas comunes así como en las costas uruguayas, además de las exhumaciones realizadas en distintos puntos del país.
Hay además comunicados de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y publicaciones vinculadas a la democracia, la educación y la promoción de los derechos humanos.

La colección está integrada por copias de documentación obrante en archivos del Servicio Penitenciario Federal y contiene legajos de personal del Servicio principalmente.

La colección está integrada por copias de documentación obrante en archivos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y contiene legajos y fojas de servicios de sus integrantes y listados de profesionales de la medicina de sexo femenino, pertenecientes al SPF, que prestaron servicios en unidades penales dentro de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires entre los años 1974 y 1983.

La colección está integrada, principalmente, por copias de documentación obrante en archivos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y contiene legajos de integrantes del SPB.