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Testimonios referidos a los centros clandestinos de detención en la Provincia de Tucumán y de localidades como Coronda, Sierra Chica y La Plata. Se incluye lista de personas desaparecidas así como de sus familiares y de fusilados por la dictadura cívico militar. Se hace referencia a la situación de la sala de partos de la Unidad Penal 2 de Villa Devoto. Además, se incluye lista de personas amenazadas de fusilamiento, torturadores, guardias y personal del penitenciario participantes en vejaciones y torturas, pertenecientes a la Policía y al Comando III Cuerpo de Ejército.

Testimonio de Luis Pablo Nicanor Córdoba y Alcira Ríos de Córdoba, exiliados argentinos en México, sobre su detención, secuestro e información sobre las personas que vieron durante el mismo en el centro clandestino de detención "La Cacha".

Testimonio de Estrella Iglesias sobre su detención, traslados e interrogatorios como presa política en Argentina, hasta su puesta en libertad y posterior viaje a España.

Testimonio de Mirta Liliana Igaz ante el Carlos A. González Gartland en representación de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) en relación a la desaparición, tortura, allanamiento y detención ilegal de miembros de la familia de Mirta Liliana Igaz y sobre la desaparición y/o asesinato de amigos y compañeros de escuela.

Testimonio de Juan Enrique Roldán sobre su detención y tortura en Ingenio San Pablo, provincia de Tucumán, y su traslado a la Unidad Penal 2 de Villa Devoto.

Testimonio de Horacio Domingo Maggio, fugado en un traslado desde la Escuela de Mecánica de la Armada el 17 de Marzo de 1978, dirigido a la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) acerca de lo ocurrido durante la detención en el Casino de Oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Incluye planos y croquis del Casino de Oficiales dentro del perímetro de la ESMA.

Testimonio de Cristina Gioglio sobre su detención ilegal y traslados hasta llegar a la Unidad Penal 2 de Villa Devoto sin tener información sobre su situación legal.

Testimonio anónimo "La Justicia en Argentina" acerca del secuestro y torturas a una mujer detenida en la Unidad Penal 2 de Villa Devoto y juzgada por un Consejo de Guerra.

Testimonio realizado en Ginebra, en julio de 1981, por el miembro de la Policía Federal Luis Alberto Martínez (alias "Japonés") ante representantes de la FIDH (Federación Internacional de los Derechos del Hombre - Federation Internationale Des Droits de l'Homme), organización no gubernamental acreditada por las Naciones Unidas -estatus B- y el Consejo de la Europa. El documento original se encuentra en francés. Este documento incluye una traducción "informal" en castellano, de la cual se desconoce el autor. Al momento de realizar la declaración, Martínez se encontraba detenido en la prisión de Champ Dollon, Suiza, acusado de los secuestros extorsivos del financista Fernando Combal y el banquero Carlos Koldovsky, ocurridos entre los años 1979 y 1981. Se conoce que Martínez llegó a la FIDH por intermedio del escritor argentino Julio Cortázar, entonces integrante de CADHU (Comisión Argentina por los Derechos Humanos). La de Martínez es la más antigua declaración que se conoce, realizada por un integrante de los grupos represivos, sobre los “Vuelos de la Muerte”. Mencionado como "Destino Final", detalla cómo -tras los interrogatorios bajo tortura- los Grupos de Tareas recurrían a la eliminación física utilizando aviones como parte del dispositivo de desaparición de personas. También en su relato da cuenta de la confección, manejo y circuito de expedientes y formularios relativos a personas detenidas desaparecidas.
Este suboficial de la Policía Federal cuenta en su testimonio que formó parte de los grupos de tareas de Coordinación Federal antes y después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, desempeñándose además como agente del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército Argentino. Da cuenta de su paso por distintas áreas: el departamento de asuntos sindicales, la "mesa estudiantil" (encargada de infiltrar personal en ámbitos estudiantiles) y el secretariado de la Superintendencia de Seguridad Federal -entre 1973 y 1980- donde, entre otras tareas, transmitía las órdenes para generar "areas liberadas" para la actuación de los Grupos de Tareas. En ese contexto, da cuenta del funcionamiento de los centros clandestinos conocidos como "Garage Azopardo" (LT-LD) y "Club Atlético" (Centro Antisubversivo). También menciona los centros clandestinos de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), "El Banco", "El Vesubio" (La Ponderosa), "Olimpo" y un lugar -"La Casita"- cercano a la Comisaría N° 46.
A lo largo de su testimonio hace mención a los secuestros del físico Antonio Misetich, las religiosas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y el escritor Haroldo Conti. Refiere también los asesinatos del padre Carlos Mugica, Silvio Frondizi y Rodolfo Ortega Peña por parte de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) y de cómo esta organización paraestatal nutrió luego los denominados Grupos de Tareas.

Suplemento de la Revista Siete Días Año XV N° 848 titulado "La tortura en Argentina. Documento Especial" en el que se recopilan diferentes testimonios de personas torturadas en Argentina durante la dictadura cívico militar.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) fue creada por el presidente Raúl Alfonsín a través del decreto Nº 187 del 15 de diciembre de 1983. Contra la propuesta esbozada por la mayoría de los organismos de derechos humanos, que reclamaban la creación de una Comisión bicameral para la investigación de los crímenes de la última dictadura (1976-1983), el titular del Poder Ejecutivo optó por una Comisión de “notables” compuesta por personalidades destacadas de la vida política, cultural y religiosa argentina, presidida por el escritor Ernesto Sábato. Sus otros integrantes fueron Magadalena Ruiz Guiñazú, Ricardo Colombres, René Favaloro –quien renunció poco después–, Hilario Fernández Long, Carlos Gattinoni, Gregorio Klimovsky, Marshall Meyer, Mons. Jaime F. de Nevares, Eduardo Rabossi, Santiago López, Hugo Piucill, Horacio Huarte, Graciela Fernández Meijide, Daniel Salvador, Raúl Aragón, Alberto Mansur y Leopoldo Silgueira.
El objetivo de la CONADEP, que inicialmente funcionaría por seis meses, era recibir denuncias y pruebas sobre los secuestros y desapariciones perpetrados durante la dictadura para remitirlas a la Justicia, investigar cuál había sido el destino de los desaparecidos y desaparecidas y determinar el paradero de los niños y niñas apropiados en el marco del terrorismo de Estado. Además, debía denunciar cualquier intento de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad por destruir evidencia de los crímenes de la represión. Todos los datos recabados durante las labores investigativas serían recopilados en un informe final que se pondría en manos del presidente de la Nación. La entrega se efectivizó el 20 de septiembre de 1984, luego de extenderse por tres meses el plazo establecido originalmente para el funcionamiento de la CONADEP, en un acto que tuvo lugar en la casa de gobierno. Dos meses después, el informe fue publicado bajo el título Nunca más por la editorial universitaria EUDEBA, convirtiéndose en un éxito de ventas.
Las tareas de la Comisión se desarrollaron en un clima cargado de tensión por la reticencia de los integrantes de la Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad a que se llevara adelante una revisión de su actividad represiva durante los años de dictadura. A pesar de ello, y de las dificultades que planteaba la recopilación de información en las zonas alejadas de los grandes centros urbanos, la CONADEP logró registrar 8.960 casos de desaparición forzada y comprobar, a través de inspecciones oculares con sobrevivientes, la existencia de unos 340 centros clandestinos de detención, la mayoría ubicados en dependencias policiales y militares todavía en funcionamiento.
La información recopilada por la Comisión dejó en evidencia que, lejos de constituir “excesos” aislados, los secuestros, las torturas, las desapariciones y los asesinatos habían formado parte de un plan sistemático organizado desde las más altas jerarquías de las Fuerzas Armadas. Esta constatación fue clave para lograr la condena de los integrantes de las tres primeras Juntas Militares en el denominado Juicio a las Juntas, realizado entre abril y diciembre de 1985. La importante circulación pública del Nunca más, por otra parte, fue central para la conformación de una primera memoria pública sobre los crímenes de la dictadura argentina.
El subfondo CONADEP, perteneciente al Fondo Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dado el traspaso de funciones a este organismo el cual continuó gestionando, interviniendo y modificando los documentos, se compone de distinto tipo de documentación que refleja la actividad realizada por la Comisión en el marco de sus labores investigativas. Incluye, en primer lugar, los legajos constituidos a partir de formularios que recogían las denuncias de familiares, sobrevivientes o testigos ocasionales de acciones represivas. Estos formularios incorporaban información diversa como ser el nombre y apellido de la víctima, su fecha de nacimiento, documento de identidad, profesión o trabajo, lugar de estudio o trabajo, domicilio, estado civil, número de hijos y edad; fecha, hora y lugar del secuestro, descripción del hecho, mención a testigos si los hubiese y de los posibles responsables; las gestiones realizadas por los familiares y allegados de las víctimas, las respuestas obtenidas ante esos requerimientos y los datos del denunciante. Este subfondo reúne además, más de dos mil fotografías tomadas por el fotógrafo Enrique Shore durante las inspecciones oculares en los centros clandestinos de detención (CCD) así como las actas elaboradas a partir de esas inspecciones junto a un vasto relevamiento documental hecho por la Comisión sobre los CCD. Por otra parte, el fondo contiene también las actas de las reuniones que realizó la CONADEP en el transcurso de su investigación así como las del Comité Ejecutivo, instituido el 29 de diciembre de 1983 dada la necesidad de funcionar ejecutivamente con un grupo más reducido de sus miembros. La correspondencia nacional e internacional de la Comisión también forma parte de este subfondo dando cuenta de los intercambios con organismos estatales y de la sociedad civil tanto de Argentina como de otros países.
Asimismo, se encuentran las elevaciones de denuncias a la Justicia, unos 25.000 habeas corpus que fueron elevados al Poder Judicial para determinar el paradero de personas desaparecidas entre 1975 y 1983, las respuestas de hospitales de salud mental y cementerios con listados de pacientes de hospitales y de entierros sucedidos en los cementerios entre 1976 y 1983. Hay además numerosos relevameintos documentales de dos organismos internacionales que elaboró diferentes listados e investigaciones sobre casos de violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura cívico militar. Tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reopiló y transfirió la documentación vinculada a estos hechos y, en el caso de la CIDH, aquellos informes de las observaciones in-loco que realizara en 1979, en plena dictadura, y que permitieran dar apoyo internacional a las denuncias que venían realizando los organismos de derechos humanos en el país.
Desde su creación y hasta el presente, el fondo de la CONADEP desarrolla un rol central en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, ya sea como evidencia en los juicios por los crímenes de lesa humanidad, como fuente de consulta para los ascensos de personal de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, como insumo para producciones de distinta índole orientadas a la transmisión de la memoria de los crímenes dictatoriales y para la investigación científica sobre el pasado reciente argentino.

Sección Derechos Humanos de la publicación "Argentina día por día" con testimonio de Lisandro Raúl Cubas titulado "Los desaparecidos empiezan a hablar". Este testimonio aparece en forma de entrevista a Cubas, quien fue secuestrado y desaparecido el 20 de octubre de 1976 y, tres años más tarde, liberado, saliendo al exilio en 1979. Además del testimonio se inlcuyen otros dos artículos periodísticos:

• Artículo de Clarín titulado "Un Informe Revelador. Detenciones Clandestinas" y se trata de un informe elaborado por ocho ex detenidos del centro clandestino de detención La Cacha, redactado en un convento de San Pablo. Incluye lista de 75 personas que pasaron por La Cacha.
• Artículo de La Nación con el título "La Libertad para Subversivos" que trata sobre la sanción del Poder Ejecutivo Nacional de la Ley 22.980 con la que se deroga la ley 22.156 y se modifica los artículos 13 y 53 del Código Penal.
• Artículo de La Nación "Situación Procesal del Almirante Massera".
• Artículo de Clarín "Recurso Diplomático" sobre el Habeas corpus en favor de 27 españoles desaparecidos. Incluye el relato sobre españoles detenidos ilegalmente en distintos centros clandestinos de detención, proveniente de un escrito presentado por el ministro encargado de la sección Asuntos Consulares de la Embajada de España.
• Artículo de Clarín "Internaron a Emilio Massera", que refiere a la ausencia de Eduardo Massera en la absolución de posiciones convocada por el juez de sentencia Ricardo José Galli debido a problemas de salud.