La Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) se gestó durante los meses previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, aunque su aparición formal se produjo cuando ya había comenzado la dictadura. El proyecto tuvo origen en un grupo de profesionales del Derecho vinculados a la Asociación Gremial de Abogados (AGA) con larga trayectoria en la defensa de presos políticos durante los regímenes militares previos, quienes iniciaron tratativas con representantes de distintas organizaciones de un amplio espectro ideológico para crear un organismo que denunciara las violaciones a los derechos humanos en la Argentina de la época.
La CADHU se fundó en abril de 1976 a partir de la confluencia de distintos grupos. El más numeroso lo componían las y los militantes del Partido Revolucionario de los Obreros Argentinos (PROA), organización a la que pertenecían, entre otros, los hermanos Eduardo Luis, Marcelo y Carlos María Duhalde, Haroldo Logiurato, Carlos González Gartland, Liliana Galetti, Ignacio Ikonikoff, María Bedoian, Alicia Contrisciani, Virginia Allende, Blanca Altmann, Marta Taboada. Otro componente de la CADHU en sus inicios fueron los abogados Lucio Garzón Maceda y Gustavo Roca, procedentes de Córdoba, donde se desempeñaban como representantes legales de sindicatos y defensores de presos políticos, a quienes se sumaron otros profesionales del derecho con diversas adscripciones políticas como Roberto Sinigaglia, Mario Hernández, Daniel Antokoletz, Vicente Zito Lema, Mario Amaya, Gustavo Varela y Guillermo Díaz Lestrem. Una tercera vertiente que participó del proceso formativo del organismo la conformaban los militantes de la organizaciones político-miltares Montoneros y Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). De este contingente formaban parte, entre otros, Rodolfo Mattarollo, Manuel Gaggero, Martín Federico, Roberto Guevara, Lidia Massaferro, Pablo Ramos, Nelly Ortiz y Juan Carlos Caprioli.
La denuncia y la solidaridad se constituyeron tempranamente como las dos vías de acción principales de la CADHU. Los acuerdos logrados entre el sector vinculado al PROA y los representantes de la organizaciones político-militares fueron fundamentales para llevar adelante la primera de esas iniciativas, que se canalizó a través de Ignacio Ikonikoff, encargado de centralizar los datos aportados por los colaboradores vinculados a Montoneros y el PRT-ERP. De este modo, se constituyó un primer circuito de información que permitía conocer y denunciar con cierta celeridad los secuestros y asesinatos que se multiplicaban diariamente en el país durante los primeros meses de dictadura, y de los que los militantes relacionados con las organizaciones político-militares formaban un porcentaje considerable. La herramienta utilizada por la CADHU para difundir estas denuncias fue el Boletín del organismo, cuyo primer número vio la luz en octubre de 1976.
La denuncia en el extranjero fue desde el inicio una prioridad para la CADHU, cuyos integrantes –por su experiencia en la defensa de presos políticos– habían entablado vínculos tempranos con diversas entidades internacionales del campo jurídico ligadas a la defensa de los derechos humanos, tales como la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), la Asociación Internacional de Juristas Democráticos (AIJD), la Federación Internacional de los Derechos del Hombre (FIDH) o el Secretariado Internacional de Juristas Católicos (SIJC). A estas relaciones se sumaron los acercamientos también tempranos a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional, Pax Romana y el Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz (Justicia y Paz) y el Consejo Mundial de Iglesias, entre otros organismos dedicados a la defensa de los derechos humanos. Esta faceta de la actividad de la CADHU quedó reflejada en el Estatuto del organismo, aprobado en la Asamblea Constitutiva que se realizó en Buenos Aires el 16 de julio de 1976, el cual establecía una representación exterior para divulgar los crímenes de la Junta Militar en los principales foros de denuncia internacionales.
Esta proyección hacia el ámbito internacional de la CADHU no sólo respondía a consideraciones de estrategia sino, también, a las urgencias que planteaba el avance de la represión en la Argentina. La actividad pública como abogados de presos políticos de la mayoría de los integrantes del organismo los convertía en blancos particularmente expuestos a las acciones de los grupos de tareas de la dictadura. Esta situación quedó en evidencia el 11 de mayo de 1976 cuando, en la previa de una reunión en la que se discutiría la línea de acción del organismo, fueron secuestrados Mario Hernández y Roberto Sinigaglia. El evento marcó un punto de inflexión en la trayectoria de la CADHU, que asumió como necesaria y urgente la salida de sus miembros más prominentes.
La información que se recogía en la Argentina sobre el avance de los secuestros, las desapariciones y los asesinatos en la vía pública salía del país inicialmente a través del circuito organizado en torno a Ikonikoff. Durante el primer año de dictadura, él fue el encargado de enviar con cierta periodicidad cartas a los representantes de la CADHU en el exilio –particularmente a Eduardo Duhalde, instalado en Madrid desde septiembre de 1976– en las que recopilaba numerosos datos sobre el avance de la represión en la Argentina e informaba también sobre la cotidianidad del organismo como. Entre otras cosas, Ikonikoff daba cuenta en esos escritos de la aparición de los primero Boletines, cuyos primeros números se confeccionaron clandestinamente dentro del país.
En sintonía con el mapa del exilio argentino, la CADHU estableció representaciones en diversos países de Europa Occidental y América. La de Madrid, en gran medida debido a la extensa y reconocida trayectoria política de Duhalde, se convirtió pronto en la más prominente de las sedes del organismo. En la capital española se instalaron también Alipio “Tito” Paoletti y Carlos María y Marcelo Duhalde. Una actividad particularmente intensa asumió la delegación del organismo en México, encabezada por el abogado Carlos González Gartland, quien desarrolló su militancia en la CADHU en paralelo a su participación en el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA). En París asumieron un lugar destacado Rodolfo Mattarollo y Manuel Gaggero. La CADHU tuvo, además, otras delegaciones en Europa Occidental, repartidas entre Bélgica, Suiza, Suecia y los Países Bajos. En esta última participó activamente Vicente Zito Lema. Una mención aparte merece la sede de Washington, cuya creación corrió por cuenta de Olga Talamante y Horacio “Gino” Lofredo. La primera, nacida en México y naturalizada estadounidense, se había radicado en la Argentina y militado en organizaciones de superficie de Montoneros, lo que le valió su detención y encarcelamiento durante el gobierno de María Estela Martínez. Las presiones diplomáticas del gobierno norteamericano condujeron a su liberación en 1976 marzo 26. A partir de entonces, se radicó en Estados Unidos. Lofredo, por su parte, había emigrado de la Argentina en 1963, y también se había nacionalizado norteamericano. En diciembre de 1976, impulsaron en conjunto la apertura de una sede de la CADHU en la ciudad de Washington. Esta representación del organismo asumió un funcionamiento relativamente autónomo, participando de las acciones de lobby tradicionales de la política estadounidense de la mano de otros organismos de solidaridad y denuncia locales, como la Washington Office on Latin America (WOLA) y el Council on Hemispheric Affairs (COHA).
Los integrantes de la CADHU lograron exponer tempranamente las violaciones a los derechos humanos en la Argentina ante la comunidad internacional. Un primer hito en este proceso fue la presentación que realizó Mattarollo ante la Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU en agosto de 1976. Esta primera denuncia fue seguida por las declaraciones de Lucio Garzón Maceda y Gustavo Roca, exiliados en Francia y España respectivamente, ante el ante el Subcomité de Organizaciones Internacionales del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos los días 28 y 29 de septiembre de 1976, instancia propiciada por el senador demócrata Donald Fraser que tenía como objeto evaluar la continuidad de la ayuda militar norteamericana a la dictadura. Sus testimonios de la represión en la Argentina resultaron fundamentales para que el gobierno de James Carter (1977-1981) decidiera en 1977 poner fin al programa de asistencia debido a las flagrantes violaciones a los derechos humanos por parte de la Junta Militar.
La actividad de la CADHU en la Argentina se interrumpió abruptamente en junio de 1977 a causa de la represión. A mediados del mes de junio fueron asesinados y desaparecidos la mayoría de los militantes del organismo vinculados al PROA que todavía permanecían en el país. Los operativos de los grupos de tareas, que se desarrollaron a lo largo de varios días, tuvieron lugar en las inmediaciones de una casa-quinta de la localidad de Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires, donde el 11 y 12 de junio de 1977 tendría lugar un plenario partidario, y en varios puntos de la Capital Federal. La llamada “Masacre de Marcos Paz” y secuencia represiva que le siguió dejaron como saldo el secuestro o asesinato de las y los militantes del PROA Héctor Bellingeri, Pedro Insaurralde, Ignacio Ikonicoff, Carlos Arias, Gloria Vainstein, Haroldo Logiurato (junto a su hijo Fabián, menor de edad), Liliana Galletti y José Voloch, María Bedoian, Luis María Logiurato, Alicia Contrisciani, Virginia Allende, Gustavo Varela y Blanca Altman. Este hecho determinó que la Delegación Internacional de la CADHU se constituyera de hecho en su Consejo Directivo, situación que se formalizaría poco tiempo después.
Al tiempo que se intensificaba la represión sobre las y los integrantes de la CADHU en la Argentina, ganaba envergadura la actividad del organismo en el exilio. El 21 de febrero de 1977, Mattarollo realizaría una presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la que nuevamente expondría las atrocidades de la Junta Militar. En el transcurso del mes siguiente, la CADHU provocó un nuevo impacto en el terreno de la denuncia internacional con la publicación de Argentina: Proceso al Genocidio, el primer informe integral sobre las violaciones a los derechos humanos en el país. Editado en Madrid gracias a las gestiones del cineasta español Elías Querejeta, el libro fue redactado por Eduardo Duhalde y Gustavo Roca, pero su insumo fundamental fue la información que integrantes y colaboradores de la CADHU habían obtenido clandestinamente en la Argentina y, luego, sacado del país por distintas vías. El informe no sólo denunció los crímenes dictatoriales como parte de un genocidio, apelando así a una figura instalada en el derecho penal internacional, sino que además acuñó la noción de “terrorismo de Estado” para describir el esquema represivo montado por la Junta Militar. El impacto del libro fue tal que se publicaron ediciones del mismo en francés y alemán, a las que se sumaron traducciones parciales en otros idiomas, como el inglés y el italiano. La aparición del informe fue seguida, en los años siguientes, por la publicación de numerosos testimonios de sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, los cuales permitieron conocer en detalle el funcionamiento del dispositivo represivo dictatorial y aportaron información clave sobre lo ocurrido con las cautivas embarazadas y con los desaparecidos en general.
La actividad de la CADHU en el exilio no se ciñó solamente a la publicación de boletines, testimonios e informes sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina. El organismo también impulsó iniciativas de solidaridad e intervenciones en el espacio público. El auxilio a personas que buscaban huían de la persecución dictatorial fue una de las aristas del trabajo de solidaridad de la CADHU, aunque el mayor despliegue en este campo se desarrolló en la geografía del exilio, donde el organismo otorgó ayuda material y contención a las y los recién llegados. Esta labor adquirió mayor envergadura a partir de 1978, gracias a un programa de ayuda económica del gobierno de Suecia que permitió disponer de mayores fondos. Las intervenciones de la CADHU en el espacio público consistieron fundamentalmente en movilizaciones ante las embajadas argentinas en los países del exilio ante eventos puntuales o fechas de resonancia particular, como los aniversarios del golpe de Estado. En estas acciones, el organismo contaba con el apoyo de diversas personalidades de la cultura de relevancia nacional e internacional, tales como Julio Cortázar, David Tieffenberg, Humberto Constantini, Ricardo Carpani, Matilde Herrera, Julio Le Parc, David Viñas y Juan Carlos Cedrón, entre otros.
Como otros organismos que desarrollaron la lucha contra la dictadura desde fuera de la Argentina, la CADHU participó también activamente de los debates que atravesaron a la comunidad del exilio. Los intercambios se realizaron a través de distintos instrumentos creados por la sede madrileña del organismo a tales fines: publicaciones como Correo Argentino y Presencia Argentina, esta última directamente relacionada con el Centro Argentino de Madrid, oficiaron de portavoces de las y los miembros de la CADHU. El más importante de estos debates, que generó una verdadera fractura entre los exiliados, fue el que se generó en torno al Mundial de Fútbol a realizarse en la Argentina durante el año 1978. En este contexto, la CADHU respaldó la creación del Comité de Boicot al Mundial de 1978 (COBA), entidad que se propuso evitar la realización del evento deportivo por la feroz represión en el país. Otro debate central del exilio del que participó el organismo fue el que se generó a propósito de la Guerra de Malvinas (1982), en el que la CADHU rechazó de plano la posibilidad de un apoyo táctico a la aventura bélica de la Junta Militar.
El colapso de la dictadura y el consecuente retorno de la democracia, consumados definitivamente con la asunción de Raúl Alfonsín como presidente de la Nación el 10 de diciembre de 1983 diciembre 10, marcaron el fin de la experiencia de la CADHU. La existencia de un gobierno elegido de manera democrática, según los propios integrantes del organismo, abría una nueva etapa para la denuncia de los crímenes de la represión dictatorial. En adelante, esta debería llevarse adelante desde la Argentina y a través de los canales abiertos a tales fines. Consecuentes con esta idea, las y los miembros de la CADHU acordaron la disolución del organismo en el transcurso del año 1984.
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