Testimonio sobre campos secretos de detención en Argentina. Prefacio por Martín Ennals, secretario general. Contiene testimonios, gráficos y croquis y reconstrucciones de documentos utilizados en los campos.

El fondo se compone de la documentación producida en el marco de la causa N° 2522 (Lex. 14216/2003/TO9) "Rodríguez, Hubo Roberto y otros s/privación ilegal de la libertad, agravada por mediar violencia o amenazas; en concurso ideal con el delito de imposición de tormentos" conocida como Vesubio III, tramitada ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 (TOF 4). En particular, contiene los audios de las audiencias y la documentación aportada como prueba. Entre la documentación de prueba, se encuentran:

• libros históricos de distintas unidades militares, juntas de calificaciones, directivas y reglamentos militares, copias de legajos de personal militar, boletines, listados de personal militar, policial y penitenciarios.
• planos e inspecciones oculares
• expedientes judiciales anexados a la causa
• legajos de identificación de la Cámara Federal
• constancia de pericias antropológicas y certificados de defunción
• documentación de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires e informes de la Comisión Provincial por la Memoria
• documentación aportada por el CELS que incluye artículos periodísticos, la declaración de Elena Alfaro, lista de trabajadores desaparecidos y documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos
• copias de legajos CONADEP, SDH y REDEFEA y habeas corpus presentados para la búsqueda de paradero de las víctimas involucradas
• Libros titulados "Subteniente de Caballería JCO 1977", "Derechos Humanos, Justicia y Reparación", "Vida y lucha de Vanguardia Comunista", "Genocidio en la Argentina" e "Historia Argentina contemporánea"

El Centro Clandestino de Detención El Vesubio funcionó entre 1975 y 1979 en un predio del Servicio Penitenciario Federal ubicado en el cruce de Autopista Ricchieri y Camino de Cintura en el partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires. Hasta su disolución y demolición completa a raíz de la inspección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), habían pasado más de 2.500 personas de las que hubo unos pocos sobrevivientes. Este tramo del juicio analiza la responsabilidad de seis agentes del Servicio Penitenciario Federal en los crímenes perpetrados contra casi 400 víctimas. Por esta causa en las que se investigaron crímenes cometidos contra casi 400 víctimas, el Tribunal condenó a un exmilitar y a dos exagentes penitenciarios federales a prisión perpetua, e impuso penas de entre tres años y seis meses de prisión y 15 años de prisión para otros cinco acusados. A su vez, el TOF 4 declaró que los hechos juzgados fueron crímenes contra la humanidad y que la violencia sexual perpetrada contra mujeres "fue específica, sistemática y planificada" y que "partió de estereotipos de género y los profundizó, exhibiendo un carácter extendido y con un claro objetivo disciplinador". También dispuso la reparación de los legajos de las víctimas estudiantes y trabajadoras para que se consigne que fueron víctimas del terrorismo de Estado.

La colección consiste en la publicación realizada por la Universidad titulada "Repositorio Documental de la Memoria de la UNLPam". Dicha producción es el resultado del trabajo realizado en el marco del Programa Académico Institucional de Derechos Humanos que consistió en el relevamiento del expediente judicial caratulado "Actuaciones instruidas s/averiguación de delitos de lesa humanidad", expedientes Nº 13/09 y 615/10 tramitados ante el Juzgado Federal de Santa Rosa, en los que la Universidad se constituyó como parte querellante. En dicha investigación, se destacan las trayectorias de los y las detenidos-desaparecidos de la Universidad, ya sea que fueran estudiantes, docentes, no docentes o autoridades al momento de su secuestro.

La colección contiene documentos relacionados con la Masacre de Pasco, es decir, relativos al secuestro, asesinato y dinamitación de los cuerpos de ocho militantes de la Juventud Peronista el 21 de marzo de 1975 por parte de agentes de la Triple A; hecho sucedido en el marco de un conflicto político transcurrido entre el 25 de julio de 1973 y el 12 de diciembre de 1975 vinculados a la destitución del Intendente de Lomas de Zamora de la Provincia de Buenos Aires Ricardo Ortiz, la asunción y destitución de Pedro Pablo Turner y la asunción como intendente de Eduardo Alberto Duhalde. Pedro Pablo Turner fue detenido en la provincia de Chaco el 29 de marzo de 1976 y unos días después su cuerpo fue hallado en Avellaneda (Provincia de Buenos Aires). En particular, la colección se compone de una carpeta titulada "Acontecimientos" con fotos y recortes de prensa organizados mensualmente de enero a mayo de 1974, una declaración testimonial del hermano y del hijo de Pablo Turner, la copia del Expediente 49025 de sucesión correspondiente al Juzgado de Primera Instancia Nº 9 en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires Año de fecha 23 de octubre de 1996, un telegrama escrito por Pedro Pablo Turner del 9 de agosto de 1974 dirigido al delegado de la CGT Valsechi denunciando injerencia gremial en relación a su suspensión como intendente, 13 fotografías, 74 páginas de recortes periodísticos y ejemplares del diario La Voz del Pueblo de diciembre de 1973 y mayo de 1974, suplemento de Evita Inmortal de La Razón del 17 de noviembre de 1974, diario Crónica del 18 de noviembre de 1972, diario La Opinión del 4 de julio de 1975, diario La Prensa del 5 de julio de 1975, diario Crónica del 1 de agosto de 1974,diario noticias del 5 de julio de 1974, parte del diario La Opinión del 28 de junio de 1975 y diario Así del 5 de julio de 1975.

La serie "Publicaciones de la CADHU" reúne las distintas publicaciones que realizó la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) con el objetivo de dar publicidad en diferentes formatos a investigaciones relativas a violaciones de Derechos Humanos por parte del Estado Argentino e informaciones sobre la CADHU, sus misiones y su accionar. Entre las publicaciones se encuentra "Proceso al Genocidio", primer informe integral sobre las violaciones a los derechos humanos en el país. Editado en Madrid gracias a las gestiones del cineasta español Elías Querejeta, el libro fue redactado por Eduardo Duhalde y Gustavo Roca, pero su insumo fundamental fue la información que integrantes y colaboradores de la CADHU habían obtenido clandestinamente en la Argentina y, luego, sacado del país por distintas vías. El informe no sólo denunció los crímenes dictatoriales como parte de un genocidio, apelando así a una figura instalada en el derecho penal internacional, sino que además acuñó la noción de “terrorismo de Estado” para describir el esquema represivo montado por la Junta Militar.
Dentro de estas publicaciones, pueden encontrarse testimonios de personas sobrevivientes de centros clandestinos de detención, que eran dados a conocer por la CADHU para dar máxima difusión a estos hechos. Para ampliar el alcance de la denuncia internacional, algunos de estos testimonios fueron publicados en otros idiomas además del español, como en francés. Del mismo modo, se sintetizaron informaciones extraídas de los testimonios y fueron publicadas en formato de informe, centradas en el funcionamiento de los centros clandestinos de detención como La Perla y la Escuela de Mecánica de la Armada.
Asimismo, dentro de esta serie, se reúnen distintos informes realizados y publicados por la CADHU con el objetivo de denunciar algún aspecto específico del Terrorismo de Estado, como las condiciones de los presos políticos en las cárceles en Argentina o el rol de la Iglesia Católica Argentina durante la dictadura; así como informes producidos por organismos internacionales, como las Naciones Unidas.
Por último, se incluyen listados de personas denunciadas como desaparecidas recopilados en base a datos propios de las denuncias recibidas por la CADHU y a listados publicados por distintas organizaciones.

Esta serie reúne cierta documentación recopilada por Celia que perteneció a su hijo. Entre estos documentos hay algunos vinculados a sus estudios como una copia digital de una medalla del Instituto Mariano Moreno, certificados de la Escuela Normal de Bahía Blanca donde Eduardo cursó sus estudios secundarios; un pañuelo con dedicatorias de sus compañeros de curso; folletos de las Ferias de Ciencias de la Escuela Normal; y certificados de la Universidad Nacional del Sur, como el de materias aprobadas, extendido por la institución tras su desaparición, en el que se menciona su cese por "inactividad". En relación a su actividad musical hay un certificado de la Escuela Normal de Música y folletos, volantes y programas de los recitales realizados con el grupo Sextozeyko del queformaba parte.
Finalmente, la serie también incluye algunas impresiones de fotografías de Eduardo tipo carnet y algunas de un acto escolar.

La colección reúne documentación recopilada por Eugenia Izquierdo para la producción y dirección del documental sobre la familia Pujadas "Fotos de Familia" realizado en 2011. En este documental Víctor Pujadas reconstruye la historia de su familia, secuestrada y asesinada en la ciudad de Córdoba el 14 de agosto de 1975.
Los Pujadas, catalanes de origen, vivían en Córdoba desde 1953 por el terror impuesto por el franquismo en España. Tuvieron seis hijos uno de los cuales, Mariano Pujadas, se encontraba preso en Trelew y fue uno de los fusilados allí en 1972 durante el hecho conocido públicamente como la “Masacre de Trelew”. El 15 de agosto de 1972, durante el gobierno de facto del general Alejandro Lanusse, las y los presos políticos del penal de la ciudad de Rawson, provincia de Chubut, iniciaron una maniobra con el objetivo de darse a la fuga. La planificación estuvo a cargo de los miembros de las conducciones de las tres organizaciones revolucionarias armadas más grandes del país: el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Montoneros. El plan consistía en llevar al aeropuerto de la ciudad de Trelew a los 110 presos políticos para huir del país en avión. Sin embargo, el plan se vio frustrado por fallas logísticas y de comunicación para el traslado hacia el aeropuerto y sólo 6 integrantes del “comité de fuga”, todos altos dirigentes de sus organizaciones, lograron llegar al avión secuestrado. Durante la madrugada del 22 de agosto de 1972, los detenidos y detenidas salieron de sus celdas y formaron en el pasillo por orden del teniente de corbeta Roberto Bravo. Una vez que lo hicieron, los guardias dispararon sobre ellos. El saldo fueron 16 muertos, entre los que se encontraba Mariano Pujadas, y 3 heridos.
Tres años después de la Masacre de Trelew, el Comando Libertadores de América, organización formada por militares, policías y civiles que operaban bajo las órdenes del militar retirado del Ejército Héctor Vergez, alias “Capitán Vargas”, y un suboficial de la Aeronáutica, Pedro Raúl Telleldín, ingresó al domicilio de la familia Pujadas durante la madrugada. En la casa estaban Josefa Badell y su esposo José Pujadas, sus hijos José María, María José y Víctor, la esposa de José María y la hijita de ellos, María Eugenia. Los otros dos hijos, Ricardo y Ángeles no estaban en la casa familiar dado que se habían casado y vivían con sus respectivas familias. De los presentes se salvaron Víctor, la esposa de José María, que falleció poco después a causa de las secuelas, y María Eugenia y los hermanos que quedaron, junto a sus familias, se exiliaron en España.
Entre los documentos de la colección que recuperan información sobre estos dos episodios de crímenes de lesa humanidad, se encuentra una investigación sobre la Masacre de Trelew titulada "Trelew, ¿Recurso del Antiperonismo?", escrita poco después de los hechos. Esta investigación, plasmada en un folleto, relata el plan de fuga y la sucesión de hechos que desencadenaron en la masacre el 22 de agosto, incluyendo testimonios de los sobrevivientes.
Además, la productora confeccionó una carpeta en la que incluyó distintos artículos periodísticos tanto sobre la Masacre de Trelew como del asesinato de la familia Pujadas de medios tales como La Voz del Interior, Diario Córdoba, Clarín, La Opinión, entre otros. Otros artículos están vinculados con el contexto político más general de la época. Además, hay varios artículos que tratan sobre la guerra civil española, contexto de exilio de la familia Pujadas a Argentina. Adicionalmente a los artículos de prensa, hay algunas notas manuscritas y poemas. Otra parte de la carpeta está constituida por fotocopias de la prensa recopilada por la propia familia sobreviviente en España y que fueron entregados a Eugenia Izquierdo en Barcelona y una última parte contiene un dossier sobre Mariano Pujadas armado por Roberto Baschetti que, además de artículos periodísticos incluye una copia del certificado de las pericias realizadas post mortem al cuerpo de Mariano Pujadas, una conferencia de prensa de los abogados defensores de María Antonia Berger, Ricardo René Haidar y Alberto Miguel Camps, sobrevivientes de la Masacre así como testimonios de cada uno de ellos.
La colección cuenta también con un extracto del ""Diccionari dels catalans d´Amèrica: Contribució a un inventari biogràfic, topnímic i temàtic"" de 1992 en el cual se encuentra subrayado el nombre de Josep María Ribera i Faig identificado como la persona que escribió la biografía de los Pujadas.
Finalmente la colección reúne copias fotográficas e impresiones de fotografías que conforman un primer corpus fotográfico de la investigación para la producción Fotos de Familia. Entre estas imágenes se registra a los distintos miembros de la familia Pujadas así como algunos acontecimientos y lugares por los que transitaron. Entre las fotos, hay también una impresión de una fotografía de María Antonia Berger, Mariano Pujadas y Pedro Rubén Bonet en el aeropuerto de Trelew.

El agrupamiento se compone de la serie de registros fílmicos del juicio oral y público que se desarrolló entre 2017 y 2018 en el marco la “causa Ford” (Causa N° 2855 caratulada como "Müller, Pedro y otros s/privación ilegal de la libertad") del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín.
En el juicio se investigó y condenó la participación de altos funcionarios de la empresa “Ford Motor Argentina” en las violaciones a los derechos humanos cometidas contra 24 trabajadores, algunos de ellos delegados gremiales, de la planta ubicada en la localidad de Pacheco, Provincia de Buenos Aires. El juzgamiento de las responsabilidades empresariales comenzó en el año 2002 como desprendimiento de la investigación llevada adelante contra Santiago Omar Riveros, responsable militar de la jurisdicción en la que se encontraba la planta de Ford en el momento de los hechos. A lo largo del tiempo, esta causa tramitó en tres departamentos judiciales diferentes de la justicia federal, y tardó más de once años en ser elevada a juicio. Desde el año 2014 la causa estuvo radicada en el Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín, y el inicio del juicio oral fue postergado en una ocasión. El veredicto se dictó el 11 de diciembre de 2018. El tribunal integrado por los jueces Osvaldo Alberto Facciano, Mario Jorge Gambacorta y Eugenio J. Martínez Ferrero condenó a Santiago Omar Riveros a 15 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena; a Pedro Müller (Gerente de manufactura de Ford Motor Argentina) a 10 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena; y a Héctor Sibilla (Jefe de seguridad de la empresa) a 12 años de prisión e inhabilitación absoluta durante la duración de las condenas, considerando a los dos últimos partícipes necesarios en los hechos criminales. Este fallo constituyó un hito histórico en los juicios por delitos de lesa humanidad, siendo la primera sentencia condenatoria en Argentina de altos funcionarios de una firma multinacional en términos de participación empresarial en delitos de lesa humanidad.

Primera publicación integral de denuncia de las graves violaciones a los derechos humanos en el país, redactada por Eduardo Luis Duhalde y Gustavo Roca. Fue editado en Madrid gracias a las gestiones del cineasta español Elías Querejeta. El informe no sólo denunció los crímenes dictatoriales como parte de un genocidio, apelando así a una figura instalada en el derecho penal internacional, sino que además acuñó la noción de “terrorismo de Estado” para describir el esquema represivo montado por la Junta Militar definiéndolo como una política estatal de exterminio de todo tipo de oposición, contando con un apartado específico sobre la represión al movimiento obrero como razón de estado. El libro está subdividido en cinco partes, la primera lleva por título "Estructura del Estado represor"; la segunda, "El terrorismo de Estado"; la tercera, "La represión obrera: razón de Estado"; la cuarta es un epílogo que se enfoca en que "no hubo abusos ni excesos" sino que fue una política sistemática a seguir y revisa cómo el accionar represivo de la Junta Militar fue una peligrosa agresión contra la Comunidad Internacional. Y finalmente la quinta parte expone testimonios y denuncias.

La colección reúne documentación perteneciente a Osvaldo Pedro Ballestrini, quien fue personal del Servicio de Inteligencia del Ejército Argentino Cuerpo V entre la década de 1970 y hasta su muerte en 1987 bajo el nombre de Omar Pascual Bosich. Entre los documentos se pueden encontrar recibos de haberes del Ejército Argentino, algunos con nombre real y otros con el de cobertura. Según el informe de la Coordinación de Investigaciones Históricas resulta relevante resaltar que si bien Tadey informó que Ballestrini había muerto en 1987, hay un recibo de haberes a nombre de Bosich Omar Pascual con fecha del 31 de enero de 1989. Otros documentos que forman parte de la colección son pasajes de avión a su nombre por viajes a América del Sur y a Madrid, así como recibos de hoteles en los que se hospedó y de servicios de comunicaciones y correo. Otros documentos son cartas personales escritas desde la Estancia Santa Catalina en Paraguay, país al que se habrían ido en 1976 estando Silvia embarazada. También forman parte de la colección un pasaporte argentino, un permiso internacional para conducir, una visa de negocios, una credencial de periodista profesional y una credencial de corresponsal del diario El Día como reportero gráfico a nombre de Osvaldo Pedro Ballestrini, además de una libreta sanitaria otorgada a Ballestrini y Raúl Ricardo Fernández por el Servicio Nacional de Sanidad Animal de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería por la tenencia de 271 hectáreas en Junín (San Luis). En el caso del pasaporte, tramitado el 23 de abril de 1980, se registran viajes entre ese año y 1982.
Por otro lado, hay dos contratos de arrendamiento de hectáreas a nombre de Ballestrini y Fernanández entre 1985 y 1986 en San Luis. Asimismo se puede encontrar documentación del Banco de la Provincia de San Luis también a nombre de ambos. Hay además, algunos volantes vinculados a la Iglesia Católica sobre la contrasubversión y la detención de sacerdotes considerados guerrilleros y otros relacionados a movimientos peronistas, entre los que se encuentra un ejemplar de Cuadernos de El Combatiente 2, a cinco años de la muerte de Mario Roberto Santucho.
También hay algunos apuntes de causas, por ejemplo de la causa "Armelín, Juana María s/ Habeas Corpus Expte. 158/82" quien fuera detenida el 23 de febrero de 1978 por un operativo realizado por personal del regimiento de Villa Martelli, escapándose su marido José Ignacio Ríos. Otros de los apuntes es sobre la causa 4340 de Julio Miguel Municoy, médico voluntario en Malvinas que había recibido amenazas, y uno último que trata sobre la causa 1291 s/ Habeas Corpus de Graciela Irene Quesada Ayub, detenida el 17 de marzo de 1977 y vista por última vez en diciembre de ese año. Otro de los documentos que integran la colección es un informe del Batallón de Inteligencia 601 con asunto "Actualidad de la IV Internacional".
Finalmente, hay también una fotografía en soporte papel blanco y negro de Ballestrini junto a Raúl Ricardo Fernández.
Si bien el informe de la Coordinación de Investigaciones Históricas realizado en 2012 menciona una fotografía de Diana Lewinger y Apuntes sobre antisemitismo y racismo, al momento de realizar la presente descripción, los mismos no se hallaban en la caja. Por otra parte, este informe también detalla otra documentación no inventariada por esa Coordinación pero que se encontraba mencionada en un borrador así como documentos vinculados con este tema pertenecientes a otros fondos y colecciones del Archivo Nacional de la Memoria. Este informe de la Coordinación de Investigaciones Históricas, un resumen del testimonio de Silvia Tadey de 2003 y algunas fotocopias de fotos de Ballestrini, forman también parte de esta colección.

La colección reúne documentación recopilada por el dramaturgo, periodista, guionista de televisión y escritor argentino Carlos Alberto Creste (1933-1996), conocido como Alberto Adellach, durante el exilio al que se vio forzado tras ser prohibido desde inicios de la dictadura cívico militar en 1976. Dos de sus hijos, de 16 y 25 años de edad, fueron secuestrados en Buenos Aires por un comando militar en la madrugada del 11 de enero de 1977 y llevados, según la familia Creste luego pudo comprobar, a Campo de Mayo, siendo liberados una semana después. Adellach se exilió en España, junto con su familia, luego en México y, finalmente, emigró a Estados Unidos. Nunca regresó a Argentina. Durante el exilio, Adellach escribió y publicó en diversos medios, asumiendo una actitud activa de denuncia de la dictadura en Argentina.
La colección, entregada por su hijo, cuenta con aproximadamente cincuenta documentos de diferente tipo como publicaciones periódicas, revistas, artículos de prensa, afiches, folletos y algunos documentos escritos por él mismo.
Entre las publicaciones se encuentra “Denuncia", periódico publicado en Nueva York y del que el profesor Pablo Pozzi era codirector. También, publicó en otros periódicos y fue uno de los responsables de la edición en castellano de "Argentina, cómo matar la cultura", inicialmente publicado en Francia. Fundó "Ediciones Tierra de Fuego", una editorial en el exilio que lanzó junto a David Viñas, Pedro Orgambide, Jorge Boccanera y Humberto Constantini. Realizó entrevistas a varios sobrevivientes de los campos de concentración, en momentos que la mayoría de ellos no habían hecho declaraciones públicas aún, como el caso de Martín Gras y otras personas detenidas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Otras publicaciones que forman parte de la colección son "Presencia Argentina" (año 1, número 2) con fecha de noviembre a diciembre de 1979, publicada por el Centro Argentino de Madrid; "Resumen de la actualidad Argentina" (números 73, 78, 96, 99 y 100), con fechas entre octubre de 1982 y diciembre de 1983; "Rearme" (año II, número 4 y 6) publicadas en México en 1979 y 1980. Se incluyen también algunas publicaciones de Montoneros como "Resistir es vencer" que versa sobre la contraofensiva, de octubre de 1978; "Los papeles de Walsh", del 8 de octubre de 1979, que es una compilación de fotocopias de escritos de Rodolfo Walsh, que antes habían pasado de mano en mano en la militancia montonera; dos números de "Vencer", publicados en 1979; y "Reflexiones para la construcción de una alternativa peronista montonera auténtica", de junio de 1979. Otras publicaciones son diversos boletines y folletos de Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo, además de un afiche en rechazo a la ley de Obediencia Debida, de junio de 1987. Se suman también algunos artículos periodísticos de Argentina, España y México sobre el Juicio a las Juntas Militares y una publicación de Amnistía Internacional "Repression 78", publicada en francés en 1978, sobre a la represión y el Mundial de 1978.
Además, hay algunos documentos reunidos por CLAMOR como "Los regímenes militares y los sindicatos en el Cono Sur", publicado en diciembre de 1981; "Desaparecidos en la Argentina", publicado en 1982; "Testimonios de La Cacha"; y un documento mecanografiado que menciona a ocho personas que dieron su testimonio en San Pablo el 20 de octubre de 1983. Del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se incluyen algunos documentos como "Lista parcial de personas que fueron vistas en campos clandestinos de detención", sin fecha; un informe titulado "Coloquio: la políticas de desapariciones forzadas de personas", realizado en París entre el 31 de enero y el 1 de febrero de 1981; y dos folletos: "Muertos por la represión" y "Conscriptos detenidos-desaparecidos", ambos sin fechas de publicación pero con referencias a casos ocurridos en 1976.
La colección reúne asimismo algunos testimonios de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) como el de Norma Susana Burgos, publicado en Madrid en 1980; y el testimonio de Martín Gras, Terrorismo de estado y secuestros, ofrecido en Ginebra en diciembre de 1980 y publicado por CADHU en 1981; así como el de Ana María Moreyra, dado a conocer en México en junio de 1983. Otro testimonio es sobre Centros Clandestinos de Detención en Argentina, publicado por Amnistía Internacional en 1980 (Lista de desaparecidos y croquis). Finalemte hay un "Testimonio de Mateo y Susana" de 1979.
Además, hay algunos informes como "Informe reservado de la Junta Nacional de Carnes" sobre la Compañía Swift de La Plata S.A. y empresas vinculadas; "Tribunal permanente de los pueblos - Sesión Argentina. Informe de los hechos", escrito por Andre Jacques y presentado en Ginebra entre el 3 y 4 de mayo de 1980.
Otros documentos que forman parte de la colección son un croquis de la ESMA, que en el reverso tiene nombres de detenidos y fechas, con identificación de apodos puestos por Adellach basado en los testimonios que recibió de los que pasaron por ahí; un b0osquejo de texto titulado "El país que yo he vivido", con el subtítulo: "Relato autobiográfico de sesenta años de actividad política en Argentina", de Gregorio Levenson, con fecha de 1982; un informe “Personal que trabajó en el GT. 3.3.2 de la ESCUELA MECÁNICA DE LA ARMADA”.

Testimonio "Terrorismo de Estado y secuestros". Testimonio del abogado Martín Tomás Gras sobre su detención ilegal en el campo de concentración y exterminio de la Escuela de Mecánica de la Armada en Buenos Aires, República Argentina.

Ampliación de declaración de Carlos Raimundo Moore, 30 de noviembre de 1980.

Testimonio "Desaparecidos en Argentina. Testimonio de Norma Susana Burgos sobre". Testimonio sobre su detención en el campo de concentración de detenidos-desaparecidos Escuela de Mecánica de la Armada.

El agrupamiento se compone de la serie de registros fílmicos del juicio oral y público que comenzó el 28 de noviembre de 2012 y finalizó con el dictado de la sentencia el 29 de noviembre de 2017 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de la Capital Federal correspondientes a la causa "ESMA unificada" (Expedientes N° 1.282, 1.286, 1.349, 1.381, 1.415, 1.492, 1.510, 1.545, 1.668, 1.689 y 1.714), también conocida como "ESMA III".
Es el tercer juicio donde se investigaron crímenes de lesa humanidad cometidos dentro del centro clandestino de detención que funcionó en la ex Escuela de Mecánica de la Armada y de los grupos operativos que actuaban allí. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 dictó 29 condenas a prisión perpetua, 19 condenas a penas entre 8 y 25 años y 6 absoluciones. Se trata de uno de los juicios orales más importantes y grandes de la historia argentina, por la cantidad víctimas, casos analizados, porque 54 acusados que pudieron escuchar sus sentencias y dieron si testimonio más de 800 personas durante las audiencias que se desarrollaron en 5 años. También fue la primera vez que el veredicto tuvo por acreditado la metodología de los denominados “vuelos de la muerte”.

El fondo se compone de la copia de la documentación producida en el marco de la causa Nº 14216/03 caratulada "Suarez Mason Carlos Guillermo y otros sobre privación ilegal de la libertad" conocida como "Primer Cuerpo del Ejército" tramitada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3, Secretaría Nº 6. En particular, contiene los cuerpos de la causa y la documentación aportada como prueba. Además contiene copias de causas conexas, tanto los cuerpos como documentación de prueba. Entre ellas, causas Nº 00393/2001 “N.N s/privación ilegítima de la libertad”, Nº 02083-2005 “Viollaz Miguel Alcides y Mercado”, Nº 02637-2004 “Vaello Orestes y otros s-PIL - CCD Automotores Orletti”, Nº 03774-2012 “Compañía Mecanizada 10 de Pablo Podestá”, Nº 03993-2007 “Cuatrerismo”, Nº 05530-2012 “N.N. Quinta La Pastoril”, Nº 07273-2006 - Mansión Seré”, Nº 08238-2014 “Ruiz Juan Carlos”, Nº 08405-2010-T01 “D’Alessandri Obdulio y otros – PIL”, Nº 10684-2015 “Operativo calle Corro 105”, Nº 11657-2006 “N.N. S/ delito de acción pública”, Nº 11758-2006 “Bignone Reynaldo y otros”, Nº 12544-2013 “Sheraton”, Nº 12920-2016 “Pais, Alicia Rosalía”, Nº 13841-2015 “Causa CELS”, Nº 29451-2012 “Gordillo Roberto Edgardo” y Nº 42335 “Bis Rodríguez Larreta Enrique”.
La causa comprende la investigación de los hechos que se atribuyen a personal dependiente del Primer Cuerpo del Ejército o sometido operacionalmente a él, ocurridos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de gran parte de la provincia de Buenos Aires y de la provincia de La Pampa, y que no fueron incluidos en la causa N° 44 incoada en virtud del decreto 280/84 del Poder Ejecutivo Nacional. La causa 14216/03 tiene su origen en la causa Nº 450 “Suarez Mason, Carlos Guillermo y otros s/ homicidio, privación de la libertad, etc.” tramitada ante la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal, como continuación de las actuaciones iniciadas en el marco del Código de Justicia Militar. La sanción de las leyes de “obediencia debida” y “punto final” implicó la paralización del trámite de las actuaciones y la suspensión del proceso, entre 1987 y 2003, con relación a aquellas personas que se encontraban legitimadas pasivamente en las mismas. La causa fue reabierta en septiembre de 2003 como consecuencia de la sanción de la ley 25.779, que declaró nulas dichas leyes. Desde el momento de la reapertura de las actuaciones, el Juzgado dispuso hasta el momento el procesamiento 100 implicados pertenecientes al Ejército Argentino y a diversas fuerzas de seguridad, incluyendo al Servicio Penitenciario Federal, Gendarmería Nacional, Policía Federal y Secretaría de Inteligencia del Estado.