Colección formada por recortes de diario y de artículos de prensa, sin identificación de la procedencia, sobre las siguientes temáticas:
Organismos de derechos humanos (Consejo Mundial de la Paz, FEDEFAM)
Sindicalismo (CGT, ATE, Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Sindicato de Obreros Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquén, SMATA, Sindicato Unido Portuarios Argentinos, UPCN, Unión Obrera de la Construcción, Bancarios, UOM, COPBA, SUPE, Asociación de Abogados)
Política (reconocimiento de la Junta por parte de EEUU, secuestros, erradicaciones, ADEPA, CNEA)
Economía (desarrollo agropecuario, INTA, pesca, Junta de Carnes, Materfer, AFNE Río Santiago, Yaciretá)

La colección consta de nueve ejemplares originales de la revista, del Año I Nº 1 a Nº 9, de aparición semanal entre el 9 de julio y el 3 de septiembre de 1974.
La Causa Peronista fue el nombre que adoptó la revista El Peronista luego de su clausura por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 1704/74 del 4 de junio de 1974 y actuó como su continuidad, pasando a ser el órgano oficial de Prensa de Montoneros desde la aparición de su Número 1 el 9 de julio de 1974 hasta el Número 9 del 3 de septiembre de ese mismo año. De la revista se publicaron solo nueve números ya que el contenido del Número 9 y el pase a la clandestinidad de Montoneros el 6 de septiembre de 1974, sumado a la clausura decretada por el gobierno de la presidenta María Estela Martínez impidió que la revista continuara publicándose. El Decreto, que llevó el número 770 y fue dictado en los primeros días de septiembre de ese año, no fue publicado en el Boletín Oficial pero sí hicieron mención a él los diarios Clarín, La Nación y La Opinión.
La continuidad de La Causa Peronista como órgano oficial de prensa de Montoneros fue la revista clandestina Evita Montonera, que se publicó entre diciembre de 1974 y agosto de 1979.

La colección reúne documentos que registran la violencia estatal ejercida en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) entre los años 1974 y 1984. El INTA es un organismo estatal, descentralizado y con autarquía financiera dedicado a la investigación y desarrollo agro-tecnológico que se vio profundamente afectado por la dictadura cívico-militar. En 1974 comenzaron los primeros despidos de trabajadores y trabajadoras y esto se profundizó una vez dado el golpe de Estado. Cientos de trabajadores en ese período fueron cesanteados, perseguidos, detenidos, torturados, asesinados o desaparecidos. En 1980 se dicta la ley 22.294 que, al tiempo que limita sus funciones a la investigación básica, deroga la contribución del 1,5% sobre los productos y subproductos de la agricultura y ganadería que se exporten, con lo cual el INTA perdió su autonomía financiera, situación que fue enmendada en 1984 con la ley 23.058.
Entre los documentos de esta colección, podemos encontrar actas y resoluciones del Consejo Directivo del INTA, información del personal entre los años de referencia, documentación de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) referida al INTA, una copia de la Ley Nacional 23.058/84 que restituye la autarquía al organismo y artículos de periodísticos sobre la Ley Agraria.

Publicación de la U.S. Government Printing Office, conteniendo la transcripción en idioma inglés de los testimonios sobre violaciones a los Derechos Humanos en Argentina presentados ante el Subcomité de Organizaciones Internacionales del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos presidido por el Representante Donald Fraser en Washington D.C. en 1976 septiembre 28 y 29.
Participaron como testigos de las audiencias el día 28 de septiembre; el reverendo James Weeks de Misioneros de Nuestra Señora de La Salette, Burton S. Levinson y el rabino Morton S. Rosenthal de la Liga Antidifamación de B'nai B'rith, y Gustavo Roca por la Comisión Argentina por los Derechos Humanos (CADHU).
Los testigos del día 29 de septiembre fueron el reverendo J. Bryan Hehir y Thomas Quigley de la Conferencia Católica de los Estados Unidos, el abogado laboralista argentino Lucio Garzon Maceda, y los funcionarios del Servicio de Inmigración y Naturalización del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Leonard Chapman, Sam Bernsen, Sol Insenstein, y Thomas Brobson.

Informe de la delegación enviada a la Argentina por Amnistía Internacional del 6 al 15 de noviembre de 1976. La delegación de AI estuvo encabezada por Lord Avebury por la Cámara de los Lores Británica y la Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos, e incluyó entre sus miembros al Padre Robert Drinan, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y Patricia Feeney miembro británica del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional. El objetivo fijado por la misión fue discutir con las autoridades argentinas los siguientes temas: el número e identidad de los presos políticos, las evidencias de torturas y complicidad policial y militar en secuestros ilegales, el estatus y seguridad de los refugiados latinoamericanos y la naturaleza y efectos de la legislación promulgada.
La publicación es el resultado de esos encuentros, así como la información recogida por Amnistía Internacional desde el golpe de estado.
El contenido se divide en: un prefacio de Martin Ennals, por entonces Secretario General de AI; una introducción; 5 secciones tituladas "Legislación", "Prisiones y Prisioneros", "Desapariciones", "Tortura" y "Refugiados"; las Conclusiones, las Recomendaciones y un apéndice documental que incluye: Testimonio concerniente a Tribunales Militares; Recuento de la visita de Lord Avebury a la cárcel de Villa Devoto; Testimonio concerniente a las Operaciones de las Fuerzas de Seguridad uruguayas en Argentina, Casos de devolución a su país de refugiados políticos uruguayos, Historias de Casos Representativos, Listado de desaparecidos desde 1976 marzo 24 y Resolución 3452 adoptada por las Naciones Unidas.

Fotografía de Madres de Plaza de Mayo en la Marcha de la Resistencia. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.