Esta serie reúne informes e investigaciones realizadas por el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA), principalmente por el Equipo de Salud y por el Equipo de Educación de la Secretaría de Cursos e Investigaciones. Hay además algunos borradores de informes.

La serie reúne documentación recopilada por Carlos González Gartland de casos de personas detenidas-desaparecidas por la dictadura en Argentina entre ellas, diferentes casos de niños y niñas. Entre los documentos se encuentran informes y listados de personas detenidas desaparecidas elaborados por distintos organismos tales como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Comisión Argentina de los Derechos Humanos (CADHU), el Argentine Information Service Center (AISIC), Familiares de Detenidos Desaparecidos por razones políticas entre otras. Las listas detallan los nombres de las personas detenidas desaparecidas y fueron realizadas para enumerar diferentes colectivos de personas en distintos momentos: mujeres, trabajadores de diferentes oficios, trabajadores de la educación, trabajadores de la salud, detenidos en la cárcel de Devoto, detenidos desaparecidos en Chile; entre otros. Además, esta serie presenta numerosas denuncias y cartas que denuncian los secuestros y desaparición forzada de personas. Se encuentran también recursos de habeas corpus, como por ejemplo presentado en la causa Nº 12.703 caratulada Antokoletz, Daniel y otros s/ habeas corpus. Algunos artículos periodísticos exponen también información relativa a los asesinatos lista de 76 cadáveres N.N inhumados en Chacarita e informe al respecto.
Se reúnen también dos carpetas con documentos sobre el caso de María Luisa Piedra por un lado, y por otro el de Gustavo Gabriel Olmedo Villegas, Horacio Olmedo Villegas, Gladys Graciela Pujol, Rosa Ana Frigerio Eduardo E. Rival; Adriana C. de Rival, Arnulfo Verón Florentin, Roberto Juan Carmelo Sinigaglia, Lucía M. Cullen de Nell; Ana María Moreira y Mario Alberto Nivoli.
Dentro de esta serie un grupo de documentos caratulados como "Desaparición de niños" contiene informes, listados, denuncias y cartas sobre desaparición de niños y niñas por la dictadura cívico militar-en Argentina así como sobre la violencia, represión y vulneración de los derechos de la niñez.

La colección consta de copias de legajos de personal y sumarios pertenecientes a agentes de la Policía Federal Argentina, de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval Argentian. Además contiene una carpeta con huellas de personas de nacionalidad chilena detenidas desaparecidas en Argentina y dos informes: uno sobre la actuación de la Policía Federal Argentina en la denominada "lucha contra la subversión" en Rosario entre 1976 y 1977 y su articulación con el Destacamento de Inteligencia 121 del II Cuerpo de Ejército, y otro sobre la actuación de la Policía Federal Argentina en la denominada "lucha contra la subversión" en La Rioja y su articulación con el Área Militar 342 y el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 del Ejército Argentino.
Se destacan los informes elaborados por el Área de Investigación respecto de la actuación de la Policía Federal Argentina durante la última dictadura cívico-militar.

Esta serie reúne documentos recopilados por Guillermo Bernasconi, la mayor parte de los cuales fueron obtenidos en el Comando I Cuerpo del Ejército Argentino en 1982 cuando Bernasconi cumplía el Servicio Militar Obligatorio. Hay partes de inteligencia; documentos con fotos de distintitas personas tipo prontuario, de las que se consignaba nombre y apodo; notas entre miembros del Ejército con el objeto de enviar información sobre personas y documentos adjuntos de secuestrados; copias de documentos pertenecientes a organizaciones como Montoneros, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Partido Comunista, Partido Obrero, Partido Comunista Revolucionario, entre otras; y documentos vinculados con el terrorismo de Estado en Chile. Muchos de los documentos, por la forma en que fueron obtenidos, se encuentran incompletos y poseen numeraciones dadas probablemente por el Ejército al incluirlos como anexos en partes de inteligencia o expedientes de documentación tomada en secuestros y allanamientos. Un alto porcentaje de la documentación tiene también sellos que indican "Secreto" o "Estrictamente secreto y confidencial". Adicionalmente, hay algunas publicaciones como un ejemplar de "Síntesis de prensa" en la que el Ejército analiza los principales titulares de tapa de diferentes medios gráficos de agosto de 1982 y el libro "Fichas de instrucción".

Informe sobre presos políticos enfermos en Uruguay, agrupados en quienes se encuentran detenidos en cuarteles, en el Establecimiento Militar de Reclusión 2 (Punta de Rieles) y en el Establecimiento Militar de Reclusión 1 (Penal de Libertad).

Informe sobre las observaciones formuladas por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el caso de Lilian Celiberti de Casariego, ciudadana uruguaya detenida en Brasil junto a sus hijos y Universindo Rodríguez Díaz, ciudadano uruguayo.

Este fondo contiene copia los cuerpos de la investigación preliminar de la Causa "Masacre de Napalpí s/juicio por la Verdad" inciada en 2014, la documentación agregada en instrucción suplementaria, las audiencias del juicio, el fallo y fundamentos de la sentencia y los informes de cumplimiento de la sentencia de la Unidad para la Ejecución de la Sentencia de la Causa "Masacre de Napalpí s/juicio por la Verdad".

La particularidad de este juicio se relaciona con la complejidad de la investigación judicial llevada adelante, que debió indagar sobre hechos ocurridos un siglo antes. En la sentencia del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia se establece que la "Masacre de Napalpí" constituyó un crimen de lesa humanidad y da como probados los hechos que se detallan a continuación: “El sábado 19 de julio de 1924, en horas de la mañana, alrededor de un centenar de policías de territorios nacionales, gendarmes y algunos civiles armados, ayudados por logística aérea, llegaron a la zona de El Aguará, ubicada en el interior de la Reducción de Indios de Napalpí, donde aproximadamente 1000 personas, compuestas por familias Moqoit, Qom y algunos peones correntinos y santiagueños, estaban realizando una huelga concentrados en tolderías, a modo de campamentos, para reclamar por las condiciones a las que estaban sometidos. Llegaron montando caballos, se establecen a una distancia cercana del campamento y desde allí dispararon con sus fusiles y carabinas, todos a la vez y a mansalva por el espacio de una hora. De forma inmediata, por el impacto de la balacera, cayeron muertos estimativamente entre cuatrocientos y quinientos integrantes de las etnias Qom y Moqoit, entre ellos niñas y niños, mujeres, algunas de ellas embarazadas, varones, ancianos y ancianas. En algunos casos, perdieron la vida varios de los componentes de una misma familia. Los/as heridos/as que quedaron en el lugar y no pudieron escapar a tiempo fueron ultimados/as de las formas más crueles posibles. Se produjeron mutilaciones, exhibiciones y entierros en fosas comunes. Los/as sobrevivientes que pudieron escapar, atravesando los cardales, soportando el hambre, la sed, el frio, debieron esconderse durante mucho tiempo para evitar ser capturados/as y asesinados/as. La perpetración de la Masacre, por su propia complejidad, requirió de la previa concepción de un plan, que supuso una exhaustiva coordinación, organización logística, distribución de roles, movilización de diversos contingentes de tropas, su traslado y concentración desde varios días antes, gran cantidad de armamento y municiones, su acampe y alimentación, además del apoyo de una avioneta que realizó por lo menos, tareas de inteligencia y observación. Tales hechos ocurrieron en el contexto de la Reducción de Indios de Napalpí, la cual fue creada por el Estado argentino bajo la dirección civil del Ministerio del Interior, con el objetivo de culminar el proceso de ocupación del territorio de las poblaciones indígenas y su sometimiento a la explotación laboral. Sus condiciones de vida eran deplorables, vivían hacinados/as, sin vestimenta apropiada, con poca comida y de mala calidad, sin atención médica ni posibilidad de escolarizarse. Allí les cobraban por los elementos de trabajo, como así, por las bolsas de algodón y un impuesto del 15% sobre la cosecha y costosos fletes para su traslado, a los pocos que se les dio la posibilidad de hacerlo, siendo el resto obligados/as a trabajar extensas jornadas para la Reducción o vecinos hacendados, pagándoles con vales. Asimismo, fue decretada su prohibición de salir del territorio y no podían elegir dónde y para quien trabajar. Las mujeres indígenas trabajaban intensamente y sin remuneración, eran frecuentes los abusos, es decir, en condiciones análogas a la esclavitud. Todo ello dio lugar a la protesta y reunión de alrededor de mil indígenas en la zona de El Aguará, en el interior de la Reducción, donde luego ocurrió el ataque. Una vez producida la masacre, desde el Estado se llevó adelante una estrategia de construcción de una historia oficial, a los fines de negar y encubrir la matanza, siendo presentados los hechos como un supuesto enfrentamiento entre las etnias y posterior desbande, que habría tenido como consecuencia la muerte de cuatro indígenas, uno de ellos el importante dirigente Pedro Maidana. La prensa oficialista reprodujo la versión brindada por los oficiales policiales y los funcionarios del gobierno del territorio, que luego avaló la justicia local, en un proceso en el que declararon solo los efectivos y civiles que participaron de la agresión, pero ningún indígena. En paralelo, el oficialismo en el Congreso de la Nación obstruyó la conformación de una Comisión Investigadora, a pesar de las aberrantes denuncias que se conocían y la existencia de testigos calificados que podían narrar aquella barbarie. La masacre provocó graves consecuencias en los sobrevivientes y en sus descendientes. Producto de ello y de una sistemática opresión, las generaciones posteriores de los pueblos Moqoit y Qom sufrieron el trauma del terror, el desarraigo, la pérdida de su lengua y su cultura”.

En los cuerpos de la investigación preliminar, en términos generales, se encuentran documentos jurídicos propios del desarrollo de la investigación judicial y del juicio, tales como requerimientos de la fiscalía, dictámenes del juzgado, ofrecimientos de prueba, entre otros. Además estos cuerpos contienen testimonios producidos en las dos etapas de la investigación, en instrucción y durante las audiencias orales del juicio así como también se incluyen las copias de libros, informes, artículos académicos y periodísticos y otro tipo de producción académica y no académica. Asimismo, se encuentran unidades documentales que fueron incorporadas directamente o como anexos de informes institucionales, tales como expedientes del Ministerio del Interior aportados por el Archivo General de la Nación, fotografías de relevancia pertenecientes a museos o archivos locales o extranjeros, y decretos y leyes publicadas en el Boletín Oficial de la República Argentina. Cabe señalar también que, además de los cuerpos creados a partir del 2014 el fondo también contiene copia de los dos cuerpos del expediente iniciado en 1924. La organización y contenido de la documentación responde, en gran medida, a las decisiones y estrategias de la Unidad Fiscal.

El fondo se compone de la documentación producida en el marco de la causa N° 2522 (Lex. 14216/2003/TO9) "Rodríguez, Hubo Roberto y otros s/privación ilegal de la libertad, agravada por mediar violencia o amenazas; en concurso ideal con el delito de imposición de tormentos" conocida como Vesubio III, tramitada ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 (TOF 4). En particular, contiene los audios de las audiencias y la documentación aportada como prueba. Entre la documentación de prueba, se encuentran:

• libros históricos de distintas unidades militares, juntas de calificaciones, directivas y reglamentos militares, copias de legajos de personal militar, boletines, listados de personal militar, policial y penitenciarios.
• planos e inspecciones oculares
• expedientes judiciales anexados a la causa
• legajos de identificación de la Cámara Federal
• constancia de pericias antropológicas y certificados de defunción
• documentación de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires e informes de la Comisión Provincial por la Memoria
• documentación aportada por el CELS que incluye artículos periodísticos, la declaración de Elena Alfaro, lista de trabajadores desaparecidos y documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos
• copias de legajos CONADEP, SDH y REDEFEA y habeas corpus presentados para la búsqueda de paradero de las víctimas involucradas
• Libros titulados "Subteniente de Caballería JCO 1977", "Derechos Humanos, Justicia y Reparación", "Vida y lucha de Vanguardia Comunista", "Genocidio en la Argentina" e "Historia Argentina contemporánea"

El Centro Clandestino de Detención El Vesubio funcionó entre 1975 y 1979 en un predio del Servicio Penitenciario Federal ubicado en el cruce de Autopista Ricchieri y Camino de Cintura en el partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires. Hasta su disolución y demolición completa a raíz de la inspección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), habían pasado más de 2.500 personas de las que hubo unos pocos sobrevivientes. Este tramo del juicio analiza la responsabilidad de seis agentes del Servicio Penitenciario Federal en los crímenes perpetrados contra casi 400 víctimas. Por esta causa en las que se investigaron crímenes cometidos contra casi 400 víctimas, el Tribunal condenó a un exmilitar y a dos exagentes penitenciarios federales a prisión perpetua, e impuso penas de entre tres años y seis meses de prisión y 15 años de prisión para otros cinco acusados. A su vez, el TOF 4 declaró que los hechos juzgados fueron crímenes contra la humanidad y que la violencia sexual perpetrada contra mujeres "fue específica, sistemática y planificada" y que "partió de estereotipos de género y los profundizó, exhibiendo un carácter extendido y con un claro objetivo disciplinador". También dispuso la reparación de los legajos de las víctimas estudiantes y trabajadoras para que se consigne que fueron víctimas del terrorismo de Estado.

La causa, conocida como "Causa Camps (44), se inició a raíz del Decreto 280/84, del Poder Ejecutivo Nacional con fecha 18 de enero de 1984, que dispuso someter a juicio sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas al General (R) Ramón Juan Alberto Camps, con motivo de las declaraciones prestadas por el nombrado y en donde habría reconocido su participación directa en la comisión de numerosos delitos. Entre los hechos más conocidos investigados en esta megacausa se encuentran “La noche de los lápices”, el secuestro del “grupo Graiver”, los secuestros de Jacobo Timerman y Jorge Julio López y el ataque a la “casa de Calle 30 Mariani Teruggi”, incluida la apropiación de la niña Clara Anahí. Se juzgaron los secuestros, tormentos, torturas y desapariciones en perjuicio de 280 víctimas -entre ellas embarazadas, bebés nacidos en cautiverio y niños secuestrados junto a sus padres- en los centros clandestinos que funcionaron en las Brigadas de San Justo y de Investigaciones de La Plata, el Destacamento de Arana, la Comisaría 5ta de La Plata, Puesto Vasco y Comando de Operaciones Tácticas I de Martínez. En la sentencia dictada el 2 de diciembre de 1986 se dictaminó la condena de Jorge Antonio, Ramón Juan Alberto Camps, Norberto Cozzani Cabezón, Miguel Osvaldo Etchecolatz Santillán; Ovidio Pablo Ricchieri y Ovidio Pablo.
El fondo se compone de la copia digital de los 57 cuerpos la causa, las actas mecanografiadas de las sesiones y la documentación aportada como prueba por las partes durante el desarrollo del juicio.

Informe de Madres de Procesados por la Justicia Militar sobre la gira por Europa para dar a conocer el pedido de amnistía, las gestiones que el grupo lleva y la situación de los presos políticos en Uruguay. El viaje fue llevado a cabo por Esperanza Garrido de Fabbri y Olga Reynoso de Rivero, en representación del grupo.

Informe sobre el Establecimiento Militar de Reclusión 1 (Penal de Libertad) en el que se detallan las características edilicias del penal y las condiciones de vida de los presos; refiere al acceso al estudio, a la salud, el trabajo forzado, la relación con los militares, los simulacros de ataque exterior o conmoción interna y la política de sanciones.

Informe elaborado por el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) sobre los presos políticos enfermos en Uruguay. En un primer apartado agrupa a los presos políticos en quienes se encuentran detenidos en cuarteles, en el Establecimiento Militar de Reclusión 2 (Punta de Rieles) y en el Establecimiento Militar de Reclusión 1 (Penal de Libertad). También aborda la situación de los penales Libertad y Punta Rieles, hace mención a la inseguridad que viven los presos políticos y los tratos recibidos, la incomunicación, la dependencia frente a las autoridades, y la situación jurídica. Finalmente, refiere a las "visitas especiales" que se dieron en ambos penales durante Navidad y Año Nuevo.

Esta sección reúne documentos del Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA) recopilados por Carlos González Gartland en el marco del cumplimiento de sus misiones, funciones y actividades en la organización. El COSPA se constituyó como asociación civil en México para actuar como organismo representativo de los asilados políticos argentinos residentes temporal o permanentemente en dicho país. Funcionaba físicamente en la Casa del Pueblo Argentino en ciudad de México. El órgano supremo de la Asociación era la Asamblea General de Asociados, que se reunía cada seis meses, mientras que la representación social y jurídica estaba a cargo del Comité. El Comité se encontraba compuesto por doce miembros en calidad de Secretarios elegidos por la mayoría de los asociados presentes en las asambleas y cada Secretario tenía una permanencia en el cargo de doce meses. El Comité estaba compuesto por las siguientes Secretarías: General, de Relaciones Internas, de Organización, de Actas, de Cultura, de Prensa, de Finanzas, de Asistencia Social, de Estudios e Investigaciones, Laboral y Gestiones y de Relaciones Internacionales. Esta última Secretaría fue ocupada por Carlos González Gartland.
Entre los documentos que integran esta sección se encuentran los estatutos de creación del COSPA; boletines editados por el Comité que funcionaron como órganos de comunicación, entre ellos "Boletín Argentino", "Casa Argentina" e "Informaciones Argentinas". Hay además, correspondencia en su mayoría, enviada por el COSPA a diferentes organismos de derechos humanos, organismos internacionales, organizaciones y partidos políticos a través de la cual el Comité expone sus posturas, declaraciones y lineas de acción a seguir, buscando al mismo tiempo tender lazos para la denuncia de violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura cívico militar argentina y para atender a la situación de los refugiados y exiliados políticos argentinos. Se pueden encontrar también denuncias de detenciones y desapariciones de personas por parte de la dictadura cívico militar realizadas por el Comité, como parte de sus actividades centrales, así como una serie de comunicados de prensa y declaraciones del Comité.

Informe sobre Norberto Armando Habegger consta de un escrito en el que se expone su vida profesional y militancia y tres recortes periodísticos sobre su secuestro en Río de Janeiro y el tráfico de prisioneros entre paísses de Sudamérica.

Informe sobre el Establecimiento Militar de Reclusión 2 (Punta de Rieles) en los años 1982 y 1983, en el que se detalla la represión a la que son sometidas las detenidas, el aislamiento del exterior, el trabajo a las que son forzadas a realizar, el acceso a salud, sanidad, estudio e información, y por último a la situación jurídica de las detenidas.

La colección reúne documentación recopilada por el dramaturgo, periodista, guionista de televisión y escritor argentino Carlos Alberto Creste (1933-1996), conocido como Alberto Adellach, durante el exilio al que se vio forzado tras ser prohibido desde inicios de la dictadura cívico militar en 1976. Dos de sus hijos, de 16 y 25 años de edad, fueron secuestrados en Buenos Aires por un comando militar en la madrugada del 11 de enero de 1977 y llevados, según la familia Creste luego pudo comprobar, a Campo de Mayo, siendo liberados una semana después. Adellach se exilió en España, junto con su familia, luego en México y, finalmente, emigró a Estados Unidos. Nunca regresó a Argentina. Durante el exilio, Adellach escribió y publicó en diversos medios, asumiendo una actitud activa de denuncia de la dictadura en Argentina.
La colección, entregada por su hijo, cuenta con aproximadamente cincuenta documentos de diferente tipo como publicaciones periódicas, revistas, artículos de prensa, afiches, folletos y algunos documentos escritos por él mismo.
Entre las publicaciones se encuentra “Denuncia", periódico publicado en Nueva York y del que el profesor Pablo Pozzi era codirector. También, publicó en otros periódicos y fue uno de los responsables de la edición en castellano de "Argentina, cómo matar la cultura", inicialmente publicado en Francia. Fundó "Ediciones Tierra de Fuego", una editorial en el exilio que lanzó junto a David Viñas, Pedro Orgambide, Jorge Boccanera y Humberto Constantini. Realizó entrevistas a varios sobrevivientes de los campos de concentración, en momentos que la mayoría de ellos no habían hecho declaraciones públicas aún, como el caso de Martín Gras y otras personas detenidas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Otras publicaciones que forman parte de la colección son "Presencia Argentina" (año 1, número 2) con fecha de noviembre a diciembre de 1979, publicada por el Centro Argentino de Madrid; "Resumen de la actualidad Argentina" (números 73, 78, 96, 99 y 100), con fechas entre octubre de 1982 y diciembre de 1983; "Rearme" (año II, número 4 y 6) publicadas en México en 1979 y 1980. Se incluyen también algunas publicaciones de Montoneros como "Resistir es vencer" que versa sobre la contraofensiva, de octubre de 1978; "Los papeles de Walsh", del 8 de octubre de 1979, que es una compilación de fotocopias de escritos de Rodolfo Walsh, que antes habían pasado de mano en mano en la militancia montonera; dos números de "Vencer", publicados en 1979; y "Reflexiones para la construcción de una alternativa peronista montonera auténtica", de junio de 1979. Otras publicaciones son diversos boletines y folletos de Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo, además de un afiche en rechazo a la ley de Obediencia Debida, de junio de 1987. Se suman también algunos artículos periodísticos de Argentina, España y México sobre el Juicio a las Juntas Militares y una publicación de Amnistía Internacional "Repression 78", publicada en francés en 1978, sobre a la represión y el Mundial de 1978.
Además, hay algunos documentos reunidos por CLAMOR como "Los regímenes militares y los sindicatos en el Cono Sur", publicado en diciembre de 1981; "Desaparecidos en la Argentina", publicado en 1982; "Testimonios de La Cacha"; y un documento mecanografiado que menciona a ocho personas que dieron su testimonio en San Pablo el 20 de octubre de 1983. Del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se incluyen algunos documentos como "Lista parcial de personas que fueron vistas en campos clandestinos de detención", sin fecha; un informe titulado "Coloquio: la políticas de desapariciones forzadas de personas", realizado en París entre el 31 de enero y el 1 de febrero de 1981; y dos folletos: "Muertos por la represión" y "Conscriptos detenidos-desaparecidos", ambos sin fechas de publicación pero con referencias a casos ocurridos en 1976.
La colección reúne asimismo algunos testimonios de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) como el de Norma Susana Burgos, publicado en Madrid en 1980; y el testimonio de Martín Gras, Terrorismo de estado y secuestros, ofrecido en Ginebra en diciembre de 1980 y publicado por CADHU en 1981; así como el de Ana María Moreyra, dado a conocer en México en junio de 1983. Otro testimonio es sobre Centros Clandestinos de Detención en Argentina, publicado por Amnistía Internacional en 1980 (Lista de desaparecidos y croquis). Finalemte hay un "Testimonio de Mateo y Susana" de 1979.
Además, hay algunos informes como "Informe reservado de la Junta Nacional de Carnes" sobre la Compañía Swift de La Plata S.A. y empresas vinculadas; "Tribunal permanente de los pueblos - Sesión Argentina. Informe de los hechos", escrito por Andre Jacques y presentado en Ginebra entre el 3 y 4 de mayo de 1980.
Otros documentos que forman parte de la colección son un croquis de la ESMA, que en el reverso tiene nombres de detenidos y fechas, con identificación de apodos puestos por Adellach basado en los testimonios que recibió de los que pasaron por ahí; un b0osquejo de texto titulado "El país que yo he vivido", con el subtítulo: "Relato autobiográfico de sesenta años de actividad política en Argentina", de Gregorio Levenson, con fecha de 1982; un informe “Personal que trabajó en el GT. 3.3.2 de la ESCUELA MECÁNICA DE LA ARMADA”.