Los juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina son los procesos judiciales llevados a cabo para investigar las violaciones a los Derechos Humanos cometidas antes y durante la última dictadura cívico-militar. Investigan la responsabilidad de integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, de funcionarios judiciales, miembros de instituciones religiosas, de civiles o grupos empresariales en el cometimiento de delitos tales como secuestros, desapariciones forzadas, ejecuciones, torturas, apropiaciones y delitos de índole sexual. El proceso de justicia por estos delitos comenzó con la vuelta de la democracia en 1983, pero se vio interrumpido durante casi 20 años por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos. Se retomaron en 2005 y desde ese momento se completaron más de 350 juicios, con más de 1200 personas condenadas.
La colección reúne documentos audiovisuales y sonoros de distintos juicios de lesa humanidad en la Argentina. Entre ellos se encuentran los actos preliminares, debate oral y público, alegatos y sentencias de juicios orales comúnmente conocidos como:

• Masacre de Fátima
• Olivera Rovere, Jefes de Área
• Mansión Seré
• Rivas, Apropiación Sampallo Barragán
• Hospital Campo de Mayo
• Hospital Militar Campo de Mayo
• Von Wernich
• Etchecolatz
• ABO
• ABO III”
• ESMA II”
• ESMA- primera megacausa
• ESMA-unificada
• Jefatura de policía de Tucumán
• Hospital Posadas
• Plan Sistematico
• Fuerza De Tareas 5 - Escuela Naval - Vañek
• Brusa

Este fondo contiene copia los cuerpos de la investigación preliminar de la Causa "Masacre de Napalpí s/juicio por la Verdad" inciada en 2014, la documentación agregada en instrucción suplementaria, las audiencias del juicio, el fallo y fundamentos de la sentencia y los informes de cumplimiento de la sentencia de la Unidad para la Ejecución de la Sentencia de la Causa "Masacre de Napalpí s/juicio por la Verdad".

La particularidad de este juicio se relaciona con la complejidad de la investigación judicial llevada adelante, que debió indagar sobre hechos ocurridos un siglo antes. En la sentencia del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia se establece que la "Masacre de Napalpí" constituyó un crimen de lesa humanidad y da como probados los hechos que se detallan a continuación: “El sábado 19 de julio de 1924, en horas de la mañana, alrededor de un centenar de policías de territorios nacionales, gendarmes y algunos civiles armados, ayudados por logística aérea, llegaron a la zona de El Aguará, ubicada en el interior de la Reducción de Indios de Napalpí, donde aproximadamente 1000 personas, compuestas por familias Moqoit, Qom y algunos peones correntinos y santiagueños, estaban realizando una huelga concentrados en tolderías, a modo de campamentos, para reclamar por las condiciones a las que estaban sometidos. Llegaron montando caballos, se establecen a una distancia cercana del campamento y desde allí dispararon con sus fusiles y carabinas, todos a la vez y a mansalva por el espacio de una hora. De forma inmediata, por el impacto de la balacera, cayeron muertos estimativamente entre cuatrocientos y quinientos integrantes de las etnias Qom y Moqoit, entre ellos niñas y niños, mujeres, algunas de ellas embarazadas, varones, ancianos y ancianas. En algunos casos, perdieron la vida varios de los componentes de una misma familia. Los/as heridos/as que quedaron en el lugar y no pudieron escapar a tiempo fueron ultimados/as de las formas más crueles posibles. Se produjeron mutilaciones, exhibiciones y entierros en fosas comunes. Los/as sobrevivientes que pudieron escapar, atravesando los cardales, soportando el hambre, la sed, el frio, debieron esconderse durante mucho tiempo para evitar ser capturados/as y asesinados/as. La perpetración de la Masacre, por su propia complejidad, requirió de la previa concepción de un plan, que supuso una exhaustiva coordinación, organización logística, distribución de roles, movilización de diversos contingentes de tropas, su traslado y concentración desde varios días antes, gran cantidad de armamento y municiones, su acampe y alimentación, además del apoyo de una avioneta que realizó por lo menos, tareas de inteligencia y observación. Tales hechos ocurrieron en el contexto de la Reducción de Indios de Napalpí, la cual fue creada por el Estado argentino bajo la dirección civil del Ministerio del Interior, con el objetivo de culminar el proceso de ocupación del territorio de las poblaciones indígenas y su sometimiento a la explotación laboral. Sus condiciones de vida eran deplorables, vivían hacinados/as, sin vestimenta apropiada, con poca comida y de mala calidad, sin atención médica ni posibilidad de escolarizarse. Allí les cobraban por los elementos de trabajo, como así, por las bolsas de algodón y un impuesto del 15% sobre la cosecha y costosos fletes para su traslado, a los pocos que se les dio la posibilidad de hacerlo, siendo el resto obligados/as a trabajar extensas jornadas para la Reducción o vecinos hacendados, pagándoles con vales. Asimismo, fue decretada su prohibición de salir del territorio y no podían elegir dónde y para quien trabajar. Las mujeres indígenas trabajaban intensamente y sin remuneración, eran frecuentes los abusos, es decir, en condiciones análogas a la esclavitud. Todo ello dio lugar a la protesta y reunión de alrededor de mil indígenas en la zona de El Aguará, en el interior de la Reducción, donde luego ocurrió el ataque. Una vez producida la masacre, desde el Estado se llevó adelante una estrategia de construcción de una historia oficial, a los fines de negar y encubrir la matanza, siendo presentados los hechos como un supuesto enfrentamiento entre las etnias y posterior desbande, que habría tenido como consecuencia la muerte de cuatro indígenas, uno de ellos el importante dirigente Pedro Maidana. La prensa oficialista reprodujo la versión brindada por los oficiales policiales y los funcionarios del gobierno del territorio, que luego avaló la justicia local, en un proceso en el que declararon solo los efectivos y civiles que participaron de la agresión, pero ningún indígena. En paralelo, el oficialismo en el Congreso de la Nación obstruyó la conformación de una Comisión Investigadora, a pesar de las aberrantes denuncias que se conocían y la existencia de testigos calificados que podían narrar aquella barbarie. La masacre provocó graves consecuencias en los sobrevivientes y en sus descendientes. Producto de ello y de una sistemática opresión, las generaciones posteriores de los pueblos Moqoit y Qom sufrieron el trauma del terror, el desarraigo, la pérdida de su lengua y su cultura”.

En los cuerpos de la investigación preliminar, en términos generales, se encuentran documentos jurídicos propios del desarrollo de la investigación judicial y del juicio, tales como requerimientos de la fiscalía, dictámenes del juzgado, ofrecimientos de prueba, entre otros. Además estos cuerpos contienen testimonios producidos en las dos etapas de la investigación, en instrucción y durante las audiencias orales del juicio así como también se incluyen las copias de libros, informes, artículos académicos y periodísticos y otro tipo de producción académica y no académica. Asimismo, se encuentran unidades documentales que fueron incorporadas directamente o como anexos de informes institucionales, tales como expedientes del Ministerio del Interior aportados por el Archivo General de la Nación, fotografías de relevancia pertenecientes a museos o archivos locales o extranjeros, y decretos y leyes publicadas en el Boletín Oficial de la República Argentina. Cabe señalar también que, además de los cuerpos creados a partir del 2014 el fondo también contiene copia de los dos cuerpos del expediente iniciado en 1924. La organización y contenido de la documentación responde, en gran medida, a las decisiones y estrategias de la Unidad Fiscal.

Cuerpo 3 de la Causa "Masacre de Napalpí s/juicio por la Verdad" el cual contiene los siguientes documentos:

1. Constancia de la Remisión del Superior Tribunal de Justicia del Chaco del Expediente Número 910 del año 1924 caratulado “Sublevación Indígena en la Reducción Napalpí” y agregado por cuerda “Legajo de Antecedentes correspondiente al Informe del Comisario José B. Machado”. Se agregan por cuerda. Se incorpora como ofrecimiento de prueba para el juicio.
2. Respuesta del Gobierno del Chaco a Oficio Número 1029.
3. Respuesta del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación al Oficio Número 1022. Nota Número 320 del Archivo General de la Nación dependiente del Ministerio del Interior (Se adjunta 1 CD con 12 Decretos de los años 1921, 1913, 1914, 1916, 1918, 1920, 1923 y 1932 y 91 expedientes de los años 1911 a 1933 del Fondo del Ministerio del Interior).
4. Nota sobre incorporación de artículos de Marcelo Musante.
5. Afiche de film "Octubre Pilagá. Relatos sobre el silencio" de Valeria Mapelman. DVD Se incorpora a la causa.
6. Incorporación del artículo académico “Del silencio al ruido en la Historia. Prácticas genocidas y Pueblo Originarios en Argentina” de Walter Delrío, Diana Lenton, Marcelo Musante, Mariano Nagy, Alexis Papazian y Pilar Pérez. Nota de incorporación.
7. Incorporación del artículo “Robert Lehmann Nitsche. Pruebas contundentes sobre su presencia en Napalpí en tiempos de la masacre” de Lena Dávila. Nota de incorporación.
8. Testimonio de Lena Dávila da Rosa.
9. Libro “La Matanza de Napalpí” coordinado por María Leonor Acuña y Julia Zullo. Artículos: “Napalpí. De la masacre a la memoria de la masacre” de Leonor Acuña y Julia Zullo; “Napalpí. La voz de la sangre” de Juan Chico y Mario Fernández. Nota de incorporación.
10. Incorporación del libro "Octubre Pilagá. Memorias y archivos de la masacre de La Bomba" de Valeria Mapelman.
11. Testimonio de Mariana Giordano.
12. Incorporación del libro "Discurso e imagen sobre el indígena chaqueño" de Ediciones Al Margen.

La colección está integrada, principalmente, por copias de documentación obrante en archivos del Ejército y contiene información sobre personal militar y civil de inteligencia que formó parte o estuvo vinculado al arma terrestre: legajos, fichas Anexo I, fojas de servicios, nóminas y listados de integrantes, información sobre conscriptos y reclamos a la Junta de Calificaciones.

La colección está formada por copias de documentación obrante en archivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y reúne legajos personales, listados de integrantes de los escuadrones de la fuerza y solicitudes de verificación de antecedentes vinculados a eventuales violaciones a los derechos humanos.

Expediente de la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del caso 14.147 por el incumplimiento por parte del Estado argentino de los artículos 50 y 61 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Vinculado a la anulación de sentecias a represores condenados por delitos de lesa humanidad, en los casos de Rodolfo Omar Farias y Glasdys Noemí Musante, en el marco de la aplicación de las leyes 23.492 y 23. 521 conocidas con Ley de Punto Final y Ley de Obediencia Debida respectivamente. Contiene correspondencia deTorres Molina y su patrocinada Alicia Consuelo Herrera, con la CIDH, presentaciones ante la Comisión, un informe del año 1992 de ésta y copias del expediente judicial.