La serie reúne documentación recopilada por Carlos González Gartland sobre religión y derechos humanos. Entre los documentos se puede encontrar testimonio de un religioso, boletines de comunidades religiosas y artículos de prensa sobre la relación entre los sectores religiosos y la dictadura militar, un informe de Argentine Information Service Center (AISC) sobre niños desaparecidos y algunas publicaciones que vinculan a las iglesias, y en especial a la Iglesia Católica, con la represión y la vulneración de los derechos humanos.

Fragmento de informe de Madres de Procesados por la Justicia Militar sobre la gira por Europa para dar a conocer el pedido de amnistía, las gestiones que el grupo lleva y la situación de los presos políticos en Uruguay. El viaje fue llevado a cabo por Esperanza Garrido de Fabbri y Olga Reynoso de Rivero, en representación del grupo.

Informe sobre presos políticos enfermos en Uruguay, agrupados en quienes se encuentran detenidos en cuarteles, en el Establecimiento Militar de Reclusión 2 (Punta de Rieles) y en el Establecimiento Militar de Reclusión 1 (Penal de Libertad).

Informe sobre las observaciones formuladas por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el caso de Lilian Celiberti de Casariego, ciudadana uruguaya detenida en Brasil junto a sus hijos y Universindo Rodríguez Díaz, ciudadano uruguayo.

Informe de María del Carmen A. de Quinteros acerca de su viaje a Venezuela en el cual se entrevistó con distintas personas en el marco de las gestiones de la búsqueda de su hija, Elena Quinteros, detenida ilegalmente en la Embajada de Venezuela en Uruguay. El infrome detalla que se entrevistó con Simón Alberto Consalvi, Ministro de la Secretaría de la Presidencia; Teodoro Pekkof, Diputado del Movimiento al Socialismo (MAS); Pedro Nikkem, Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); y su Vicepresidente, Andrés Aguilar; Carlos Baptista, Consejero de la Embajada de Venezuela al momento del secuestro de su hija. Asimismo se registra que María del Carmen A. Quinteros tuvo un encuentro con Julio María Sanguinetti, Presidente de Uruguay, y con representantes de la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV). S incluye una nota manuscrita con indicaciones sobre dónde guardar el informe.

Este fondo contiene copia los cuerpos de la investigación preliminar de la Causa "Masacre de Napalpí s/juicio por la Verdad" inciada en 2014, la documentación agregada en instrucción suplementaria, las audiencias del juicio, el fallo y fundamentos de la sentencia y los informes de cumplimiento de la sentencia de la Unidad para la Ejecución de la Sentencia de la Causa "Masacre de Napalpí s/juicio por la Verdad".

La particularidad de este juicio se relaciona con la complejidad de la investigación judicial llevada adelante, que debió indagar sobre hechos ocurridos un siglo antes. En la sentencia del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia se establece que la "Masacre de Napalpí" constituyó un crimen de lesa humanidad y da como probados los hechos que se detallan a continuación: “El sábado 19 de julio de 1924, en horas de la mañana, alrededor de un centenar de policías de territorios nacionales, gendarmes y algunos civiles armados, ayudados por logística aérea, llegaron a la zona de El Aguará, ubicada en el interior de la Reducción de Indios de Napalpí, donde aproximadamente 1000 personas, compuestas por familias Moqoit, Qom y algunos peones correntinos y santiagueños, estaban realizando una huelga concentrados en tolderías, a modo de campamentos, para reclamar por las condiciones a las que estaban sometidos. Llegaron montando caballos, se establecen a una distancia cercana del campamento y desde allí dispararon con sus fusiles y carabinas, todos a la vez y a mansalva por el espacio de una hora. De forma inmediata, por el impacto de la balacera, cayeron muertos estimativamente entre cuatrocientos y quinientos integrantes de las etnias Qom y Moqoit, entre ellos niñas y niños, mujeres, algunas de ellas embarazadas, varones, ancianos y ancianas. En algunos casos, perdieron la vida varios de los componentes de una misma familia. Los/as heridos/as que quedaron en el lugar y no pudieron escapar a tiempo fueron ultimados/as de las formas más crueles posibles. Se produjeron mutilaciones, exhibiciones y entierros en fosas comunes. Los/as sobrevivientes que pudieron escapar, atravesando los cardales, soportando el hambre, la sed, el frio, debieron esconderse durante mucho tiempo para evitar ser capturados/as y asesinados/as. La perpetración de la Masacre, por su propia complejidad, requirió de la previa concepción de un plan, que supuso una exhaustiva coordinación, organización logística, distribución de roles, movilización de diversos contingentes de tropas, su traslado y concentración desde varios días antes, gran cantidad de armamento y municiones, su acampe y alimentación, además del apoyo de una avioneta que realizó por lo menos, tareas de inteligencia y observación. Tales hechos ocurrieron en el contexto de la Reducción de Indios de Napalpí, la cual fue creada por el Estado argentino bajo la dirección civil del Ministerio del Interior, con el objetivo de culminar el proceso de ocupación del territorio de las poblaciones indígenas y su sometimiento a la explotación laboral. Sus condiciones de vida eran deplorables, vivían hacinados/as, sin vestimenta apropiada, con poca comida y de mala calidad, sin atención médica ni posibilidad de escolarizarse. Allí les cobraban por los elementos de trabajo, como así, por las bolsas de algodón y un impuesto del 15% sobre la cosecha y costosos fletes para su traslado, a los pocos que se les dio la posibilidad de hacerlo, siendo el resto obligados/as a trabajar extensas jornadas para la Reducción o vecinos hacendados, pagándoles con vales. Asimismo, fue decretada su prohibición de salir del territorio y no podían elegir dónde y para quien trabajar. Las mujeres indígenas trabajaban intensamente y sin remuneración, eran frecuentes los abusos, es decir, en condiciones análogas a la esclavitud. Todo ello dio lugar a la protesta y reunión de alrededor de mil indígenas en la zona de El Aguará, en el interior de la Reducción, donde luego ocurrió el ataque. Una vez producida la masacre, desde el Estado se llevó adelante una estrategia de construcción de una historia oficial, a los fines de negar y encubrir la matanza, siendo presentados los hechos como un supuesto enfrentamiento entre las etnias y posterior desbande, que habría tenido como consecuencia la muerte de cuatro indígenas, uno de ellos el importante dirigente Pedro Maidana. La prensa oficialista reprodujo la versión brindada por los oficiales policiales y los funcionarios del gobierno del territorio, que luego avaló la justicia local, en un proceso en el que declararon solo los efectivos y civiles que participaron de la agresión, pero ningún indígena. En paralelo, el oficialismo en el Congreso de la Nación obstruyó la conformación de una Comisión Investigadora, a pesar de las aberrantes denuncias que se conocían y la existencia de testigos calificados que podían narrar aquella barbarie. La masacre provocó graves consecuencias en los sobrevivientes y en sus descendientes. Producto de ello y de una sistemática opresión, las generaciones posteriores de los pueblos Moqoit y Qom sufrieron el trauma del terror, el desarraigo, la pérdida de su lengua y su cultura”.

En los cuerpos de la investigación preliminar, en términos generales, se encuentran documentos jurídicos propios del desarrollo de la investigación judicial y del juicio, tales como requerimientos de la fiscalía, dictámenes del juzgado, ofrecimientos de prueba, entre otros. Además estos cuerpos contienen testimonios producidos en las dos etapas de la investigación, en instrucción y durante las audiencias orales del juicio así como también se incluyen las copias de libros, informes, artículos académicos y periodísticos y otro tipo de producción académica y no académica. Asimismo, se encuentran unidades documentales que fueron incorporadas directamente o como anexos de informes institucionales, tales como expedientes del Ministerio del Interior aportados por el Archivo General de la Nación, fotografías de relevancia pertenecientes a museos o archivos locales o extranjeros, y decretos y leyes publicadas en el Boletín Oficial de la República Argentina. Cabe señalar también que, además de los cuerpos creados a partir del 2014 el fondo también contiene copia de los dos cuerpos del expediente iniciado en 1924. La organización y contenido de la documentación responde, en gran medida, a las decisiones y estrategias de la Unidad Fiscal.

La colección está organizada por años en función de las diferentes tandas de entrega de documentos (2002, 2016 y 2019)
La primera tanda, de 2002, consiste en 4600 documentos aproximadamente, de 16.000 fojas, del Departamento de Estado (agencia gubernamental dedicada a la política exterior), datados del 1 de diciembre de 1975 al 31 de diciembre de 1984. Se encuentran divididos en 34 agrupamientos (volúmenes) de 500 folios aproximadamente cada uno. Pueden encontrarse diferentes comunicaciones (cables, telegramas, telex) entre las embajadas norteamericanas en diferentes países, principalmente la embajada argentina, sobre distintos hechos y personas involucradas en violaciones a los derechos humanos. Desde informes de reuniones con diferentes autoridades del gobierno de facto, como solicitudes de organizaciones de la sociedad civil que solicitan información sobre el paradero de detenidos-desaparecidos; en muchos casos adjuntan informes, panfletos, listados, proclamas y otros tipos de documentos de organizaciones denunciando estos hechos.
El segundo agrupamiento, de 2016/2017, está subdivido en tres entregas. Las fecha extremas de los documentos van del 1975 a 1987. La primera de agosto de 2016 que consta de un total de 1087 fojas donde se pueden encontrar documentos de las presidencias de Carter, Reagan y Bush. La segunda, de diciembre de 2016, dividida entre reportes, memorándums y brief diarios (breves informes diarios de inteligencia) para los Presidentes donde se puede observar aspectos de la relación del gobierno de Estados Unidos con las diferentes Juntas Militares de Argentina, así como las presiones que se producían por la liberación de ciertos detenidos que cobraban relevancia internacional, informes sobre distintos temas vinculados a las violaciones a los derechos humanos en Argentina, veto de venta de armas, Plan Cóndor, conflictos entre diferentes autoridades del gobierno militar e incluso ya en democracia sobre el levantamiento militar de abril de 1987. Hay también informes generales sobre la situación en diferentes países, los cuales se encuentran completamente tachados, excepto lo de Argentina. Finalmente, la entrega de abril de 2017, ya con Trump como Presidente de Estados Unidos, contiene 813 documentos del Departamento de Estado desclasificados en el 2002 los cuales fueron revisadas las tachaduras, más 119 documentos seleccionados por la Oficina del Historiador (Office of the Historian) por su relevancia para un capítulo sobre Argentina, de un volumen sobre América Latina, en una publicación sobre la Política Exterior de Estados Unidos entre 1977 y 1980.
Finalmente, la última entrega, de 2019 contiene documentos provenientes no sólo de los documentos presidenciales y del Departamento de Estado, sino que incluye otras agencias gubernamentales como la CIA, el Departamento de Justicia, el Departamento de Defensa, el FBI y del NARA (Archivos Nacionales y Administración de Archivos).
En total se entregaron 5600 documentos, 2100 del Departamento de Estado, 50.000 páginas, que aún hoy están siendo analizadas.

Informe de la delegación enviada a la Argentina por Amnistía Internacional del 6 al 15 de noviembre de 1976. La delegación de AI estuvo encabezada por Lord Avebury por la Cámara de los Lores Británica y la Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos, e incluyó entre sus miembros al Padre Robert Drinan, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y Patricia Feeney miembro británica del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional. El objetivo fijado por la misión fue discutir con las autoridades argentinas los siguientes temas: el número e identidad de los presos políticos, las evidencias de torturas y complicidad policial y militar en secuestros ilegales, el estatus y seguridad de los refugiados latinoamericanos y la naturaleza y efectos de la legislación promulgada.
La publicación es el resultado de esos encuentros, así como la información recogida por Amnistía Internacional desde el golpe de estado.
El contenido se divide en: un prefacio de Martin Ennals, por entonces Secretario General de AI; una introducción; 5 secciones tituladas "Legislación", "Prisiones y Prisioneros", "Desapariciones", "Tortura" y "Refugiados"; las Conclusiones, las Recomendaciones y un apéndice documental que incluye: Testimonio concerniente a Tribunales Militares; Recuento de la visita de Lord Avebury a la cárcel de Villa Devoto; Testimonio concerniente a las Operaciones de las Fuerzas de Seguridad uruguayas en Argentina, Casos de devolución a su país de refugiados políticos uruguayos, Historias de Casos Representativos, Listado de desaparecidos desde 1976 marzo 24 y Resolución 3452 adoptada por las Naciones Unidas.

Informe de Madres de Procesados por la Justicia Militar sobre la gira por Europa para dar a conocer el pedido de amnistía, las gestiones que el grupo lleva y la situación de los presos políticos en Uruguay. El viaje fue llevado a cabo por Esperanza Garrido de Fabbri y Olga Reynoso de Rivero, en representación del grupo.

Informe de Madres de Procesados por la Justicia Militar sobre la gira por Europa para dar a conocer el pedido de amnistía, las gestiones que el grupo lleva y la situación de los presos políticos en Uruguay. El viaje fue llevado a cabo por Esperanza Garrido de Fabbri y Olga Reynoso de Rivero, en representación del grupo.

Informe sobre el Establecimiento Militar de Reclusión 1 (Penal de Libertad) en el que se detallan las características edilicias del penal y las condiciones de vida de los presos; refiere al acceso al estudio, a la salud, el trabajo forzado, la relación con los militares, los simulacros de ataque exterior o conmoción interna y la política de sanciones.

Informe elaborado por el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) sobre los presos políticos enfermos en Uruguay. En un primer apartado agrupa a los presos políticos en quienes se encuentran detenidos en cuarteles, en el Establecimiento Militar de Reclusión 2 (Punta de Rieles) y en el Establecimiento Militar de Reclusión 1 (Penal de Libertad). También aborda la situación de los penales Libertad y Punta Rieles, hace mención a la inseguridad que viven los presos políticos y los tratos recibidos, la incomunicación, la dependencia frente a las autoridades, y la situación jurídica. Finalmente, refiere a las "visitas especiales" que se dieron en ambos penales durante Navidad y Año Nuevo.

La colección reúne dos CD, el primero con un documental titulado "Legado de una generación" y el segundo con el Informe de la Comisión de la Verdad "De la locura a la esperanza. La guerra de 12 años en El Salvador". Además, recopila tres documentos de planes y proyectos sobre promoción de Derechos Humanos, búsqueda de justicia transicional y resignificación de las intalaciones del Comando de Apoyo de Transminiones de la Fuerza Armada (Ex Primera Brigada de Infantería, cuartel "San Carlos"). Por último cuenta con un folleto del Centenario del Archivo Histórico de la Universidad de El Salvador.