Mostrando 11 resultados

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) fue creada por el presidente Raúl Alfonsín a través del decreto Nº 187 del 15 de diciembre de 1983. Contra la propuesta esbozada por la mayoría de los organismos de derechos humanos, que reclamaban la creación de una Comisión bicameral para la investigación de los crímenes de la última dictadura (1976-1983), el titular del Poder Ejecutivo optó por una Comisión de “notables” compuesta por personalidades destacadas de la vida política, cultural y religiosa argentina, presidida por el escritor Ernesto Sábato. Sus otros integrantes fueron Magadalena Ruiz Guiñazú, Ricardo Colombres, René Favaloro –quien renunció poco después–, Hilario Fernández Long, Carlos Gattinoni, Gregorio Klimovsky, Marshall Meyer, Mons. Jaime F. de Nevares, Eduardo Rabossi, Santiago López, Hugo Piucill, Horacio Huarte, Graciela Fernández Meijide, Daniel Salvador, Raúl Aragón, Alberto Mansur y Leopoldo Silgueira.
El objetivo de la CONADEP, que inicialmente funcionaría por seis meses, era recibir denuncias y pruebas sobre los secuestros y desapariciones perpetrados durante la dictadura para remitirlas a la Justicia, investigar cuál había sido el destino de los desaparecidos y desaparecidas y determinar el paradero de los niños y niñas apropiados en el marco del terrorismo de Estado. Además, debía denunciar cualquier intento de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad por destruir evidencia de los crímenes de la represión. Todos los datos recabados durante las labores investigativas serían recopilados en un informe final que se pondría en manos del presidente de la Nación. La entrega se efectivizó el 20 de septiembre de 1984, luego de extenderse por tres meses el plazo establecido originalmente para el funcionamiento de la CONADEP, en un acto que tuvo lugar en la casa de gobierno. Dos meses después, el informe fue publicado bajo el título Nunca más por la editorial universitaria EUDEBA, convirtiéndose en un éxito de ventas.
Las tareas de la Comisión se desarrollaron en un clima cargado de tensión por la reticencia de los integrantes de la Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad a que se llevara adelante una revisión de su actividad represiva durante los años de dictadura. A pesar de ello, y de las dificultades que planteaba la recopilación de información en las zonas alejadas de los grandes centros urbanos, la CONADEP logró registrar 8.960 casos de desaparición forzada y comprobar, a través de inspecciones oculares con sobrevivientes, la existencia de unos 340 centros clandestinos de detención, la mayoría ubicados en dependencias policiales y militares todavía en funcionamiento.
La información recopilada por la Comisión dejó en evidencia que, lejos de constituir “excesos” aislados, los secuestros, las torturas, las desapariciones y los asesinatos habían formado parte de un plan sistemático organizado desde las más altas jerarquías de las Fuerzas Armadas. Esta constatación fue clave para lograr la condena de los integrantes de las tres primeras Juntas Militares en el denominado Juicio a las Juntas, realizado entre abril y diciembre de 1985. La importante circulación pública del Nunca más, por otra parte, fue central para la conformación de una primera memoria pública sobre los crímenes de la dictadura argentina.
El subfondo CONADEP, perteneciente al Fondo Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dado el traspaso de funciones a este organismo el cual continuó gestionando, interviniendo y modificando los documentos, se compone de distinto tipo de documentación que refleja la actividad realizada por la Comisión en el marco de sus labores investigativas. Incluye, en primer lugar, los legajos constituidos a partir de formularios que recogían las denuncias de familiares, sobrevivientes o testigos ocasionales de acciones represivas. Estos formularios incorporaban información diversa como ser el nombre y apellido de la víctima, su fecha de nacimiento, documento de identidad, profesión o trabajo, lugar de estudio o trabajo, domicilio, estado civil, número de hijos y edad; fecha, hora y lugar del secuestro, descripción del hecho, mención a testigos si los hubiese y de los posibles responsables; las gestiones realizadas por los familiares y allegados de las víctimas, las respuestas obtenidas ante esos requerimientos y los datos del denunciante. Este subfondo reúne además, más de dos mil fotografías tomadas por el fotógrafo Enrique Shore durante las inspecciones oculares en los centros clandestinos de detención (CCD) así como las actas elaboradas a partir de esas inspecciones junto a un vasto relevamiento documental hecho por la Comisión sobre los CCD. Por otra parte, el fondo contiene también las actas de las reuniones que realizó la CONADEP en el transcurso de su investigación así como las del Comité Ejecutivo, instituido el 29 de diciembre de 1983 dada la necesidad de funcionar ejecutivamente con un grupo más reducido de sus miembros. La correspondencia nacional e internacional de la Comisión también forma parte de este subfondo dando cuenta de los intercambios con organismos estatales y de la sociedad civil tanto de Argentina como de otros países.
Asimismo, se encuentran las elevaciones de denuncias a la Justicia, unos 25.000 habeas corpus que fueron elevados al Poder Judicial para determinar el paradero de personas desaparecidas entre 1975 y 1983, las respuestas de hospitales de salud mental y cementerios con listados de pacientes de hospitales y de entierros sucedidos en los cementerios entre 1976 y 1983. Hay además numerosos relevameintos documentales de dos organismos internacionales que elaboró diferentes listados e investigaciones sobre casos de violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura cívico militar. Tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reopiló y transfirió la documentación vinculada a estos hechos y, en el caso de la CIDH, aquellos informes de las observaciones in-loco que realizara en 1979, en plena dictadura, y que permitieran dar apoyo internacional a las denuncias que venían realizando los organismos de derechos humanos en el país.
Desde su creación y hasta el presente, el fondo de la CONADEP desarrolla un rol central en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, ya sea como evidencia en los juicios por los crímenes de lesa humanidad, como fuente de consulta para los ascensos de personal de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, como insumo para producciones de distinta índole orientadas a la transmisión de la memoria de los crímenes dictatoriales y para la investigación científica sobre el pasado reciente argentino.

El fondo refleja la actividad solidaria y de denuncia que desarrolló Alicia Raquel Puchulu de Drangosch, quien debió exiliarse del país junto con una de sus hijas y sus nietos como consecuencia de la persecución y desaparición de varios familiares (sus hijos Adriana y Hugo Ricardo Drangosch y sus yernos Mario Rodríguez, Arnaldo del Valle Moyano y Samuel Leonardo Slutzky) durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina, el allanamiento de los domicilios de sus hijas Raquel Herminia Drangosch y Susana Drangosch, y con el objetivo de garantizar su seguridad y la de su familia. Gracias a la colaboración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se asiló primero en Brasil y luego viajó a Holanda donde permaneció varios años. Durante su estadía en Holanda fundó y presidió la Comisión de Solidaridad con Familiares de Desaparecidos en Argentina (COSOFAM) cuyo objetivo fue la promoción y realización de acciones de solidaridad y apoyo a las víctimas del terrorismo de Estado tanto en Argentina como en América Latina. Esta tarea fue realizada en constante colaboración con otros organismos de Derechos Humanos. Durante su exilio en Europa, Alicia también fue representante de Madres de Plaza de Mayo.
En este sentido, el fondo reúne documentos tales como fotografías, correspondencia entre las distintas instituciones que desde el exilio realizaron acciones a favor de los desaparecidos, denuncias, testimonios de detenidos en Centros Clandestinos de Detención Tortura y Exterminio, listados de detenidos-desaparecidos, publicaciones relativas a la lucha por los derechos humanos, boletines, comunicados de prensa, declaraciones, informes, folletos, invitaciones, y una gran cantidad de afiches que formaron parte de la campaña gráfica desde el exilio de denuncia del terrorismo de estado en Argentina y América Latina.

La colección se compone de copias digitales de la documentación presentada como evidencia en el juicio llevado a cabo en Florida (Estados Unidos) contra Roberto Guillermo Bravo por las cuatro víctimas Alberto Camps, Eduardo Cappello, Rubén Bonet y Ana María Villarreal de Santucho de la Masacre de Trelew. Bravo se mudó a los Estados Unidos en 1973, donde evadió la justicia hasta que los clientes del Center for Justice and Accountability (CJA) lo demandaron. En julio de 2022, un jurado de Florida lo declaró responsable de ejecución extrajudicial, intento de ejecución extrajudicial y tortura en la Masacre de Trelew. La evidencia incluye el testimonio de uno de los tres únicos sobrevivientes de la Masacre, del personal que trabajó en la Base Naval Almirante Zar durante o inmediatamente después de la Masacre, y de nuestros clientes y otros familiares de las víctimas. También incluye evidencia fotográfica y documental de las lesiones de las víctimas, un informe contemporáneo sobre la Masacre realizado por militares argentinos, así como el testimonio pericial de nuestros expertos legales, históricos, forenses y médicos.
También se incluye documentación recopilada por la defensa que no fue admitida como evidencia en el juicio. La mayoría de los documentos se encuentran en idioma inglés.
Entre los documentos vinculados a la causa se encuentran:

• Las transcripciones del proceso judicial del caso civil Camps et al. v. Bravo
• Las transcripciones completas de las declaraciones previas al proceso judicial del caso civil Camps et al. v. Bravo de Carlos Celi, Carlos Marandino, Roberto Bravo y Julio Ulla.
• Los videos de las declaraciones completas previas al proceso judicial del caso civil Camps et al. v. Bravo de Carlos Celi, Carlos Marandino, Roberto Bravo y Julio Ulla.
• El expediente completo del proceso judicial del caso civil Camps et al. v. Bravo.
• El expediente completo del proceso de extradición de Roberto Bravo en el año 2010.
• Las transcripciones de la audiencia relacionada al proceso de extradición de Roberto Bravo en el año 2010.
• El expediente completo del proceso de extradición de Roberto Bravo en el año 2019.
• Las transcripciones de las audiencias relacionadas al proceso de extradición de Roberto Bravo en el año 2019.
• Los documentos del proceso penal en Argentina relacionado con la Masacre de Trelew (2006 - 2012) que están en posesión de el “CJA”.
• Informes de expertos (el historiador Brennan, el prof. Langer sobre derecho comparado, el médico forense Dr. Anderson, y el físico forense Dr. Pregliasco) junto con notas del CJA donde se señalan las transcripciones de sus declaraciones en vivo.
• Diario del juicio: informe de la Clínica Internacional de Defensa de los Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Florida, Estados Unidos.

El Buró de Información de la Sede Washington D.C. de la Argentine Commission for Human Rights/ Comisión Argentina por los Derechos Humanos (CADHU) funcionó en la capital estadounidense entre diciembre de 1976 y mayo de 1980, aproximadamente. Su primera oficina fue en una casa semiabandonada de North Capitol Avenue, la segunda en el 1912 de N Street, N.W. y la tercera en el 1735 de New Hampshire Avenue, en el barrio de Dupont Circle, todos domicilios de la ciudad de Washington. Sus miembros permanentes fueron Olga Talamante, ciudadana mexicana naturalizada norteamericana; Horacio Lofredo, ciudadano argentino naturalizado norteamericano y Robert Barber, ciudadano norteamericano. Sus actividades principales fueron las de denuncias de violaciones a los Derechos Humanos en Argentina y la de lobby ante las dos Cámaras del Congreso de los Estados Unidos para poder influenciar en la legislación que promoviese sanciones económicas y militares a la dictadura argentina. También elaboraron y publicaron informes sobre distintos aspectos de las políticas dictatoriales, trabajaron en conjunto con otras organizaciones de base para promover el conocimiento de actividades solidarias con el pueblo argentino, realizaron traducciones, batallaron ante la persecución jurídica a la que sometió a la Sede Washington de la CADHU el Departamento de Justicia norteamericano y participaron activamente en la compilación y elaboración de listados de personas secuestradas, desaparecidas y asesinadas en Argentina.
La colección Talamante-Barber contiene principalmente documentos fechados entre diciembre de 1976 y febrero de 1978, dos extractos de libros publicados en 1981 y 2013 respectivamente y los dos inventarios elaborados por los productores de la colección en 2020. En su gran mayoría son documentos producidos por el Buró de Información de Washington D.C. de la CADHU y otros relacionados de manera directa o indirecta con el mismo: informes, correspondencia a adherentes y simpatizantes, cartas a diferentes personalidades públicas norteamericanas y argentinas, listados, documentos y publicaciones oficiales del gobierno norteamericano, discursos, publicaciones, recortes periodísticos, boletines, folletos, volantes, traducciones, declaraciones, resúmenes, boletines, circulares, comunicados de prensa, memorándums, fotos, estadillos de ingresos, testimonios, fichas técnicas, alertas, cables de agencias periodísticas y extractos de libros publicados conteniendo capítulos con profusa mención de la CADHU USA.
Entre los documentos más destacados podemos citar los siguientes: una copia de la publicación gubernamental conteniendo las declaraciones de Gustavo Roa, Lucio Garzón Maceda y Olga Talamante ante el Subcomité de Organizaciones Internacionales del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, presidido por el representante Donald Fraser el 28 y 29 de septiembre de 1976; listado parcial de los documentos disponibles para consulta pública en la Sede hacia 1976 diciembre; un resumen introductorio de la CADHU USA escrito a fines de 1976; publicación original del Informe de la visita de la misión de Amnistía Internacional a Argentina en noviembre de 1976; un Informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la observancia de los Derechos Humanos en Argentina publicado en diciembre de 1976; tres ejemplares originales del Boletín Outreach, publicado por el Argentine Information and Service Center (AISC) en Nueva York correspondientes a enero-febrero de 1977, mayo-junio de 1977 y enero-febrero de 1978; cartas escritas en conjunto por el AISC y el Buró de Información de Washington D.C. de la CADHU; un folletín introductorio de la creación de la CADHU USA publicado a comienzos de 1977; un Informe especial preparado por el Buró de Información de Washington D.C. de la CADHU dirigido a miembros del Congreso y simpatizantes sobre los Derechos Humanos, las Libertades Democráticas y las Relaciones USA-Argentina; una carta personal al presidente Jimmy Carter acompañando el envío del mencionado Informe; declaraciones y artículos periodísticos sobre la visita del diputado y sacerdote Robert Drinan a Argentina en 1976; un Informe del mismo Drinan sobre represión política y religiosa en Argentina, incluyendo el caso Mignone; varias cartas al presidente Jimmy Carter, a sindicalistas norteamericanos y a los y las simpatizantes y colaboradores de la CADHU en Estados Unidos; un Informe especial preparado en marzo de 1977 por el Buró de Información de Washington D.C de la CADHU sobre el desvío de fondos otorgados a la dictadura argentina para el combate al narcotrafico por la Drug Enforcement Agency (DEA) y el Departamento de Estado para actividades represivas y de contrainsurgencia; un Informe especial preparado por el Buró de Información de Washington de la CADHU sobre las consistentes violaciones a los Derechos Humanos en Argentina; cartas de la CADHU fechadas en febrero de 1977 a miembros del Congreso de Estados Unidos alertando sobre la ola de antisemitismo desatada en Argentina en los últimos meses de 1976; folletín con la traducción al inglés de la Carta Abierta de un Escritor a la Junta Militar escrita por el militante montonero y escritor Rodolfo Walsh; un Memorándum elaborado por el Buró de Washington D.C. de la CADHU sobre el posible lenguaje a utilizar en las enmiendas a someterse a votación en el Congreso para cortar la ayuda militar a la dictadura argentina por parte del gobierno de los Estados Unidos; un estadillo de ingresos fechado en abril de 1977 abril; un listado de personas secuestradas, arrestadas, desaparecidas o asesinadas en Argentina entre el 20 de marzo de 1977 y el 24 de abril de 1977; copia del Testimonio prestado por el Buró de Información de Washington D.C. de la CADHU ante el Comité de Ayuda Exterior del Senado de los Estados Unidos; una ficha técnica preparada por el Buró de Información de Washington D.C. de la CADHU con detallada información sobre el entrenamiento dado por los Estados Unidos a los integrantes de las Fuerzas Armadas argentinas; alertas y comunicados de prensa sobre la votación a tener lugar en el Congreso de Estados Unidos para terminar la ayuda económica y el entrenamiento militar a las Fuerzas Armadas argentinas por parte del gobierno de Estados Unidos; original del comunicado de prensa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el caso judicial abierto contra el Buró de Información de Washington D.C. de la CADHU y dos de sus integrantes para obligarlos a declararse “agentes de una potencia extranjera”; una carta a los simpatizantes de la CADHU en Estados Unidos alertándolos sobre dicho proceso y requiriendo ayuda económica para cubrir los costos legales; extractos de libros escritos por William Schmidli en 2013 y L. Schoultz en 1981 donde se hace extensa mención al trabajo del Buró de Información de Washington D.C. de la CADHU y una foto de Olga Talamante, Horacio Lofredo, Robert Barber y un colaborador del Buró tomada en Washington D.C. ca.1977.

Parte del Informe del Buró de Información de Washington D.C. de la CADHU. El Informe se divide en las siguientes secciones: Introducción; Sinopsis del Informe: 1) Situación política; 2) Definición legal del actual régimen; 3) Responsabilidad del gobierno por los secuestros, torturas y asesinatos; 4) Debido proceso, el derecho a un juicio justo; 5) Un patrón consistente de violaciones a derechos humanos internacionalmente reconocidos; 6) La situación de los refugiados políticos en Argentina; 7) El movimiento sindical bajo el régimen militar; 8) Derechos Humanos y libertades democráticas: las alternativas políticas; 9) Programa de Asistencia Militar destinado a fortalecer la Seguridad Interna del régimen militar argentino. Se incluyen 6 páginas de fuentes consultadas para la elaboración del Informe.

Informe de Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) para ser distribuido en el Congreso de los Estados Unidos y entre los miembros de la red de apoyatura de la CADHU Estados Unidos. El informe trata sobre las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen militar en Argentina desde 1976, asevera que Argentina es el lugar más peligroso del hemisferio occidental para vivir y sostiene que Amnistía Internacional da cuenta de 30.000 presos políticos, que hay miles de secuestros, torturas y asesinatos y que la Liga Argentina por los Derechos Humanos documenta el asesinato de 130 niños por parte de las Fuerzas Amadas y la policía. Luego la declaración se divide en varias partes: a) Situación política; b) La Responsabilidad de la Junta en las Violaciones a los Derechos Humanos; c) El Destino de los Prisioneros; d) Refugiados Políticos en Argentina; e) El Movimiento Sindical; f) Persecución Religiosa; g) Ataques Contra Periodistas y Cientistas; h) Un Patrón Consistente de Violaciones a los Derechos Humanos. Firma Argentine Commission for Human Rights Comisión Argentina por los Derechos Humanos (CADHU).

Informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre observancia de los Derechos Humanos Internacionales y sus implicancias para la política de los Estados Unidos. Una nota mecanografiada indica que este informe sobre el “status” de los Derechos Humanos en Argentina fue pedido al Departamento de Estado por el Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes el 15 de septiembre de 1976 bajo la sección 502(c) de la Ley de Ayuda Militar, la así llamada “cláusula de los derechos humanos”. También menciona que el informe fue remitido al Comité en noviembre de 1976 como documento clasificado mientras que la versión no-clasificada, que es este informe, fue lanzada el 27 de diciembre de 1976. Finalmente, la nota señala que se debe tener en cuenta que este Informe fue preparado por el Departamento de Estado con la intención de justificar la continuación de la ayuda militar de Estados Unidos a la Junta Militar argentina.
El informe en si se divide en 4 partes. La primera trata sobre la situación política y la situación legal. Respecto de la situación política, el informe se asegura que el golpe de 1976 marzo fue precipitado por la seria inestabilidad política y económica, la inflación, la recesión, la deuda externa y la violencia política que en 3 años, del 73 al 76, costó 2000 vidas y entre 1976 marzo y 1976 septiembre, aseguran, 1000 vidas. Culpan del inicio del actual ciclo de violencia al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros, ambas “organizaciones terroristas dedicadas a la revolución violenta” que trabajaban en conjunto con guerrillas de Uruguay, Chile y Bolivia cuyos miembros, cuando hubo golpes de estado en esos países se refugiaron en Argentina. Respecto de analizan la Constitución del 1853, justifican los decretos y leyes promulgados por la dictadura ya que tienen precedencia sobre la constitución en caso de conflicto según reiterados fallos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para finalizar explicando, y también justificando, el Estado de Sitio decretado por Isabel Martínez en 1974 noviembre 06 la consiguiente suspensión del habeas corpus, la detención por tiempo indefinido y el traslado de presos acusados de un lugar a otro.
La segunda parte trata sobre el avance de los Derechos Humanos reconocidos internacionalmente. Se analizan diversos casos de violaciones a los derechos a la vida, libertad y seguridad de las personas cometidos por “terroristas a ambos extremos del espectro político” pero dando prioridad al “terrorismo” de derecha y ultraderecha. Se menciona a la Triple A, a la Masacre de Pilar ocurrida el 30 de agosto de 1976, al Informe de Amnistía Internacional del año 1975-76, a la muerte del agente consular norteamericano John Patrick Egan en Córdoba en 1975 y al intento de secuestro del empleado de la USIA Alfred Laun también en Córdoba en 1975, al caso de tortura denunciado por Olga Talamante cuando era presa política en Argentina, al caso de tortura denunciado por la ciudadana norteamericana Gwenda Mae Loken López también presa política en Argentina, al caso denunciado por el Reverendo James Weeks ante el Congreso de USA. Se aclara que en general los argentinos disponen de libertades que los igualan ante la ley mas allá de su religión o raza, que son libres de salir del país y retornar al mismo pero cita la persecución a los Testigos de Jehová y la ola de antisemitismo como dos problemas graves. Esta parte finaliza poniendo en duda que que exista total libertad de expresión y opinión.
La tercera parte trata sobre la acción del gobierno de los Estados unidos en el área de Derechos Humanos. Se describen los esfuerzos realizados por el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires para tratar el tema de la violación a los derechos Humanos ante distintas autoridades militares, ministros, oficiales de las Fuerzas Armadas y altos cargos de la dictadura. Se enumeran en un listado los distintos temas que fueron tratados y discutidos con las autoridades de facto argentinas y se citan algunas de las respuestas obtenidas por parte del gobierno de facto de la Argentina. Se describen también los esfuerzos realizados a pedido del Congreso de Estados Unidos y de ciudadanos y ciudadanas norteamericanas acerca del paradero de ciudadanos norteamericanos y argentinos mantenidos en detención o desaparecidos. Por último, se mencionan los esfuerzos del embajador norteamericano en Buenos Aires y de varios equipos de prensa del gobierno norteamericano para informar a la opinión pública y los medios de prensa argentinos sobre la posición de los Estados Unidos en el tema de Derechos Humanos. Además, se destacan los esfuerzos realizados por autoridades políticas y militares norteamericanas para explicarles a los funcionarios de la dictadura las legislaciones vigentes en los Estados Unidos respecto a la ayuda militar a otros países.
La cuarta parte trata sobre el Programa de Ayuda en Seguridad de los Estados Unidos. Se citan las sumas destinadas para el año 1977 en ayuda en seguridad, créditos para ventas militares y entrenamiento militar y se hace notar que esas sumas fueron aprobadas por el Congreso de Estados Unidos poco después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Aclara que los Estados Unidos no ayudan a la Policía de Argentina salvo en temas relacionados con el control y tráfico de narcóticos y que los créditos otorgados son para temas de investigación y desarrollo y no para contrainsurgencia. Afirma que la ayuda en seguridad es de extrema importancia para la cooperación con las Fuerzas Armadas argentinas y para promover y proteger los intereses norteamericanos en Argentina. Hacia el final del inorme se hace conocer la posición del Departamento de Estado que apoya la continuación de la ayuda en seguridad a la Argentina con el fin de preservar la relación profesional con las Fuerzas Armadas argentinas y demostrar el interés de los Estados Unidos en mantener relaciones constructivas y promover los objetivos delineados anteriormente.

Informe general de CADHU con detalles de su constitución, sus tareas y sus sedes. Se menciona además, el impacto de las declaraciones de dos miembros de la CADHU, los abogados Lucio Garzon Maceda y Gustavo Roca, ante el Subcomité de Organizaciones Internacionales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en 1976 septiembre. Se subraya finalmente la importancia de la existencia permanente de un Buró de Información en Washington D.C. para hacer públicas las declaraciones de testigos, los testimonios y los documentos que prueben las violaciones a los Derechos Humanos en Argentina.

Informe del Buró de Información de Washington D.C. de la CADHU. El Informe se divide en las siguientes secciones: Introducción; Sinopsis del Informe: 1) Situación política; 2) Definición legal del actual régimen; 3) Responsabilidad del gobierno por los secuestros, torturas y asesinatos; 4) Debido proceso, el derecho a un juicio justo; 5) Un patrón consistente de violaciones a derechos humanos internacionalmente reconocidos; 6) La situación de los refugiados políticos en Argentina; 7) El movimiento sindical bajo el régimen militar; 8) Derechos Humanos y libertades democráticas: las alternativas políticas; 9) Programa de Asistencia Militar destinado a fortalecer la Seguridad Interna del régimen militar argentino. Se incluyen 6 páginas de fuentes consultadas para la elaboración del Informe.

El fondo reúne documentos producidos y recopilados por Carlos González Gartland durante sus años de exilio en México entre 1976 y 1984. González Gartland, abogado y defensor de presos políticos desde la década de 1960 y fundador de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) en 1976, partió al exilio ese mismo año tras el secuestro de otros dos compañeros fundadores de la Comisión, decisión que fue consensuada con el resto de la dirección de la CADHU cuando se debatió el destino de cada uno de sus dirigentes. Gartland había sido miembro fundador de la CADHU en Buenos Aires y, una vez en México, fue responsable de la sección mexicana. Con el retorno de la democracia, volvió del exilio en 1984 trayendo con él, los documentos que registran su actividad en la CADHU, el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA) y el Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay (SIJAU), así como sus múltiples vínculos con organizaciones de defensa de los derechos humanos en el exterior y su propia militancia de denuncia de la dictadura cívico-militar en Argentina.

Entre los documentos que forman parte del fondo se encuentran testimonios, publicaciones, rendiciones de egresos, correspondencia, comunicados que dan cuenta del accionar la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) recopilados por Carlos González Gartland en el marco del cumplimiento de sus misiones, funciones y actividades en dicha organización. La CADHU se gestó durante los meses previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, a partir de la confluencia de distintos grupos, aunque su aparición formal se produjo cuando ya había comenzado la dictadura, en abril de 1976. Una de las actividades fundamentales asumidas por la CADHU fue la de denuncia a través de la producción y difusión de relatos del cautiverio elaborados por sobrevivientes de centros clandestinos de detención. La circulación de este tipo de documentos en el extranjero tenía como objetivo principal lograr la condena internacional de la Junta Militar por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometían en la Argentina. Los testimonios reunidos no solo son los producidos por la CADHU sino también algunos recopilados por Gartland y reunidos en un mismo corpus. Además, se encuentran diversas publicaciones de la CADHU en las que se denunciaban los crímenes de la dictadura, una multiplicidad de comunicados de denuncia de diverso tipo como los comunicados de prensa o los llamados "Acción urgente" y numerosa correspondencia que da cuenta de los vínculos de la CADHU con otros organismos de derechos humanos y de las actividades e iniciativas de solidaridad que buscaban dar auxilio a las personas que huían de la persecución dictatorial así como de las intervenciones en el espacio público que consistieron fundamentalmente en movilizaciones ante las embajadas argentinas en los países del exilio ante eventos puntuales o fechas de resonancia particular, como los aniversarios del golpe de Estado. También, hay rendiciones de egresos mensuales de la sede México de la CADHU cada uno de los cuales se encuentra acompañado por la misiva dirigida al Consejo Directivo de la CADHU en Madrid y, en algunos casos, un detalle de las líneas de acción de la delegación. Además, Gartland preservó algunas certificaciones expedidas por la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) y firmadas en su mayoría por el mismo como Consejero Directivo de la Comisión. Algunas de estas certificaciones fueron realizadas en favor de militantes con el objeto de dejar constancia del peligro que corrían para determinar su permanencia o salida del país al exilio, así como dar cuenta de su colaboración con la CADHU en tareas de solidaridad y denuncia. Otras, certifican las investigaciones realizadas por la CADHU de la detención y desaparición de personas, muchas de las cuales fueron sintetizadas en la publicación "Desaparecidos en Argentina" de 1979. Por otro lado, hay documentos de carácter más informal como diversos borradores de informes de la CADHU así como registros sobre víctimas del terrorismo de Estado hechos por la CADHU muy disímiles entre sí en cuanto al formato y al tipo de información consignada. Finalmente, hay unas pocas presentaciones de la CADHU ante la División de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

En el marco de la CADHU se creó en 1980 el Centro de Información y Documentación del Exilio Argentino (CIDEA), un centro especializado en los problemas argentinos, orientado a los aspectos vinculados con los derechos humanos. En ese momento, el CIDEA no logró obtener financiamiento más allá del propio de la CADHU de manera que se puso en funcionamiento en condiciones precarias dependiendo del trabajo voluntario de colaboradores no especializados, lo que devino en que no pudiera darse un tratamiento adecuado a la documentación. Esto se pudo realizar sobre la base de una recopilación de documentos realizada por González Gartland durante su exilio en México, entre 1976 y 1984 a partir de sus múltiples vínculos con organizaciones de defensa de los derechos humanos en el exterior, de manera que fue reuniendo documentos tales como panfletos, comunicados, volantes, artículos de prensa, proclamas e informes, que dan cuenta de su propia militancia de denuncia de la dictadura cívico-militar en Argentina así como del accionar de estas organizaciones entre las que se encuentran Argentine Information Service Center (AISC), Agence Latino-.Americaine D´Information (ALAI), Amnistía Internacional (AI), Centre Argentin d´information et solidarité (CAIS), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Inter American Commission on Human Rights (CIDH), Centro de Investigaciones Políticas y Económicas (CIPE), Comisión de Solidaridad con Familiares de Desaparecidos en Argentina (COSOFAM), Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM), Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP), Madres de Plaza de Mayo, Organización de los Estados Americanos (OEA), Parlamento Europeo, Parlamento Latinoamericano, Trabajadores y Sindicalistas Argentinos en el Exilio (TYSAE), No Candu in Argentina, Congreso Internacional de Solidaridad con Argentina, Movimiento Peronista Montonero, entre otras. Entre estos documentos pueden encontrarse agrupaciones sobre la base de ejes temáticos como “Cárceles y presos políticos”, en la que se incluyen comunicados de prensa y denuncias de las condiciones de las cárceles, seguimientos casos de detenidos, informes de personas detenidas, informes elaborados por presos y presas y testimonios personales. También hay documentos sobre los Centros Clandestinos de Detención entre los cuales hay una lista de los campos de concentración existentes hasta 1978 y diversas publicaciones con testimonios de sobrevivientes e informes de los dichos centros. Sobre el Mundial de Fútbol de 1978 hay recortes de prensa internacional (sobre todo francesa) y afiches en relación con las violaciones a los derechos humanos y documentos de la Coordinación Internacional de la Campaña del Boicot así como documentos de denuncia. Bajo el título "Religión" se reúnen algunos documentos que registran la relación entre la dictadura cívico-militar y algunos sectores opositores de la Iglesia Católica. También se pueden encontrar documentos sobre exiliados y el retorno al país, sobre la contraofensiva al terrorismo de Estado e informes de situación de Argentina en materia de derechos humanos, salud, economía y política. Otro agrupamiento relevante es el relacionado al conflicto de Malvinas con declaraciones e informes por parte de organismos de lucha en el exilio en México tales como CADHU, TySAE, Grupo de Argentinos Exiliados en México, Movimiento Peronista Montonero, Movimiento Independiente de la Comisión Argentina de Solidaridad, Comunidad de Cristianos Argentinos en el Exilio, Organización Comunista Poder Obrero y dirigentes como Enrique Gorriarán Merlo, entre otros. Sobre Malvinas, hay también un seguimiento de prensa y algunos cables de teletipo de agencias para enviar a los diarios. Se incluye finalmente, un minucioso seguimiento de la prensa de la época y otros artículos de publicaciones periódicas sobre la actualidad Argentina en materia política, económica, religiosa, de la cultura y los medios, la cultura y la educación, los derechos humanos, la situación laboral y sindical de los trabajadores y la dictadura cívico-militar Argentina.

En relación a las funciones de Carlos González Gartland en el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA) en México, el fondo contiene documentos como los estatutos de creación del COSPA; boletines editados por el Comité que funcionaron como órganos de comunicación, entre ellos "Boletín Argentino", "CASA ARGENTINA" e "Informaciones Argentinas". Hay además, correspondencia en su mayoría, enviada por el COSPA a diferentes organismos de derechos humanos, organismos internacionales, organizaciones y partidos políticos a través de la cual el Comité expone sus posturas, declaraciones y líneas de acción a seguir, buscando al mismo tiempo tender lazos para la denuncia de violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura cívico-militar argentina y para atender a la situación de los refugiados y exiliados políticos argentinos. Se pueden encontrar también denuncias de detenciones y desapariciones de personas por parte de la dictadura cívico-militar realizadas por el Comité, como parte de sus actividades centrales, así como una serie de comunicados de prensa del Comité.

Finalmente se incorporan algunos documentos que registran la actividad de Carlos González Gartland como miembro del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay (SIJAU) y como abogado dedicado a la búsqueda de ciudadanos uruguayos detenidos desaparecidos tanto en Uruguay como en otros países del Cono Sur.
La documentación es tanto del SIJAU como de diversos organismos de Derechos Humanos con los que esta organización se relacionaba como el Centro de Estudios Legales y Sociales, ya que este era su representante legal en Argentina; así como también el Servicio por la Paz y la Justicia; Madres de Uruguayos Desaparecidos en Argentina (MUDA); Agrupación de Familiares de Uruguayos Desaparecidos (AFUDE); Amnistía Internacional; Comisión Argentina de Solidaridad (CAS); Abuelas de Plaza de Mayo; Madres y Familiares de Uruguayos Desaparecidos en Argentina y Paraguay; Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos; Unión de Obreros y Empleados de FUNSA; Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares Detenidos Desaparecidos; Grupo de Madres de Procesados por la Justicia Militar; Oficina de Solidaridad para Exiliados Argentinos (OSEA); Comisión Internacional de Juristas; Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU); Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública (ASCEEP); Comité de Defensa de los Derechos Humanos en el Cono Sur, de la Comisión Arquidiocesana de los Derechos Humanos y Marginados de Sao Paulo (CLAMOR).

Esta colección reúne legajos de trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Nacional y de empresas públicas, como YPF y Aerolíneas Argentinas, que se encuentren en condición de desaparición forzada o que fueron asesinados o asesinadas como consecuencia de la acción del terrorismo de Estado entre 1955 y 1983. El acto de "reparación" implica la modificación de la inscripción de la baja y se le agrega a cada legajo laboral de cada organismo, institución o empresa, una resolución que indica que la verdadera causa del cese laboral fue la desaparición forzada o asesinato como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado.
Asimismo la colección cuenta con un “Informe Técnico sobre el Proceso de Elaboración de la Nómina de Trabajadores y Trabajadoras de YPF Desaparecidos y/o Asesinados por el accionar del Terrorismo de Estado", elaborado por Dr. Santiago Garaño en el marco de Convenio de Asistencia Técnica entre YPF y CONICET.