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Este fondo contiene copia los cuerpos de la investigación preliminar de la Causa "Masacre de Napalpí s/juicio por la Verdad" inciada en 2014, la documentación agregada en instrucción suplementaria, las audiencias del juicio, el fallo y fundamentos de la sentencia y los informes de cumplimiento de la sentencia de la Unidad para la Ejecución de la Sentencia de la Causa "Masacre de Napalpí s/juicio por la Verdad".

La particularidad de este juicio se relaciona con la complejidad de la investigación judicial llevada adelante, que debió indagar sobre hechos ocurridos un siglo antes. En la sentencia del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia se establece que la "Masacre de Napalpí" constituyó un crimen de lesa humanidad y da como probados los hechos que se detallan a continuación: “El sábado 19 de julio de 1924, en horas de la mañana, alrededor de un centenar de policías de territorios nacionales, gendarmes y algunos civiles armados, ayudados por logística aérea, llegaron a la zona de El Aguará, ubicada en el interior de la Reducción de Indios de Napalpí, donde aproximadamente 1000 personas, compuestas por familias Moqoit, Qom y algunos peones correntinos y santiagueños, estaban realizando una huelga concentrados en tolderías, a modo de campamentos, para reclamar por las condiciones a las que estaban sometidos. Llegaron montando caballos, se establecen a una distancia cercana del campamento y desde allí dispararon con sus fusiles y carabinas, todos a la vez y a mansalva por el espacio de una hora. De forma inmediata, por el impacto de la balacera, cayeron muertos estimativamente entre cuatrocientos y quinientos integrantes de las etnias Qom y Moqoit, entre ellos niñas y niños, mujeres, algunas de ellas embarazadas, varones, ancianos y ancianas. En algunos casos, perdieron la vida varios de los componentes de una misma familia. Los/as heridos/as que quedaron en el lugar y no pudieron escapar a tiempo fueron ultimados/as de las formas más crueles posibles. Se produjeron mutilaciones, exhibiciones y entierros en fosas comunes. Los/as sobrevivientes que pudieron escapar, atravesando los cardales, soportando el hambre, la sed, el frio, debieron esconderse durante mucho tiempo para evitar ser capturados/as y asesinados/as. La perpetración de la Masacre, por su propia complejidad, requirió de la previa concepción de un plan, que supuso una exhaustiva coordinación, organización logística, distribución de roles, movilización de diversos contingentes de tropas, su traslado y concentración desde varios días antes, gran cantidad de armamento y municiones, su acampe y alimentación, además del apoyo de una avioneta que realizó por lo menos, tareas de inteligencia y observación. Tales hechos ocurrieron en el contexto de la Reducción de Indios de Napalpí, la cual fue creada por el Estado argentino bajo la dirección civil del Ministerio del Interior, con el objetivo de culminar el proceso de ocupación del territorio de las poblaciones indígenas y su sometimiento a la explotación laboral. Sus condiciones de vida eran deplorables, vivían hacinados/as, sin vestimenta apropiada, con poca comida y de mala calidad, sin atención médica ni posibilidad de escolarizarse. Allí les cobraban por los elementos de trabajo, como así, por las bolsas de algodón y un impuesto del 15% sobre la cosecha y costosos fletes para su traslado, a los pocos que se les dio la posibilidad de hacerlo, siendo el resto obligados/as a trabajar extensas jornadas para la Reducción o vecinos hacendados, pagándoles con vales. Asimismo, fue decretada su prohibición de salir del territorio y no podían elegir dónde y para quien trabajar. Las mujeres indígenas trabajaban intensamente y sin remuneración, eran frecuentes los abusos, es decir, en condiciones análogas a la esclavitud. Todo ello dio lugar a la protesta y reunión de alrededor de mil indígenas en la zona de El Aguará, en el interior de la Reducción, donde luego ocurrió el ataque. Una vez producida la masacre, desde el Estado se llevó adelante una estrategia de construcción de una historia oficial, a los fines de negar y encubrir la matanza, siendo presentados los hechos como un supuesto enfrentamiento entre las etnias y posterior desbande, que habría tenido como consecuencia la muerte de cuatro indígenas, uno de ellos el importante dirigente Pedro Maidana. La prensa oficialista reprodujo la versión brindada por los oficiales policiales y los funcionarios del gobierno del territorio, que luego avaló la justicia local, en un proceso en el que declararon solo los efectivos y civiles que participaron de la agresión, pero ningún indígena. En paralelo, el oficialismo en el Congreso de la Nación obstruyó la conformación de una Comisión Investigadora, a pesar de las aberrantes denuncias que se conocían y la existencia de testigos calificados que podían narrar aquella barbarie. La masacre provocó graves consecuencias en los sobrevivientes y en sus descendientes. Producto de ello y de una sistemática opresión, las generaciones posteriores de los pueblos Moqoit y Qom sufrieron el trauma del terror, el desarraigo, la pérdida de su lengua y su cultura”.

En los cuerpos de la investigación preliminar, en términos generales, se encuentran documentos jurídicos propios del desarrollo de la investigación judicial y del juicio, tales como requerimientos de la fiscalía, dictámenes del juzgado, ofrecimientos de prueba, entre otros. Además estos cuerpos contienen testimonios producidos en las dos etapas de la investigación, en instrucción y durante las audiencias orales del juicio así como también se incluyen las copias de libros, informes, artículos académicos y periodísticos y otro tipo de producción académica y no académica. Asimismo, se encuentran unidades documentales que fueron incorporadas directamente o como anexos de informes institucionales, tales como expedientes del Ministerio del Interior aportados por el Archivo General de la Nación, fotografías de relevancia pertenecientes a museos o archivos locales o extranjeros, y decretos y leyes publicadas en el Boletín Oficial de la República Argentina. Cabe señalar también que, además de los cuerpos creados a partir del 2014 el fondo también contiene copia de los dos cuerpos del expediente iniciado en 1924. La organización y contenido de la documentación responde, en gran medida, a las decisiones y estrategias de la Unidad Fiscal.

La colección contiene copias digitales (3 archivos en MP3 y 20 archivos en WAV) vinculado a diversos personajes y hechos relevantes de la década de 1970. Enntre ellos destacan algunos archivos de audio de Alicia Eguren, Rodolfo Walsh, Raymundo Gleyzer, Haroldo Conti, Julio Cortazar, Roberto Mario Santucho, Fernando Vaca Narvaja, Roberto Quieto, María Antonia Berger, Alberto Camps, René Haidar, Agustín Tosco y René Salamanca, protagonistas de hechos sobresalientes de la historia Argentina. Asimismo, forma parte de esta colección la grabación del 20 de abril de 1974, cuando se realizó en el club Riberas del Paraná un plenario antiburocrático que contó con la presencia de Alberto Piccinini de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Villa Constitución, Agustín Tosco de Luz y Fuerza Córdoba, René Salamanca del Sindicato Mecánico y Afines del Transporte Automotor (SMATA) Córdoba, Alfredo Ferraresi de Farmacia, Armando Jaime de la Confederación General de los Trabajadores (CGT) Salta, Jorge Fischer miembro de la comisión interna de la fábrica Miluz, entre otros. También forman parte de esta colección las grabaciones en las que Haroldo Conti lee dos de sus cuentos "El último" y "Perdido" así como la entrevista que le hizo Roberto Cuervo al escritor. Además están las grabaciones de tres textos de Rodolfo Walsh leídos por el mismo escritor: "Esa Mujer", el capítulo 5 de su libro "Caso Satanowsky" y el capítulo 23 de su novela "Operación Masacre", así como grabaciones en las que Julio Cortazar lee algunos de sus cuentos y una entrevista que le dio a Martín Caparros en el año 1983. Otras entrevistas que forman parte de la colección son las realizadas: a Alicia Eguren en junio de 1974; al militante obrero Pedro Milesi; al documentalista argentino Raymundo Gleyzer (hecha por por el periodista alemán Peter Schumann); y una última a Mario Roberto Santucho, Fernando Vaca Narvaja y Roberto Quieto (realizada por el periodista cubano Orlando Castellanos en La Habana, dos meses después de la fuga de la cárcel de Trelew).
Finalmente, forma parte de esta colección la grabación de la conferencia de prensa que brindan los tres sobrevivientes de la Masacre de Trelew del 22 de agosto de 1972, María Antonia Berger, Ricardo René Haidar, y Alberto Miguel Camps, el 05 de agosto de 1973 en la confitería del Hotel Touring Club.

El fondo reúne distintos tipos de documentos producidos por la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en cumplimiento de sus funciones. Fundada en 1994 bajo la dirección de Osvaldo Bayer, la Cátedra mantiene una importante actividad desde su inicio, con foros de debate sobre temas de actualidad política y social y una serie de talleres y seminarios sobre temas vinculados a la problemática de los derechos humanos que se renuevan permanentemente. Los temas de las actividades que registran los documentos son muy variados y se encuentran referidos a salud y derechos humanos, ancianidad, sexualidad, derechos laborales, educación, políticas represivas, control social, leyes de obediencia debida y punto final, las villas en Buenos Aires, presos políticos, pueblos originarios, ferrocarriles en Argentina, Encuentros Nacionales de Mujeres, población afrodescendiente, el golpe de Estado en Chile; políticas públicas, el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, redes de trata, entre muchos otros .
Entre los documentos de este fondo podemos encontrar principalmente audios de charlas, seminarios y presentaciones realizadas en el marco de las actividades de la cátedra. Además se incluyen notas, resoluciones y fotos vinculadas a esas actividades.

La colección está organizada por años en función de las diferentes tandas de entrega de documentos (2002, 2016 y 2019)
La primera tanda, de 2002, consiste en 4600 documentos aproximadamente, de 16.000 fojas, del Departamento de Estado (agencia gubernamental dedicada a la política exterior), datados del 1 de diciembre de 1975 al 31 de diciembre de 1984. Se encuentran divididos en 34 agrupamientos (volúmenes) de 500 folios aproximadamente cada uno. Pueden encontrarse diferentes comunicaciones (cables, telegramas, telex) entre las embajadas norteamericanas en diferentes países, principalmente la embajada argentina, sobre distintos hechos y personas involucradas en violaciones a los derechos humanos. Desde informes de reuniones con diferentes autoridades del gobierno de facto, como solicitudes de organizaciones de la sociedad civil que solicitan información sobre el paradero de detenidos-desaparecidos; en muchos casos adjuntan informes, panfletos, listados, proclamas y otros tipos de documentos de organizaciones denunciando estos hechos.
El segundo agrupamiento, de 2016/2017, está subdivido en tres entregas. Las fecha extremas de los documentos van del 1975 a 1987. La primera de agosto de 2016 que consta de un total de 1087 fojas donde se pueden encontrar documentos de las presidencias de Carter, Reagan y Bush. La segunda, de diciembre de 2016, dividida entre reportes, memorándums y brief diarios (breves informes diarios de inteligencia) para los Presidentes donde se puede observar aspectos de la relación del gobierno de Estados Unidos con las diferentes Juntas Militares de Argentina, así como las presiones que se producían por la liberación de ciertos detenidos que cobraban relevancia internacional, informes sobre distintos temas vinculados a las violaciones a los derechos humanos en Argentina, veto de venta de armas, Plan Cóndor, conflictos entre diferentes autoridades del gobierno militar e incluso ya en democracia sobre el levantamiento militar de abril de 1987. Hay también informes generales sobre la situación en diferentes países, los cuales se encuentran completamente tachados, excepto lo de Argentina. Finalmente, la entrega de abril de 2017, ya con Trump como Presidente de Estados Unidos, contiene 813 documentos del Departamento de Estado desclasificados en el 2002 los cuales fueron revisadas las tachaduras, más 119 documentos seleccionados por la Oficina del Historiador (Office of the Historian) por su relevancia para un capítulo sobre Argentina, de un volumen sobre América Latina, en una publicación sobre la Política Exterior de Estados Unidos entre 1977 y 1980.
Finalmente, la última entrega, de 2019 contiene documentos provenientes no sólo de los documentos presidenciales y del Departamento de Estado, sino que incluye otras agencias gubernamentales como la CIA, el Departamento de Justicia, el Departamento de Defensa, el FBI y del NARA (Archivos Nacionales y Administración de Archivos).
En total se entregaron 5600 documentos, 2100 del Departamento de Estado, 50.000 páginas, que aún hoy están siendo analizadas.

La colección reúne dos CD, el primero con un documental titulado "Legado de una generación" y el segundo con el Informe de la Comisión de la Verdad "De la locura a la esperanza. La guerra de 12 años en El Salvador". Además, recopila tres documentos de planes y proyectos sobre promoción de Derechos Humanos, búsqueda de justicia transicional y resignificación de las intalaciones del Comando de Apoyo de Transminiones de la Fuerza Armada (Ex Primera Brigada de Infantería, cuartel "San Carlos"). Por último cuenta con un folleto del Centenario del Archivo Histórico de la Universidad de El Salvador.

La colección reúne documentación recopilada por Eugenia Izquierdo para la producción y dirección del documental sobre la familia Pujadas "Fotos de Familia" realizado en 2011. En este documental Víctor Pujadas reconstruye la historia de su familia, secuestrada y asesinada en la ciudad de Córdoba el 14 de agosto de 1975.
Los Pujadas, catalanes de origen, vivían en Córdoba desde 1953 por el terror impuesto por el franquismo en España. Tuvieron seis hijos uno de los cuales, Mariano Pujadas, se encontraba preso en Trelew y fue uno de los fusilados allí en 1972 durante el hecho conocido públicamente como la “Masacre de Trelew”. El 15 de agosto de 1972, durante el gobierno de facto del general Alejandro Lanusse, las y los presos políticos del penal de la ciudad de Rawson, provincia de Chubut, iniciaron una maniobra con el objetivo de darse a la fuga. La planificación estuvo a cargo de los miembros de las conducciones de las tres organizaciones revolucionarias armadas más grandes del país: el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Montoneros. El plan consistía en llevar al aeropuerto de la ciudad de Trelew a los 110 presos políticos para huir del país en avión. Sin embargo, el plan se vio frustrado por fallas logísticas y de comunicación para el traslado hacia el aeropuerto y sólo 6 integrantes del “comité de fuga”, todos altos dirigentes de sus organizaciones, lograron llegar al avión secuestrado. Durante la madrugada del 22 de agosto de 1972, los detenidos y detenidas salieron de sus celdas y formaron en el pasillo por orden del teniente de corbeta Roberto Bravo. Una vez que lo hicieron, los guardias dispararon sobre ellos. El saldo fueron 16 muertos, entre los que se encontraba Mariano Pujadas, y 3 heridos.
Tres años después de la Masacre de Trelew, el Comando Libertadores de América, organización formada por militares, policías y civiles que operaban bajo las órdenes del militar retirado del Ejército Héctor Vergez, alias “Capitán Vargas”, y un suboficial de la Aeronáutica, Pedro Raúl Telleldín, ingresó al domicilio de la familia Pujadas durante la madrugada. En la casa estaban Josefa Badell y su esposo José Pujadas, sus hijos José María, María José y Víctor, la esposa de José María y la hijita de ellos, María Eugenia. Los otros dos hijos, Ricardo y Ángeles no estaban en la casa familiar dado que se habían casado y vivían con sus respectivas familias. De los presentes se salvaron Víctor, la esposa de José María, que falleció poco después a causa de las secuelas, y María Eugenia y los hermanos que quedaron, junto a sus familias, se exiliaron en España.
Entre los documentos de la colección que recuperan información sobre estos dos episodios de crímenes de lesa humanidad, se encuentra una investigación sobre la Masacre de Trelew titulada "Trelew, ¿Recurso del Antiperonismo?", escrita poco después de los hechos. Esta investigación, plasmada en un folleto, relata el plan de fuga y la sucesión de hechos que desencadenaron en la masacre el 22 de agosto, incluyendo testimonios de los sobrevivientes.
Además, la productora confeccionó una carpeta en la que incluyó distintos artículos periodísticos tanto sobre la Masacre de Trelew como del asesinato de la familia Pujadas de medios tales como La Voz del Interior, Diario Córdoba, Clarín, La Opinión, entre otros. Otros artículos están vinculados con el contexto político más general de la época. Además, hay varios artículos que tratan sobre la guerra civil española, contexto de exilio de la familia Pujadas a Argentina. Adicionalmente a los artículos de prensa, hay algunas notas manuscritas y poemas. Otra parte de la carpeta está constituida por fotocopias de la prensa recopilada por la propia familia sobreviviente en España y que fueron entregados a Eugenia Izquierdo en Barcelona y una última parte contiene un dossier sobre Mariano Pujadas armado por Roberto Baschetti que, además de artículos periodísticos incluye una copia del certificado de las pericias realizadas post mortem al cuerpo de Mariano Pujadas, una conferencia de prensa de los abogados defensores de María Antonia Berger, Ricardo René Haidar y Alberto Miguel Camps, sobrevivientes de la Masacre así como testimonios de cada uno de ellos.
La colección cuenta también con un extracto del ""Diccionari dels catalans d´Amèrica: Contribució a un inventari biogràfic, topnímic i temàtic"" de 1992 en el cual se encuentra subrayado el nombre de Josep María Ribera i Faig identificado como la persona que escribió la biografía de los Pujadas.
Finalmente la colección reúne copias fotográficas e impresiones de fotografías que conforman un primer corpus fotográfico de la investigación para la producción Fotos de Familia. Entre estas imágenes se registra a los distintos miembros de la familia Pujadas así como algunos acontecimientos y lugares por los que transitaron. Entre las fotos, hay también una impresión de una fotografía de María Antonia Berger, Mariano Pujadas y Pedro Rubén Bonet en el aeropuerto de Trelew.

Esta colección contiene documentos personales y de la vida profesional y política de José Federico Westerkamp, principalmente aquellos vinculados a su participación en distintos organismos defensores de los derechos humanos, como APDH, CELS o el Movimiento por la Vida y la Paz. Se encuentran en la misma los recursos de amparo presentados en favor de su hijo Gustavo, fotografías, correspondencia, publicaciones periódicas, recortes de diarios, y artículos científicos (algunos de su autoría) sobre temas de física y energía nuclear.
José Federico “Pipo” Westerkamp nació en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 1918. En 1949 obtuvo su doctorado en Física y Química en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Buenos Aires y más tarde una Maestría en Ciencias Fisicomatemáticas. Como científico se especializó en trabajos realizados con microondas, fue pionero de los estudios sobre el uso del láser en Argentina y Estados Unidos y siempre bregó por el uso pacífico de los diferentes tipos de energía. Perteneció al grupo de científicos al que en la primera mitad de la década de 1950 se conoció como el "Círculo Filosófico". Además, fue miembro de la Asociación de Física Argentina y de la Sociedad Científica Argentina. Junto a su esposa Ángela “Angelita” Muruzábal -Doctora en Química con diploma de honor y medalla de oro, docente universitaria en la Facultad de Medicina de la UBA y una de las fundadoras en 1955 de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)- emigró a Estados Unidos, donde ambos se dedicaron a la docencia universitaria y a la investigación.
Su militancia y la de su esposa en el campo de los Derechos Humanos comenzó el 19 de octubre de 1975 cuando su hijo Gustavo, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), fue secuestrado y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) cuando concurrió al Regimiento de Patricios a practicarse la revisación previa a la entrada al servicio militar obligatorio. Luego de ser torturado durante dos días en dependencias de la Superintendencia de Seguridad Federal, comenzó el 21 de octubre de 1975 un recorrido por las cárceles de Villa Devoto, Sierra Chica, La Plata y Rawson, siempre sin cargos en su contra ni debido proceso judicial. Entre 1975 y 1976 Pipo y Ángelita estuvieron entre los miembros fundadores de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas (Familiares). En 1979 participaron también de la fundación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Westerkamp mismo fue arrestado dos veces: en 1981-junto a otros miembros de la Comisión Directiva de la institución- tras el intento de la Junta Militar por destruir el CELS, y luego en ese mismo año después de haber criticado a la Justicia Federal de Rawson por el mal trato a los detenidos en el penal de dicha ciudad chubutense.
Fue la primera persona en compilar un listado de científicos presos o secuestrados y luego desaparecidos durante la dictadura y distribuirlo en el extranjero. Colaboró en la confección de los primeros listados de detenidos-desaparecidos, en la presentación constante de habeas corpus, en la distribución del Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras la visita que realizó a Argentina en septiembre de 1979 y fue también uno de los pocos varones en acompañar las marchas de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo desde el comienzo de esa actividad militante. Aprovechando sus contactos académicos y profesionales, el matrimonio colaboró permanentemente con las organizaciones de solidaridad con Argentina que operaban en los Estados Unidos durante la dictadura.
Tras siete años como preso político, Gustavo fue puesto en libertad vigilada el 19 de septiembre de 1982 y comenzó a militar en la APDH. Padre, madre e hijo comenzaron a dedicar todos sus esfuerzos a la ayuda a las y los presos políticos que comenzaban a ser liberados o a las familias más necesitadas de los que aun continuaban presos. Westerkamp fue fundador además del Movimiento por la Vida y por la Paz (MOVIP) y en 2012 fue reconocido como Personalidad Destacada de la Ciencia y los Derechos Humanos por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ángela Muruzábal de Westerkamp falleció el 20 de enero de 2012 y José “Pipo” Westerkamp el 27 de febrero de 2014.