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Afiche de muestra gráfica de afiches realizados en conmemoración de los 25 años de lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo con miniaturas de reproducciones de obras de diversos autores.

Afiche de grabación de recital en vivo en homenaje a los 20 años de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, realizado en el estadio Ferrocarril Oeste en la Ciudad de Buenos Aires el 11 y 12 de octubre de 1997, con la presencia de bandas argentinas y extranjeras.

Afiche de invitación a presentación de video sobre los derechos humanos reconocidos por el Pacto de San José de Costa Rica, convocado por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza.

Fotocopia de la portada del libro The Fate of freedom elswhere. Human Rights an U.S. cold war policy toward Argentina y fotocopias del capítulo Human Rigths is Suddenly Chic: The Rise of the Movement, 1970-1976 de William Michael Schmidli, publicado en 2013 por Cornell University Press, Ithaca and London. En este capítulo se hace mención a la campaña para liberar a Olga Talamante cuando fue prisionera política en Argentina y luego menciona parte de las actividades en el área legislativa del Buró de Información de Washington D.C de la CADHU en el contexto histórico de la política de Derechos Humanos de los Estados Unidos hacia Argentina durante el período de la Guerra Fría.

Testimonio de Enrique Rodríguez Larreta de los hechos acontecidos desde la desaparición de su hijo Enrique Rodríguez Larreta Martínez, sobre su detención junto a su nuera Raquel Nogueira Paulier, su secuestro y tortura. Incluye un artículo periodístico publicado el 19 de Abril de 1977 en el diario El Día de México en el cual Enrique Rodríguez Larreta se refiere a las torturas y encierro que padeció en Buenos Aires y Uruguay durante la búsqueda de su hijo desaparecido. Detalla lo realizado luego de su liberación y su denuncia ante organismos internacionales.

Testimonio realizado en Ginebra, en julio de 1981, por el miembro de la Policía Federal Luis Alberto Martínez (alias "Japonés") ante representantes de la FIDH (Federación Internacional de los Derechos del Hombre - Federation Internationale Des Droits de l'Homme), organización no gubernamental acreditada por las Naciones Unidas -estatus B- y el Consejo de la Europa. El documento original se encuentra en francés. Este documento incluye una traducción "informal" en castellano, de la cual se desconoce el autor. Al momento de realizar la declaración, Martínez se encontraba detenido en la prisión de Champ Dollon, Suiza, acusado de los secuestros extorsivos del financista Fernando Combal y el banquero Carlos Koldovsky, ocurridos entre los años 1979 y 1981. Se conoce que Martínez llegó a la FIDH por intermedio del escritor argentino Julio Cortázar, entonces integrante de CADHU (Comisión Argentina por los Derechos Humanos). La de Martínez es la más antigua declaración que se conoce, realizada por un integrante de los grupos represivos, sobre los “Vuelos de la Muerte”. Mencionado como "Destino Final", detalla cómo -tras los interrogatorios bajo tortura- los Grupos de Tareas recurrían a la eliminación física utilizando aviones como parte del dispositivo de desaparición de personas. También en su relato da cuenta de la confección, manejo y circuito de expedientes y formularios relativos a personas detenidas desaparecidas.
Este suboficial de la Policía Federal cuenta en su testimonio que formó parte de los grupos de tareas de Coordinación Federal antes y después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, desempeñándose además como agente del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército Argentino. Da cuenta de su paso por distintas áreas: el departamento de asuntos sindicales, la "mesa estudiantil" (encargada de infiltrar personal en ámbitos estudiantiles) y el secretariado de la Superintendencia de Seguridad Federal -entre 1973 y 1980- donde, entre otras tareas, transmitía las órdenes para generar "areas liberadas" para la actuación de los Grupos de Tareas. En ese contexto, da cuenta del funcionamiento de los centros clandestinos conocidos como "Garage Azopardo" (LT-LD) y "Club Atlético" (Centro Antisubversivo). También menciona los centros clandestinos de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), "El Banco", "El Vesubio" (La Ponderosa), "Olimpo" y un lugar -"La Casita"- cercano a la Comisaría N° 46.
A lo largo de su testimonio hace mención a los secuestros del físico Antonio Misetich, las religiosas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y el escritor Haroldo Conti. Refiere también los asesinatos del padre Carlos Mugica, Silvio Frondizi y Rodolfo Ortega Peña por parte de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) y de cómo esta organización paraestatal nutrió luego los denominados Grupos de Tareas.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) fue creada por el presidente Raúl Alfonsín a través del decreto Nº 187 del 15 de diciembre de 1983. Contra la propuesta esbozada por la mayoría de los organismos de derechos humanos, que reclamaban la creación de una Comisión bicameral para la investigación de los crímenes de la última dictadura (1976-1983), el titular del Poder Ejecutivo optó por una Comisión de “notables” compuesta por personalidades destacadas de la vida política, cultural y religiosa argentina, presidida por el escritor Ernesto Sábato. Sus otros integrantes fueron Magadalena Ruiz Guiñazú, Ricardo Colombres, René Favaloro –quien renunció poco después–, Hilario Fernández Long, Carlos Gattinoni, Gregorio Klimovsky, Marshall Meyer, Mons. Jaime F. de Nevares, Eduardo Rabossi, Santiago López, Hugo Piucill, Horacio Huarte, Graciela Fernández Meijide, Daniel Salvador, Raúl Aragón, Alberto Mansur y Leopoldo Silgueira.
El objetivo de la CONADEP, que inicialmente funcionaría por seis meses, era recibir denuncias y pruebas sobre los secuestros y desapariciones perpetrados durante la dictadura para remitirlas a la Justicia, investigar cuál había sido el destino de los desaparecidos y desaparecidas y determinar el paradero de los niños y niñas apropiados en el marco del terrorismo de Estado. Además, debía denunciar cualquier intento de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad por destruir evidencia de los crímenes de la represión. Todos los datos recabados durante las labores investigativas serían recopilados en un informe final que se pondría en manos del presidente de la Nación. La entrega se efectivizó el 20 de septiembre de 1984, luego de extenderse por tres meses el plazo establecido originalmente para el funcionamiento de la CONADEP, en un acto que tuvo lugar en la casa de gobierno. Dos meses después, el informe fue publicado bajo el título Nunca más por la editorial universitaria EUDEBA, convirtiéndose en un éxito de ventas.
Las tareas de la Comisión se desarrollaron en un clima cargado de tensión por la reticencia de los integrantes de la Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad a que se llevara adelante una revisión de su actividad represiva durante los años de dictadura. A pesar de ello, y de las dificultades que planteaba la recopilación de información en las zonas alejadas de los grandes centros urbanos, la CONADEP logró registrar 8.960 casos de desaparición forzada y comprobar, a través de inspecciones oculares con sobrevivientes, la existencia de unos 340 centros clandestinos de detención, la mayoría ubicados en dependencias policiales y militares todavía en funcionamiento.
La información recopilada por la Comisión dejó en evidencia que, lejos de constituir “excesos” aislados, los secuestros, las torturas, las desapariciones y los asesinatos habían formado parte de un plan sistemático organizado desde las más altas jerarquías de las Fuerzas Armadas. Esta constatación fue clave para lograr la condena de los integrantes de las tres primeras Juntas Militares en el denominado Juicio a las Juntas, realizado entre abril y diciembre de 1985. La importante circulación pública del Nunca más, por otra parte, fue central para la conformación de una primera memoria pública sobre los crímenes de la dictadura argentina.
El subfondo CONADEP, perteneciente al Fondo Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dado el traspaso de funciones a este organismo el cual continuó gestionando, interviniendo y modificando los documentos, se compone de distinto tipo de documentación que refleja la actividad realizada por la Comisión en el marco de sus labores investigativas. Incluye, en primer lugar, los legajos constituidos a partir de formularios que recogían las denuncias de familiares, sobrevivientes o testigos ocasionales de acciones represivas. Estos formularios incorporaban información diversa como ser el nombre y apellido de la víctima, su fecha de nacimiento, documento de identidad, profesión o trabajo, lugar de estudio o trabajo, domicilio, estado civil, número de hijos y edad; fecha, hora y lugar del secuestro, descripción del hecho, mención a testigos si los hubiese y de los posibles responsables; las gestiones realizadas por los familiares y allegados de las víctimas, las respuestas obtenidas ante esos requerimientos y los datos del denunciante. Este subfondo reúne además, más de dos mil fotografías tomadas por el fotógrafo Enrique Shore durante las inspecciones oculares en los centros clandestinos de detención (CCD) así como las actas elaboradas a partir de esas inspecciones junto a un vasto relevamiento documental hecho por la Comisión sobre los CCD. Por otra parte, el fondo contiene también las actas de las reuniones que realizó la CONADEP en el transcurso de su investigación así como las del Comité Ejecutivo, instituido el 29 de diciembre de 1983 dada la necesidad de funcionar ejecutivamente con un grupo más reducido de sus miembros. La correspondencia nacional e internacional de la Comisión también forma parte de este subfondo dando cuenta de los intercambios con organismos estatales y de la sociedad civil tanto de Argentina como de otros países.
Asimismo, se encuentran las elevaciones de denuncias a la Justicia, unos 25.000 habeas corpus que fueron elevados al Poder Judicial para determinar el paradero de personas desaparecidas entre 1975 y 1983, las respuestas de hospitales de salud mental y cementerios con listados de pacientes de hospitales y de entierros sucedidos en los cementerios entre 1976 y 1983. Hay además numerosos relevameintos documentales de dos organismos internacionales que elaboró diferentes listados e investigaciones sobre casos de violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura cívico militar. Tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reopiló y transfirió la documentación vinculada a estos hechos y, en el caso de la CIDH, aquellos informes de las observaciones in-loco que realizara en 1979, en plena dictadura, y que permitieran dar apoyo internacional a las denuncias que venían realizando los organismos de derechos humanos en el país.
Desde su creación y hasta el presente, el fondo de la CONADEP desarrolla un rol central en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, ya sea como evidencia en los juicios por los crímenes de lesa humanidad, como fuente de consulta para los ascensos de personal de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, como insumo para producciones de distinta índole orientadas a la transmisión de la memoria de los crímenes dictatoriales y para la investigación científica sobre el pasado reciente argentino.

Sello de madera de Ernesto Sábato de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP).

Sello de madera de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP).

La colección se compone de documentos originales y copias del período 1974 a 1983 de libros de entrada de los siguientes cementerios: Cementerio de Villegas - La Matanza, Esteban Echeverría, Resistencia (Chaco), Villa Constitución (Santa Fe), Rincón de los Sauces (Neuquén), Comodoro Rivadavia (Chubut), Río Gallegos (Santa Cruz), General San Martín (Chaco), Río Grande (Tierra del Fuego), Formosa (Formosa), Morgue Judicial (Mendoza), San Antonio de Padua (Salta), Gualeguay (Entre Ríos), Rawson (Chubut), Gaimán (Chubut), San Nicolás (Buenos Aires), Zárate (Buenos Aires), San Pedro (Buenos Aires), Tres de Febrero (Buenos Aires), Mercedes (Buenos Aires), General San Martín (Buenos Aires), La Matanza Villegas (Buenos Aires), Campana (Buenos Aires), Vicente López (Buenos Aires), Marcos Paz (Buenos Aires), Ramallo (Buenos Aires), Moreno (Buenos Aires), Formosa, Pirané (Formosa), (Formosa), San Luis, Santa Cruz, Almirante Brown (Buenos Aires), Gral. San Martin (Buenos Aires), San Isidro (Buenos Aires), Morón (Buenos Aires), Vicente López (Buenos Aires), La Matanza (Buenos Aires), Quilmes (Buenos Aires), María Grande (Entre Ríos 1974 a 1983), Bovril (Entre Ríos), Herrera (Entre Ríos), Senillosa (Neuquén), El Dorado (Misiones), Gaiman (Chubut 1974 a 1983), Río Grande (Tierra del Fuego), Lamarque (Río Negro). Asimismo, copia de la Ordenanza Nº 3577 La Plata (Buenos Aires), listado de mujeres fallecidas del Cementerio de la Chacarita, Actas de inhumación de NN en cementerio de La Chacarita, Licencias y actas de inhumación de la Municipalidad de Florencio Varela (Buenos Aires), Libros de cementerios sin identificar de 09/06/1975 a 12/08/1982 (2 Tomos). A su vez, del Hospital "José María Gomendio de Ramallo": Libro de Guardia abril 1983, Libro de Partos enero 1973 a junio 1980, Libro de Partos 1980 a 1983. Hospital de Ramallo (Buenos Aires): Libro de Guardia (Abril 1983), Libro de Partos (1980-1983), Libro de Partos (Enero 1973- Junio 1980). Hospital de Villa Maria Grande-Paraná (Entre Ríos). Hospital Central de Formosa: registro de Guardia (Formosa). Más Corte Suprema de Justicia de la Nación. Libros Morgue Justicia Nacional. Mesa de Entradas y NN. 1974 -1983.
Asimismo la sección comprende toda las comunicaciones de solicitud y entrega de esta documentación, así como diversos informes y planillas de trabajo que permitieron recibir y sistematizar esta documentación.

Afiche del mensuario de Abuelas de Plaza de Mayo, correspondiente al número 1 del año 1 de publicación, de mayo de 2000, con breves artículos sobre la restitución, cine, Teatro x la Identidad, muestras gráficas y libros.

Informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre observancia de los Derechos Humanos Internacionales y sus implicancias para la política de los Estados Unidos. Una nota mecanografiada indica que este informe sobre el “status” de los Derechos Humanos en Argentina fue pedido al Departamento de Estado por el Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes el 15 de septiembre de 1976 bajo la sección 502(c) de la Ley de Ayuda Militar, la así llamada “cláusula de los derechos humanos”. También menciona que el informe fue remitido al Comité en noviembre de 1976 como documento clasificado mientras que la versión no-clasificada, que es este informe, fue lanzada el 27 de diciembre de 1976. Finalmente, la nota señala que se debe tener en cuenta que este Informe fue preparado por el Departamento de Estado con la intención de justificar la continuación de la ayuda militar de Estados Unidos a la Junta Militar argentina.
El informe en si se divide en 4 partes. La primera trata sobre la situación política y la situación legal. Respecto de la situación política, el informe se asegura que el golpe de 1976 marzo fue precipitado por la seria inestabilidad política y económica, la inflación, la recesión, la deuda externa y la violencia política que en 3 años, del 73 al 76, costó 2000 vidas y entre 1976 marzo y 1976 septiembre, aseguran, 1000 vidas. Culpan del inicio del actual ciclo de violencia al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros, ambas “organizaciones terroristas dedicadas a la revolución violenta” que trabajaban en conjunto con guerrillas de Uruguay, Chile y Bolivia cuyos miembros, cuando hubo golpes de estado en esos países se refugiaron en Argentina. Respecto de analizan la Constitución del 1853, justifican los decretos y leyes promulgados por la dictadura ya que tienen precedencia sobre la constitución en caso de conflicto según reiterados fallos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para finalizar explicando, y también justificando, el Estado de Sitio decretado por Isabel Martínez en 1974 noviembre 06 la consiguiente suspensión del habeas corpus, la detención por tiempo indefinido y el traslado de presos acusados de un lugar a otro.
La segunda parte trata sobre el avance de los Derechos Humanos reconocidos internacionalmente. Se analizan diversos casos de violaciones a los derechos a la vida, libertad y seguridad de las personas cometidos por “terroristas a ambos extremos del espectro político” pero dando prioridad al “terrorismo” de derecha y ultraderecha. Se menciona a la Triple A, a la Masacre de Pilar ocurrida el 30 de agosto de 1976, al Informe de Amnistía Internacional del año 1975-76, a la muerte del agente consular norteamericano John Patrick Egan en Córdoba en 1975 y al intento de secuestro del empleado de la USIA Alfred Laun también en Córdoba en 1975, al caso de tortura denunciado por Olga Talamante cuando era presa política en Argentina, al caso de tortura denunciado por la ciudadana norteamericana Gwenda Mae Loken López también presa política en Argentina, al caso denunciado por el Reverendo James Weeks ante el Congreso de USA. Se aclara que en general los argentinos disponen de libertades que los igualan ante la ley mas allá de su religión o raza, que son libres de salir del país y retornar al mismo pero cita la persecución a los Testigos de Jehová y la ola de antisemitismo como dos problemas graves. Esta parte finaliza poniendo en duda que que exista total libertad de expresión y opinión.
La tercera parte trata sobre la acción del gobierno de los Estados unidos en el área de Derechos Humanos. Se describen los esfuerzos realizados por el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires para tratar el tema de la violación a los derechos Humanos ante distintas autoridades militares, ministros, oficiales de las Fuerzas Armadas y altos cargos de la dictadura. Se enumeran en un listado los distintos temas que fueron tratados y discutidos con las autoridades de facto argentinas y se citan algunas de las respuestas obtenidas por parte del gobierno de facto de la Argentina. Se describen también los esfuerzos realizados a pedido del Congreso de Estados Unidos y de ciudadanos y ciudadanas norteamericanas acerca del paradero de ciudadanos norteamericanos y argentinos mantenidos en detención o desaparecidos. Por último, se mencionan los esfuerzos del embajador norteamericano en Buenos Aires y de varios equipos de prensa del gobierno norteamericano para informar a la opinión pública y los medios de prensa argentinos sobre la posición de los Estados Unidos en el tema de Derechos Humanos. Además, se destacan los esfuerzos realizados por autoridades políticas y militares norteamericanas para explicarles a los funcionarios de la dictadura las legislaciones vigentes en los Estados Unidos respecto a la ayuda militar a otros países.
La cuarta parte trata sobre el Programa de Ayuda en Seguridad de los Estados Unidos. Se citan las sumas destinadas para el año 1977 en ayuda en seguridad, créditos para ventas militares y entrenamiento militar y se hace notar que esas sumas fueron aprobadas por el Congreso de Estados Unidos poco después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Aclara que los Estados Unidos no ayudan a la Policía de Argentina salvo en temas relacionados con el control y tráfico de narcóticos y que los créditos otorgados son para temas de investigación y desarrollo y no para contrainsurgencia. Afirma que la ayuda en seguridad es de extrema importancia para la cooperación con las Fuerzas Armadas argentinas y para promover y proteger los intereses norteamericanos en Argentina. Hacia el final del inorme se hace conocer la posición del Departamento de Estado que apoya la continuación de la ayuda en seguridad a la Argentina con el fin de preservar la relación profesional con las Fuerzas Armadas argentinas y demostrar el interés de los Estados Unidos en mantener relaciones constructivas y promover los objetivos delineados anteriormente.

Discurso del reverendo Joseph Eldridge, Co-director de la Washington Office on Latin America (WOLA) ante el Presidente y demás miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington D.C el 3 de noviembre de 1976. En este discurso, Eldridge pide que, en ejercicio de su mandato, se ocupen inmediatamente de la grave situación en Argentina dada la ineficacia de los mecanismos judiciales para prevenir las violaciones a los derechos humanos. Cita el caso del secuestro del Reverendo Weeks y religiosos a él asociados, además de numerosos casos de arrestos ilegales, desapariciones, asesinatos, secuestros y torturas. Menciona que, dado el enorme volumen de información y documentación reunida por el WOLA, urge que la CCIDH evalúe la posibilidad de realizar una visita in loco a la Argentina tal como también lo habían pedido el Senador Kennedy y el diputado Fraser. Señala su preocupación por la falta de garantías legales para los refugiados políticos que se hallan en Argentina y cita el caso del ciudadano uruguayo Juan Ferreira y su padre, un ex senador, que se vieron obligados a abandonar Argentina por las amenazas de muerte recibidas. Además, Eldridge denuncia la cooperación de las Fuerzas Armadas y de Seguridad uruguayas y argentinas tanto en el Caso Ferreira como en otra gran cantidad de casos de refugiados uruguayos en Argentina. Cita también el secuestro y posterior desaparición de la ciudadana uruguaya Ana Ines Quadros de Stauch en Buenos Aires el 13 de julio de 1976. Agrega asimismo el testimonio de un detenido uruguayo en Buenos Aires que reconoció a oficiales de Inteligencia uruguayos en su secuestro y posterior liberación a cambio de que juntara y entregara enormes sumas de dinero para garantizar la vida de otros detenidos-desaparecidos uruguayos en Argentina. Realiza un análisis de la destrucción desde noviembre de 1974 del sistema judicial de protección democrática y enumera dos Informes que le fueron presentados al WOLA: Uno realizado por la Argentine Commission on Human Rights (CADHU) con Sede en Washington y otro titulado "La situación de los Derechos Humanos en Argentina". Eldridge cita luego los testimonios sobre violaciones a los Derechos Humanos en Argentina presentados ante Donald Fraser, Presidente del Subcomité de Organizaciones Internacionales del Congreso de los Estados Unidos realizado los días 28 y 29 de septiembre de 1976, entre los cuales se citan los del Padre J. Bryan, el Rabino Burton Levinson y el del mismo Reverendo Weeks. Eldridge cita luego numerosos documentos recibidos por el WOLA y que también son anexados a la CIDH, entre ellos de Amnesty International, el National Council of Churches, la International Federation of the Rights of Man y el International Movement of Catholic Jurists; una carta de Esteban Torres del sindicato Auto Workers Union; una carta del Profesor Laurence Birns del Council on Hemispheric Affairs (COHA); una carta del Profesor Brady Tyson de la Latin America Studies Association junto a un Informe sobe libertad académica y Derechos Humanos en Argentina y una carta del Catholic Institute for International Relations. Finalmente, Eldridge cierra su discurso con un pedido a los miembros de la CIDH de que revisen, sopesen e investiguen las denuncias y el material proporcionado y luego actúen de manera urgente sacando las necesarias conclusiones y formulando las recomendaciones apropiadas. Luego sigue una lista de 18 con indicaciones de la documentación anexada.