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Esta sección reúne documentos de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) recopilados por Carlos González Gartland en el marco del cumplimiento de sus misiones, funciones y actividades en dicha organización. La CADHU se gestó durante los meses previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, aunque su aparición formal se produjo cuando ya había comenzado la dictadura, en abril de 1976. La CADHU se fundó a partir de la confluencia de distintos grupos. El más numeroso lo componían las y los militantes del Partido Revolucionario de los Obreros Argentinos (PROA), organización a la que pertenecía, entre otros, Carlos González Gartland. La denuncia y la solidaridad se constituyeron tempranamente como las dos vías de acción principales de la CADHU. Los acuerdos logrados entre el sector vinculado al PROA y los representantes de la organizaciones político-militares fueron fundamentales para llevar adelante la primera de esas iniciativas, que se canalizó a través de Ignacio Ikonikoff, encargado de centralizar los datos aportados por los colaboradores vinculados a Montoneros y el PRT-ERP. De este modo, se constituyó un primer circuito de información que permitía conocer y denunciar con cierta celeridad los secuestros y asesinatos que se multiplicaban diariamente en el país durante los primeros meses de dictadura, y de los que los militantes relacionados con las organizaciones político-militares formaban un porcentaje considerable.
La denuncia en el extranjero fue desde el inicio una prioridad para la CADHU, cuyos integrantes –por su experiencia en la defensa de presos políticos– habían entablado vínculos tempranos con diversas entidades internacionales del campo jurídico ligadas a la defensa de los derechos humanos. Esta proyección hacia el ámbito internacional de la CADHU no sólo respondía a consideraciones de estrategia sino, también, a las urgencias que planteaba el avance de la represión en la Argentina. La información que se recogía en la Argentina sobre el avance de los secuestros, las desapariciones y los asesinatos en la vía pública salía del país inicialmente a través del circuito organizado en torno a Ikonikoff. Durante el primer año de dictadura, él fue el encargado de enviar con cierta periodicidad cartas a los representantes de la CADHU en el exilio en las que recopilaba numerosos datos sobre el avance de la represión en la Argentina e informaba también sobre la cotidianidad del organismo.
La CADHU estableció representaciones en diversos países de Europa Occidental y América, entre ellas la delegación del organismo en México, encabezada por el abogado Carlos González Gartland, quien desarrolló su militancia en la CADHU en paralelo a su participación en el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA).
Una de las actividades fundamentales asumidas por la CADHU fue la de denuncia a través de la producción y difusión de relatos del cautiverio elaborados por sobrevivientes de centros clandestinos de detención. La circulación de este tipo de documentos en el extranjero tenía como objetivo principal lograr la condena internacional de la Junta Militar por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometían en la Argentina. Estos relatos, que narran de manera detallada el horror de la represión clandestina, constituyeron un insumo clave del movimiento antidictatorial en su campaña de denuncia y, además, generaron un conocimiento temprano sobre el dispositivo represivo que sería clave en el escenario judicial de la transición democrática. Los testimonios reunidos no solo son los producidos por la CADHU sino también algunos recopilados por Gartland y reunidos en un mismo corpus.
Además, esta sección reúne diversas publicaciones de la CADHU en las que se denunciaban los crímenes de la dictadura, una de las cuales, por ejemplo causó un gran impacto en el terreno de la denuncia internacional: ""Proceso al Genocidio"". Se trata del primer informe integral sobre las violaciones a los derechos humanos en el país. Editado en Madrid gracias a las gestiones del cineasta español Elías Querejeta, el libro fue redactado por Eduardo Duhalde y Gustavo Roca, pero su insumo fundamental fue la información que integrantes y colaboradores de la CADHU habían obtenido clandestinamente en la Argentina y, luego, sacado del país por distintas vías. El informe no sólo denunció los crímenes dictatoriales como parte de un genocidio, apelando así a una figura instalada en el derecho penal internacional, sino que además acuñó la noción de “terrorismo de Estado” para describir el esquema represivo montado por la Junta Militar. También hay una multiplicidad de comunicados de denuncia de diverso tipo como los comunicados de prensa o los llamados ""Acción urgente"".
La sección cuenta además con correspondencia que da cuenta de los vínculos de la CADHU con otros organismos de derechos humanos y de las actividades e iniciativas de solidaridad que buscaban dar auxilio a las personas que huían de la persecución dictatorial así como de las intervenciones en el espacio público que consistieron fundamentalmente en movilizaciones ante las embajadas argentinas en los países del exilio ante eventos puntuales o fechas de resonancia particular, como los aniversarios del golpe de Estado.
Finalmente, hay rendiciones de egresos mensuales de la sede México de la CADHU cada uno de los cuales se encuentra acompañado por la misiva dirigida al Consejo Directivo de la CADHU en Madrid y, en algunos casos, un detalle de las líneas de acción de la delegación.

Esta sección reúne documentos del Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA) recopilados por Carlos González Gartland en el marco del cumplimiento de sus misiones, funciones y actividades en la organización. El COSPA se constituyó como asociación civil en México para actuar como organismo representativo de los asilados políticos argentinos residentes temporal o permanentemente en dicho país. Funcionaba físicamente en la Casa del Pueblo Argentino en ciudad de México. El órgano supremo de la Asociación era la Asamblea General de Asociados, que se reunía cada seis meses, mientras que la representación social y jurídica estaba a cargo del Comité. El Comité se encontraba compuesto por doce miembros en calidad de Secretarios elegidos por la mayoría de los asociados presentes en las asambleas y cada Secretario tenía una permanencia en el cargo de doce meses. El Comité estaba compuesto por las siguientes Secretarías: General, de Relaciones Internas, de Organización, de Actas, de Cultura, de Prensa, de Finanzas, de Asistencia Social, de Estudios e Investigaciones, Laboral y Gestiones y de Relaciones Internacionales. Esta última Secretaría fue ocupada por Carlos González Gartland.
Entre los documentos que integran esta sección se encuentran los estatutos de creación del COSPA; boletines editados por el Comité que funcionaron como órganos de comunicación, entre ellos "Boletín Argentino", ""CASA ARGENTINA" e "Informaciones Argentinas"". Hay además, correspondencia en su mayoría, enviada por el COSPA a diferentes organismos de derechos humanos, organismos internacionales, organizaciones y partidos políticos a través de la cual el Comité expone sus posturas, declaraciones y líneas de acción a seguir, buscando al mismo tiempo tender lazos para la denuncia de violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura cívico-militar argentina y para atender a la situación de los refugiados y exiliados políticos argentinos. Se pueden encontrar también denuncias de detenciones y desapariciones de personas por parte de la dictadura cívico-militar realizadas por el Comité, como parte de sus actividades centrales, así como una serie de comunicados de prensa del Comité.

La sección reúne toda la documentación producida por la Dirección Nacional de Gestión de Fondos Documentales del Archivo Nacional de la Memoria en el ejercicio de sus funciones. Incluye documentación administrativa (notas, memorandos, expedientes), así como informes producidos con fines diversos (informes de gestión, reportes de investigación, respuestas a oficios judiciales, etc) y producciones sobre distintos temas y en variados soportes (papel, fotografías, producciones audiovisuales).

Esta sección reúne documentos de diferente procedencia recopilados por Carlos González Gartland durante su exilio en México, entre 1976 y 1984. Además de sus responsabilidades en la delegación en México de la Comisión Argentina por los Derechos Humanos (CADHU) y en el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA), González Gartland estableció múltiples vínculos con organizaciones de defensa de los derechos humanos en el exterior, de manera que fue reuniendo documentos tales como panfletos, comunicados, volantes, artículos de prensa, proclamas e informes, que dan cuenta de su propia militancia de denuncia de la dictadura cívico-militar en Argentina así como del accionar de estas organizaciones. Estos documentos, agrupados por González Gartland en cajas rotuladas ""Documentos y publicaciones del exilio en general"", constituyeron la base que permitió a la CADHU la creación en 1980 del Centro de Información y Documentación del Exilio Argentino (CIDEA) en 1980, en centro especializado en los problemas argentinos, orientado a los aspectos vinculados con los derechos humanos. En ese momento, el CIDEA no logró obtener financiamiento más allá del propio de la CADHU de manera que se puso en funcionamiento en condiciones precarias dependiendo del trabajo voluntario de colaboradores no especializados, lo que devino en que no pudiera darse un tratamiento adecuado a la documentación. A pesar de ello, el CIDEA prestó servicios de consulta a familiares de víctimas de la represión, organismos de solidaridad del exilio, investigadores y a los organismos de derechos humanos y de familiares que actuaban en Argentina. Además, en base al material que reunía, editó un boletín mensual a través del Servicio de Información Comentada de Argentina (SICA), el cual fue distribuido gratuitamente a diarios y revistas de América con el fin de contribuir al mejoramiento de los derechos humanos en Argentina. Con el retorno del exilio a Argentina de los colaboradores del CIDEA y de los miembros de la CADHU a partir de diciembre de 1983, el Centro de Información no pudo seguir adelante con sus tareas. Como se consecuencia, se comenzó a pensar en trasladar la documentación a Argentina realizando previamente una microfilmación de los documentos reservados u originales. Para llevar adelante esta tarea se tiene registro de que, al menos, se pidió financiamiento al Consejo Mundial de Iglesias. Si bien se desconoce si se llevó adelante algún tipo de microfilmacion, la documentación perteneciente al CIDEA fue efectivamente trasladada a Argentina.
Parte de esta sección reúne los documentos recopilados para el CIDEA aunque no es posible determinar si la totalidad de ellos formaron parte de este Centro de Información.

La Sección Audiovisual del ANM reúne los diversos contenidos audiovisuales producidos por la Coordinación de Fondos Audiovisuales en cumplimiento de su misión y funciones para la promoción y defensa de los derechos humanos poniendo el foco en el accionar del terrorismo de Estado y las consecuencias para la sociedad civil. Entre ellos, se encuentran muestras y ciclos de cine, muestras de fotografías (como la del Aeropuerto de Trelew o la Plaza de la Memoria en el predio de Tecnópolis), videos institucionales y colecciones del Archivo Oral que resguardan la memoria de las víctimas, sus familiares y de personas vinculadas con la defensa de los derechos humanos.
Prevalece una gran cantidad de registros fotográficos de actividades institucionales y de promoción de los derechos humanos, entre la cuales se encuentran las fotografías tomadas durante las actividades de la Comisión Especial de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) responsable de investigar la masacre ocurrida el 11 de septiembre de 2008 en la localidad boliviana de Pando. Se suman a estos registros fotografías de los edificios que funcionaron como Centros Clandestinos de Detención y del trabajo desarrollado por los trabajadores del ANM en la recuperación, tratamiento archivístico y conservación documental.
También hay registros audiovisuales de actividades institucionales en relación a los derechos humanos, actos y recorridos en el ex CCD ESMA y colocación de los carteles en los edificios de las distintas dependencias del Estado y de los organismos de derechos humanos; actividades de la recuperación y puesta en valor de los edificios que integran el predio del ex CCD ESMA; señalizaciones impulsadas por la Red Federal de Sitios de Memoria en lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención, tortura y exterminio; actividades, actos y movilizaciones en el marco de los juicios de lesa humanidad que se siguen a los represores de la última dictadura militar y videos institucionales sobre la defensa y promoción de los derechos humanos y que se proponen visibilizar el operar del terror de Estado así como sus prácticas, mecanismos y efectos y las experiencias y legados de las organizaciones políticas y sociales y las militancias. Además, una gran cantidad de entrevistas a personas representativas de la vida política, social y cultural de la Argentina conforman el Arhivo Oral.
En cumplimiento de sus actividades fundamentales, vinculadas a ""obtener, analizar, clasificar, duplicar, digitalizar y archivar informaciones, testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en que esté comprometida la responsabilidad del Estado Argentino y sobre la respuesta social e institucional ante esas violaciones"", la Coordinación de Fondos Audiovisuales crea colecciones en relación a sus intereses con documentos provenientes de diversos fondos de otras instituciones o personas. Por otro lado, la Coordinación se ocupa de la gestión y tratamiento archivístico, de conservación y digitalización de fondos y colecciones no producidas por la institucion pero que recibe como donaciones o cesiones. En ambos casos se usan diversas técnicas tales como la reprografía digital, la digitalización de diversos formatos analógicos de video, negativos y cintas de audio analógicas y el copiado de archivos audiovisuales en cintas LTO para su guarda y conservación. Con el objetivo de gestionar las colecciones y fondos bajo su custodia, el área desarrolla guías, inventarios y protocolos de intervención y, junto a otras áreas de la institución, un vocabulario específico en derechos humanos (tesauro) que se utiliza para la descripción archivística. Por último, a fines de formalizar el ingreso de fondos y colecciones, la Coordinación confecciona actas acuerdo y convenios tanto con instituciones como con los autores o productores de esos valiosos archivos para su puesta a la consulta pública.
En 2021, en el marco del proyecto de Normalización del ANM se realizaron una identificación preliminar y la presente descripción, que se puso a la consulta online en Access to Memory (AtoM).

La sección contiene las comunicaciones, acuerdos, listados y documentos de trabajo vinculados con la "Mesa de Archivos", coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación. Esta Comisión Técnica Mixta, compuesta por distintas instituciones de archivos públicos, representantes del Ministerio Público Fiscal y organismos de derechos humanos, se creó en el marco de las firmas de los Memorandos de Entendimiento con Brasil, Uruguay y Chile. Asimismo, contiene las copias de los documentos producto de estos intercambios.

Esta serie reúne algunas de las actas de reconocimiento de los Centros Clandestinos de Detención (CCD) elaboradas como registro de las visitas realizadas en los espacios denunciados como lugares de detención así como un relevamiento documental y recortes de los testimonios brindados por las víctimas que pasaron por esos CCD y pudieron dar detalles de los mismos. A pesar de la reticencia de los integrantes de la Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad a que se llevara adelante una revisión de su actividad represiva durante los años de dictadura, la CONADEP logró registrar y comprobar, a través de inspecciones oculares con sobrevivientes, la existencia de unos 340 centros clandestinos de detención, la mayoría ubicados en dependencias policiales y militares todavía en funcionamiento.

Esta serie reúne siete carnets y un sobre que los contenía de algunos de los trabajadores de la CONADEP. Los carnets indican el nombre de los trabajadores, número de libreta cívica, documento nacional de indentidad, libreta de enrolamiento o cédula de identidad junto a su fotografía y habilitaban a los trabajadores a pedir auxilio a la fuerza pública si así lo requiriesen.

La documentación que comprende esta serie es una parcialidad del Fondo Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera. Comprende copias digitales de la Serie Comunicaciones de la intervención militar de la FOTIA las cuales dan cuenta de los intercambios que tuvieron los interventores de los sindicatos de base con el interventor de la Federación durante la última dictadura cívico-militar.
Las comunicaciones abordan temas varios como personerías gremiales y normalización de sindicatos; inventarios de los sindicatos; solicitudes de cobertura de la obra social; listados de afiliados; estatutos; y notas varias. A su vez, evidencian el funcionamiento de los sindicatos de base como de la Federación durante la intervención.

Esta serie reúne diversas comunicaciones sobre los cuestionarios a militares enviados por la CONADEP a miembros de las Fuerzas Armadas a través del Ministerio de Defensa en 1984 con el objeto de llevar adelante sus tareas de investigación sobre la detención y desaparición de personas durante la dictadura cívico-militar. El 5 de julio de 1984, considerando que era neCésario afianzar la justicia y consolidar la paz interior y para lograr esto eran indispensables las declaraciones del personal de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la Nación, Raúl Ricardo Alfonsín firmó el decreto 2107/84. Por medio de esta normativa se autorizó de forma genérica al personal de las Fuerzas Armadas "a quienes les sean legalmente requeridos informes, declaraciones o documentos referidos a la lucha contra la subversión y el terrorismo, a declarar sobre hechos o asuntos del servicio que se refieran a dicha actividad, sin necesidad de solicitar en cada caso concreto la venia que prescriben los reglamentos militares pertinentes".
Esta serie reúne algunos de los cuestionaRíos que la CONADEP envió a altos mandos de las distintas Fuerzas por medio del Ministerio de Defensa con preguntas vinculadas a su participación personal y directa en la planificación, dirección y ejecución de la lucha antisubversiva según la interpretación dada a los decretos 261/75 y 2772/75 emanados del Poder Ejecutivo Nacional, a las normativas legales que legitimaron los métodos y operativos utilizados y a los parámetros jurídicos para discernir entre quién era subversivo y quién no, así como a las formas de documentar ese accionar. Asimismo se encuentran las respuestas por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas, enviadas también a través del Ministerio, muchas de las cuales se negaron a responder el cuestionario.

Esta serie reúne correspondencia enviada y recibida por la CONADEP. Hay una gran cantidad de cartas recibidas por la Comisión desde organismos estatales y de la sociedad civil de otros países como Brasil, Uruguay, Colombia, Chile, Francia, Bélgica, Italia, Holanda, Alemania, Suiza, Suecia, Austria, Reino Unido, Nueva Zelanda, Canadá, Japón y Estados Unidos, entre otros, en las que mayormente se solicita información sobre el paradero de personas de esos países detenidas y desaparecidas en Argentina, o bien se manifiesta el apoyo a la labor de la CONADEP o se solicita copia del informe final elaborado por la Comisión como resultado de su labor investigativa. Entre estas cartas se encuentran también aquellas de organismos internacionales como por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional. Además, la serie contiene cartas enviadas y recibidas por la CONADEP de distintos organismos estatales de Argentina con el objeto de solicitar y remitir información necesaria para las investigaciones llevadas adelante como parte central de sus tareas. Hay también correspondencia con distintos organismos de la sociedad civil así como con particulares, cartas entre la Comisión y el Presidente Raúl Ricardo Alfonsín y muchas misivas dirigidas al Presidente de la Nación sobre el funcionamiento de la CONADEP y remitidas luego a la misma. A través de esta gran cantidad de comunicaciones durante el tiempo que funcionó la CONADEP se evidencia el impacto nacional e internacional que la creación de esta Comisión tuvo para el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad comentidos durante la dictadura cívico militar. Una vez finalizada la CONADEP se agregaron a esta serie algunas cartas e informes hasta 1997.

Esta serie reúne las elevaciones de denuncias realizadas por la CONADEP a la Justicia a partir de su labor investigativa y con el objeto de solicitar que se arbitren las medidas necesarias en relación a ellas. Estas elevaciones fueron presentadas ante distintas dependencias judiciales del país correspondientes a las localidades donde ocurrieron los hechos denunciados vinculados con la detención y desaparición forzada de personas. A cada una de las elevaciones se le añadieron las respuestas recibidas por parte de la Justicia así como otras tramitaciones vinculadas a ellas, como por ejemplo la reiteración de respuestas en cuanto al estado de estas elevaciones realizadas por la Subsecretaría de Derechos Humanos a esas dependencias judiciales en 1985.

Esta serie reúne fichas con fotografías de víctimas del terrorismo de Estado, tanto de personas detenidas desaparecidas como liberadas, elaboradas por la CONADEP en el marco del cumplimiento de sus funciones. A partir de los testimonios y denuncias, la Comisión comenzó a sistematizar la información armando estas fichas en las que se registraron datos personales tales como nombre, edad, fecha de nacimiento, número de documento de identidad, ocupación y, según correspondía, fecha y lugar de desaparición o detención así como el número del legajo de esa víctima. Originalmente se organizaron en diesiseis carpetas numeradas consecutivamente y una sin número. Con posterioridad al funcionamiento de la CONADEP y ya siendo gestionada la documentación por la Secretaría de Derechos Humanos a estas fichas manuscritas se les agregó una etiqueta impresa en la que se indica el número de legajo y el nombre de la persona, en algunos casos tapando las inscripciones originales.

Esta serie reúne 846 fichas de personas con situación regularizada por el Poder Ejecutivo Nacional, ordenadas en tres grupos: "ceses", "opción" y "expulsados". Las fichas que están bajo el agrupamiento "ceses" están ordenadas alfabéticamente según el apellido, separadas por fichas que indican la letra correspondiente. En los tres casos las fichas contienen el nombre completo de las personas, algunas contienen las fechas de los arrestos y la fecha en la que fueron liberadas o en la que salieron del país, mientras que otras tienen, también, referencias a noticias perdiodísticas.

Esta serie reúne 1387 fichas elaboradas por la CONADEP con el objetivo de facilitar la búsqueda de legajos de víctimas. La función de estas fichas se ve reflejada en la identificación del fichero como "catálogo". Cada una de ellas contiene los nombres de las víctimas junto al número de legajo correspondiente. Los nombres se encuentran ordenados por número de legajo en forma ascendente y, cada cien números, hay una ficha vacía con una pestaña que indica los cien números siguientes.

Esta serie reúne fotografías que le fueron remitidas la Comisión en pos de su labor investigativa. Agrupa fotografías de eventos famliares, como casamientos y en parques o plazas, fotografías tipo carnet y fotografías del Abergue Warnes. Por otro lado, contiene dos sobre con fotografías enviadas por parte de la Comisión Provincial de Estudio sobre Violación a los Derechos Humanos de Santiago del Estero, fotografías con el nombre Coti Ramírez en el dorso y, por último, cuenta con fotografías sin identificar.