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Testimonio de Mirta Liliana Igaz ante el Carlos A. González Gartland en representación de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) en relación a la desaparición, tortura, allanamiento y detención ilegal de miembros de la familia de Mirta Liliana Igaz y sobre la desaparición y/o asesinato de amigos y compañeros de escuela.

Testimonio de Juan Carlos Scarpatti ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU), acerca de lo acontecido durante su detención y secuestro hasta su fuga y exilio. Se menciona la ubicación, descripción y funcionamiento del centro clandestino de detención ubicado en Campo de Mayo, perteneciente al Comando de Institutos Militares, así como la ubicación y plano del interior del centro clandestino de detención perteneciente al asentamiento de artillería de Ciudadela dependiente del Regimiento de La Tablada, llamado Sheraton.

Testimonio de Graciela Beatriz Daleo y Andrés Román Castillo sobre su detención ilegal en el centro clandestino de detención Escuela Superior de Mecánica de la Armada. En este testimonio se mencionan los orígenes del Grupo de Tareas de la ESMA, la cadena de mandos y la estructura interna que poseía. Se hace referencia a las torturas y el destino de los detenidos desaparecidos. Se incluye una lista de los secuestrados de los cuales los testimoniantes tuvieron conocimiento. Asimismo en este testimonio se mencionan miembros de las fuerzas represivas que integraron el grupo personal de la Armada Argentina y a oficiales del Servicio de Inteligencia Naval (SIN). Finalmente, se incluye una lista de nombres de participantes de las distintas fuerzas armadas y de seguridad, médicos y enfermeros.

Testimonio realizado en Ginebra, en julio de 1981, por el miembro de la Policía Federal Luis Alberto Martínez (alias "Japonés") ante representantes de la FIDH (Federación Internacional de los Derechos del Hombre - Federation Internationale Des Droits de l'Homme), organización no gubernamental acreditada por las Naciones Unidas -estatus B- y el Consejo de la Europa. El documento original se encuentra en francés. Este documento incluye una traducción "informal" en castellano, de la cual se desconoce el autor. Al momento de realizar la declaración, Martínez se encontraba detenido en la prisión de Champ Dollon, Suiza, acusado de los secuestros extorsivos del financista Fernando Combal y el banquero Carlos Koldovsky, ocurridos entre los años 1979 y 1981. Se conoce que Martínez llegó a la FIDH por intermedio del escritor argentino Julio Cortázar, entonces integrante de CADHU (Comisión Argentina por los Derechos Humanos). La de Martínez es la más antigua declaración que se conoce, realizada por un integrante de los grupos represivos, sobre los “Vuelos de la Muerte”. Mencionado como "Destino Final", detalla cómo -tras los interrogatorios bajo tortura- los Grupos de Tareas recurrían a la eliminación física utilizando aviones como parte del dispositivo de desaparición de personas. También en su relato da cuenta de la confección, manejo y circuito de expedientes y formularios relativos a personas detenidas desaparecidas.
Este suboficial de la Policía Federal cuenta en su testimonio que formó parte de los grupos de tareas de Coordinación Federal antes y después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, desempeñándose además como agente del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército Argentino. Da cuenta de su paso por distintas áreas: el departamento de asuntos sindicales, la "mesa estudiantil" (encargada de infiltrar personal en ámbitos estudiantiles) y el secretariado de la Superintendencia de Seguridad Federal -entre 1973 y 1980- donde, entre otras tareas, transmitía las órdenes para generar "areas liberadas" para la actuación de los Grupos de Tareas. En ese contexto, da cuenta del funcionamiento de los centros clandestinos conocidos como "Garage Azopardo" (LT-LD) y "Club Atlético" (Centro Antisubversivo). También menciona los centros clandestinos de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), "El Banco", "El Vesubio" (La Ponderosa), "Olimpo" y un lugar -"La Casita"- cercano a la Comisaría N° 46.
A lo largo de su testimonio hace mención a los secuestros del físico Antonio Misetich, las religiosas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y el escritor Haroldo Conti. Refiere también los asesinatos del padre Carlos Mugica, Silvio Frondizi y Rodolfo Ortega Peña por parte de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) y de cómo esta organización paraestatal nutrió luego los denominados Grupos de Tareas.

Tarjeta de seguimiento del expediente 234082 solicitando información sobre el paradero de Jorge Antonio Capello de la División de Mesa de Entradas, Legalizaciones y Archivo. Dirección de General de Administración. Secretaría de Estado de Gobierno. Ministerio del Interior, iniciado por su Soledad Davi de Capello. Argentina.

Suplemento del diario Página 12 con extractos del libro Nunca Más.

Sumario solicitando la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento por parte de Soledad Davi de Capello de su hijo, Jorge Antonio Capello. Argentina.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) fue creada por el presidente Raúl Alfonsín a través del decreto Nº 187 del 15 de diciembre de 1983. Contra la propuesta esbozada por la mayoría de los organismos de derechos humanos, que reclamaban la creación de una Comisión bicameral para la investigación de los crímenes de la última dictadura (1976-1983), el titular del Poder Ejecutivo optó por una Comisión de “notables” compuesta por personalidades destacadas de la vida política, cultural y religiosa argentina, presidida por el escritor Ernesto Sábato. Sus otros integrantes fueron Magadalena Ruiz Guiñazú, Ricardo Colombres, René Favaloro –quien renunció poco después–, Hilario Fernández Long, Carlos Gattinoni, Gregorio Klimovsky, Marshall Meyer, Mons. Jaime F. de Nevares, Eduardo Rabossi, Santiago López, Hugo Piucill, Horacio Huarte, Graciela Fernández Meijide, Daniel Salvador, Raúl Aragón, Alberto Mansur y Leopoldo Silgueira.
El objetivo de la CONADEP, que inicialmente funcionaría por seis meses, era recibir denuncias y pruebas sobre los secuestros y desapariciones perpetrados durante la dictadura para remitirlas a la Justicia, investigar cuál había sido el destino de los desaparecidos y desaparecidas y determinar el paradero de los niños y niñas apropiados en el marco del terrorismo de Estado. Además, debía denunciar cualquier intento de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad por destruir evidencia de los crímenes de la represión. Todos los datos recabados durante las labores investigativas serían recopilados en un informe final que se pondría en manos del presidente de la Nación. La entrega se efectivizó el 20 de septiembre de 1984, luego de extenderse por tres meses el plazo establecido originalmente para el funcionamiento de la CONADEP, en un acto que tuvo lugar en la casa de gobierno. Dos meses después, el informe fue publicado bajo el título Nunca más por la editorial universitaria EUDEBA, convirtiéndose en un éxito de ventas.
Las tareas de la Comisión se desarrollaron en un clima cargado de tensión por la reticencia de los integrantes de la Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad a que se llevara adelante una revisión de su actividad represiva durante los años de dictadura. A pesar de ello, y de las dificultades que planteaba la recopilación de información en las zonas alejadas de los grandes centros urbanos, la CONADEP logró registrar 8.960 casos de desaparición forzada y comprobar, a través de inspecciones oculares con sobrevivientes, la existencia de unos 340 centros clandestinos de detención, la mayoría ubicados en dependencias policiales y militares todavía en funcionamiento.
La información recopilada por la Comisión dejó en evidencia que, lejos de constituir “excesos” aislados, los secuestros, las torturas, las desapariciones y los asesinatos habían formado parte de un plan sistemático organizado desde las más altas jerarquías de las Fuerzas Armadas. Esta constatación fue clave para lograr la condena de los integrantes de las tres primeras Juntas Militares en el denominado Juicio a las Juntas, realizado entre abril y diciembre de 1985. La importante circulación pública del Nunca más, por otra parte, fue central para la conformación de una primera memoria pública sobre los crímenes de la dictadura argentina.
El subfondo CONADEP, perteneciente al Fondo Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dado el traspaso de funciones a este organismo el cual continuó gestionando, interviniendo y modificando los documentos, se compone de distinto tipo de documentación que refleja la actividad realizada por la Comisión en el marco de sus labores investigativas. Incluye, en primer lugar, los legajos constituidos a partir de formularios que recogían las denuncias de familiares, sobrevivientes o testigos ocasionales de acciones represivas. Estos formularios incorporaban información diversa como ser el nombre y apellido de la víctima, su fecha de nacimiento, documento de identidad, profesión o trabajo, lugar de estudio o trabajo, domicilio, estado civil, número de hijos y edad; fecha, hora y lugar del secuestro, descripción del hecho, mención a testigos si los hubiese y de los posibles responsables; las gestiones realizadas por los familiares y allegados de las víctimas, las respuestas obtenidas ante esos requerimientos y los datos del denunciante. Este subfondo reúne además, más de dos mil fotografías tomadas por el fotógrafo Enrique Shore durante las inspecciones oculares en los centros clandestinos de detención (CCD) así como las actas elaboradas a partir de esas inspecciones junto a un vasto relevamiento documental hecho por la Comisión sobre los CCD. Por otra parte, el fondo contiene también las actas de las reuniones que realizó la CONADEP en el transcurso de su investigación así como las del Comité Ejecutivo, instituido el 29 de diciembre de 1983 dada la necesidad de funcionar ejecutivamente con un grupo más reducido de sus miembros. La correspondencia nacional e internacional de la Comisión también forma parte de este subfondo dando cuenta de los intercambios con organismos estatales y de la sociedad civil tanto de Argentina como de otros países.
Asimismo, se encuentran las elevaciones de denuncias a la Justicia, unos 25.000 habeas corpus que fueron elevados al Poder Judicial para determinar el paradero de personas desaparecidas entre 1975 y 1983, las respuestas de hospitales de salud mental y cementerios con listados de pacientes de hospitales y de entierros sucedidos en los cementerios entre 1976 y 1983. Hay además numerosos relevameintos documentales de dos organismos internacionales que elaboró diferentes listados e investigaciones sobre casos de violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura cívico militar. Tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reopiló y transfirió la documentación vinculada a estos hechos y, en el caso de la CIDH, aquellos informes de las observaciones in-loco que realizara en 1979, en plena dictadura, y que permitieran dar apoyo internacional a las denuncias que venían realizando los organismos de derechos humanos en el país.
Desde su creación y hasta el presente, el fondo de la CONADEP desarrolla un rol central en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, ya sea como evidencia en los juicios por los crímenes de lesa humanidad, como fuente de consulta para los ascensos de personal de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, como insumo para producciones de distinta índole orientadas a la transmisión de la memoria de los crímenes dictatoriales y para la investigación científica sobre el pasado reciente argentino.

Solicitud a organismos internacionales, organizaciones científicas, profesionales y gremiales que defienden los derechos humanos para que reclamen a las autoridades argentinas por la aparición y puesta en libertad del Doctor Oscar Roger Guidot.

Sobre y certificados de estudio de Eduardo Adolfo Capello y Jorge Antonio Capello correspondientes a la escuela secundaria detallando sus calificaciones por asignatura. Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Sobre y carta del Director de la División de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Theo C. van Boven, en nombre del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas o Involuntarias, a Soledad Davi de Capello informándole sobre las comunicaciones del Grupo de Trabajo y agradeciéndole la información presentada. Ginebra, Suiza.

Sobre y carta del Secretario Ejecutivo de la Organización de Naciones Unidas, Edmundo Vargas Carreño, a Soledad Davi de Capello comunicando que han recibido su carta y han transmitido la información al Gobierno Argentino sobre la desaparición forzada de su hijo, Jorge Antonio Capello, Irma Márquez y el hijo de ella. Ginebra, Suiza.

Sobre y carta del Director de la División de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Theo C. van Boven, a Soledad Davi de Capello agradeciendo la información brindada sobre la desaparición de Irma Márquez e informando las acciones tomadas por parte del Grupo de Trabajo y la Comisión de Derechos Humanos. Ginebra, Suiza.

Carta de Soledad Davi de Capello al Representante del Gobierno de Cuba ante la Organización de las Naciones Unidas solicitando que se interceda ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas por el caso del secuestro de su hijo Jorge Antonio Capello, su compañera, Irma Márquez, y el hijo de ella, Pablo Míguez. Provincia de Buenos Aires, Argentina

Sobre y carta Jefe Departamento Seguridad del Ministerio del Interior, Comandante Mayor Rogelio Ramón Poggio, a Soledad Davi de Capello informando que la búsqueda del paradero de Jorge Antonio Capello arrojó resultados negativos. Provincia de Buenos Aires, Argentina.