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Suplemento de la Revista Siete Días Año XV N° 848 titulado "La tortura en Argentina. Documento Especial" en el que se recopilan diferentes testimonios de personas torturadas en Argentina durante la dictadura cívico militar.

Fotografía de numeroso público estacionado a lo largo del camino desde la universidad al regimiento de artillería aclamando el paso de la ambulancia que conduce a los estudiantes de la Univeridas Nacional de El Litorial, detendiso, que impulsados por la Reforma Universitaria en Córdoba, llevaron adelante estrategias de intervención en la esfera pública, movilizaciones callejeras, conferencias en locales obreros y una huelga desplegada entre mayo y octubre que incluyó la tomas y manifestaciones en pos de la democratización de la universidad. Provincia de Santa Fe, Argentina.

Este fondo reúne la documentación generada y recibida por el Ente Autárquico Mundial 78 (EAM 78) con el objeto de organizar y llevar adelante el Campeonato Mundial de Fútbol de ese año. La decisión de que la Argentina fuera la sede del evento había sido tomada ya previo al golpe de Estado del 24 marzo de 1976. Sin embargo, la Junta Militar le otorgó especial atención a la realización del Mundial, ya que consideraba que se trataba de una oportunidad privilegiada para mostrar una buena imagen del país a la comunidad extranjera, procurando evadir así las denuncias que circulaban en el extranjero contra la dictadura por violaciones a los derechos humanos.
Para su organización, el régimen militar creó, mediante la Ley N° 21.349 del 2 de julio de 1976, el EAM 78, que reemplazaba a la Comisión de Apoyo al Mundial dependiente del Ministerio de Bienestar Social. La entidad estuvo presidida inicialmente por el general Omar Actis. Luego de su asesinato, ocurrido el 19 de agosto de 1976, el cargo fue ocupado por el general (R) Antonio Merlo, aunque la mayoría de las decisiones en materia organizativa las tomó el contraalmirante Carlos Lacoste, quien había sido designado vicepresidente del organismo. Además de crear el EAM 78, la Junta Militar contrató a la empresa norteamericana Burson-Marsteller y Asociados, especializada en la mejora de la imagen de gobiernos, para que tuviera a cargo la publicidad del Mundial y demostrara que las denuncias contra la dictadura eran parte de una “campaña antiargentina” organizada desde el extranjero. A esto se destinó parte de los aproximadamente 500 millones de dólares que se gastaron para la realización del evento, una cifra astronómica para los parámetros de la época y que nunca pudo confirmarse con exactitud debido a la ausencia de balances contables. El dinero se utilizó también para remodelar algunos de los estadios que serían sede de los partidos y para la creación de una moderna planta de televisión a colores, el “Centro de Producción Buenos Aires”, ubicada en la esquina de la avenida Libertador y Tagle de la Ciudad de Buenos Aires.
Fuera de la Argentina, el Mundial generó un fuerte impacto entre las y los exiliados, que se tradujo en una fractura entre quienes pretendían impedir la realización del torneo –agrupados en el Comité de Boicot a la Organización del Mundial de Fútbol en la Argentina (COBA)– y quienes, en cambio, creían que el evento deportivo era una ocasión excepcional para concitar la atención de la prensa internacional y exponer así ante el mundo las atrocidades que cometía la Junta Militar en el país. Las posiciones y disputas entre ambos grupos quedaron reflejadas en la documentación que produjeron durante las distintas campañas de denuncia y solidaridad que llevaron adelante en diversos países de América y, fundamentalmente, de Europa Occidental.
El Mundial comenzó formalmente con la ceremonia de apertura que se realizó el 1 de junio, de la que participó el presidente de facto Jorge Rafael Videla, y se extendió a lo largo de poco más de tres semanas. La competencia deportiva tuvo como ganadora a la Argentina, que se consagró así por primera vez como campeona del mundo, aunque al día de hoy existen sospechas sobre el posible arreglo del partido en que la selección local le ganó 6 a 0 al combinado de Perú, resultado que le permitió clasificar a las instancias definitorias del certamen. En términos políticos, el enorme esfuerzo destinado por la dictadura para mejorar su imagen en el extranjero no rindió sus frutos, como dejaría en evidencia la creciente condena internacional al régimen militar durante los años posteriores.
Entre los documentos que forman parte de este acervo se encuentran: legajos de personal contratado, documentación administrativa, planos y fotografías de las obras realizadas en todo el país, expedientes de compras y contrataciones, resoluciones de la presidencia del Ente Autárquico, organigramas, adjudicaciones (muchas de ellas directas), libros de obras de construcción y ampliación de estadios de fútbol (River Plate, Vélez Sarsfield, Mar del Plata, Rosario Central, Córdoba y Mendoza), cintas de audio de partidos, correspondencia nacional e internacional, modelos de uniformes del personal, notas del concurso cerrado para la creación del afiche oficial Campeonato Mundial de Futbol 1978, fotocromos para boletines y transparencias varias, notas sobre las transmisiones televisivas, listados de acreditaciones periodísticas y planes de acción psicológica tendientes a mejorar la imagen del país.

Trabajadores de Acindar y mujeres en plena toma de la fábrica en el marco de las jornadas de lucha y movilización de los trabajadores metalúrgicos, hecho histórico conocido como el Villazo. Villa Constitución, Santa Fe, Argentina.

Mujer con bebé en brazos en la fabrica de Acindar, en el marco de las jornadas de lucha y movilización de los trabajadores metalúrgicos, hecho histórico conocido como el Villazo. Villa Constitución, Santa Fe, Argentina.

Trabajadores de Acindar junto a mujeres en plena toma de la fábrica en el marco de las jornadas de lucha y movilización de los trabajadores metalúrgicos, hecho histórico conocido como el Villazo. Villa Constitución, Santa Fe, Argentina.

Trabajadores de Acindar junto a mujeres en plena toma de la fábrica en el marco de las jornadas de lucha y movilización de los trabajadores metalúrgicos, hecho histórico conocido como el Villazo. Villa Constitución, Santa Fe, Argentina.

Alberto Piccinini, Secretario General de la UOM, habla ante los obreros reunidos en la Asamblea de Acindar, en el marco de las jornadas de lucha y movilización de los trabajadores metalúrgicos, hecho histórico conocido como el Villazo. Villa Constitución, Santa Fe, Argentina.

Obreros y sindicalistas reunidos en la Asamblea de Acindar en el marco de las jornadas de lucha y movilización de los trabajadores metalúrgicos, hecho histórico conocido como el Villazo. Villa Constitución, Santa Fe, Argentina.

Trabajadores de Acindar junto a mujeres en plena toma de la fábrica en el marco de las jornadas de lucha y movilización de los trabajadores metalúrgicos, hecho histórico conocido como el Villazo. Villa Constitución, Santa Fe, Argentina.

La presente colección consta de una única unidad documental que consiste en una recopilación de copias de documentos del Ejército Argentino agrupados bajo la denominación "Normas y procedimientos carcelarios impuestos a presos por razones políticas. Años 1974 a 1983", relacionada con lo que se denominó "Campaña Pensionistas”. Dicha campaña se montó sobre la existencia de un régimen carcelario particular para presas y presos políticos, basado en el reglamento del Servicio Penitenciario Federal aprobado el 26 de diciembre de 1974 (Decreto Secreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 2023/74), junto a normas y directivas complementarias. El objetivo de la campaña se enmarcó en una etapa avanzada de la represión dictatorial y se orientó a profundizar la desarticulación de las organizaciones armadas que enfrentaban al régimen cívico-militar instaurado en 1976. Buscaba ampliar la diferenciación entre los presos políticos, estableciendo distintos sistemas de premios y castigos para aquellos detenidos que las autoridades militares distinguían entre “recuperables”, “posiblemente recuperables” e “irrecuperables”. De ese modo, intentaba desalentar la solidaridad entre los reclusos y aislar a algunos miembros de sus organizaciones (que funcionaban dentro y fuera de la cárcel).

La colección está conformada por documentos y objetos reunidos por la Cámara Federal en lo Penal de la Nación (CFPN), conocida como Camarón o Cámara del Terror. La CFPN fue creada en mayo de 1971, durante la dictadura del general Alejando Agustín Lanusse, por el Decreto Ley 19.053. Esta normativa derogaba la Ley 18.670, aprobada en abril de 1970 por el régimen de facto encabezado por el general Juan Carlos Onganía, que establecía la instancia única y el procedimiento oral para una serie de delitos de competencia federal, para los que se cometieran en zonas de emergencia, contra establecimientos o instalaciones de utilidad nacional y/o para provocar alzamientos o resistencia a la autoridad y, finalmente, para los que tuvieran lugar en ocasión de huelgas, paros u otras medidas de fuerza. El objetivo de la CFPN, que se proponía agilizar los tiempos de la justicia ordinaria, era ""juzgar en instancia única y juicio oral todos los delitos de índole federal que se cometan en el territorio nacional y lesionen o tiendan a vulnerar básicos principios de nuestra organización constitucional o la seguridad de las instituciones del Estado”. Este tribunal especial, según establecía el decreto ley que le dio origen, tenía competencia sobre delitos tipificados en el Código Penal y en el Código de Justicia Militar, incluyendo tanto aquellos “previstos en la ley de represión de actividades comunistas N° 17.401"" como los casos de muerte o lesiones contra miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, siempre que no correspondiera la intervención de Tribunales Militares. También tenía injerencia cuando se trataba de delitos cometidos contra personal de las Policías Provinciales actuantes bajo órdenes de autoridades nacionales. La actividad de la CFPN se extendió hasta el 26 de mayo de 1973, cuando el gobierno democrático de Héctor Cámpora promulgó la ley 20.510 que la disolvía.
En su totalidad los documentos y objetos que contiene la colección son confiscaciones que la CFPN realizó a militantes populares considerados subversivos. Entre ellos podemos encontrar publicaciones periódicas de organizaciones políticas argentinas de la época, pronunciamientos sobre la Masacre de Trelew, folletos, boletines, informes, apuntes, afiches, banderas, armas caseras, objetos (miguelitos, mimeógrafos, baldosa conmemorativa, disco metálico con inscripciones de organizaciones), documentos de personas detenidas y sus familiares (carnet, cartas). Hay también, cartillas de instrucción militar y entrenamiento físico, escrituras de inmuebles, relatos de torturas, libretas de direcciones, listas de militares para ser ascendidos, entre otros.
Los documentos impresos pertenecientes al fondo dan cuenta de un amplio abanico de posiciones ideológicas de los diferentes frentes y organizaciones políticas, movimientos sociales, estudiantiles, sindicales barriales, eclesiales y profesionales de la época.