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Testimonio de Ana María Moreyra brindado ante Carlos González Gartland como consejero directivo de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) en México en relación a las circunstancias en las que fue secuestrada en marzo de 1979 hasta su liberación el 24 de diciembre de 1982. Se adjuntan cartas personales y de gestiones ante autoridades méxicanas e internacionales, el acta de libertad y constancias médicas.

Esta serie reúne las gestiones realizadas por la CONADEP para la solicitud de asistencia social a familiares o víctimas del terrorismo de Estado. Entre la documentación se encuentran fichas con los datos de las personas para el acceso a las cajas que se entregaban a través del Plan Alimentario Nacional (PAN), una política del gobierno de Raúl Alfonsín para enfrentar el hambre y la pobreza. Asimismo, hay notas y derivaciones para atender problemas de salud y especialmente de salud mental así como diversas gestiones para solicitar subsidios, pensiones, recursos económicos y laborales. Estas gestiones se materializaron a través de diversas comunicaciones de la CONADEP con organismos e instituciones del Estado tales como el Ministerio del Interior, la Intendencia de la Matanza, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección Nacional de Promoción Social, la Cámara de Diputados, la Comisión de Peticiones Poderes y Reglamentos, la Subsecretaría de Promoción Social, la Subsecretaría de Salud Social, el Hospital Argerich, la Secretaría de Salud Pública, la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental, el Centro Cultural General San Martín, el Ministerio de Salud y Acción Social, la Subsecretaría de Seguridad Social, Aerolíneas Argentinas, entre otros. También la CONADEP gestionó asistencia mediante otras organizaciones de la sociedad civil y empresas, encontrándose comunicaciones por ejemplo con el Movimiento SoliDarío de Salud Mental, el Instituto Oral Modelo, el Instituto de Rehabilitación "Rocca", el Partido Comunista, el Presidente del Banco Nacional de Desarrollo, Cáritas; el Hotel Reina y el CEMIC.

Esta serie reúne las respuestas enviadas por distintos hospitales de salud mental y cementerios del país al pedido de información realizado por la CONADEP vinculado a los registros que pudieran encontrarse en dichas instituciones sobre internaciones, enterramientos de NN y de partos realizados entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. En el caso de los hospitales esta información fue requerida por la Dirección Nacional de Salud Mental, la Subsecretaría de Justicia o el Ministerio del Interior según correspondiera y se encuentran los listados de personas ingresadas al hospital Colonia Nacional de Salud Mental de Diamante, a la Unidad penitenciaria Nº 10 Melchor Romero Instituto Neuropsiquiátrico de Seguridad, a la Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca, al Hospital Nacional Braulio A. Moyano y al Hospital Nacional José T. Borda. En lo que refiere a las respuestas de los cementerios, se encuentra documentación vinculada al Cementerio de Chacarita como listados de personas fallecidas entre 1970 y 1984, informes de la Dirección General del Cementerio así como algunas comunicaciones con el Poder Judicial referidas a la Causa Nº 40.357.

Esta serie reúne ejemplares del informe final elaborado por la CONADEP en el que se condensó toda la labor investigativa de la Comisión vinculada con las denuncias y pruebas sobre los secuestros y desapariciones perpetrados durante la dictadura, el destino de los desaparecidos y desaparecidas así como sobre el paradero de los niños y niñas apropiados en el marco del terrorismo de Estado. El 20 de septiembre de 1984, luego de extenderse por tres meses el plazo establecido originalmente para el funcionamiento de la CONADEP, el informe fue entregado al presidente de la Nación, Raúl Ricardo Alfonsín, en un acto que tuvo lugar en la casa de gobierno. Dos meses después, fue publicado bajo el título Nunca más por la editorial universitaria EUDEBA.
La serie cuenta con una copia de los tres tomos firmada y sellada por Eduardo Rabossi y una fotocopia de ese mismo ejemplar. Por otro lado, se incluyen carpetas numeradas sucesivamente las cuales contienen una copia previa del informe "Nunca Más" que no se encuentra firmada ni sellada así como diversa documentación que la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación fue añadiendo una vez finalizadas las funciones de la CONADEP y creada la SDH cuya misión era completar los trabajos que la Comisión había podido concluir al finalizar su mandato. Entre esta documentación se encuentra el informe "La Subsecretaría de Derechos Humanos y la CONADEP: Informe sobre las tareas realizadas" que evidencia el traspaso de funciones de un organismo a otro al tiempo que detalla el tratamiento que recibió el archivo de la CONADEP y sus usos posteriores. Se encuentran también algunas correspondencias de personas que, una vez publicado el Informe, se pusieron en contacto con la SDH para rectificar errores sober sus situaciones personales. Además de añadir documentación, la Subsecretaría agregó en estas carpetas los documentos recibidos por las delegaciones provinciales de la CONADEP como la de Santa Fe, así como los informes finales de las delegaciones de Bahía Blanca, Santa Fe, Mar del Plata y el certificado del depósito en un banco de los documentos de la delegación de Córdoba. Finalmente una gran parte de estas carpetas se corresponden con documentos que fueron enviados a la CONADEP por el Ministro de Educación y Justicia , Dr. Carlos R. S. Alconada Aramburu, consistentes en fichas de los procesados (condenados o no), sometidos a juicio por Tribunales Militares o Civiles acusados de actividades subversivas a partir de 1975.

Esta serie reúne algunas de las actas de reconocimiento de los Centros Clandestinos de Detención (CCD) elaboradas como registro de las visitas realizadas en los espacios denunciados como lugares de detención así como un relevamiento documental y recortes de los testimonios brindados por las víctimas que pasaron por esos CCD y pudieron dar detalles de los mismos. A pesar de la reticencia de los integrantes de la Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad a que se llevara adelante una revisión de su actividad represiva durante los años de dictadura, la CONADEP logró registrar y comprobar, a través de inspecciones oculares con sobrevivientes, la existencia de unos 340 centros clandestinos de detención, la mayoría ubicados en dependencias policiales y militares todavía en funcionamiento.

Esta serie reúne documentación vinculada a los casos de personas detenidas desaparecidas sometidos a la consideración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 1979 esta Comisión realizó una vista a la Argentina que tuvo un enorme impacto en tanto otorgó un respaldo internacional muy importante para las denuncias que venían realizando los organismos de derechos humanos de detenciones ilegales y forzadas así como de desapariciones de personas. Entre los documentos se pueden encontrar listados de casos que la Comisión consideró de interés para investigar durante esta observación in-loco a la Argentina, los cuales tienen diferentes clasificaciones ya sea por número de caso, por ciudades, por lugar de detención o por temas. Hay también algunos testimonios recibidos por la Comisión durante esta visita así como algunos capítulos del informe que la Comisión presentó como resultado de la misma. Además, se reúnen algunas comunicaciones de la CIDH con el Ministerio del Interior del interior en relación al informe y con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina y la Misión Permanente de la República Argentina ante la Organización de los Estados Americanos vinculadas a los casos investigados por la Comisión.

Informe sobre la detención de Osvaldo Jesús Caldú a ser entregado a José Luis Caldú o Carlos Patiño, en el que se detalla el contexto de su detención, el posterior allanamiento de su casa, su liberación y su ulterior secuestro por un grupo civil identificado como Policía Federal. También se menciona que posteriormente fue liberado y nuevamente vuelto a encarcelar cuando se encontraba trabajando junto a su patrón, Luis Massone, en una pequeña ciudad de la provincia de Santa Fe. Al final del informe se incluye una nota.

En el estado preliminar de tratamiento archivístico en el que se encuentra el fondo, se puede inferir que este comprende documentos de la Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior, particularmente de la Dirección General de Publicaciones y la Dirección General de Seguridad Interior. La mayoría de estos documentos se vinculan con el seguimiento y tratamiento de los medios de comunicación y publicaciones realizados por ese Ministerio durante la dictadura, pero no exclusivamente.
El Ministerio del Interior, a cargo del General de Brigada Albano Harguindeguy, concentró durante la dictadura el poder de policía, es decir, la capacidad de sanción acerca de todo lo que era caracterizado como una amenaza a la Seguridad Nacional. La Subsecretaría del Interior, a cargo del Coronel José Ruiz Palacios, recibía información proveniente de: a) la Secretaría de Información Pública (SIP) tales como informes de situación psicosocial y comportamiento de medios; b) la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE): sondeos, encuestas y partes informativos sobre noticias relativas al gobierno; c) y de los distintos organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Aduana, Correos, Policía Federal, entre otros. Por este motivo, pueden encontrarse dentro del fondo notas e informes de otras dependencias del Estado nacional y provinciales.
Para la dictadura cívico-militar, el análisis de los medios de comunicación social (MCS) incluía tanto a) las publicaciones: editoriales, diarios, revistas, libros, corresponsales extranjeros, agencias de noticias, imprentas, sistemas de distribución y comercialización, vía pública –afiches, fotografías, y productoras de discos–; como b) los espectáculos: teatros y café concert, conferencias, exposiciones, congresos, entre otros. Y dentro del Ministerio del Interior quien tenía a su cargo el control sobre estos medios era la Dirección General de Publicaciones.
Por este motivo, pueden encontrarse expedientes de la Dirección General de Publicaciones a través de los cuales se tramitaban prohibiciones a publicaciones (artículos, libros, diarios, revistas) que contiene notas remitidas por diferentes organismos del estado nacional y provinciales (como la SIP, el Batallón 601 de Inteligencia, SIDE, Fuerzas Armadas, policías y gobiernos provinciales, Ministerio de Relaciones Exteriores, Municipalidad de Buenos Aires) así como de particulares denunciando la publicación. Dicha Dirección elaboraba un informe con recomendaciones de acción (sanciones, multas, prohibiciones, entre otros) que era elevado a la Subsecretaría del Interior, a la SIP, al Poder Ejecutivo y al área que lo denunció. Si finalmente se prohibía la publicación, ésta se dictada mediante decreto del PEN, por lo que en muchos casos también se encuentran los proyectos de decretos. La encargada del cumplimiento de la medida era la Policía Federal, que debía informar de lo actuado a la Dirección General de Seguridad Interior, por lo que también se pueden encontrar estas notificaciones dentro del fondo. Al respecto, se mencionan algunos ejemplos:

• Informes, planes y notas remitidas por la Secretaría de Información Pública de Presidencia, a cargo del Capitán de Navío Carlos Pablo Carpintero.
• Informes de situación psicosocial (que abarca entre dos y tres semanas del 29 de abril al 12 de diciembre de 1981) y el Plan Nacional de Comunicación para el año 1978.
• Sondeos de Opinión Pública elaborados por la SIDE (Dirección de Comunicación Social), así como informes sobre actuación de los medios de comunicación.
• Informes del accionar de los medios de comunicación elaborados por la Jefatura II del Ejército Argentino del 27 de mayo al 26 de julio de 1981.
• Nota Nº 40 remitida al Ministro del Interior por la Secretaría de Información Pública de Presidencia de la Nación, de fecha 6 de julio de 1977, con informa el análisis realizado por el Comité de Estudios en el ámbito de esa secretaría, integrado por representantes del Ministerio de Planeamiento, Interior y SIDE para analizar el seguimiento y tratamiento de los Medios de Comunicación.
• Informe Especial 10 de octubre de 1977 titulado La subversión en los medios culturales elaborado por la Jefatura III de Operaciones del Estado Mayor General del Ejército, con anotaciones a mano sin identificar productor que contiene como anexo decretos, organigramas y órdenes vinculados a tratamiento de medios en relación a la ""subversión"".
• Memorándum sin fecha del Ministro del Interior Harguindeguy al Presidente de la Nación donde solicita aprobación de las Bases para la Acción Gubernamental en materia de medios de comunicación escritos, sonoros y espectáculos públicos.
• Asimismo, también se pueden encontrar notas tramitadas a través de la Dirección General de Provincias, quien era la encargada de la comunicación con las gobernaciones provinciales, vinculadas al control y censura de los medios de comunicación. Como por ejemplo, la normativa provincial relacionada con "moralidad y buenas costumbres" de varias provincias, en función de una solicitud realizada por esa Dirección General.

Por su parte, la Dirección General de Seguridad Interior, a cargo del Coronel (R) Carlos Alberto Tepedino, tenía como misión dirigir las actividades inmanentes al poder de policía y seguridad interior que le competen al Ministerio del Interior, entendiendo los aspectos funcionales y jurisdiccionales de la Policía Federal, Policía Territorial y Policías Provinciales. Por ello pueden encontrarse las comunicaciones con las diferentes policías y gobernaciones provinciales donde intercambian información referida a antecedentes de personas y/o organizaciones, allanamientos, accionar policial, movilizaciones, conflictos gremiales, entre otros.

En el fondo también pueden encontrarse organigramas, decretos, resoluciones y leyes vinculados a las funciones del Ministerio del Interior.

Durante la última dictadura cívico-militar, la Prefectura Naval dependía de la Armada Argentina. En particular, la Prefectura de Zona Mar Argentino Norte tiene su sede en Bahía Blanca y la extensión de su jurisdicción comprende las costas y el mar Argentino en las provincias de Buenos Aires (excepto zona norte), Río Negro y Chubut (parte norte). Incluye las prefecturas de Mar del Plata, Bahía Blanca, Patagones, Quequén (todas en la Provincia de Buenos Aires), Puerto Madryn, Rawson, San Antonio Oeste, Punta Colorada.
Las fechas extremas de los documentos comprenden los años de 1957 a 1994. Pueden encontrarse copias digitales de circulares, informes de inteligencia, comunicaciones producidas por diferentes dependencias de la Armada y la Prefectura, así como informes de seguimiento y ambientales a diferentes organizaciones políticas y sindicales tales como Allfish S.A. Proyecto Integral Pesquero, Asociación Argentina de Telegrafistas y afines Luz y Fuerza, Asociación Personal Junta Nacional de Granos, C.G.T. 62 Organizaciones, C.O.P.E.L. Cooperativa y Sociedad, F.O.E.T.R.A., Ferro-Portuarios, La Fraternidad, S.O.I.P., S.U.P.A. Sindicato Empleados Portuarios, Sindicato de Trabajadores Correos y telecomunicaciones, Sindicato Electricistas Navales -Conductores y Maquinistas Fusionados de la R.A., U.R.G.A., Unión Ferroviaria, Unión Obrera Metalúrgica.
Asimismo, copias digitales de informes, resoluciones, oficios y memoradums con diferentes clasificaciones de seguridad de la Armada Argentina del año 1975. La memoria anual años 1974-1975 de la Prefectura Zona Atlántico, la memoria anual del año 1973 de la Prefectura de Ushuaia e Islas del Atlántico Sur. Una Orden de Operaciones 1/74 – PADAOP. Documentación vinculada a la Delegación Inteligencia de Mar del Plata de los años 1957 a 1991. Y un Anteproyecto de Ley de Organización Operativa Portuaria.

El fondo, que es una parcialidad del mismo, reúne documentación de y sobre Patrick Rice organizada por su esposa Fátima y sus hijos. Patrick Rice fue un sacerdote iralndés, que se radicó en Argentina en la década de 1970, y fue además activista y defensor de los derechos humanos. En 1976 fue secuestrado y desaparecido junto a su esposa y, tras las presiones del gobierno irlandés, ambos fueron liberados exiliándose a Londres hasta 1984, año en que regresan a Argentina.
Dentro de los documentos que componen este fondo hay documentación personal de Patrick Rice, también documentos vinculados a los Pequeños Hermanos del Evangelio de la Fraternidad Carlos De Foucaud, organización a la que ingresó en 1972; y documentos relacionados al funcionamiento de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM) de la cual Patrick Rice fue fundador y secretario general. Asimismo se incluyeron copias digitales del artículo "Patrick Rice, un misionero católico irlandés" de la revista "Satiricón" del año 1984; un libro fotocopiado y anillado de Archivos del Vaticano "Archivio del Consilium pro Publicis Ecclesiae Negotiis" y correspondencia personal dirigida a su familia en Irlanda.

El Fondo reúne documentos producidos y recopilados por Carlos Lafforgue, militante vinculado al peronismo revolucionario quien, a causa de su activismo político resistente, fue detenido, encausado y encarcelado en varias oportunidades. Durante la dictadura cívico militar de 1976 a 1983 Carlos marchó al exilio donde, entre otras tareas militantes y en países como México, Francia y Suecia, formó parte del Tribunal Russell y colaboró con la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU).
Una parte del fondo se encuentra conformada por documentos que registran su vida personal y de militancia política. Se encuentran aquí una amplia variedad de publicaciones, folletos, libros, revistas, cintas magnetofónicas, discos, discursos, correspondencia, dibujos, rotrograbados, comunicados, fichas, boletines, balances, volantes, recortes periodísticos, fotos y objetos fechados entre la década del 1940 y la última del siglo XX. Hay diversos documentos vinculados a la Resistencia Peronista (1955-1973), período en el que Carlos comenzó su militancia luego del golpe de Estado ocurrido el 16 de septiembre de 1955. De esta época se pueden encontrar distintos tipos de documentos de diversas organizaciones revolucionarias, armadas y/o político-militares tanto de Argentina como de América Latina. Hay también una gran cantidad de publicaciones tales como Hechos e Ideas, Revista de Frente, La Verdad, Cristianismo y Revolución, CGT de los Argentinos, Compañero, Nuevo Hombre, De Frente con las bases peronistas, El Diario del Juicio, entre otras. Por otro lado hay numerosos documentos vinculados a distintos aspectos de la Revolución Cubana dada la temprana adhesión de Carlos Lafforgue a la misma, su estrecho vínculo con John Cooke y Alice Eguren y la participación, como delegado de la Juventud Peronista, en la Primera Conferencia Tricontinental que tuvo lugar en La Habana (Cuba) en 1967 y que delineó las políticas anti-colonialistas y antiimperialistas de la izquierda y el nacionalismo revolucionario del Tercer Mundo. Además, hay documentos como conferencias y manifiestos de la alianza revolucionaria Organización Latinoamericana de Solidaridad (O.L.A.S), surgida a partir de un evento, realizado también en La Habana en 1967 por convocatoria del gobierno cubano, y al cual Carlos Lafforgue asistió.
Una segunda parte del fondo está formado por documentos asociados a la gestión de Carlos Lafforgue como Secretario Ejecutivo del Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y a diversos cargos ocupados en la creación y función de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación entre 2003 y 2015. Está conformado mayormente por los proyectos iniciales referidos al ANM y al predio donde funciona, informes, seminarios y diversas gestiones administrativas. En este marco, se encuentran también los informes de las distintas Comisiones de Verdad de América Latina, organismos de investigación creados con el fin de ayudar a las sociedades que han enfrentado graves situaciones de violencia política o guerra interna, a conocer las causas de la violencia, investigar los hechos de violaciones a los derechos humanos y establecer las responsabilidades jurídicas correspondientes. El trabajo de las Comisiones de la Verdad permite identificar las estructuras del terror en las diversas instancias de la sociedad. En este sentido se incluye: 1 DVD con el informe "Guatemala. Memoria del silencio" confeccionado por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala, 1 DVD con el informe de la Comisión de la Verdad de Perú, el dos tomos con el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de Chile, información aportada por la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz de Uruguay, listados de "subversivos" que pertenece al Archivo del Terror en Paraguay y otros documentos vinculados al Plan Cóndor. Finalmente se incluyen una serie de informes y documentos que refieren a la relación de empresas privadas con la última dictadura cívico-militar.