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Fotografía de una nota del Diario La Prensa acerca de la inauguración del Museo Antisubversivo en el asiento del Comando de Institutos militares cuyo titular es el Gral. de División Santiago Omar Riveros. Córdoba, provincia de Córdoba.

Fotografía de Ramón Genaro Díaz Bessone, del II Cuerpo de Ejército en una fábrica de aviones, dirige la palabra a Jorge Rafael Videla, Presidente de facto de la dictadura cívico militar, junto a Luciano Benjamín Menéndez del III Cuerpo de Ejército y otros funcionarios militares. Córdoba, Provincia de Córdoba.

Fotografía de miembros del Ejército patrullan la Ciudad de Córdoba a raíz de los conflictos obrero-estudiantiles, conocido como Cordobazo. Córdoba, Córdoba.

Fotografía de funcionarios de las tres Armas, el Teniente de Navío Ziegier y el Coronel Arturo Ossorio Arana, desfilan en Córdoba después de derrocar al gobierno provincial en el marco del bombardeo a Plaza de Mayo contra el gobierno de Juan Domingo Perón, que dejó como saldo más de 300 muertos y alrededor de 1.000 heridos. Córdoba, Argentina.

Fotografía de funcionarios de las tres Armas, el Teniente de Navío Ziegier y el Coronel Arturo Ossorio Arana, desfilan en Córdoba después de derrocar al gobierno provincial en el marco del bombardeo a Plaza de Mayo contra el gobierno de Juan Domingo Perón, que dejó como saldo más de 300 muertos y alrededor de 1.000 heridos. Córdoba, Argentina.

Fotografía de funcionarios de las tres Armas, el Teniente de Navío Ziegier y el Coronel Arturo Ossorio Arana, desfilan en Córdoba después de derrocar al gobierno provincial en el marco del bombardeo a Plaza de Mayo contra el gobierno de Juan Domingo Perón, que dejó como saldo más de 300 muertos y alrededor de 1.000 heridos. Córdoba, Argentina.

Fotografía de fncionarios de las tres Armas, el Teniente de Navío Ziegier y el Coronel Arturo Ossorio Arana, desfilan en Córdoba después de derrocar al gobierno provincial en el marco del bombardeo a Plaza de Mayo contra el gobierno de Juan Domingo Perón, que dejó como saldo más de 300 muertos y alrededor de 1.000 heridos. Córdoba, Argentina.

Fotografía de los cuerpos de dos efectivos policiales en el suelo luego del ataque del Ejército Revolucionario del Pueblo al Departamento Central de Policía de Córdoba. Córdoba, Provincia de Córdoba.

Fotografía de varios autos quemados de la concesionaria Citroen en el marco de los sucesos conocidos como Cordobazo, son custodiados por miembros del Ejército, en el centro de la ciudad. Córdoba, Provincia de Córdoba.

Fotografía de una barriada sobre un bulevar de la ciudad rodeada de humo, en el marco de los sucesos conocidos como Cordobazo. Córdoba, Provincia de Córdoba.

Fotografía de una columna del sindicato de Luz y Fuerza encabezada por Agustín Tosco, se manifiesta en contra de la dictadura, en los sucesos conocido como Cordobazo. Córdoba, Provincia de Córdoba.

Fotografía de efectivos policiales en el momento de la detención de una persona en el marco de la represión de las fuerzas de seguridad y del Ejército en el Cordobazo. Córdoba, Provincia de Córdoba.

La colección está conformada por documentos y objetos reunidos por la Cámara Federal en lo Penal de la Nación (CFPN), conocida como Camarón o Cámara del Terror. La CFPN fue creada en mayo de 1971, durante la dictadura del general Alejando Agustín Lanusse, por el Decreto Ley 19.053. Esta normativa derogaba la Ley 18.670, aprobada en abril de 1970 por el régimen de facto encabezado por el general Juan Carlos Onganía, que establecía la instancia única y el procedimiento oral para una serie de delitos de competencia federal, para los que se cometieran en zonas de emergencia, contra establecimientos o instalaciones de utilidad nacional y/o para provocar alzamientos o resistencia a la autoridad y, finalmente, para los que tuvieran lugar en ocasión de huelgas, paros u otras medidas de fuerza. El objetivo de la CFPN, que se proponía agilizar los tiempos de la justicia ordinaria, era ""juzgar en instancia única y juicio oral todos los delitos de índole federal que se cometan en el territorio nacional y lesionen o tiendan a vulnerar básicos principios de nuestra organización constitucional o la seguridad de las instituciones del Estado”. Este tribunal especial, según establecía el decreto ley que le dio origen, tenía competencia sobre delitos tipificados en el Código Penal y en el Código de Justicia Militar, incluyendo tanto aquellos “previstos en la ley de represión de actividades comunistas N° 17.401"" como los casos de muerte o lesiones contra miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, siempre que no correspondiera la intervención de Tribunales Militares. También tenía injerencia cuando se trataba de delitos cometidos contra personal de las Policías Provinciales actuantes bajo órdenes de autoridades nacionales. La actividad de la CFPN se extendió hasta el 26 de mayo de 1973, cuando el gobierno democrático de Héctor Cámpora promulgó la ley 20.510 que la disolvía.
En su totalidad los documentos y objetos que contiene la colección son confiscaciones que la CFPN realizó a militantes populares considerados subversivos. Entre ellos podemos encontrar publicaciones periódicas de organizaciones políticas argentinas de la época, pronunciamientos sobre la Masacre de Trelew, folletos, boletines, informes, apuntes, afiches, banderas, armas caseras, objetos (miguelitos, mimeógrafos, baldosa conmemorativa, disco metálico con inscripciones de organizaciones), documentos de personas detenidas y sus familiares (carnet, cartas). Hay también, cartillas de instrucción militar y entrenamiento físico, escrituras de inmuebles, relatos de torturas, libretas de direcciones, listas de militares para ser ascendidos, entre otros.
Los documentos impresos pertenecientes al fondo dan cuenta de un amplio abanico de posiciones ideológicas de los diferentes frentes y organizaciones políticas, movimientos sociales, estudiantiles, sindicales barriales, eclesiales y profesionales de la época.

Este fondo reúne la documentación generada y recibida por el Ente Autárquico Mundial 78 (EAM 78) con el objeto de organizar y llevar adelante el Campeonato Mundial de Fútbol de ese año. La decisión de que la Argentina fuera la sede del evento había sido tomada ya previo al golpe de Estado del 24 marzo de 1976. Sin embargo, la Junta Militar le otorgó especial atención a la realización del Mundial, ya que consideraba que se trataba de una oportunidad privilegiada para mostrar una buena imagen del país a la comunidad extranjera, procurando evadir así las denuncias que circulaban en el extranjero contra la dictadura por violaciones a los derechos humanos.
Para su organización, el régimen militar creó, mediante la Ley N° 21.349 del 2 de julio de 1976, el EAM 78, que reemplazaba a la Comisión de Apoyo al Mundial dependiente del Ministerio de Bienestar Social. La entidad estuvo presidida inicialmente por el general Omar Actis. Luego de su asesinato, ocurrido el 19 de agosto de 1976, el cargo fue ocupado por el general (R) Antonio Merlo, aunque la mayoría de las decisiones en materia organizativa las tomó el contraalmirante Carlos Lacoste, quien había sido designado vicepresidente del organismo. Además de crear el EAM 78, la Junta Militar contrató a la empresa norteamericana Burson-Marsteller y Asociados, especializada en la mejora de la imagen de gobiernos, para que tuviera a cargo la publicidad del Mundial y demostrara que las denuncias contra la dictadura eran parte de una “campaña antiargentina” organizada desde el extranjero. A esto se destinó parte de los aproximadamente 500 millones de dólares que se gastaron para la realización del evento, una cifra astronómica para los parámetros de la época y que nunca pudo confirmarse con exactitud debido a la ausencia de balances contables. El dinero se utilizó también para remodelar algunos de los estadios que serían sede de los partidos y para la creación de una moderna planta de televisión a colores, el “Centro de Producción Buenos Aires”, ubicada en la esquina de la avenida Libertador y Tagle de la Ciudad de Buenos Aires.
Fuera de la Argentina, el Mundial generó un fuerte impacto entre las y los exiliados, que se tradujo en una fractura entre quienes pretendían impedir la realización del torneo –agrupados en el Comité de Boicot a la Organización del Mundial de Fútbol en la Argentina (COBA)– y quienes, en cambio, creían que el evento deportivo era una ocasión excepcional para concitar la atención de la prensa internacional y exponer así ante el mundo las atrocidades que cometía la Junta Militar en el país. Las posiciones y disputas entre ambos grupos quedaron reflejadas en la documentación que produjeron durante las distintas campañas de denuncia y solidaridad que llevaron adelante en diversos países de América y, fundamentalmente, de Europa Occidental.
El Mundial comenzó formalmente con la ceremonia de apertura que se realizó el 1 de junio, de la que participó el presidente de facto Jorge Rafael Videla, y se extendió a lo largo de poco más de tres semanas. La competencia deportiva tuvo como ganadora a la Argentina, que se consagró así por primera vez como campeona del mundo, aunque al día de hoy existen sospechas sobre el posible arreglo del partido en que la selección local le ganó 6 a 0 al combinado de Perú, resultado que le permitió clasificar a las instancias definitorias del certamen. En términos políticos, el enorme esfuerzo destinado por la dictadura para mejorar su imagen en el extranjero no rindió sus frutos, como dejaría en evidencia la creciente condena internacional al régimen militar durante los años posteriores.
Entre los documentos que forman parte de este acervo se encuentran: legajos de personal contratado, documentación administrativa, planos y fotografías de las obras realizadas en todo el país, expedientes de compras y contrataciones, resoluciones de la presidencia del Ente Autárquico, organigramas, adjudicaciones (muchas de ellas directas), libros de obras de construcción y ampliación de estadios de fútbol (River Plate, Vélez Sarsfield, Mar del Plata, Rosario Central, Córdoba y Mendoza), cintas de audio de partidos, correspondencia nacional e internacional, modelos de uniformes del personal, notas del concurso cerrado para la creación del afiche oficial Campeonato Mundial de Futbol 1978, fotocromos para boletines y transparencias varias, notas sobre las transmisiones televisivas, listados de acreditaciones periodísticas y planes de acción psicológica tendientes a mejorar la imagen del país.

La colección reúne copias digitales de documentos sobre Liliana Corti, nacida el 9 de mayo de 1950 en la ciudad de Buenos Aires, y Horacio Miguel Pietragalla, nacido el 3 de agosto de 1948 en la misma ciudad, quienes fueron militantes de la organización política Montoneros. También hay documentos de Horacio Pietragalla Corti, segundo hijo de la pareja, nacido el 11 de marzo de 1975.
El 15 de octubre de 1975 Horacio Miguel Pietragalla fue detenido en la ciudad de Córdoba y asesinado el 8 de noviembre del mismo año, mientras que Liliana Corti fue asesinada el 4 de agosto de 1976 en un operativo realizado en la casa donde vivía en Villa Adelina. El niño hijo de la pareja, de cinco meses, fue llevado por personal policial a la Clínica Mayo y a la Brigada Femenina de San Martín, siendo luego entregado por el teniente coronel Hernán Tetzlaff a una mujer que trabajaba como empleada doméstica en su domicilio.
En el año 2002 Pietragalla Corti inicia el proceso de reconstrucción de su identidad a través de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI). El 4 de abril de 2003 el resultado de los estudios de ADN confirmó que se trataba de Horacio, hijo de Liliana Corti y Horacio Miguel Pietragalla, constituyendo el nieto número 75 que las Abuelas de Plaza de Mayo restituyeron a su familia biológica. Los restos de Liliana Corti y los de Horacio Miguel Pietragalla fueron exhumados e identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el año 2004 y 2003 respectivamente.
La colección está constituida por documentos personales de Liliana y Horacio Miguel, tales como la invitación al casamiento de la pareja, la libreta de familia, certificados de nacimiento y defunción, fotografías, tarjetas, postales, algunas cartas que Horacio Miguel enviaba de niño, certificado de vacunación, la cédula de identidad del Ejército, el certificado de juramento a la bandera y un programa de una obra teatral en la que actuó Pietragalla, entre otros.
Hay, además, documentación de la actividad laboral de Liliana como es la copia fiel de su legajo de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), reparado por medio del decreto 1199/12 que alcanzó a las y los empleados/as de la Administración Pública Nacional que se encontraran en condición de desaparición forzada o hayan sido asesinados/as como consecuencia de la acción del terrorismo de Estado entre 1955 y 1983. El legajo cuenta con documentos como planillas y solicitudes de licencias y antecedentes administrativos que registran licencias por detenciones y su renuncia el 01 de enero de 1976.
También se encuentran documentos vinculados al ámbito educativo de Horacio Miguel. Hay una copia de su legajo de la Universidad de Buenos Aires, donde cursó sus estudios de Sociología, y un certificado de las materias realizadas. Asimismo hay un duplicado de su título de Bachillerato nocturno realizado en el Instituto Privado Incorporado a la Enseñanza Oficial Cardoso y los correspondientes boletines de calificaciones, certificados de conducta y algunos apuntes sobre historia argentina.
Adicionalmente hay algunos artículos periodísticos sobre el retorno al país del ex Presidente Juan Domingo Perón luego del exilio en 1972.
Una gran parte de la colección se encuentra conformada por la reunión de documentos vinculados a la desaparición forzada de Horacio Miguel y Liliana en 1975 y 1976 respectivamente, así como documentación vinculada a la búsqueda y restitución de la identidad de su hijo Horacio Pietragalla Corti. En este sentido, se encuentran solicitudes de paradero de Horacio Miguel presentadas por el padre de Horacio, Gerardo Horacio Pietragalla, y por su madre, María Angélica Ventura de Pietragalla, así como las respuestas obtenidas por el Ministerio del Interior notificando el desconocimiento de la ubicación de Horacio Miguel y certificando que no se encontraba detenido. Asimismo, hay solicitudes del paradero de su nieto Horacio Pietragalla Corti. También hay notas al Ministerio del Interior enviadas por el padre de Liliana, José Antonio Corti, solicitando conocer el paradero de su nieto y la respuesta del Ministerio, mientras que, en otras notas, el padre de Liliana solicita el cuerpo de su hija. Se puede encontrar además, una copia certificada por el Archivo Provincial por la Memoria de Córdoba del expediente 186.340 de 1976 del Ministerio del Interior iniciado por Gerardo Horacio Pietragalla solicitando información sobre el paradero de su hijo y otros documentos obrantes en ese Archivo provincial. Finalmente, se añaden documentos de las causas que investigan la sustracción, desaparición, retención y ocultamiento del niño Horacio Pietragalla Corti como por ejemplo la solicitud de acumulación de las causas, citaciones judiciales a declarar, entre otros documentos que evidencian la intensa búsqueda de la verdad y la justicia por parte de la familia de Liliana y Horacio Miguel así como de organismos de Derechos Humanos como Abuelas de Plaza de Mayo.

Fotografía del domicilio de César Emilio Anadón, oficial del Ejército en la Dictadura cívico-militar, custodiado por policías en el marco del escrache de H.I.J.O.S.. Córdoba.