Copia de legajo N° 2 BIS del Expediente N° 009-010-001 de la Dirección Federal de Seguridad de México que consta de copias de 216 fichas declaratorias de extranjeros ante el gobierno mexicano, con fotografía y huellas dactilares de personas de nacionalidad argentina que ingresaron a México tanto como turistas como en condición de asilados y refugiados.

Abarcando los años 1966-2010, la gran mayoría de la documentación refiere a los periodos comprendidos entre 1968-1973 y entre 1979-1984. La colección está organizada en tres agrupamientos. Por un lado, publicaciones y recortes periodísticos (el de mayor volumen), que contiene tanto publicaciones periodísticas y científicas, así como de las prensas de diversas agrupaciones gremiales o estudiantiles; a su vez, boletines emitidos por el departamento de prensa de la Universidad a lo largo de diferentes periodos, y recortes periodísticos de medios nacionales, locales y regionales que reflejan las actividades de la universidad, así como los diversos avatares tras el cierre. Existen recortes que si bien no hacen foco en la Universidad, refieren al sistema educativo o al ámbito universitario, y fueron incluidos en la selección.
Por otro lado, aquellos documentos vinculados con procesos históricos de la Universidad, como relatos y testimonios de las diferentes etapas históricas que atravesó el establecimiento, mayormente material administrativo, interno o de difusión, perteneciente a las diferentes organizaciones que operaron, ya sea en favor de la creación, para evitar el cierre o para lograr la reapertura de la universidad. Existe material perteneciente a la Comisión pro universidad, a la comunidad académica de la Universidad (denominación que tomó la asamblea que se mantuvo en movilización permanente desde el anuncio del cierre) y al grupo de docentes que se organizó en busca de la reapertura. También están incluidos dentro de esta serie diversos materiales gráficos.
Por último, la documentación institucional de la Universidad, centrada en cuestiones administrativas y de gobierno, ya sea esta de producción interna o de parte de los organismos estatales. Esto incluye tanto documentos creados con fines educativos (como pueden ser fichas o documentos de cátedra), o que sean un reflejo de la actividad educativa (como por ejemplo las planillas de calificación y asistencia). Hay también encuestas a alumnos que fueron realizadas luego del cierre con el objeto de cuantificar los daños y complicaciones que esto provocaba a los alumnos y a las comunidades de su zona de influencia.
También hay fotografías de Emilio Fermín Mignone, quien fuera vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Buenos Aires y fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales, ya que fue rector en la Universidad Nacional de Luján. Desde 1973, recibió y dio trabajo a profesores chilenos perseguidos por la dictadura pinochetista. Durante la dictadura, Mignone fue obligado a renunciar de su cargo y secuestraron a su hija Mónica, quien aún hoy permanece desaparecida.

La colección reúne expedientes del Ministerio de Justicia de diversa índole y correspondientes también a distintos períodos de la historia del país. Solo uno de los expedientes data de los años de la última ditadura cívico militar y refiere a la prohibición de disponer de los bienes por parte de determinadas personas de acuerdo a lo dispuesto por la Junta Militar en un acta del 18 de junio de 1976. El resto de los expedientes son de la década de 1980 y, entre ellos, hay algunos vinculados a una solicitud a distintas instancias del Poder Judicial, por requerimento de la Secretaría de Justicia de la Nación, de que se informe mensualmente acerca del personal de las Fuerzas Armadas (en actividad o situación de retiro) que se hallen involucrados en causas penales. También hay un expediente sobre un accidente de un Suboficial en Finalmente, se encuentra otro expediente relacionado a la causa "Fábrica militar de pólvoras y explosivos s/denuncia" en Bell Vill, Córdoba.

Esta colección reúne expedientes del Ministerio de Justicia caratulados en 2011 y 2012 pero tramitados hacia finales de la década de 1980 y principios de la década de 1990 por la entonces Secretaría de Justicia a pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (Subsecertaría de Derechos Humanos y de la Mujer) como intermediario de los organismos internacionales ante los cuales los casos por violaciones de derechos humanos eran tramitados. Entre los organismos internacionales se encuentran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La mayor parte de los expedientes se encuentran vinculados a violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico militar de 1976 a 1973, como detenciones y desapariciones forzadas así como apropiación de menores y sustitución de sus identidades. Entre estos casos se encuentran el caso sobre Irma Carolina Ferrero de Fierro y su esposo José Enrique de Fierro así como también sobre Marta Ester Gatica de Giulani todos quienes sufrieron detenciones ilegales; los casos de Rosario Isabella Valenzi de Sánchez y Alicia Consuelo Herrera; el caso de Guillermo Rolando Puerta; el de Josefina Prat Gómez Lencinas, Hilda Susana Dillon de Ales, María del Carmen Boll de Vanella, Antonio Zorrilla, Pascual Ariño y Aurora María Paulina Tosoratto de García; el caso presentado por Darwiniana Rosa Monaco de Gallicchio por la desaparición de su hija y la apropiación de su nieta; el caso de desaparición forzada de Emiliano Carlos Castro Tortrino y otros; el caso de Raquel Altamira de Vaca Narvaja, Olga del Valle Marquez de Aredez, Luis Baronetto y Cristina Díaz; los casos de Pedro Luis Mazzocchi y de la niña Laura Dorado; el caso de Graciela Cristina Chein; el de Bernardo Bartoli y Rubén Héctor Padula que fueron detenidos forzosamente entre 1975 y 1976; el caso de José Mariano Torregiani; el de Sofía de Apelbaum por la desaparición de sus hijos; el caso sobre la detención del señor Jorge Altamira y otros; y los casos Rosario Isabella Valenzi y Alicia Consuelo Herrera.
Otros expedientes, por su parte, se encuentran relacionados a graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en otros períodos como es el caso del expediente que contiene las denuncias de la comunidad guaraní Fortín Mboraré; la denuncia de Ernesto Máximo Rodríguez; una encuesta sobre la aplicación de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (1989) solicitada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU); la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por Raúl Sánchez Abelenda; el caso de María Arena por abusos cometidos por las autoridades penitenciarias del Gobierno Federal; el caso referido al juicio a los atacantes del regimiento de la Tablada; el caso sobre Julio y Luis María Armesto; la denuncia del señor Carlos Alberto Wuesen ante la CIDH; informe anual de la CIDH 1989-1990 a la asamblea general; la nota y anexos del Centro de Derechos Humanos en el orden internacional sobre "Principios y garantías para la protección de las personas recluidas por mala salud mental o padecer trastornos mentales"; y la denuncia de Horacio Verbitsky al Estado Argentino por violación a disposiciones del Pacto de San José de Costa Rica.

La colección reúne copias autenticadas de 17 expedientes de personas de ciudadanía argentina secuestradas y asesinadas en Uruguay. También se incluye un listado de las personas detenidas desaparecidas con una breve información biográfica de cada una que fue elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay. Al interior de cada uno de estos expedientes se encuentran distintos tipos de documentos como artículos de prensa, informes secretos de las personas, seguimientos de causas, entre otros, los cuales están detallados en una lista adjunta a la carátula de cada expediente, donde se consignan datos como código de referencia de la institución de origen, título, fechas extremas, volumen, productor y nivel de descripción.

La colección reúne dos expedientes producidos por Ramón Horacio Torres Molina en el cumplimiento de sus funciones como abogado de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. Refieren a dos casos presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), caso 10.181 y caso 10.147, por el incumplimiento por parte del Estado argentino de los artículos 50 y 61 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), vinculados a la anulación de sentecias a represores condenados por delitos de lesa humanidad en el marco de la aplicación de las leyes 23.492 y 23. 521 conocidas con Ley de Punto Final y Ley de Obediencia Debida respectivamente.

La colección contiene documentos relacionados con la Masacre de Pasco, es decir, relativos al secuestro, asesinato y dinamitación de los cuerpos de ocho militantes de la Juventud Peronista el 21 de marzo de 1975 por parte de agentes de la Triple A; hecho sucedido en el marco de un conflicto político transcurrido entre el 25 de julio de 1973 y el 12 de diciembre de 1975 vinculados a la destitución del Intendente de Lomas de Zamora de la Provincia de Buenos Aires Ricardo Ortiz, la asunción y destitución de Pedro Pablo Turner y la asunción como intendente de Eduardo Alberto Duhalde. Pedro Pablo Turner fue detenido en la provincia de Chaco el 29 de marzo de 1976 y unos días después su cuerpo fue hallado en Avellaneda (Provincia de Buenos Aires). En particular, la colección se compone de una carpeta titulada "Acontecimientos" con fotos y recortes de prensa organizados mensualmente de enero a mayo de 1974, una declaración testimonial del hermano y del hijo de Pablo Turner, la copia del Expediente 49025 de sucesión correspondiente al Juzgado de Primera Instancia Nº 9 en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires Año de fecha 23 de octubre de 1996, un telegrama escrito por Pedro Pablo Turner del 9 de agosto de 1974 dirigido al delegado de la CGT Valsechi denunciando injerencia gremial en relación a su suspensión como intendente, 13 fotografías, 74 páginas de recortes periodísticos y ejemplares del diario La Voz del Pueblo de diciembre de 1973 y mayo de 1974, suplemento de Evita Inmortal de La Razón del 17 de noviembre de 1974, diario Crónica del 18 de noviembre de 1972, diario La Opinión del 4 de julio de 1975, diario La Prensa del 5 de julio de 1975, diario Crónica del 1 de agosto de 1974,diario noticias del 5 de julio de 1974, parte del diario La Opinión del 28 de junio de 1975 y diario Así del 5 de julio de 1975.

La colección se compone del Expediente Nº 5746 del Ministerio de Gobierno y Justicia de la Pampa, iniciado el 22 de septiembre de 1997, con el asunto “S/presentación del Sr. Marcelino Acosta s/ubicación de un expediente relacionado con la violación de DDHH en nuestra provincia”. Marcelino Acosta le escribe al Representante del Consejo Federal de La Pampa, Carlos Mario Sánchez, Subsecretario de Justicia sobre una investigación realizada por él mismo en la que tomó testimonios en distintos lugares del país. Allí le solicita que remita esta investigación a la Subsecretaría de Derechos Humanos, ya que su contiene testimonios de represores, funcionarios de la época de la dictadura, así como de víctimas de los hechos vinculados al Terrorismo de Estado en la Provincia de la Pampa.

La colección cuenta con copias en soporte papel de la causa 890 caratulada "Colegio de Abogados Depto. Jud. Mar del plata y otros s/ denuncia s/ Desaparición Forzada de Personas” conocido como Juicio por la Verdad de Mar del Plata.
A 24 años del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, "surgió en Mar del Plata la necesidad de realizar un Juicio por la Verdad que permitiese avanzar en el esclarecimiento de los hechos de represión ocurridos durante la dictadura militar. La amplia convocatoria realizada en ese momento por los organismos de Derechos Humanos tuvo una gran aceptación. Es así que el conjunto de la sociedad, comprometiéndose a colaborar y participar en el mismo, expresó su intención de saldar la trágica historia vivida en la ciudad y su zona de influencia". Participaron de esta convocatoria más de cincuenta instituciones representativas de la sociedad en lo político, cultural, religioso, laboral y social y educativo.
En diciembre de 2000 se dio inicio al Juicio por la Verdad en la ciudad de Mar del Plata, interponiéndolo como una acción de amparo por parte de familiares y víctimas del terrorismo de Estado. La presentación se hizo ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Mar del Plata, solicitando a la Justicia que dispusiera lo necesario para la averiguación de la verdad con relación a la desaparición forzada de personas, y que se declarase el derecho de las familias de las víctimas y de la sociedad toda a conocer cuáles fueron las circunstancias de las desapariciones y, en su caso, dónde yacen los restos de las personas desaparecidas.

La colección se compone de una copia digital del expediente 17.092 por infracción del Art Nº5 Ley 20.840 y Ley 21.261 de Andrés Staldeker y otros, perteneciente al Juzgado Federal de 1º instancia Azul, Olavarría, Buenos Aires, Secretaría en lo Criminal y Correccional. Incluye a José Ricciardi detenido acusado por "extremista" y preso en la Unidad de Azul. Este expediente fue solicitado al Juzgado de Azul por su hija Rosana.
Además, la colección incluye una investigación (PDF 26 páginas) de Rosana Ángela Ricciardi, Profesora en Psicopedagogía y Especialista en nivel superior en Educación y Derechos Humanos, titulada "La mirada local del rol empresarial, de civiles de los medios de comunicación durante la dictadura militar de 1976 y su relación con la detención y desaparición de obreros". Asimismo integran la colección un proyecto de su autoría del curso "Los sitios y espacios de memoria: políticas públicas para la construcción de derechos" que se presentó en el curso sobre sitios de memoria de la escuela provincial de DDHH, así como un mapa de su autoría en conmemoración del 24 de marzo para un concurso.

La colección se compone de la nota presentada por Miguel Ángel Núñez Cortez al Presidente del Archivo Nacional de la Memoria, adjuntando copia del expediente Nº 26013/1976 del Interventor Militar en Gas del Estado donde se determina su cesantía y el telegrama de su baja del 24 de abril de 1976. A su vez, adjunta copia de la Ley Nº 21.274 (de prescindibilidad) mediante la cual se establecían las cesantías de trabajadores de la Administración Pública y copia del Boletín Oficial Año LII Nº 31 del 16 de abril de 1976 de la Provincia de Catamarca (con el objeto de mostrar el alcance de aplicación de la ley). También consta el proyecto de ley presentado ante la Cámara de Diputados de la Nación de "reivindicación histórica para los cesanteados por el gobierno militar".
También, componen la colección quince expedientes de los cuales tres son de cesantías y doce son recursos de revocatoria interpuestos por los y las trabajadoras cesantes, la totalidad de estos quince expedientes corresponden al año 1977.
Por último, forman parte de esta colección los listados remitidos por la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de trabajadores cesanteados en Gas del Estado en el periodo de marzo de 1976 a diciembre de 1983, el motivo de su cesantía u otra causal de cesación en el cargo y el nombre de las persona reincorporadas; y un listado de los egresos ocurridos en esas fechas por las Leyes N° 21.260 y 21.274 y el personal que fue reincoporado. Corresponde mencionar que en la nota de dicho Ministerio se deja constancia que los legajos de esos trabajadores se encuentran disponibles para su consulta.

La colección se compone de documentos de la Embajada y Consulados Generales de España en Argentina (Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario) sobre personas españolas e hispanoargentinas desaparecidas, detenidas y liberadas en Argentina entre los años 1970 a 1980.
Constan: expedientes confeccionados por las diferentes sedes diplomáticas a partir de la documentación y denuncias realizadas por familiares, así como gestiones de los consulados y la embajada; gestiones realizadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); y gestiones y denuncias realizadas por organismos de derechos humanos de Argentina y Latinoamérica durante la dictadura argentina y los primeros años de retorno de la democracia en dicho país.