La serie reúne documentación de distinto tipo recopilada por Carlos González Gartland vinculada a cárceles y presos políticos. En una carpeta se agrupan recortes de prensa de medio tales como La Opinión, Día por Día, Excelsior, Uno más uno, La Nación y El nacional, publicados entre los años 1977 y 1980 relacionados con esta temática. Además, hay comunicados de prensa y denuncias sobre las las condiciones infrahumanas de las cárceles realizadas por organismos de derechos humanos como COSPA, Comisión Argentina de los Derechos Humanos (CADHU), Familiares de detenidos por razones políticas, Comité Jozami, entre otras.
También hay cartas que siguen casos de detenidos, informes de personas detenidas, informes elaborados por presos/as y testimonios personales que dan cuenta de las condiciones de vida en la cárcel.

Este fondo contiene copia los cuerpos de la investigación preliminar de la Causa "Masacre de Napalpí s/juicio por la Verdad" inciada en 2014, la documentación agregada en instrucción suplementaria, las audiencias del juicio, el fallo y fundamentos de la sentencia y los informes de cumplimiento de la sentencia de la Unidad para la Ejecución de la Sentencia de la Causa "Masacre de Napalpí s/juicio por la Verdad".

La particularidad de este juicio se relaciona con la complejidad de la investigación judicial llevada adelante, que debió indagar sobre hechos ocurridos un siglo antes. En la sentencia del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia se establece que la "Masacre de Napalpí" constituyó un crimen de lesa humanidad y da como probados los hechos que se detallan a continuación: “El sábado 19 de julio de 1924, en horas de la mañana, alrededor de un centenar de policías de territorios nacionales, gendarmes y algunos civiles armados, ayudados por logística aérea, llegaron a la zona de El Aguará, ubicada en el interior de la Reducción de Indios de Napalpí, donde aproximadamente 1000 personas, compuestas por familias Moqoit, Qom y algunos peones correntinos y santiagueños, estaban realizando una huelga concentrados en tolderías, a modo de campamentos, para reclamar por las condiciones a las que estaban sometidos. Llegaron montando caballos, se establecen a una distancia cercana del campamento y desde allí dispararon con sus fusiles y carabinas, todos a la vez y a mansalva por el espacio de una hora. De forma inmediata, por el impacto de la balacera, cayeron muertos estimativamente entre cuatrocientos y quinientos integrantes de las etnias Qom y Moqoit, entre ellos niñas y niños, mujeres, algunas de ellas embarazadas, varones, ancianos y ancianas. En algunos casos, perdieron la vida varios de los componentes de una misma familia. Los/as heridos/as que quedaron en el lugar y no pudieron escapar a tiempo fueron ultimados/as de las formas más crueles posibles. Se produjeron mutilaciones, exhibiciones y entierros en fosas comunes. Los/as sobrevivientes que pudieron escapar, atravesando los cardales, soportando el hambre, la sed, el frio, debieron esconderse durante mucho tiempo para evitar ser capturados/as y asesinados/as. La perpetración de la Masacre, por su propia complejidad, requirió de la previa concepción de un plan, que supuso una exhaustiva coordinación, organización logística, distribución de roles, movilización de diversos contingentes de tropas, su traslado y concentración desde varios días antes, gran cantidad de armamento y municiones, su acampe y alimentación, además del apoyo de una avioneta que realizó por lo menos, tareas de inteligencia y observación. Tales hechos ocurrieron en el contexto de la Reducción de Indios de Napalpí, la cual fue creada por el Estado argentino bajo la dirección civil del Ministerio del Interior, con el objetivo de culminar el proceso de ocupación del territorio de las poblaciones indígenas y su sometimiento a la explotación laboral. Sus condiciones de vida eran deplorables, vivían hacinados/as, sin vestimenta apropiada, con poca comida y de mala calidad, sin atención médica ni posibilidad de escolarizarse. Allí les cobraban por los elementos de trabajo, como así, por las bolsas de algodón y un impuesto del 15% sobre la cosecha y costosos fletes para su traslado, a los pocos que se les dio la posibilidad de hacerlo, siendo el resto obligados/as a trabajar extensas jornadas para la Reducción o vecinos hacendados, pagándoles con vales. Asimismo, fue decretada su prohibición de salir del territorio y no podían elegir dónde y para quien trabajar. Las mujeres indígenas trabajaban intensamente y sin remuneración, eran frecuentes los abusos, es decir, en condiciones análogas a la esclavitud. Todo ello dio lugar a la protesta y reunión de alrededor de mil indígenas en la zona de El Aguará, en el interior de la Reducción, donde luego ocurrió el ataque. Una vez producida la masacre, desde el Estado se llevó adelante una estrategia de construcción de una historia oficial, a los fines de negar y encubrir la matanza, siendo presentados los hechos como un supuesto enfrentamiento entre las etnias y posterior desbande, que habría tenido como consecuencia la muerte de cuatro indígenas, uno de ellos el importante dirigente Pedro Maidana. La prensa oficialista reprodujo la versión brindada por los oficiales policiales y los funcionarios del gobierno del territorio, que luego avaló la justicia local, en un proceso en el que declararon solo los efectivos y civiles que participaron de la agresión, pero ningún indígena. En paralelo, el oficialismo en el Congreso de la Nación obstruyó la conformación de una Comisión Investigadora, a pesar de las aberrantes denuncias que se conocían y la existencia de testigos calificados que podían narrar aquella barbarie. La masacre provocó graves consecuencias en los sobrevivientes y en sus descendientes. Producto de ello y de una sistemática opresión, las generaciones posteriores de los pueblos Moqoit y Qom sufrieron el trauma del terror, el desarraigo, la pérdida de su lengua y su cultura”.

En los cuerpos de la investigación preliminar, en términos generales, se encuentran documentos jurídicos propios del desarrollo de la investigación judicial y del juicio, tales como requerimientos de la fiscalía, dictámenes del juzgado, ofrecimientos de prueba, entre otros. Además estos cuerpos contienen testimonios producidos en las dos etapas de la investigación, en instrucción y durante las audiencias orales del juicio así como también se incluyen las copias de libros, informes, artículos académicos y periodísticos y otro tipo de producción académica y no académica. Asimismo, se encuentran unidades documentales que fueron incorporadas directamente o como anexos de informes institucionales, tales como expedientes del Ministerio del Interior aportados por el Archivo General de la Nación, fotografías de relevancia pertenecientes a museos o archivos locales o extranjeros, y decretos y leyes publicadas en el Boletín Oficial de la República Argentina. Cabe señalar también que, además de los cuerpos creados a partir del 2014 el fondo también contiene copia de los dos cuerpos del expediente iniciado en 1924. La organización y contenido de la documentación responde, en gran medida, a las decisiones y estrategias de la Unidad Fiscal.

Publicación realizada en Madrid y en París que contiene un listado de aproximadamente ocho mil (8000) personas desaparecidas en Argentina. La lista fue elaborada por la CADHU en base a datos propios recogidos y a listados publicados por otras organizaciones humanitarias, de solidaridad, políticas, sindicales, religiosas y culturales de Argentina y del resto del mundo. Contiene los siguientes datos de cada persona desaparecida: Nombre y apellido, Nacionalidad, Edad, N° de documento, Fecha y lugar de secuestro.

Esta serie reúne artículos, mayormente periodísticos, acerca de la detención y desaparición de Eduardo Korsunsky así como de la dictadura en general y sobre la lucha de Madres de Plaza de Mayo, especialmente de la búsqueda de Celia Jinkis de su hijo Eduardo. De las décadas de 1970 y 1980, algunos de ellos son recortes de las solicitadas publicadas en diferentes medios por la aparición de detenidos desaparecidos, entre los cuales se menciona a Eduardo. Otros, por su parte, tienen la foto de Eduardo y un texto sobre la búsqueda de su paradero. Por otro lado, hay artículos sobre su detención y desaparición en particular y sobre la desaparición de otros pampeanos y la causa llevada adelante por la búsqueda de treinta casos.
De la década de 1990, hay dos artículos periodísticos en los que se informa acerca de la decisión de la Comisión de festejo del centenario de la Escuela N°15 "José Hernández" de no permitir un homenaje a Eduardo Sergio Korsunsky.
Asimismo hay artículos sobre Celia y su lucha, sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad, acerca del Padre Carlos Mujica, sobre un homenaje a ex alumnos de la Escuela General Mosconi de Ingeniero White que se encuentran detenidos desaparecidos, entre otros, que reflejan las preocupaciones de Celia Jinkis y el camino de búsqueda de su hijo, tras su desaparición en 1976.

Esta serie reúne tramitaciones realizadas por Celia Jinkis de Korsunsky a partir de la detención y desaparición de su hijo Eduardo Korsunsky en 1976, incluyendo las acciones judiciales realizadas desde ese momento para localizar su paradero. Contiene distintos tipos de presentaciones judiciales como por ejemplo borradores de recursos de habeas corpus, ampliación de medidas y acciones, reiteratorios frente a las negativas de los habeas corpus recibidas de las distintas instancias y jurisdicciones del Poder Judicial. También pueden encontrarse declaraciones testimoniales y comunicaciones intercambiadas con los juzgados y tribunales en el marco de investigaciones sobre delitos de lesa humanidad a partir de la reapertura de los juicios en el año 2003, así como copia de las pruebas documentales presentadas. Finalmente, también se encuentran algunas de las denuncias realizadas ante distintos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. El recorrido por estos documentos permite recuperar el derrotero que significó para miles de Madres de Plaza de Mayo la búsqueda de sus hijos detenidos desaparecidos por la dictadura cívico militar.

La colección se compone de la nota presentada por Miguel Ángel Núñez Cortez al Presidente del Archivo Nacional de la Memoria, adjuntando copia del expediente Nº 26013/1976 del Interventor Militar en Gas del Estado donde se determina su cesantía y el telegrama de su baja del 24 de abril de 1976. A su vez, adjunta copia de la Ley Nº 21.274 (de prescindibilidad) mediante la cual se establecían las cesantías de trabajadores de la Administración Pública y copia del Boletín Oficial Año LII Nº 31 del 16 de abril de 1976 de la Provincia de Catamarca (con el objeto de mostrar el alcance de aplicación de la ley). También consta el proyecto de ley presentado ante la Cámara de Diputados de la Nación de "reivindicación histórica para los cesanteados por el gobierno militar".
También, componen la colección quince expedientes de los cuales tres son de cesantías y doce son recursos de revocatoria interpuestos por los y las trabajadoras cesantes, la totalidad de estos quince expedientes corresponden al año 1977.
Por último, forman parte de esta colección los listados remitidos por la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de trabajadores cesanteados en Gas del Estado en el periodo de marzo de 1976 a diciembre de 1983, el motivo de su cesantía u otra causal de cesación en el cargo y el nombre de las persona reincorporadas; y un listado de los egresos ocurridos en esas fechas por las Leyes N° 21.260 y 21.274 y el personal que fue reincoporado. Corresponde mencionar que en la nota de dicho Ministerio se deja constancia que los legajos de esos trabajadores se encuentran disponibles para su consulta.

El fondo, que es una parcialidad del mismo, reúne documentación de y sobre Patrick Rice organizada por su esposa Fátima y sus hijos. Patrick Rice fue un sacerdote iralndés, que se radicó en Argentina en la década de 1970, y fue además activista y defensor de los derechos humanos. En 1976 fue secuestrado y desaparecido junto a su esposa y, tras las presiones del gobierno irlandés, ambos fueron liberados exiliándose a Londres hasta 1984, año en que regresan a Argentina.
Dentro de los documentos que componen este fondo hay documentación personal de Patrick Rice, también documentos vinculados a los Pequeños Hermanos del Evangelio de la Fraternidad Carlos De Foucaud, organización a la que ingresó en 1972; y documentos relacionados al funcionamiento de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM) de la cual Patrick Rice fue fundador y secretario general. Asimismo se incluyeron copias digitales del artículo "Patrick Rice, un misionero católico irlandés" de la revista "Satiricón" del año 1984; un libro fotocopiado y anillado de Archivos del Vaticano "Archivio del Consilium pro Publicis Ecclesiae Negotiis" y correspondencia personal dirigida a su familia en Irlanda.

Esta serie reúne diversas comunicaciones sobre los cuestionarios a militares enviados por la CONADEP a miembros de las Fuerzas Armadas a través del Ministerio de Defensa y a miembros de las Fuerzas de Seguridad a través del Ministerio del Interior en 1984 con el objeto de llevar adelante sus tareas de investigación sobre la detención y desaparición de personas durante la dictadura cívico-militar. El 5 de julio de 1984, considerando que era neCésario afianzar la justicia y consolidar la paz interior y para lograr esto eran indispensables las declaraciones del personal de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la Nación, Raúl Ricardo Alfonsín firmó el decreto 2107/84. Por medio de esta normativa se autorizó de forma genérica al personal de las Fuerzas Armadas "a quienes les sean legalmente requeridos informes, declaraciones o documentos referidos a la lucha contra la subversión y el terrorismo, a declarar sobre hechos o asuntos del servicio que se refieran a dicha actividad, sin necesidad de solicitar en cada caso concreto la venia que prescriben los reglamentos militares pertinentes".
Esta serie reúne algunos de los cuestionarios que la CONADEP envió a altos mandos de las distintas Fuerzas por medio del Ministerio de Defensa con preguntas vinculadas a su participación personal y directa en la planificación, dirección y ejecución de la lucha antisubversiva según la interpretación dada a los decretos 261/75 y 2772/75 emanados del Poder Ejecutivo Nacional, a las normativas legales que legitimaron los métodos y operativos utilizados y a los parámetros jurídicos para discernir entre quién era subversivo y quién no, así como a las formas de documentar ese accionar. Asimismo se encuentran las respuestas por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas, enviadas también a través del Ministerio, muchas de las cuales se negaron a responder el cuestionario.

Listado manuscrito de personas detenidas desaparecidas o asesinadas con fecha y lugar del hecho.

La serie "Publicaciones de la CADHU" reúne las distintas publicaciones que realizó la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) con el objetivo de dar publicidad en diferentes formatos a investigaciones relativas a violaciones de Derechos Humanos por parte del Estado Argentino e informaciones sobre la CADHU, sus misiones y su accionar. Entre las publicaciones se encuentra "Proceso al Genocidio", primer informe integral sobre las violaciones a los derechos humanos en el país. Editado en Madrid gracias a las gestiones del cineasta español Elías Querejeta, el libro fue redactado por Eduardo Duhalde y Gustavo Roca, pero su insumo fundamental fue la información que integrantes y colaboradores de la CADHU habían obtenido clandestinamente en la Argentina y, luego, sacado del país por distintas vías. El informe no sólo denunció los crímenes dictatoriales como parte de un genocidio, apelando así a una figura instalada en el derecho penal internacional, sino que además acuñó la noción de “terrorismo de Estado” para describir el esquema represivo montado por la Junta Militar.
Dentro de estas publicaciones, pueden encontrarse testimonios de personas sobrevivientes de centros clandestinos de detención, que eran dados a conocer por la CADHU para dar máxima difusión a estos hechos. Para ampliar el alcance de la denuncia internacional, algunos de estos testimonios fueron publicados en otros idiomas además del español, como en francés. Del mismo modo, se sintetizaron informaciones extraídas de los testimonios y fueron publicadas en formato de informe, centradas en el funcionamiento de los centros clandestinos de detención como La Perla y la Escuela de Mecánica de la Armada.
Asimismo, dentro de esta serie, se reúnen distintos informes realizados y publicados por la CADHU con el objetivo de denunciar algún aspecto específico del Terrorismo de Estado, como las condiciones de los presos políticos en las cárceles en Argentina o el rol de la Iglesia Católica Argentina durante la dictadura; así como informes producidos por organismos internacionales, como las Naciones Unidas.
Por último, se incluyen listados de personas denunciadas como desaparecidas recopilados en base a datos propios de las denuncias recibidas por la CADHU y a listados publicados por distintas organizaciones.

Esta serie reúne documentación vinculada a los casos de personas detenidas desaparecidas sometidos a la consideración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 1979 esta Comisión realizó una vista a la Argentina que tuvo un enorme impacto en tanto otorgó un respaldo internacional muy importante para las denuncias que venían realizando los organismos de derechos humanos de detenciones ilegales y forzadas así como de desapariciones de personas. Entre los documentos se pueden encontrar listados de casos que la Comisión consideró de interés para investigar durante esta observación in-loco a la Argentina, los cuales tienen diferentes clasificaciones ya sea por número de caso, por ciudades, por lugar de detención o por temas. Hay también algunos testimonios recibidos por la Comisión durante esta visita así como algunos capítulos del informe que la Comisión presentó como resultado de la misma. Además, se reúnen algunas comunicaciones de la CIDH con el Ministerio del Interior del interior en relación al informe y con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina y la Misión Permanente de la República Argentina ante la Organización de los Estados Americanos vinculadas a los casos investigados por la Comisión.

Listado manuscrito de personas secuestradas, detenidas desaparecidas y asesinadas entre 1975 y 1975.

Aviso: la serie se encuentra en proceso de descripción. Por el momento, solamente fueron subidos a este catálogo en línea los documentos vinculados al registro de los procedimientos efectuados por la CONADEP. En breve, se actualizará la descripción incorporando las restantes unidades documentales que componen la serie.

Esta serie reúne tanto algunas de las actas de reconocimiento de los Centros Clandestinos de Detención (CCD) elaboradas como registro de las visitas e inspecciones realizadas por la CONADEP en los espacios denunciados como lugares de detención, así como las fichas de información sobre los CCD y relevamientos documentales producto de la sistematización de los datos recopilados en base a los testimonios brindados por las víctimas que pasaron por esos CCD y pudieron dar detalles de los mismos.
Las fichas de sistematización de la información existente sobre los Centros Clandestinos de Detención (CCD) eran elaboradas a partir de la información recibida por la Secretaría de Denuncias, la cual era luego trabajada en conjunto con la Secretaría de Procedimientos para reagrupar por CCD las denuncias individuales. Estas fichas contienen, en general, una descripción del CCD (su ubicación, su dependencia orgánica, su infraestructura, sus fechas y modo de funcionamiento, su capacidad, la vida cotidiana en su interior, las formas de registro de los detenidos, las modalidades de interrogatorios y torturas, los botines de guerra y el listado de mujeres embarazas y niños nacidos en el lugar) y, en algunos casos, croquis o extractos de testimonios de víctimas que permanecieron cautivas en el lugar o de otros denunciantes, como familiares de víctimas o ex integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. A partir de esta sistematización, la Secretaría de Procedimientos preparaba las inspecciones oculares a los distintos espacios denunciados como lugares de detención, cuyo registro quedó plasmado en las actas de reconocimiento, grupales e individuales, que también conforman esta serie, junto a otros documentos surgidos del relevamiento documental realizado por integrantes de la CONADEP. Estos procedimientos contaron, a su vez, con un registro fotográfico, disponible en la serie Registros fotográficos de reconocimiento de Centros Clandestinos de Detención (CCD) (AR-ANM-SDH-CONADEP-02).
Las actas y registros de los procedimientos e inspecciones realizados por la CONADEP dan cuenta de los recorridos realizados a lo largo de todo el país por los miembros de la Comisión, las distintas Delegaciones -junto a algunos sobrevivientes- que pudieron registrar y determinar con exactitud los distintos lugares que fueron utilizados como Centros Clandestinos de Detención. Los procedimientos completos constan de los siguientes elementos: un informe de las visitas realizadas, un acta general y distintas actas firmadas por cada uno de los testigos, los croquis que permiten visualizar espacialmente los lugares recorridos, así como una selección de las fotografías tomadas por Enrique Shore. Las actas que se preservan al día de hoy corresponden a los siguientes CCD: Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Olimpo, Superintendencia de Seguridad Federal (Coordinación Federal), El Chalet (Hospital Posadas), Comando V Cuerpo de Ejército, La Cacha, Campo de Mayo (Escuela Lemos o El Campito), Cementerio de Ezpeleta, La Cueva (Base Aérea de Mar del Plata), Base Naval "Mar del Plata" (Agrupación de Buzos Tácticos), Comisaría 4 de Mar del Plata, Destacamento de Policía Caminera de Batán, Cuartel de Bomberos de Mar del Plata, Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM), Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, La Perla, Dique San Roque, Campo de la Ribera, Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza (D-2), Comisaría 7 de Godoy Cruz, Compañía de Comunicaciones de Montaña 8, Penitenciaría provincial de Mendoza, Batallón de Comunicaciones 121 de Rosario, Comisaría 2 de Escobar (Ingeniero Maschwitz), Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu, Base Militar en Lules, Jefatura de Policía de la Provincia de Tucumán, Escuelita de Famaillá, Base Militar en Ingenio "La Fronterita”, Escuela de Educación Física de la UNT (EUDEF), COT Martínez, Puesto Vasco, Brigada de Investigaciones de San Nicolás, Monte Pelloni, Brigada de Investigaciones de las Flores, El Banco, Sección Explotación del Comando 3er Cuerpo de Ejército, Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa y Destacamento Policial de San Antonio.
Hay fotografías de las inspecciones oculares pero no se encuentran las actas del procedimiento en los siguientes casos: Comisaría 1 de Tigre, Comisaría 4 de Santa Fe, Arsenal Miguel de Azcuénaga y Escuela República del Perú.
A pesar de la reticencia de los integrantes de la Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad a que se llevara adelante una revisión de su actividad represiva durante los años de dictadura, la CONADEP logró registrar y comprobar, a través de inspecciones oculares con sobrevivientes, la existencia de unos 340 centros clandestinos de detención, la mayoría ubicados en dependencias policiales y militares todavía en funcionamiento.
Una vez finalizada la tarea de la CONADEP, la entonces Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación continuó con el trabajo de recopilación de información sobre estos Centros Clandestinos de Detención y reorganizó la documentación en base a estas investigaciones, agrupándolas geográficamente.