Fotografía de manifestantes en el Aeropuerto Interncional de Ezeiza, que acompañan el arribo de los presos políticos del penal de Rawson recientemente liberados por disposicón del Poder Ejecutivo. Ezeiza, Provincia de Buenos Aires.

Fotografía de un grupo de presos en las escaleras una cárcel, en el marco del Plan Conintes (Plan Conmoción Interna del Estado), régimen represivo implementado durante el gobierno de Arturo Frondizi que otorgaba jurisdicción a las Fuerzas Armadas en los conflictos internos del país. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

El fondo refleja la actividad solidaria y de denuncia que desarrolló Alicia Raquel Puchulu de Drangosch, quien debió exiliarse del país junto con una de sus hijas y sus nietos como consecuencia de la persecución y desaparición de varios familiares (sus hijos Adriana y Hugo Ricardo Drangosch y sus yernos Mario Rodríguez, Arnaldo del Valle Moyano y Samuel Leonardo Slutzky) durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina, el allanamiento de los domicilios de sus hijas Raquel Herminia Drangosch y Susana Drangosch, y con el objetivo de garantizar su seguridad y la de su familia. Gracias a la colaboración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se asiló primero en Brasil y luego viajó a Holanda donde permaneció varios años. Durante su estadía en Holanda fundó y presidió la Comisión de Solidaridad con Familiares de Desaparecidos en Argentina (COSOFAM) cuyo objetivo fue la promoción y realización de acciones de solidaridad y apoyo a las víctimas del terrorismo de Estado tanto en Argentina como en América Latina. Esta tarea fue realizada en constante colaboración con otros organismos de Derechos Humanos. Durante su exilio en Europa, Alicia también fue representante de Madres de Plaza de Mayo.
En este sentido, el fondo reúne documentos tales como fotografías, correspondencia entre las distintas instituciones que desde el exilio realizaron acciones a favor de los desaparecidos, denuncias, testimonios de detenidos en Centros Clandestinos de Detención Tortura y Exterminio, listados de detenidos-desaparecidos, publicaciones relativas a la lucha por los derechos humanos, boletines, comunicados de prensa, declaraciones, informes, folletos, invitaciones, y una gran cantidad de afiches que formaron parte de la campaña gráfica desde el exilio de denuncia del terrorismo de estado en Argentina y América Latina.

Hombres y mujeres jóvenes detenidos en la cárcel de Villa Devoto por razones políticas,en cuyas paredes están escritos los nombres de militantes asesinados en Trelew - Alfredo Kohon; Ana María Villarreal de Santucho; María Angélica Sabelli - cortan telas y cosen banderas en un pabellón, horas antes de la salida en libertad. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Hombres y mujeres jóvenes detenidos en la cárcel de Villa Devoto por razones políticas, cortan telas y cosen banderas sobre una larga mesa de un pabellón, horas antes de la salida en libertad. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Hombres y mujeres jóvenes detenidos en la cárcel de Villa Devoto por razones políticas, preparan volantes sobre una larga mesa de un pabellón, horas antes de la salida en libertad. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Vista del exterior de la ciudad desde un ventanal de la cárcel de Villa Devoto. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Un grupo de jóvenes mujeres y hombres detenidos en la cárcel de Villa Devoto por razones políticas miran al teleobjetivo de la cámara, apostados en un ventanal del penal horas antes de ser liberados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Vista de la puerta abierta de una celda de la cárcel de Villa Devoto, con pintadas políticas del Ejército Revolucionario del Pueblo y el nombre de Clarisa Lea Place y Pedro Bonet asesinados en Trelew el 22 de agosto de 1972. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Vista de una pared con pintadas políticas de un pabellón de la cárcel de Villa Devoto en la que puede leerse el nombre de la organización Montoneros. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Vista de un pabellón de la cárcel de Villa Devoto con las puertas abiertas de las celdas y sus paredes pintadas con consignas y afiches políticos entre los que se leen los nombres de Jorge Ulla y Eduardo Capello, asesinados en Trelew el 22 de agosto de 1972. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Un grupo de jóvenes detenidos en el penal de Villa Devoto por razones políticas, en un pabellón pintado con consignas políticas entre las que se leen Perón o Muerte y Montoneros. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Un grupo de jóvenes detenidos por razones políticas en un pabellón de la cárcel de Villa Devoto, con las puertas de las celdas abiertas, horas antes de ser liberados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Un grupo de jóvenes detenidos por razones políticas en un pabellón de la cárcel de Villa Devoto, con las puertas de las celdas abiertas, horas antes de ser liberados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

La colección reúne informes elaborados por la Cruz Roja Internacional sobre las visitas a las cárceles en la que se encontraban los detenidos y detenidas por razones políticas durante la dictadura cívico-militar de 1976- 1983 en Argentina.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) fue creada por el presidente Raúl Alfonsín a través del decreto Nº 187 del 15 de diciembre de 1983. Contra la propuesta esbozada por la mayoría de los organismos de derechos humanos, que reclamaban la creación de una Comisión bicameral para la investigación de los crímenes de la última dictadura (1976-1983), el titular del Poder Ejecutivo optó por una Comisión de “notables” compuesta por personalidades destacadas de la vida política, cultural y religiosa argentina, presidida por el escritor Ernesto Sábato. Sus otros integrantes fueron Magadalena Ruiz Guiñazú, Ricardo Colombres, René Favaloro –quien renunció poco después–, Hilario Fernández Long, Carlos Gattinoni, Gregorio Klimovsky, Marshall Meyer, Mons. Jaime F. de Nevares, Eduardo Rabossi, Santiago López, Hugo Piucill, Horacio Huarte, Graciela Fernández Meijide, Daniel Salvador, Raúl Aragón, Alberto Mansur y Leopoldo Silgueira.
El objetivo de la CONADEP, que inicialmente funcionaría por seis meses, era recibir denuncias y pruebas sobre los secuestros y desapariciones perpetrados durante la dictadura para remitirlas a la Justicia, investigar cuál había sido el destino de los desaparecidos y desaparecidas y determinar el paradero de los niños y niñas apropiados en el marco del terrorismo de Estado. Además, debía denunciar cualquier intento de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad por destruir evidencia de los crímenes de la represión. Todos los datos recabados durante las labores investigativas serían recopilados en un informe final que se pondría en manos del presidente de la Nación. La entrega se efectivizó el 20 de septiembre de 1984, luego de extenderse por tres meses el plazo establecido originalmente para el funcionamiento de la CONADEP, en un acto que tuvo lugar en la casa de gobierno. Dos meses después, el informe fue publicado bajo el título Nunca más por la editorial universitaria EUDEBA, convirtiéndose en un éxito de ventas.
Las tareas de la Comisión se desarrollaron en un clima cargado de tensión por la reticencia de los integrantes de la Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad a que se llevara adelante una revisión de su actividad represiva durante los años de dictadura. A pesar de ello, y de las dificultades que planteaba la recopilación de información en las zonas alejadas de los grandes centros urbanos, la CONADEP logró registrar 8.960 casos de desaparición forzada y comprobar, a través de inspecciones oculares con sobrevivientes, la existencia de unos 340 centros clandestinos de detención, la mayoría ubicados en dependencias policiales y militares todavía en funcionamiento.
La información recopilada por la Comisión dejó en evidencia que, lejos de constituir “excesos” aislados, los secuestros, las torturas, las desapariciones y los asesinatos habían formado parte de un plan sistemático organizado desde las más altas jerarquías de las Fuerzas Armadas. Esta constatación fue clave para lograr la condena de los integrantes de las tres primeras Juntas Militares en el denominado Juicio a las Juntas, realizado entre abril y diciembre de 1985. La importante circulación pública del Nunca más, por otra parte, fue central para la conformación de una primera memoria pública sobre los crímenes de la dictadura argentina.
El subfondo CONADEP, perteneciente al Fondo Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dado el traspaso de funciones a este organismo el cual continuó gestionando, interviniendo y modificando los documentos, se compone de distinto tipo de documentación que refleja la actividad realizada por la Comisión en el marco de sus labores investigativas. Incluye, en primer lugar, los legajos constituidos a partir de formularios que recogían las denuncias de familiares, sobrevivientes o testigos ocasionales de acciones represivas. Estos formularios incorporaban información diversa como ser el nombre y apellido de la víctima, su fecha de nacimiento, documento de identidad, profesión o trabajo, lugar de estudio o trabajo, domicilio, estado civil, número de hijos y edad; fecha, hora y lugar del secuestro, descripción del hecho, mención a testigos si los hubiese y de los posibles responsables; las gestiones realizadas por los familiares y allegados de las víctimas, las respuestas obtenidas ante esos requerimientos y los datos del denunciante. Este subfondo reúne además, más de dos mil fotografías tomadas por el fotógrafo Enrique Shore durante las inspecciones oculares en los centros clandestinos de detención (CCD) así como las actas elaboradas a partir de esas inspecciones junto a un vasto relevamiento documental hecho por la Comisión sobre los CCD. Por otra parte, el fondo contiene también las actas de las reuniones que realizó la CONADEP en el transcurso de su investigación así como las del Comité Ejecutivo, instituido el 29 de diciembre de 1983 dada la necesidad de funcionar ejecutivamente con un grupo más reducido de sus miembros. La correspondencia nacional e internacional de la Comisión también forma parte de este subfondo dando cuenta de los intercambios con organismos estatales y de la sociedad civil tanto de Argentina como de otros países.
Asimismo, se encuentran las elevaciones de denuncias a la Justicia, unos 25.000 habeas corpus que fueron elevados al Poder Judicial para determinar el paradero de personas desaparecidas entre 1975 y 1983, las respuestas de hospitales de salud mental y cementerios con listados de pacientes de hospitales y de entierros sucedidos en los cementerios entre 1976 y 1983. Hay además numerosos relevameintos documentales de dos organismos internacionales que elaboró diferentes listados e investigaciones sobre casos de violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura cívico militar. Tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reopiló y transfirió la documentación vinculada a estos hechos y, en el caso de la CIDH, aquellos informes de las observaciones in-loco que realizara en 1979, en plena dictadura, y que permitieran dar apoyo internacional a las denuncias que venían realizando los organismos de derechos humanos en el país.
Desde su creación y hasta el presente, el fondo de la CONADEP desarrolla un rol central en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, ya sea como evidencia en los juicios por los crímenes de lesa humanidad, como fuente de consulta para los ascensos de personal de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, como insumo para producciones de distinta índole orientadas a la transmisión de la memoria de los crímenes dictatoriales y para la investigación científica sobre el pasado reciente argentino.

Fotografía del penal de Villa Devoto rodeado por una multitud que reclama la liberación inmediata de los centenares de presos políticos allí alojados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.