La colección contiene copia de 2 expedientes divididos en legajos y de una selección de fichas, integrados por 3484 fojas en total, con información identificada y catalogada por la Dirección Federal de Seguridad de México respecto de personas argentinas asiladas en dicho país. La Dirección Federal de Seguridad fue un órgano de seguimiento y espionaje que funcionó entre la década de 1940 y 1980 en México.
El primer expediente corresponde al N° 11-225 y consta de cuatro legajos que contiene información desde 1932 a agosto de 1979. El segundo correspondiente al expediente 009-010-001, consta de seis legajos que contienen información de septiembre de julio 1979 a julio de 1984. El tercero consiste en fichas que realizó la Dirección como instrumento de consulta del Archivo y que contiene información de julio de 1970 a febrero de 1985.
Los documentos evidencian el seguimiento y vigilancia realizado por el gobierno mexicano, a través de la Dirección Federal de Seguridad, a los asilados políticos extranjeros, en particular provenientes de Argentina. Pueden encontrarse reportes diarios de actividades sobre algunos asilados o sobre los alojamientos donde estos se albergaban; reportes y coberturas fotográficas de congresos, eventos y actividades de denuncia públicas de distintas organizaciones de solidaridad y denuncia junto con material de las propias organizaciones recopilados en dichos encuentros; así como fichas y declaraciones tomadas en el marco de los trámites migratorios de los asilados y sus familias.
Se destacan los seguimientos realizados a las actividades de las organizaciones Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA), Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU), Trabajadores y Sindicalistas Argentinos en el Exilio (TYSAE), Movimiento Peronista Montonero (MPM), Comisión de Solidaridad con Familiares de Desaparecidos en Argentina (CoSoFam), con detalle de los oradores y fotografías. Asimismo, se encuentra un seguimiento diario minucioso de las actividades del ex presidente argentino Héctor J. Cámpora, encontrándose incluso un registro fotográfico de su sepelio. También hay información y fotos sobre el traslado desde Cuba de los restos de Rodolfo Puiggrós.

A través del Decreto 158 del 15 de diciembre de 1983, el gobierno de Raúl Alfonsín ordenó la realización de un juicio sumario a los integrantes de las Juntas Militares que estuvieron en el poder desde el 24 de marzo de 1976 hasta la guerra de Malvinas. Tras derogar la “Ley de autoamnistía” sancionada hacia el final de la dictadura, el 28 de diciembre de 1983 el gobierno comunicó al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que debía iniciar la instrucción y el juicio sumario de la que más tarde sería conocida como “Causa 13”.
Apoyándose en la ley 23.049/84 de reforma de del Código de Justicia Militar, y ante las demoras del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para juzgar a sus pares, el 4 de octubre de 1984 la Cámara Federal desplazó al tribunal castrense y por avocación continuó con la investigación.
No obstante a cargo de la justicia penal, el proceso judicial se realizó bajo los procedimientos del Código de Justicia Militar, que imponía el juicio sumario, oral y público. Por decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones, el canal estatal de televisión, Argentina Televisora Color (ATC), registró íntegramente el desarrollo del juicio.
Entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985 tuvieron lugar las audiencias orales del juicio en las que prestaron declaración testimonial 833 personas citadas por las defensas y por el Ministerio Público. Entre agosto y septiembre se dio lectura a la acusación presentada por la Fiscalía y entre los meses de octubre y noviembre tuvieron lugar los alegatos de las defensas de los ex comandantes. El 9 de diciembre de 1985, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal dictó sentencia fundada en el análisis de 709 casos presentados. Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera fueron condenados a reclusión perpetua; Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión; Armando Lambruschini a ocho años y Orlando Ramón Agosti a cuatro años y seis meses. Omar Domingo Rubens Graffigna, Basilio Arturo Lami Dozo, Leopoldo Fortunato Galtieri y Jorge Isaac Anaya fueron absueltos.
El fondo comprende la totalidad de las audiencias orales (530 horas) producidas en el marco del proceso judicial conocido como Juicio a las Juntas Militares, en el que se juzgó a los nueve miembros de las tres primeras Juntas Militares como responsables por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Argentina durante la dictadura cívico-militar durante los años 1976 y 1983. Como material complementario fueron digitalizadas las actas mecanografiadas del juicio.
Asimismo, contiene copia digital de los 185 cuerpos de la Causa13/84 caratulada 'causa originariamente instruida por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del decreto 158/83 del Poder Ejecutivo Nacional'. Así como copia de las actas mecanografiadas de las manifestaciones vertidas por el Tribunal, las partes y testigos en el transcurso de la audiencia.
El fondo también reúne la documentación aportada como prueba por cada una de las partes. Se destacan los "cuadernos de la defensa" de Ramón Orlando Agosti, Leopoldo Fortunato Galtieri, Armando Lambruschini, Emilio Eduardo Massera, Jorge Rafael Videla y Roberto Eduardo Viola; así como las Directivas, Planes y Reglamentos de las tres Fuerzas Armadas. También hay copia de los expedientes del Consejo de Guerra Especial Estable. A su vez, pueden encontrarse la documentación traducida del idioma inglés aportada como cuaderno de prueba de la Fiscalía, documentación y reclamos gestionados a través de la Cancillería argentina vinculados a denuncias realizadas en el exterior y copia de la documentación aportada por los testigos.
Por su parte, pueden encontrarse copias de las denuncias vinculadas a desapariciones forzadas de personas recibidas por el Ministerio de Defensa durante el periodo de la dictadura, distintas denuncias de privación ilegítima de la libertad recibidas ante la justicia de las provincias de Entre Ríos, Mendoza y Santa Fe y copia de todos los habeas corpus presentados durante el juicio.