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Esta colección reúne expedientes del Ministerio de Justicia caratulados en 2011 y 2012 pero tramitados hacia finales de la década de 1980 y principios de la década de 1990 por la entonces Secretaría de Justicia a pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (Subsecertaría de Derechos Humanos y de la Mujer) como intermediario de los organismos internacionales ante los cuales los casos por violaciones de derechos humanos eran tramitados. Entre los organismos internacionales se encuentran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La mayor parte de los expedientes se encuentran vinculados a violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico militar de 1976 a 1973, como detenciones y desapariciones forzadas así como apropiación de menores y sustitución de sus identidades. Entre estos casos se encuentran el caso sobre Irma Carolina Ferrero de Fierro y su esposo José Enrique de Fierro así como también sobre Marta Ester Gatica de Giulani todos quienes sufrieron detenciones ilegales; los casos de Rosario Isabella Valenzi de Sánchez y Alicia Consuelo Herrera; el caso de Guillermo Rolando Puerta; el de Josefina Prat Gómez Lencinas, Hilda Susana Dillon de Ales, María del Carmen Boll de Vanella, Antonio Zorrilla, Pascual Ariño y Aurora María Paulina Tosoratto de García; el caso presentado por Darwiniana Rosa Monaco de Gallicchio por la desaparición de su hija y la apropiación de su nieta; el caso de desaparición forzada de Emiliano Carlos Castro Tortrino y otros; el caso de Raquel Altamira de Vaca Narvaja, Olga del Valle Marquez de Aredez, Luis Baronetto y Cristina Díaz; los casos de Pedro Luis Mazzocchi y de la niña Laura Dorado; el caso de Graciela Cristina Chein; el de Bernardo Bartoli y Rubén Héctor Padula que fueron detenidos forzosamente entre 1975 y 1976; el caso de José Mariano Torregiani; el de Sofía de Apelbaum por la desaparición de sus hijos; el caso sobre la detención del señor Jorge Altamira y otros; y los casos Rosario Isabella Valenzi y Alicia Consuelo Herrera.
Otros expedientes, por su parte, se encuentran relacionados a graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en otros períodos como es el caso del expediente que contiene las denuncias de la comunidad guaraní Fortín Mboraré; la denuncia de Ernesto Máximo Rodríguez; una encuesta sobre la aplicación de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (1989) solicitada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU); la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por Raúl Sánchez Abelenda; el caso de María Arena por abusos cometidos por las autoridades penitenciarias del Gobierno Federal; el caso referido al juicio a los atacantes del regimiento de la Tablada; el caso sobre Julio y Luis María Armesto; la denuncia del señor Carlos Alberto Wuesen ante la CIDH; informe anual de la CIDH 1989-1990 a la asamblea general; la nota y anexos del Centro de Derechos Humanos en el orden internacional sobre "Principios y garantías para la protección de las personas recluidas por mala salud mental o padecer trastornos mentales"; y la denuncia de Horacio Verbitsky al Estado Argentino por violación a disposiciones del Pacto de San José de Costa Rica.

Expediente del Ministerio de Justicia S04:0064201/2011 en referencia al caso N° 10.436 tramitado por la CIDH sobre Irma Carolina Ferrero de Fierro y su esposo José Enrique de Fierro así como también sobre Marta Ester Gatica de Giulani todos quienes sufrieron detenciones ilegales bajo condiciones inhumanas durante la dictadura cívico-militar que rigió en Argentina entre 1976 y 1983.

Expediente del Ministerio de Justicia S04:0064200/2011 sobre la designación de funcionario para asistir a la audiencia en los Casos N° 10.181 de Rosario Isabella Valenzi de Sánchez y N° 10.147 de Alicia Consuelo Herrera en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Expediente del Ministerio de Justicia S04:0064310/2011 sobre solicitud de información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso N° 10.496 Bernardo Bartoli y Rubén Héctor Padula fueron detenidos forzosamente entre 1975 y 1976.

Copia fiel de expediente del Ministerio de Justicia S04:0020645 sobre solicitud de informe sobre el caso N° 10.862 sobre Julio y Luis María Armesto tramitado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Expediente del Ministerio de Justicia S04:0064302/2011 sobre comunicación referente al caso N° 10.506 que tramita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en referencia a María Arena en el que se denuncia a las autoridades penitenciarias del Gobierno Federal que, alegando razones de seguridad, practican revisiones e inspecciones vaginales a las mujeres familiares de presos detenidos en los establecimientos bajo su control.

Expediente del Ministerio de Justicia S04:0064202/2011 el cual contiene copias de las sentencias sobre indemnización compensatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de los hondureños "Velázquez Rodríguez " y "Godinez Cruz". Asimismo se incluye una copia de la Opinión Consultiva (OC-10) adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 14 de julio de 1989.

La colección reúne principalmente documentación vinculada a Valentina Noemí Keheyan, quien fue secuestrada el 12 de mayo de 1976 de su domicilio en el barrio de Villa Crespo de la Ciudad de Buenos Aires, y aún permanece desaparecida. Valentina provenía de una familia de origen armenio, al momento de su desaparición tenía 21 años y era estudiante de Historia en el Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín V. González. Su hermana Mónica reunió documentación personal de Valentina y de la familia Keheyan, así como también documentación judicial, Habeas Corpus y distintos recursos interpuestos en su búsqueda ante organismos nacionales e internacionales, documentación relacionada a las campañas de denuncia lideradas por Organismos de Derechos Humanos y otras instituciones civiles y eclesiásticas. Por otro lado, la colección también está compuesta por artículos periodísticos recopilados por la productora sobre la temática de la última dictadura cívico militar (1976-1983), el terrorismo de Estado, el proceso de Justicia por delitos de lesa humanidad en Argentina, la política pública en Derechos Humanos, la creación de Espacios de Memoria, entre otros.

El fondo, que es una parcialidad del mismo, reúne documentación de y sobre Patrick Rice organizada por su esposa Fátima y sus hijos. Patrick Rice fue un sacerdote iralndés, que se radicó en Argentina en la década de 1970, y fue además activista y defensor de los derechos humanos. En 1976 fue secuestrado y desaparecido junto a su esposa y, tras las presiones del gobierno irlandés, ambos fueron liberados exiliándose a Londres hasta 1984, año en que regresan a Argentina.
Dentro de los documentos que componen este fondo hay documentación personal de Patrick Rice, también documentos vinculados a los Pequeños Hermanos del Evangelio de la Fraternidad Carlos De Foucaud, organización a la que ingresó en 1972; y documentos relacionados al funcionamiento de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM) de la cual Patrick Rice fue fundador y secretario general. Asimismo se incluyeron copias digitales del artículo "Patrick Rice, un misionero católico irlandés" de la revista "Satiricón" del año 1984; un libro fotocopiado y anillado de Archivos del Vaticano "Archivio del Consilium pro Publicis Ecclesiae Negotiis" y correspondencia personal dirigida a su familia en Irlanda.

La serie "Documentos del exilio" se trata de un agrupamiento documental creado por González Gartland que reúne documentos de diferente procedencia recopilados por el mismo durante su exilio en México, entre 1976 y 1984. Además de sus responsabilidades en la delegación en México de la Comisión Argentina por los Derechos Humanos (CADHU) y en el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA), González Gartland estableció múltiples vínculos con organizaciones de defensa de los derechos humanos en el exterior, de manera que ue reuniendo documentos que dan cuenta de su propia militancia de denuncia de la dictadura cívico-militar en Argentina. Como parte de sus actividades políticas desde ese país, González Gartland tendió redes con diferentes organizaciones y personas relacionadas con la militancia y/o denuncia del Terrorismo de Estado en Argentina que le entregaban y enviaban distintos tipos de documentos como panfletos, comunicados, volantes (ver). Se desconoce el orden original de esos documentos, pero se estima que al llegar al Archivo Nacional de la Memoria fueron reordenados en grupos de acuerdo a las instituciones de que trataban y un último agrupamiento denominado "varias instituciones".

Esta sección reúne documentos de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) recopilados por Carlos González Gartland en el marco del cumplimiento de sus misiones, funciones y actividades en dicha organización. La CADHU se gestó durante los meses previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, aunque su aparición formal se produjo cuando ya había comenzado la dictadura, en abril de 1976. La CADHU se fundó a partir de la confluencia de distintos grupos. El más numeroso lo componían las y los militantes del Partido Revolucionario de los Obreros Argentinos (PROA), organización a la que pertenecía, entre otros, Carlos González Gartland. La denuncia y la solidaridad se constituyeron tempranamente como las dos vías de acción principales de la CADHU. Los acuerdos logrados entre el sector vinculado al PROA y los representantes de la organizaciones político-militares fueron fundamentales para llevar adelante la primera de esas iniciativas, que se canalizó a través de Ignacio Ikonikoff, encargado de centralizar los datos aportados por los colaboradores vinculados a Montoneros y el PRT-ERP. De este modo, se constituyó un primer circuito de información que permitía conocer y denunciar con cierta celeridad los secuestros y asesinatos que se multiplicaban diariamente en el país durante los primeros meses de dictadura, y de los que los militantes relacionados con las organizaciones político-militares formaban un porcentaje considerable.
La denuncia en el extranjero fue desde el inicio una prioridad para la CADHU, cuyos integrantes –por su experiencia en la defensa de presos políticos– habían entablado vínculos tempranos con diversas entidades internacionales del campo jurídico ligadas a la defensa de los derechos humanos. Esta proyección hacia el ámbito internacional de la CADHU no sólo respondía a consideraciones de estrategia sino, también, a las urgencias que planteaba el avance de la represión en la Argentina. La información que se recogía en la Argentina sobre el avance de los secuestros, las desapariciones y los asesinatos en la vía pública salía del país inicialmente a través del circuito organizado en torno a Ikonikoff. Durante el primer año de dictadura, él fue el encargado de enviar con cierta periodicidad cartas a los representantes de la CADHU en el exilio en las que recopilaba numerosos datos sobre el avance de la represión en la Argentina e informaba también sobre la cotidianidad del organismo.
La CADHU estableció representaciones en diversos países de Europa Occidental y América, entre ellas la delegación del organismo en México, encabezada por el abogado Carlos González Gartland, quien desarrolló su militancia en la CADHU en paralelo a su participación en el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA).
Una de las actividades fundamentales asumidas por la CADHU fue la de denuncia a través de la producción y difusión de relatos del cautiverio elaborados por sobrevivientes de centros clandestinos de detención. La circulación de este tipo de documentos en el extranjero tenía como objetivo principal lograr la condena internacional de la Junta Militar por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometían en la Argentina. Estos relatos, que narran de manera detallada el horror de la represión clandestina, constituyeron un insumo clave del movimiento antidictatorial en su campaña de denuncia y, además, generaron un conocimiento temprano sobre el dispositivo represivo que sería clave en el escenario judicial de la transición democrática. Los testimonios reunidos no solo son los producidos por la CADHU sino también algunos recopilados por Gartland y reunidos en un mismo corpus.
Además, esta sección reúne diversas publicaciones de la CADHU en las que se denunciaban los crímenes de la dictadura, una de las cuales, por ejemplo causó un gran impacto en el terreno de la denuncia internacional: ""Proceso al Genocidio"". Se trata del primer informe integral sobre las violaciones a los derechos humanos en el país. Editado en Madrid gracias a las gestiones del cineasta español Elías Querejeta, el libro fue redactado por Eduardo Duhalde y Gustavo Roca, pero su insumo fundamental fue la información que integrantes y colaboradores de la CADHU habían obtenido clandestinamente en la Argentina y, luego, sacado del país por distintas vías. El informe no sólo denunció los crímenes dictatoriales como parte de un genocidio, apelando así a una figura instalada en el derecho penal internacional, sino que además acuñó la noción de “terrorismo de Estado” para describir el esquema represivo montado por la Junta Militar. También hay una multiplicidad de comunicados de denuncia de diverso tipo como los comunicados de prensa o los llamados ""Acción urgente"".
La sección cuenta además con correspondencia que da cuenta de los vínculos de la CADHU con otros organismos de derechos humanos y de las actividades e iniciativas de solidaridad que buscaban dar auxilio a las personas que huían de la persecución dictatorial así como de las intervenciones en el espacio público que consistieron fundamentalmente en movilizaciones ante las embajadas argentinas en los países del exilio ante eventos puntuales o fechas de resonancia particular, como los aniversarios del golpe de Estado.
Finalmente, hay rendiciones de egresos mensuales de la sede México de la CADHU cada uno de los cuales se encuentra acompañado por la misiva dirigida al Consejo Directivo de la CADHU en Madrid y, en algunos casos, un detalle de las líneas de acción de la delegación.

Esta serie reúne documentos vinculados a la participación de Carlos González Gartland en una de las modalidades fundamentales que asumió la actividad de denuncia de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) durante la última dictadura cívico militar argentina: la producción y difusión de relatos del cautiverio elaborados por sobrevivientes de centros clandestinos de detención. La circulación de este tipo de documentos en el extranjero tenía como objetivo principal lograr la condena internacional de la Junta Militar por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometían en la Argentina. Estos relatos, que narran en primera persona y de manera detallada el horror de la represión clandestina, constituyeron un insumo clave del movimiento antidictatorial en su campaña de denuncia y, además, generaron un conocimiento temprano sobre el dispositivo represivo que sería clave en el escenario judicial de la transición democrática.
La CADHU comenzó con la difusión de testimonios durante el primer año de dictadura. Gracias a sus contactos con distintas organizaciones revolucionarias, el organismo logró acceder de manera veloz a los relatos de militantes que habían sobrevivido al cautiverio clandestino, ya sea por medio de la liberación o la fuga de sus captores. Estos testimonios, que los miembros de la CADHU sacaban clandestinamente del país para su publicación, fueron recopilados luego en una sección del informe Argentina: Proceso al Genocidio, editado en Madrid en marzo de 1977.
El traslado de las estructuras del organismo al extranjero como producto de la represión y el exilio de sobrevivientes de distintos centros clandestinos se combinaron para generar un salto cualitativo en el trabajo con los testimonios, cuyos resultados comenzaron a hacerse visibles a partir de 1979. Desde fines de ese año y hasta el final de la dictadura, la CADHU publicó relatos del cautiverio en un nuevo formato que incluía, además de una extensión mayor que los precedentes, la organización de su contenido en distintos subtítulos temáticos y la incorporación de recursos como planos del centro clandestino y listados con los nombres y apodos de las víctimas y los victimarios.
Los documentos de esta serie dan cuenta del trabajo que realizó González Gartland como representante de la sede de la CADHU en México. Los documentos que la conforman no se reducen sólo a los testimonios editados por el organismo. También hay otros que llegaron a manos de Gartland a través de sobrevivientes o de distintas entidades del movimiento antidictatorial que, por pedido de los propios testimoniantes, no estaban destinados a la circulación pública, aunque sí servían como base a denuncias más amplias que realizaba el organismo en distintos foros de derechos humanos. Entre los testimonios editados, no sólo figuran los que fueron producidos en México a través de las gestiones de González Gartland. Hay, además, ejemplares de relatos publicados en otros países donde la CADHU tenía sedes, en particular, España, Francia y, en menor medida, Estados Unidos. Esto da cuenta de los intercambios que existían entre el productor Fondo y las y los integrantes del organismo radicados en otras latitudes. Finalmente, algunos de los testimonios que componen esta serie son extractos de testimonios que no se encuentran completos. Se incluye también una lista de testimonios elaborada por Carlos González Gartland.

Esta serie reúne documentación vinculada a los casos de personas detenidas desaparecidas sometidos a la consideración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 1979 esta Comisión realizó una vista a la Argentina que tuvo un enorme impacto en tanto otorgó un respaldo internacional muy importante para las denuncias que venían realizando los organismos de derechos humanos de detenciones ilegales y forzadas así como de desapariciones de personas. Entre los documentos se pueden encontrar listados de casos que la Comisión consideró de interés para investigar durante esta observación in-loco a la Argentina, los cuales tienen diferentes clasificaciones ya sea por número de caso, por ciudades, por lugar de detención o por temas. Hay también algunos testimonios recibidos por la Comisión durante esta visita así como algunos capítulos del informe que la Comisión presentó como resultado de la misma. Además, se reúnen algunas comunicaciones de la CIDH con el Ministerio del Interior del interior en relación al informe y con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina y la Misión Permanente de la República Argentina ante la Organización de los Estados Americanos vinculadas a los casos investigados por la Comisión.

Expediente del Ministerio de Justicia S04:0064198/2011 relacionado a la denuncia de Ernesto Máximo Rodriguez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por habérsele impuesto una sanción que afecta a su honor y dignidad pudiendo comprometer sus posibilidades futuras de trabajo.

Expediente del Ministerio de Justicia S04:0064305/2011 sobre la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por Raúl Sánchez Abelenda.

Expediente del Ministerio de Justicia S04:0064207/2011 en referencia a la comunicación de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso 10.644 de la señora Graciela Cristina Chein.

Esta serie reúne correspondencia enviada y recibida por la CONADEP. Hay una gran cantidad de cartas recibidas por la Comisión desde organismos estatales y de la sociedad civil de otros países como Brasil, Uruguay, Colombia, Chile, Francia, Bélgica, Italia, Holanda, Alemania, Suiza, Suecia, Austria, Reino Unido, Nueva Zelanda, Canadá, Japón y Estados Unidos, entre otros, en las que mayormente se solicita información sobre el paradero de personas de esos países detenidas y desaparecidas en Argentina, o bien se manifiesta el apoyo a la labor de la CONADEP o se solicita copia del informe final elaborado por la Comisión como resultado de su labor investigativa. Entre estas cartas se encuentran también aquellas de organismos internacionales como por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional. Además, la serie contiene cartas enviadas y recibidas por la CONADEP de distintos organismos estatales de Argentina con el objeto de solicitar y remitir información necesaria para las investigaciones llevadas adelante como parte central de sus tareas. Hay también correspondencia con distintos organismos de la sociedad civil así como con particulares, cartas entre la Comisión y el Presidente Raúl Ricardo Alfonsín y muchas misivas dirigidas al Presidente de la Nación sobre el funcionamiento de la CONADEP y remitidas luego a la misma. A través de esta gran cantidad de comunicaciones durante el tiempo que funcionó la CONADEP se evidencia el impacto nacional e internacional que la creación de esta Comisión tuvo para el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad comentidos durante la dictadura cívico militar. Una vez finalizada la CONADEP se agregaron a esta serie algunas cartas e informes hasta 1997.