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Fotografía de familiares de víctimas del Terrorismo de Estado hacen en el marco de las denuncias ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) la violación de los derechos humanos por parte de la dictadura cívico militar. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Fotografía de familiares de víctimas del Terrorismo de Estado hacen en el marco de las denuncias ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) la violación de los derechos humanos por parte de la dictadura cívico militar. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

El fondo reúne 2.000 fotografías tomadas por Martín Kraut en su carácter de fotógrafo y trabajador del CIJ. El CIJ es un organismo creado por la Corte Suprema con el fin de generar un nuevo puente de comunicación entre la Justicia y la comunidad. Surgió como una de las conclusiones de la Primera Conferencia Nacional de Jueces que se realizó en Santa Fe en el año 2006 y desde su creación se convirtió en un espacio de comunicación entre los miembros del Poder Judicial y entre éste y la comunidad. Las imágenes retratan algunos de los juicios juicios por Crímenes de Lesa Humanidad desarrollados entre 2009 y 2011, y CCDyT de Caba y diferentes provincias del país. Entre los juicios registrados fotográficamente se encuentran la Audiencia Judicial por el caso Noble Herrera, el juicio oral por la Masacre de Cromañón, Juicio Esma, Juicio por apropiación de niños, Juicio a Reynaldo Bignone, Juicio a Luis Patti, Juicio Automotres Orletti, Juicio Vesubio, sentencia del Juicio ABO (Club Atlético – Banco - Olimpo), Juicio Arsenales y Pozo de Vargas (Tucumán), y la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2009 en el marco del 30 aniversario de la visita de la Comisión en 1979. En relación a las fotografías de los CCDyT, el fondo cuenta con imágenes de Olimpo, Club Atlético, Esma, Automotores Orletti, Virrey Cevallos (CABA), Campo de Mayo, Mansión Seré, Unidad 9, Pozo de Arana, Comisaría 5ta, Comisaría 8, Pozo de Banfield, La Cueva, Base Naval, ESIM (Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina), La Escuelita, Baterías 7 (Provincia de Buenos Aires), Brigada de Investigaciones (Chaco), Regimiento 9 (Corrientes), Comisaría 4, Guardia de Infantería Reforzada, Servicio de Informaciones /Jefatura de Policía, La Calamita, Fábrica de Armas Domingo Matheu (Santa Fe), La Perla / La Universidad, La Ribera, D2 (Córdoba), Arsenales 5, Jefatura de Policía, La Escuelita (Tucumán).

El fondo reúne documentos producidos y recopilados por Carlos González Gartland durante sus años de exilio en México entre 1976 y 1984. González Gartland, abogado y defensor de presos políticos desde la década de 1960 y fundador de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) en 1976, partió al exilio ese mismo año tras el secuestro de otros dos compañeros fundadores de la Comisión, decisión que fue consensuada con el resto de la dirección de la CADHU cuando se debatió el destino de cada uno de sus dirigentes. Gartland había sido miembro fundador de la CADHU en Buenos Aires y, una vez en México, fue responsable de la sección mexicana. Con el retorno de la democracia, volvió del exilio en 1984 trayendo con él, los documentos que registran su actividad en la CADHU, el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA) y el Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay (SIJAU), así como sus múltiples vínculos con organizaciones de defensa de los derechos humanos en el exterior y su propia militancia de denuncia de la dictadura cívico-militar en Argentina.

Entre los documentos que forman parte del fondo se encuentran testimonios, publicaciones, rendiciones de egresos, correspondencia, comunicados que dan cuenta del accionar la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) recopilados por Carlos González Gartland en el marco del cumplimiento de sus misiones, funciones y actividades en dicha organización. La CADHU se gestó durante los meses previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, a partir de la confluencia de distintos grupos, aunque su aparición formal se produjo cuando ya había comenzado la dictadura, en abril de 1976. Una de las actividades fundamentales asumidas por la CADHU fue la de denuncia a través de la producción y difusión de relatos del cautiverio elaborados por sobrevivientes de centros clandestinos de detención. La circulación de este tipo de documentos en el extranjero tenía como objetivo principal lograr la condena internacional de la Junta Militar por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometían en la Argentina. Los testimonios reunidos no solo son los producidos por la CADHU sino también algunos recopilados por Gartland y reunidos en un mismo corpus. Además, se encuentran diversas publicaciones de la CADHU en las que se denunciaban los crímenes de la dictadura, una multiplicidad de comunicados de denuncia de diverso tipo como los comunicados de prensa o los llamados "Acción urgente" y numerosa correspondencia que da cuenta de los vínculos de la CADHU con otros organismos de derechos humanos y de las actividades e iniciativas de solidaridad que buscaban dar auxilio a las personas que huían de la persecución dictatorial así como de las intervenciones en el espacio público que consistieron fundamentalmente en movilizaciones ante las embajadas argentinas en los países del exilio ante eventos puntuales o fechas de resonancia particular, como los aniversarios del golpe de Estado. También, hay rendiciones de egresos mensuales de la sede México de la CADHU cada uno de los cuales se encuentra acompañado por la misiva dirigida al Consejo Directivo de la CADHU en Madrid y, en algunos casos, un detalle de las líneas de acción de la delegación. Además, Gartland preservó algunas certificaciones expedidas por la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) y firmadas en su mayoría por el mismo como Consejero Directivo de la Comisión. Algunas de estas certificaciones fueron realizadas en favor de militantes con el objeto de dejar constancia del peligro que corrían para determinar su permanencia o salida del país al exilio, así como dar cuenta de su colaboración con la CADHU en tareas de solidaridad y denuncia. Otras, certifican las investigaciones realizadas por la CADHU de la detención y desaparición de personas, muchas de las cuales fueron sintetizadas en la publicación "Desaparecidos en Argentina" de 1979. Por otro lado, hay documentos de carácter más informal como diversos borradores de informes de la CADHU así como registros sobre víctimas del terrorismo de Estado hechos por la CADHU muy disímiles entre sí en cuanto al formato y al tipo de información consignada. Finalmente, hay unas pocas presentaciones de la CADHU ante la División de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

En el marco de la CADHU se creó en 1980 el Centro de Información y Documentación del Exilio Argentino (CIDEA), un centro especializado en los problemas argentinos, orientado a los aspectos vinculados con los derechos humanos. En ese momento, el CIDEA no logró obtener financiamiento más allá del propio de la CADHU de manera que se puso en funcionamiento en condiciones precarias dependiendo del trabajo voluntario de colaboradores no especializados, lo que devino en que no pudiera darse un tratamiento adecuado a la documentación. Esto se pudo realizar sobre la base de una recopilación de documentos realizada por González Gartland durante su exilio en México, entre 1976 y 1984 a partir de sus múltiples vínculos con organizaciones de defensa de los derechos humanos en el exterior, de manera que fue reuniendo documentos tales como panfletos, comunicados, volantes, artículos de prensa, proclamas e informes, que dan cuenta de su propia militancia de denuncia de la dictadura cívico-militar en Argentina así como del accionar de estas organizaciones entre las que se encuentran Argentine Information Service Center (AISC), Agence Latino-.Americaine D´Information (ALAI), Amnistía Internacional (AI), Centre Argentin d´information et solidarité (CAIS), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Inter American Commission on Human Rights (CIDH), Centro de Investigaciones Políticas y Económicas (CIPE), Comisión de Solidaridad con Familiares de Desaparecidos en Argentina (COSOFAM), Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM), Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP), Madres de Plaza de Mayo, Organización de los Estados Americanos (OEA), Parlamento Europeo, Parlamento Latinoamericano, Trabajadores y Sindicalistas Argentinos en el Exilio (TYSAE), No Candu in Argentina, Congreso Internacional de Solidaridad con Argentina, Movimiento Peronista Montonero, entre otras. Entre estos documentos pueden encontrarse agrupaciones sobre la base de ejes temáticos como “Cárceles y presos políticos”, en la que se incluyen comunicados de prensa y denuncias de las condiciones de las cárceles, seguimientos casos de detenidos, informes de personas detenidas, informes elaborados por presos y presas y testimonios personales. También hay documentos sobre los Centros Clandestinos de Detención entre los cuales hay una lista de los campos de concentración existentes hasta 1978 y diversas publicaciones con testimonios de sobrevivientes e informes de los dichos centros. Sobre el Mundial de Fútbol de 1978 hay recortes de prensa internacional (sobre todo francesa) y afiches en relación con las violaciones a los derechos humanos y documentos de la Coordinación Internacional de la Campaña del Boicot así como documentos de denuncia. Bajo el título "Religión" se reúnen algunos documentos que registran la relación entre la dictadura cívico-militar y algunos sectores opositores de la Iglesia Católica. También se pueden encontrar documentos sobre exiliados y el retorno al país, sobre la contraofensiva al terrorismo de Estado e informes de situación de Argentina en materia de derechos humanos, salud, economía y política. Otro agrupamiento relevante es el relacionado al conflicto de Malvinas con declaraciones e informes por parte de organismos de lucha en el exilio en México tales como CADHU, TySAE, Grupo de Argentinos Exiliados en México, Movimiento Peronista Montonero, Movimiento Independiente de la Comisión Argentina de Solidaridad, Comunidad de Cristianos Argentinos en el Exilio, Organización Comunista Poder Obrero y dirigentes como Enrique Gorriarán Merlo, entre otros. Sobre Malvinas, hay también un seguimiento de prensa y algunos cables de teletipo de agencias para enviar a los diarios. Se incluye finalmente, un minucioso seguimiento de la prensa de la época y otros artículos de publicaciones periódicas sobre la actualidad Argentina en materia política, económica, religiosa, de la cultura y los medios, la cultura y la educación, los derechos humanos, la situación laboral y sindical de los trabajadores y la dictadura cívico-militar Argentina.

En relación a las funciones de Carlos González Gartland en el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA) en México, el fondo contiene documentos como los estatutos de creación del COSPA; boletines editados por el Comité que funcionaron como órganos de comunicación, entre ellos "Boletín Argentino", "CASA ARGENTINA" e "Informaciones Argentinas". Hay además, correspondencia en su mayoría, enviada por el COSPA a diferentes organismos de derechos humanos, organismos internacionales, organizaciones y partidos políticos a través de la cual el Comité expone sus posturas, declaraciones y líneas de acción a seguir, buscando al mismo tiempo tender lazos para la denuncia de violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura cívico-militar argentina y para atender a la situación de los refugiados y exiliados políticos argentinos. Se pueden encontrar también denuncias de detenciones y desapariciones de personas por parte de la dictadura cívico-militar realizadas por el Comité, como parte de sus actividades centrales, así como una serie de comunicados de prensa del Comité.

Finalmente se incorporan algunos documentos que registran la actividad de Carlos González Gartland como miembro del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay (SIJAU) y como abogado dedicado a la búsqueda de ciudadanos uruguayos detenidos desaparecidos tanto en Uruguay como en otros países del Cono Sur.
La documentación es tanto del SIJAU como de diversos organismos de Derechos Humanos con los que esta organización se relacionaba como el Centro de Estudios Legales y Sociales, ya que este era su representante legal en Argentina; así como también el Servicio por la Paz y la Justicia; Madres de Uruguayos Desaparecidos en Argentina (MUDA); Agrupación de Familiares de Uruguayos Desaparecidos (AFUDE); Amnistía Internacional; Comisión Argentina de Solidaridad (CAS); Abuelas de Plaza de Mayo; Madres y Familiares de Uruguayos Desaparecidos en Argentina y Paraguay; Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos; Unión de Obreros y Empleados de FUNSA; Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares Detenidos Desaparecidos; Grupo de Madres de Procesados por la Justicia Militar; Oficina de Solidaridad para Exiliados Argentinos (OSEA); Comisión Internacional de Juristas; Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU); Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública (ASCEEP); Comité de Defensa de los Derechos Humanos en el Cono Sur, de la Comisión Arquidiocesana de los Derechos Humanos y Marginados de Sao Paulo (CLAMOR).

La sublevación de la Armada el 17 de noviembre de 1972 fue llevada adelante por un grupo de oficiales, suboficiales y conscriptos que se rebelaron contra las órdenes y disposiciones represivas en el contexto de la dictadura militar de Lanusse.
Las acciones iniciadas en la ESMA no prosperaron y los marinos fueron encarcelados, juzgados y condenados por un Consejo de Guerra por rebelión, conspiración y omisión por encubrimiento. En mayo de 1973, fueron liberados bajo la promulgación de la ley de Amnistía un total de 52 marinos, pero no pudieron volver a las filas.
Posteriormente, en 1974, fueron expulsados de la fuerza por medio de un decreto firmado por María Estela Martínez. Muchos de ellos se volcaron a la militancia en organizaciones políticas y político-militares, y sufrieron la persecución, la represión y el encarcelamiento durante el terrorismo de Estado.

La colección contiene una copia de la actuación de la Justicia Militar DIJN. JCT N° 20 "S"/72 iniciada el 17 de noviembre de 1972 a raíz de estos hechos, obrante en el Fondo AHJM01 - Archivo Histórico de la Justicia Militar en custodia en el Archivo General de la Nación. En total, la causa se compone de 14 cuerpos más anexos.

Asimismo, se compone de las copias de documentos entregados por:

Marianela Galli (digitalizados y devueltos los originales), pertenecientes a Mario Guillermo Galli:

• Libro de la Escuela Naval Militar. Rumbo al Mar. Promoción 100.
• Copia de los legajos de servicios y conceptos de Mario Guillermo Galli.
• Copia del legajo N° 3240 de Mario Guillermo Galli como preso en el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas (Penal de Magdalena)
• Copia del legajo de estudiante de la Facultad de Sociología de la Universidad de Buenos Aires
• Copia de la ratificación de su denuncia ante la CONADEP del 15/08/1984
• Apuntes sobre la declaración brindada por Marianela Galli en el juicio de la ESMA.

Julio César Urien (digitalizados y devueltos los originales):

• Copia de su testimonio, escrito en noviembre de 1999.
• Copias de decretos y resoluciones del Ministerio de Defensa vinculados a la sublevación de 1972.
• Fotografías del grupo de marinos de jóvenes.
• Ficha de exámen médico de la Escuela Naval Militar
• Boletines de la Escuela Naval Militar
• Juramento a la Bandera Nacional de 1968
• Artículos de diarios sobre el tema.

Testimonio de Juan Carlos Scarpatti ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU), acerca de lo acontecido durante su detención y secuestro hasta su fuga y exilio. Se menciona la ubicación, descripción y funcionamiento del centro clandestino de detención ubicado en Campo de Mayo, perteneciente al Comando de Institutos Militares, así como la ubicación y plano del interior del centro clandestino de detención perteneciente al asentamiento de artillería de Ciudadela dependiente del Regimiento de La Tablada, llamado Sheraton.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) fue creada por el presidente Raúl Alfonsín a través del decreto Nº 187 del 15 de diciembre de 1983. Contra la propuesta esbozada por la mayoría de los organismos de derechos humanos, que reclamaban la creación de una Comisión bicameral para la investigación de los crímenes de la última dictadura (1976-1983), el titular del Poder Ejecutivo optó por una Comisión de “notables” compuesta por personalidades destacadas de la vida política, cultural y religiosa argentina, presidida por el escritor Ernesto Sábato. Sus otros integrantes fueron Magadalena Ruiz Guiñazú, Ricardo Colombres, René Favaloro –quien renunció poco después–, Hilario Fernández Long, Carlos Gattinoni, Gregorio Klimovsky, Marshall Meyer, Mons. Jaime F. de Nevares, Eduardo Rabossi, Santiago López, Hugo Piucill, Horacio Huarte, Graciela Fernández Meijide, Daniel Salvador, Raúl Aragón, Alberto Mansur y Leopoldo Silgueira.
El objetivo de la CONADEP, que inicialmente funcionaría por seis meses, era recibir denuncias y pruebas sobre los secuestros y desapariciones perpetrados durante la dictadura para remitirlas a la Justicia, investigar cuál había sido el destino de los desaparecidos y desaparecidas y determinar el paradero de los niños y niñas apropiados en el marco del terrorismo de Estado. Además, debía denunciar cualquier intento de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad por destruir evidencia de los crímenes de la represión. Todos los datos recabados durante las labores investigativas serían recopilados en un informe final que se pondría en manos del presidente de la Nación. La entrega se efectivizó el 20 de septiembre de 1984, luego de extenderse por tres meses el plazo establecido originalmente para el funcionamiento de la CONADEP, en un acto que tuvo lugar en la casa de gobierno. Dos meses después, el informe fue publicado bajo el título Nunca más por la editorial universitaria EUDEBA, convirtiéndose en un éxito de ventas.
Las tareas de la Comisión se desarrollaron en un clima cargado de tensión por la reticencia de los integrantes de la Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad a que se llevara adelante una revisión de su actividad represiva durante los años de dictadura. A pesar de ello, y de las dificultades que planteaba la recopilación de información en las zonas alejadas de los grandes centros urbanos, la CONADEP logró registrar 8.960 casos de desaparición forzada y comprobar, a través de inspecciones oculares con sobrevivientes, la existencia de unos 340 centros clandestinos de detención, la mayoría ubicados en dependencias policiales y militares todavía en funcionamiento.
La información recopilada por la Comisión dejó en evidencia que, lejos de constituir “excesos” aislados, los secuestros, las torturas, las desapariciones y los asesinatos habían formado parte de un plan sistemático organizado desde las más altas jerarquías de las Fuerzas Armadas. Esta constatación fue clave para lograr la condena de los integrantes de las tres primeras Juntas Militares en el denominado Juicio a las Juntas, realizado entre abril y diciembre de 1985. La importante circulación pública del Nunca más, por otra parte, fue central para la conformación de una primera memoria pública sobre los crímenes de la dictadura argentina.
El subfondo CONADEP, perteneciente al Fondo Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dado el traspaso de funciones a este organismo el cual continuó gestionando, interviniendo y modificando los documentos, se compone de distinto tipo de documentación que refleja la actividad realizada por la Comisión en el marco de sus labores investigativas. Incluye, en primer lugar, los legajos constituidos a partir de formularios que recogían las denuncias de familiares, sobrevivientes o testigos ocasionales de acciones represivas. Estos formularios incorporaban información diversa como ser el nombre y apellido de la víctima, su fecha de nacimiento, documento de identidad, profesión o trabajo, lugar de estudio o trabajo, domicilio, estado civil, número de hijos y edad; fecha, hora y lugar del secuestro, descripción del hecho, mención a testigos si los hubiese y de los posibles responsables; las gestiones realizadas por los familiares y allegados de las víctimas, las respuestas obtenidas ante esos requerimientos y los datos del denunciante. Este subfondo reúne además, más de dos mil fotografías tomadas por el fotógrafo Enrique Shore durante las inspecciones oculares en los centros clandestinos de detención (CCD) así como las actas elaboradas a partir de esas inspecciones junto a un vasto relevamiento documental hecho por la Comisión sobre los CCD. Por otra parte, el fondo contiene también las actas de las reuniones que realizó la CONADEP en el transcurso de su investigación así como las del Comité Ejecutivo, instituido el 29 de diciembre de 1983 dada la necesidad de funcionar ejecutivamente con un grupo más reducido de sus miembros. La correspondencia nacional e internacional de la Comisión también forma parte de este subfondo dando cuenta de los intercambios con organismos estatales y de la sociedad civil tanto de Argentina como de otros países.
Asimismo, se encuentran las elevaciones de denuncias a la Justicia, unos 25.000 habeas corpus que fueron elevados al Poder Judicial para determinar el paradero de personas desaparecidas entre 1975 y 1983, las respuestas de hospitales de salud mental y cementerios con listados de pacientes de hospitales y de entierros sucedidos en los cementerios entre 1976 y 1983. Hay además numerosos relevameintos documentales de dos organismos internacionales que elaboró diferentes listados e investigaciones sobre casos de violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura cívico militar. Tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reopiló y transfirió la documentación vinculada a estos hechos y, en el caso de la CIDH, aquellos informes de las observaciones in-loco que realizara en 1979, en plena dictadura, y que permitieran dar apoyo internacional a las denuncias que venían realizando los organismos de derechos humanos en el país.
Desde su creación y hasta el presente, el fondo de la CONADEP desarrolla un rol central en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, ya sea como evidencia en los juicios por los crímenes de lesa humanidad, como fuente de consulta para los ascensos de personal de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, como insumo para producciones de distinta índole orientadas a la transmisión de la memoria de los crímenes dictatoriales y para la investigación científica sobre el pasado reciente argentino.