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Anotación sobre Brunilda Pinto de Landi y Beatriz Esther Bordolini en la que se detalla información acerca de su nacionalidad, detención, hijos, documentos de identidad, entre otros.

Anotaciones asistemáticas manuscritas sobre cárceles. Al dorso se encuentra un informe titulado "Relación y porcentajes de detenidos en penales de todo el país sobre un total de 1275 de acuerdo a siete de los problemas más graves que se presentan en ellos". Los siete problemas mencionados son: detenidos con familias de escasos recursos, detenidos a los que se les otorgó la libertad vigilada, detenidos con condena cumplica sin pasar a disposición del PEN, detenidos a disposición del PEN, detenidos con causa abierta a disposición del PEN, detenidos con problemas de salud y detenidos que se encuentran bajo consejo de guerra.

Anotación sobre Luis Eduardo Litta, Jorge Ocáriz y Gil, detenidos en el Penal de San Nicolás (Provincia de Buenos Aires). Se menciona "no reconocidos oficialmente":

Publicación de un dossier elaborado por varias organizaciones de exiliados en México denunciando la situación de los prisioneros por causas políticas en Argentina. Relata antecedentes tanto en periodos democráticos y dictatoriales previos a 1976, la institucionalización del terrorismo de Estado con el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 y el continuismo militar con el cambio de las autoridades de la Junta Militar en 1981. A su vez, la situación jurídica de los prisioneros políticos con reconocimiento oficial de su detención, los presos sin proceso, los presos con procesos abiertos y/o concluidos y los presos no reconocidos como tales; así como su situación física y psíquica.

Ficha manuscrita con información sobre la situación de detención a disposición del PEN de Alejandro Enrique Ferreyra Beltrán. Identifica el Número de decreto PEN, el juzgado interviniente y la ubicación del detenido dentro del Penal de Rawson.

Publicación del informe elaborado por la CADHU sobre el "campo de concentración" de personas detenidas desaparecidas de "La Perla" y "La Ribera" en Córdoba, a cargo del Comando III Cuerpo de Ejército encabezado por el General de División Luciano Benjamín Menéndez. A diferencia de otros informes basados en testimonios aportados por sobrevivientes de los Centros Clandestinos de Detención publicados por dicha Comisión, este mantiene la reserva respecto a la identidad de los testimoniantes. Recopila antecedentes al terrorismo de Estado en la provincia de Córdoba; detalles sobre la estructura, funcionamiento, integrantes, fotografías y planos del Destacamento 141 de Inteligencia General Iribarren; y funcionamiento, croquis y listado parcial de personas que estuvieron privadas de su libertad en el Centro Clandestino de Detención La Perla. También aparecen nombrados delatores civiles y particularidades de la forma de tortura y desaparición, lugares de fusilamiento y entierro así como de las "ceremonias militares" previas al fusilamiento.

Informe sobre la detención de Osvaldo Jesús Caldú a ser entregado a José Luis Caldú o Carlos Patiño, en el que se detalla el contexto de su detención, el posterior allanamiento de su casa, su liberación y su ulterior secuestro por un grupo civil identificado como Policía Federal. También se menciona que posteriormente fue liberado y nuevamente vuelto a encarcelar cuando se encontraba trabajando junto a su patrón, Luis Massone, en una pequeña ciudad de la provincia de Santa Fe. Al final del informe se incluye una nota.

Listado manuscrito de personas detenidas para denunciar en la campaña por los presos en la que se detalla el número de documento de identidad, la ocupación y los datos vinculados a la detención. Se menciona que todos están en la lista de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU).

Primera publicación integral de denuncia de las graves violaciones a los derechos humanos en el país, redactada por Eduardo Luis Duhalde y Gustavo Roca. Fue editado en Madrid gracias a las gestiones del cineasta español Elías Querejeta. El informe no sólo denunció los crímenes dictatoriales como parte de un genocidio, apelando así a una figura instalada en el derecho penal internacional, sino que además acuñó la noción de “terrorismo de Estado” para describir el esquema represivo montado por la Junta Militar definiéndolo como una política estatal de exterminio de todo tipo de oposición, contando con un apartado específico sobre la represión al movimiento obrero como razón de estado. El libro está subdividido en cinco partes, la primera lleva por título "Estructura del Estado represor"; la segunda, "El terrorismo de Estado"; la tercera, "La represión obrera: razón de Estado"; la cuarta es un epílogo que se enfoca en que "no hubo abusos ni excesos" sino que fue una política sistemática a seguir y revisa cómo el accionar represivo de la Junta Militar fue una peligrosa agresión contra la Comunidad Internacional. Y finalmente la quinta parte expone testimonios y denuncias.

Publicación realizada en Madrid y en París que contiene la versión escrita del testimonio presentado por María Alicia Milia de Pirles, Sara Solarz de Osatinsky y Ana María Martí, tres mujeres argentinas liberadas de la ESMA, en una conferencia de prensa realizada en la Asamblea Nacional francesa en París el 12 de octubre de 1979. Contiene planos del Centro Clandestino de Detención y detalles del funcionamiento y miembros del Grupo de Tareas 3.3/2. En particular, se centra en el detalle respecto a la metodología de secuestros y torturas, los "traslados", la "capucha", los partos en cautiverio, el caso de las monjas francesas y de algunas personas desaparecidas en particular. Asimismo, reconstruye operaciones de la Armada Argentina en el exterior e incluye un listado parcial de personas que estuvieron privadas de su libertad en la ESMA.

Testimonio de Ana María Moreyra brindado ante Carlos González Gartland como consejero directivo de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) en México en relación a las circunstancias en las que fue secuestrada en marzo de 1979 hasta su liberación el 24 de diciembre de 1982. Se adjuntan cartas personales y de gestiones ante autoridades méxicanas e internacionales, el acta de libertad y constancias médicas.