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La colección contiene documentos recopilados y/o producidos por Aurora Gómez Otero y Norberto Giménez, padres de Silvia Noemí Giménez (detenida-desaparecida), en el marco de las acciones impulsadas para encontrar su paradero. Silvia Noemí Giménez tenía 23 años cuando se la llevaron secuestrada junto a su pareja Raúl en Mar del Plata el 19 de junio de 1976. Ambos eran estudiantes de Agronomía, trabajaban y militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, y tenían un hijo llamado Emiliano. Al momento del secuestro Emiliano tenía 1 año y 3 meses, fue dejado junto con una vecina; luego de unos meses después, fue llevado junto a sus abuelos. El cuerpo de Silvia fue encontrado en una fosa individual en el Cementerio de Avellaneda, e identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense en el año 2005.
Pueden encontrarse dentro de la colección folletos, volantes y correspondencia de las Madres de Plaza de Mayo y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Además, un listado en blanco para completar con información sobre la desaparición de una persona y la solicitada de la APDH (y adherentes) a Jorge Rafael Videla por una ""navidad con paz y justicia"" solicitando el esclarecimiento de la situación de los desaparecidos.
A su vez, la colección contiene sobre de cartas dirigidos a Norberto Giménez en Zelarrayán 1196 (ciudad de Bahía Blanca) proveniente de diferentes remitentes, tales como la Conferencia Episcopal Argentina, Arzobispado de Santa Fe, Nunciatura Apostólica y del exterior del país, como Francia y Suiza. En algunos casos pueden encontrarse las notas de respuestas enviadas por estas instituciones. También notas y borradores manuscritos de correspondencia dirigidas a distintas autoridades del gobierno militar argentino, la Iglesia Católica Argentina y organismos internacionales de recepción de denuncias de violaciones a los Derechos Humanos.
Asimismo, recortes y apuntes con direcciones de contacto de periodistas, autoridades del gobierno y organizaciones de Derechos Humanos, como el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Comisión Permanente por los Derechos Humanos.
Documentos vinculados a la vida personal de Aurora, como cartas de sus amistades, una tarjeta de saludo navideño, comprobantes de pago de préstamo personal de índole económica y social del Banco Nación.
Copias en papel de fotografías de tres niña (sin identificar).
Recortes de prensa del diario Clarín de abril y mayo de 1982 vinculados con la Guerra de Malvinas
Un prendedor de la agrupación H.I.J.O.S.
Por último, puede encontrarse un cuaderno con dibujos del hijo de Silvia, datos de personas y organizaciones para denunciar la desaparición, y borradores de cartas enviadas solicitando información sobre su hija.

La colección reúne recortes originales de medios periodísticos fechados entre 1981 y 1986, recopilados por un periodista estadounidense. Los artículos corresponden a medios nacionales como La Prensa, La Razón, Clarín, La Voz, Buenos Aires Herald, Crónica, Diario Popular, Tiempo Argentino, Ámbito Financiero, La Nación, Siete Días, La Semana y Gente; agencias como Diarios y Noticias (DyN) y Noticias Argentinas (NA) y el medio internacional The New York Times. Los artículos están vinculados a denuncias e imputaciones a perpetradores de crímenes de lesa humanidad, relatos de casos de personas detenidas desaparecidas, casos de personas asesinadas, nóminas de obreros desaparecidos por la dictadura cívico-militar, testimonios y entrevistas a víctimas del terrorismo de Estado, casos de apropiación de menores, fragmentos de las crónicas de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP), memorias de "La Noche los Lápices", noticias sobre denuncias de los organismos de derechos humanos. Otros artículos tratan sobre la detención y desaparición de ciudadanos y ciudadanas españoles, italianos, bolivianos, paraguayos y uruguayos y, también, sobre el hallazgo de cadáveres NN en cementerios y fosas comunes así como en las costas uruguayas, además de las exhumaciones realizadas en distintos puntos del país.
Hay además comunicados de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y publicaciones vinculadas a la democracia, la educación y la promoción de los derechos humanos.

La colección reúne la documentación perteneciente al avión utilitario Short SC.7 Skyvan N° de serie SH1888, utilizado para los "vuelos de la muerte" durante la última dictadura cívico militar. E l ShortSkyvan SC-7 perteneció a la Prefectura Naval Argentina bajo la denominación PA-51 y fue utilizado para realizar el "vuelo de la muerte" en el que se asesinó y buscó eliminar los cuerpos de las víctimas del grupo de la Iglesia de la Santa Cruz, secuestradas entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977 por miembros de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).
En 1995 el marino Adolfo Scilingo confesó haber participado en "vuelos de la muerte". Así se supo el modelo de los aviones empleados por la Armada y la Prefectura en el exterminio de personas. Enre 2004 y 2005 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó, a través de pruebas de ADN, a cinco de los cuerpos hallados en las costas bonaerenses entre el 20 y el 27 de diciembre de 1977 que pertenecían a Ángela Auad, Léonie Duquet, Esther Ballestrino, María Eugenia Ponce y Azucena Villaflor, comprobándose que habían sido víctimas de los "vuelos de la muerte". En 2009, a partir de una investigación de "Telenoche investiga", desarrollada en simultáneo y en contacto con el trabajo de los periodistas Miriam Lewin y Giancarlo Ceraudo, fue posible hallar a uno de los aviones Skyvan que todavía estaba en uso en Fort Lauderlade, en el estado de Florida, Estados Unidos. Un año después, la justicia argentina obtiene de la Prefectura documentación de cuatro de sus cinco aviones Skyvan del período 1976-1978. En las planillas de vuelo, que fueron analizadas por especialistas, se destacó la presencia de registros extraños e irregulares. En particular, un viaje realizado por el Skyvan PA-51 el día 14 de diciembre de 1977 por la noche, día en el que fueron vistas por última vez las víctimas del grupo de la Iglesia de la Santa Cruz dentro de la ESMA.
En noviembre de 2017, la justicia argentina, consideró probada la utilización del avión en los "vuelos de la muerte". El fallo se nutrió de indagaciones previas que recogieron las denuncias e investigaciones de organismos de derechos humanos, sobrevivientes de la dictadura, periodistas y de los aportes realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
En 2023, el avión fue repatriado por el Estado Nacional.
La documentación hallada en el avión consiste en libros de modificaciones del avión con fechas entre su construcción en 1971 y 2012, fichas de arreglos e índices de revisiones, fichas con las horas de vuelo y nombres de pilotos del mismo, resúmenes de inspecciones, placas del avión, así como diversas guías de piloto y manuales de vuelo.

Esta colección reúne expedientes del Ministerio de Justicia caratulados en 2011 y 2012 pero tramitados hacia finales de la década de 1980 y principios de la década de 1990 por la entonces Secretaría de Justicia a pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (Subsecertaría de Derechos Humanos y de la Mujer) como intermediario de los organismos internacionales ante los cuales los casos por violaciones de derechos humanos eran tramitados. Entre los organismos internacionales se encuentran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La mayor parte de los expedientes se encuentran vinculados a violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico militar de 1976 a 1973, como detenciones y desapariciones forzadas así como apropiación de menores y sustitución de sus identidades. Entre estos casos se encuentran el caso sobre Irma Carolina Ferrero de Fierro y su esposo José Enrique de Fierro así como también sobre Marta Ester Gatica de Giulani todos quienes sufrieron detenciones ilegales; los casos de Rosario Isabella Valenzi de Sánchez y Alicia Consuelo Herrera; el caso de Guillermo Rolando Puerta; el de Josefina Prat Gómez Lencinas, Hilda Susana Dillon de Ales, María del Carmen Boll de Vanella, Antonio Zorrilla, Pascual Ariño y Aurora María Paulina Tosoratto de García; el caso presentado por Darwiniana Rosa Monaco de Gallicchio por la desaparición de su hija y la apropiación de su nieta; el caso de desaparición forzada de Emiliano Carlos Castro Tortrino y otros; el caso de Raquel Altamira de Vaca Narvaja, Olga del Valle Marquez de Aredez, Luis Baronetto y Cristina Díaz; los casos de Pedro Luis Mazzocchi y de la niña Laura Dorado; el caso de Graciela Cristina Chein; el de Bernardo Bartoli y Rubén Héctor Padula que fueron detenidos forzosamente entre 1975 y 1976; el caso de José Mariano Torregiani; el de Sofía de Apelbaum por la desaparición de sus hijos; el caso sobre la detención del señor Jorge Altamira y otros; y los casos Rosario Isabella Valenzi y Alicia Consuelo Herrera.
Otros expedientes, por su parte, se encuentran relacionados a graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en otros períodos como es el caso del expediente que contiene las denuncias de la comunidad guaraní Fortín Mboraré; la denuncia de Ernesto Máximo Rodríguez; una encuesta sobre la aplicación de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (1989) solicitada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU); la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por Raúl Sánchez Abelenda; el caso de María Arena por abusos cometidos por las autoridades penitenciarias del Gobierno Federal; el caso referido al juicio a los atacantes del regimiento de la Tablada; el caso sobre Julio y Luis María Armesto; la denuncia del señor Carlos Alberto Wuesen ante la CIDH; informe anual de la CIDH 1989-1990 a la asamblea general; la nota y anexos del Centro de Derechos Humanos en el orden internacional sobre "Principios y garantías para la protección de las personas recluidas por mala salud mental o padecer trastornos mentales"; y la denuncia de Horacio Verbitsky al Estado Argentino por violación a disposiciones del Pacto de San José de Costa Rica.

La colección está constituida por dos documentos producidos por la Universidad Nacional de Córdoba en el ejercicio de sus actividades y funciones. El primer documento es una copia de la publicación “Los dolores que nos quedan son los compañeros que nos faltan: Informe sobre personas desaparecidas o asesinadas ligadas a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Córdoba”. El informe es el resultado de una investigación que comenzó en el 2011 por Nora Britos; Angélica Paviolo (directoras) con colaboración de María Mercedes Laje y publicado en el 2014.
El segundo documento es un informe de trabajo del Aula Abierta de Montaña (AAdeM) y EsCalera de la Universidad Nacional de Córdoba sobre la “Propuesta ciudadana Parque Nacional de la Memoria - Reserva Natural Militar, La Calera - Espacio para la Memoria y Promoción de los DDHH La Perla (2012). El documento fue elevado al Congreso de la Nación para su aprobación, por distintas organizaciones sociales, universidad y organismos de derechos humanos.

La colección es una única publicación: "Juicio Monte Pelloni: Cobertura periodística de las agencias de noticias Comunica y Zum" (2015) escrito por Juan Cachero, Santiago Wiggenhauser y Jonatan Salazar, compilado por Carolina Ferrer, Francisco Delfino y Laura Hoffman y editado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Trata sobre la causa Monte Peloni, elevada a juicio el 4 de julio de 2012, que se constituyó en el primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad realizado en Olavarría.

La colección reúne principalmente documentación vinculada a Valentina Noemí Keheyan, quien fue secuestrada el 12 de mayo de 1976 de su domicilio en el barrio de Villa Crespo de la Ciudad de Buenos Aires, y aún permanece desaparecida. Valentina provenía de una familia de origen armenio, al momento de su desaparición tenía 21 años y era estudiante de Historia en el Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín V. González. Su hermana Mónica reunió documentación personal de Valentina y de la familia Keheyan, así como también documentación judicial, Habeas Corpus y distintos recursos interpuestos en su búsqueda ante organismos nacionales e internacionales, documentación relacionada a las campañas de denuncia lideradas por Organismos de Derechos Humanos y otras instituciones civiles y eclesiásticas. Por otro lado, la colección también está compuesta por artículos periodísticos recopilados por la productora sobre la temática de la última dictadura cívico militar (1976-1983), el terrorismo de Estado, el proceso de Justicia por delitos de lesa humanidad en Argentina, la política pública en Derechos Humanos, la creación de Espacios de Memoria, entre otros.

La colección reúne documentos que registran la violencia estatal ejercida en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) entre los años 1974 y 1984. El INTA es un organismo estatal, descentralizado y con autarquía financiera dedicado a la investigación y desarrollo agro-tecnológico que se vio profundamente afectado por la dictadura cívico-militar. En 1974 comenzaron los primeros despidos de trabajadores y trabajadoras y esto se profundizó una vez dado el golpe de Estado. Cientos de trabajadores en ese período fueron cesanteados, perseguidos, detenidos, torturados, asesinados o desaparecidos. En 1980 se dicta la ley 22.294 que, al tiempo que limita sus funciones a la investigación básica, deroga la contribución del 1,5% sobre los productos y subproductos de la agricultura y ganadería que se exporten, con lo cual el INTA perdió su autonomía financiera, situación que fue enmendada en 1984 con la ley 23.058.
Entre los documentos de esta colección, podemos encontrar actas y resoluciones del Consejo Directivo del INTA, información del personal entre los años de referencia, documentación de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) referida al INTA, una copia de la Ley Nacional 23.058/84 que restituye la autarquía al organismo y artículos de periodísticos sobre la Ley Agraria.