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La colección reúne documentos en soporte papel y textiles pertenecientes a María Angélica Sabelli militante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Integran la colección el carnet penitenciario de visitas y numerosas cartas escritas por María Angélica desde el Penal de Rawson donde estuvo detenida entre abril de 1972 y el 15 de agosto de ese año, día en el cual junto a otros militantes políticos pertenecientes a las organizaciones político militares Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros, se fuga de la cárcel con la intención de abordar un avión con destino final Cuba. María Angélica integra el grupo de 19 jóvenes que, por dificultades logísticas, no consigue abordar el avión y es detenida por la Marina, trasladada a la base Almirante Zar de Trelew y fusilada el 22 de agosto en lo que se conoce como Masacre de Trelew. Las cartas escritas desde el penal de Rawson hacen foco en la vida cotidiana en el penal de Rawson, en sus preocupaciones relacionadas al contexto político (el posible regreso de Perón, el intento de visita de Héctor J. Cámpora a los detenidos políticos del Penal de Rawson, el Tucumanazo, el Buque Granaderos por el que los presos de varias cárceles del país realizaron una huelga de hambre) y el contexto de creciente movilización popular. En las cartas también menciona la relación de los integrantes de la Comisión de Solidaridad de Trelew y Rawson con los presos del penal, los lazos establecidos con los apoderados locales, los permisos de visita, los viajes de su familia a Rawson y su preocupación por el devenir de su proceso judicial tramitado en la Cámara Federal en lo Penal.
La colección reúne también objetos y documentos relacionados con la Masacre de Trelew y la búsqueda colectiva de justicia a lo largo del tiempo, como la faja de la corona funeraria con el diseño celeste y blanco de la bandera argentina en homenaje a María Angélica en el velatorio realizado en la Sede del partido Justicialista en Av. La Plata 254, fotografías de María Angélica que fueron utilizadas en banderas y pancartas para denunciar la masacre de Trelew y una remera y postales con los nombres y las fotos de los 19 militantes fusilados impresas en 2012 en el 40 aniversario. La colección reúne también algunos documentos vinculados con la educación de María Angélica Sabelli, tales como boletines y libretas de la escuela primaria y secundaria, libreta universitaria, certificados y manualidades escolares. Algunos objetos y documentos remiten a la primera infancia de María Angélica, como un bombachón de bebé, fotografías en el marco de su práctica de danza y la libreta de recuerdo de su primera comunión.

La colección está conformada por documentos y objetos reunidos por la Cámara Federal en lo Penal de la Nación (CFPN), conocida como Camarón o Cámara del Terror. La CFPN fue creada en mayo de 1971, durante la dictadura del general Alejando Agustín Lanusse, por el Decreto Ley 19.053. Esta normativa derogaba la Ley 18.670, aprobada en abril de 1970 por el régimen de facto encabezado por el general Juan Carlos Onganía, que establecía la instancia única y el procedimiento oral para una serie de delitos de competencia federal, para los que se cometieran en zonas de emergencia, contra establecimientos o instalaciones de utilidad nacional y/o para provocar alzamientos o resistencia a la autoridad y, finalmente, para los que tuvieran lugar en ocasión de huelgas, paros u otras medidas de fuerza. El objetivo de la CFPN, que se proponía agilizar los tiempos de la justicia ordinaria, era ""juzgar en instancia única y juicio oral todos los delitos de índole federal que se cometan en el territorio nacional y lesionen o tiendan a vulnerar básicos principios de nuestra organización constitucional o la seguridad de las instituciones del Estado”. Este tribunal especial, según establecía el decreto ley que le dio origen, tenía competencia sobre delitos tipificados en el Código Penal y en el Código de Justicia Militar, incluyendo tanto aquellos “previstos en la ley de represión de actividades comunistas N° 17.401"" como los casos de muerte o lesiones contra miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, siempre que no correspondiera la intervención de Tribunales Militares. También tenía injerencia cuando se trataba de delitos cometidos contra personal de las Policías Provinciales actuantes bajo órdenes de autoridades nacionales. La actividad de la CFPN se extendió hasta el 26 de mayo de 1973, cuando el gobierno democrático de Héctor Cámpora promulgó la ley 20.510 que la disolvía.
En su totalidad los documentos y objetos que contiene la colección son confiscaciones que la CFPN realizó a militantes populares considerados subversivos. Entre ellos podemos encontrar publicaciones periódicas de organizaciones políticas argentinas de la época, pronunciamientos sobre la Masacre de Trelew, folletos, boletines, informes, apuntes, afiches, banderas, armas caseras, objetos (miguelitos, mimeógrafos, baldosa conmemorativa, disco metálico con inscripciones de organizaciones), documentos de personas detenidas y sus familiares (carnet, cartas). Hay también, cartillas de instrucción militar y entrenamiento físico, escrituras de inmuebles, relatos de torturas, libretas de direcciones, listas de militares para ser ascendidos, entre otros.
Los documentos impresos pertenecientes al fondo dan cuenta de un amplio abanico de posiciones ideológicas de los diferentes frentes y organizaciones políticas, movimientos sociales, estudiantiles, sindicales barriales, eclesiales y profesionales de la época.

El núcleo de la colección está constituido por documentación que perteneció al Comando I Cuerpo del Ejército Argentino. El Comando del I Cuerpo de Ejército se encuentra sito en el barrio de Palermo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el cruce entre las Avenidas Santa Fe y Bullrich. El mismo ha sido cabeza de una de las grandes Unidades de Batalla del Ejército Argentino, el I Cuerpo de Ejército creado originariamente en la zonificación en febrero de 1960. Dicha zona abarcó al comienzo la Capital Federal, la Provincia de Buenos Aires y La Pampa. A partir de la directiva 404/75, de octubre de 1975, la cual pone en ejecución la directiva 1/75 y posteriormente en marzo de 1976, mediante la directiva 405/76, llamada “Reestructuración de jurisdicciones y adecuación orgánica para intensificar las operaciones contra la subversión” se adecúan nuevamente las zonas modificando las competencias territoriales del Comando de la zona I . Allí se excluye de la zona I un conjunto de Partidos del noreste de la provincia de Buenos Aires que pasan a conformar la Zona IV. Por la zona militar bajo su responsabilidad durante la última dictadura cívico militar de 1976 ha sido el comando que tuvo bajo su órbita el mayor número de habitantes 11,5 millones de personas, con 7 subzonas y 31 áreas. Hacia finales de 1979, una nueva readecuación excluye de su incumbencia la Provincia de La Pampa. Entre los documentos sacados del Ejército, hay partes de inteligencia; documentos con fotos de distintitas personas tipo prontuario, de las que se consignaba nombre y apodo; notas entre miembros del Ejército con el objeto de enviar información sobre personas y documentos adjuntos de secuestrados; copias de documentos pertenecientes a organizaciones como Montoneros, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Partido Comunista, Partido Obrero, Partido Comunista Revolucionario, entre otras; y documentos vinculados con el terrorismo de Estado en Chile. Muchos de los documentos, por la forma en que fueron obtenidos, se encuentran incompletos y poseen numeraciones dadas probablemente por el Ejército al incluirlos como anexos en partes de inteligencia o expedientes de documentación tomada en secuestros y allanamientos. Un alto porcentaje de la documentación tiene también sellos que indican "Secreto" o "Estrictamente secreto y confidencial". Adicionalmente, hay algunas publicaciones como un ejemplar de "Síntesis de prensa" en la que el Ejército analiza los principales titulares de tapa de diferentes medios gráficos de agosto de 1982 y el libro "Fichas de instrucción".
Entre los documentos personales, se incluye el DNI del donante, una orden de salida permanente del Comando I Cuerpo del Ejército Argentino (1982), el llamado al servicio de conscripción (marzo 1982) y la libreta del Servicio Militar Obligatorio (mayo 1982).
En cuanto a los documentos que Bernasconi añadió a este núcleo, se encuentran artículos de prensa de diversos medios como Clarín, Viva, La Nación, El País, Sur; folletos y volantes sobre el terrorismo de Estado en Argentina y las respuestas de la sociedad que el productor fue recopilando a lo largo de los años en circunstancias diversas y que entiende que ilustran la historia del país sentida como su historia personal.

La colección reúne copias digitales de documentos sobre Liliana Corti, nacida el 9 de mayo de 1950 en la ciudad de Buenos Aires, y Horacio Miguel Pietragalla, nacido el 3 de agosto de 1948 en la misma ciudad, quienes fueron militantes de la organización política Montoneros. También hay documentos de Horacio Pietragalla Corti, segundo hijo de la pareja, nacido el 11 de marzo de 1975.
El 15 de octubre de 1975 Horacio Miguel Pietragalla fue detenido en la ciudad de Córdoba y asesinado el 8 de noviembre del mismo año, mientras que Liliana Corti fue asesinada el 4 de agosto de 1976 en un operativo realizado en la casa donde vivía en Villa Adelina. El niño hijo de la pareja, de cinco meses, fue llevado por personal policial a la Clínica Mayo y a la Brigada Femenina de San Martín, siendo luego entregado por el teniente coronel Hernán Tetzlaff a una mujer que trabajaba como empleada doméstica en su domicilio.
En el año 2002 Pietragalla Corti inicia el proceso de reconstrucción de su identidad a través de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI). El 4 de abril de 2003 el resultado de los estudios de ADN confirmó que se trataba de Horacio, hijo de Liliana Corti y Horacio Miguel Pietragalla, constituyendo el nieto número 75 que las Abuelas de Plaza de Mayo restituyeron a su familia biológica. Los restos de Liliana Corti y los de Horacio Miguel Pietragalla fueron exhumados e identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el año 2004 y 2003 respectivamente.
La colección está constituida por documentos personales de Liliana y Horacio Miguel, tales como la invitación al casamiento de la pareja, la libreta de familia, certificados de nacimiento y defunción, fotografías, tarjetas, postales, algunas cartas que Horacio Miguel enviaba de niño, certificado de vacunación, la cédula de identidad del Ejército, el certificado de juramento a la bandera y un programa de una obra teatral en la que actuó Pietragalla, entre otros.
Hay, además, documentación de la actividad laboral de Liliana como es la copia fiel de su legajo de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), reparado por medio del decreto 1199/12 que alcanzó a las y los empleados/as de la Administración Pública Nacional que se encontraran en condición de desaparición forzada o hayan sido asesinados/as como consecuencia de la acción del terrorismo de Estado entre 1955 y 1983. El legajo cuenta con documentos como planillas y solicitudes de licencias y antecedentes administrativos que registran licencias por detenciones y su renuncia el 01 de enero de 1976.
También se encuentran documentos vinculados al ámbito educativo de Horacio Miguel. Hay una copia de su legajo de la Universidad de Buenos Aires, donde cursó sus estudios de Sociología, y un certificado de las materias realizadas. Asimismo hay un duplicado de su título de Bachillerato nocturno realizado en el Instituto Privado Incorporado a la Enseñanza Oficial Cardoso y los correspondientes boletines de calificaciones, certificados de conducta y algunos apuntes sobre historia argentina.
Adicionalmente hay algunos artículos periodísticos sobre el retorno al país del ex Presidente Juan Domingo Perón luego del exilio en 1972.
Una gran parte de la colección se encuentra conformada por la reunión de documentos vinculados a la desaparición forzada de Horacio Miguel y Liliana en 1975 y 1976 respectivamente, así como documentación vinculada a la búsqueda y restitución de la identidad de su hijo Horacio Pietragalla Corti. En este sentido, se encuentran solicitudes de paradero de Horacio Miguel presentadas por el padre de Horacio, Gerardo Horacio Pietragalla, y por su madre, María Angélica Ventura de Pietragalla, así como las respuestas obtenidas por el Ministerio del Interior notificando el desconocimiento de la ubicación de Horacio Miguel y certificando que no se encontraba detenido. Asimismo, hay solicitudes del paradero de su nieto Horacio Pietragalla Corti. También hay notas al Ministerio del Interior enviadas por el padre de Liliana, José Antonio Corti, solicitando conocer el paradero de su nieto y la respuesta del Ministerio, mientras que, en otras notas, el padre de Liliana solicita el cuerpo de su hija. Se puede encontrar además, una copia certificada por el Archivo Provincial por la Memoria de Córdoba del expediente 186.340 de 1976 del Ministerio del Interior iniciado por Gerardo Horacio Pietragalla solicitando información sobre el paradero de su hijo y otros documentos obrantes en ese Archivo provincial. Finalmente, se añaden documentos de las causas que investigan la sustracción, desaparición, retención y ocultamiento del niño Horacio Pietragalla Corti como por ejemplo la solicitud de acumulación de las causas, citaciones judiciales a declarar, entre otros documentos que evidencian la intensa búsqueda de la verdad y la justicia por parte de la familia de Liliana y Horacio Miguel así como de organismos de Derechos Humanos como Abuelas de Plaza de Mayo.

Sección Derechos Humanos de la publicación "Argentina día por día" con testimonio de Lisandro Raúl Cubas titulado "Los desaparecidos empiezan a hablar". Este testimonio aparece en forma de entrevista a Cubas, quien fue secuestrado y desaparecido el 20 de octubre de 1976 y, tres años más tarde, liberado, saliendo al exilio en 1979. Además del testimonio se inlcuyen otros dos artículos periodísticos:

• Artículo de Clarín titulado "Un Informe Revelador. Detenciones Clandestinas" y se trata de un informe elaborado por ocho ex detenidos del centro clandestino de detención La Cacha, redactado en un convento de San Pablo. Incluye lista de 75 personas que pasaron por La Cacha.
• Artículo de La Nación con el título "La Libertad para Subversivos" que trata sobre la sanción del Poder Ejecutivo Nacional de la Ley 22.980 con la que se deroga la ley 22.156 y se modifica los artículos 13 y 53 del Código Penal.
• Artículo de La Nación "Situación Procesal del Almirante Massera".
• Artículo de Clarín "Recurso Diplomático" sobre el Habeas corpus en favor de 27 españoles desaparecidos. Incluye el relato sobre españoles detenidos ilegalmente en distintos centros clandestinos de detención, proveniente de un escrito presentado por el ministro encargado de la sección Asuntos Consulares de la Embajada de España.
• Artículo de Clarín "Internaron a Emilio Massera", que refiere a la ausencia de Eduardo Massera en la absolución de posiciones convocada por el juez de sentencia Ricardo José Galli debido a problemas de salud.

Carta de Elena Haydee Sevilla a Jorge Rafael Videla, Leopoldo Fortunato Galtieri, Albano Harguindeguy y Jorge A. Aja Espil sobre el caso de Aníbal Jorge Viton, prisionero político en Argentina, en la que se solicita la liberación de Viton tras cumplir su condena y acogerse al Programa hemisférico de libertad condicional para detenidos argentinos en Estados Unidos de Norteamérica.