Esta serie reúne treinta y siete comunicados diversos de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU). Entre ellos hay varios comunicados de prensa o discursos que se menciona que fueron dados en ruedas de prensa. Muchos de estos aparecen firmados conjuntamente por organismos como Comisión de Solidaridad de Familiares de Presos, Muertos y Desaparecidos por Razones Políticas en Argentina (COSOFAM); Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA); Comunidad de Cristianos Argentinos (CCA); Cristianos Argentinos en el Exilio (CAE); Frente Argentino de Cineastas (FAC/ FRACIN); Grupo de Arquitectos e Ingenieros Argentinos en México (GAIAM); Trabajadores de la Salud Mental Argentinos en México (TSM); Trabajadores y Sindicalistas Argentinos en el Exilio (TYSAE); Unidad y Resistencia Argentina en el Exilio (URAE) y Comisión Argentina de Solidaridad (CAS). Hay además algunas invitaciones que realizara la CADHU filial México a Jornadas de denuncia y solidaridad con la Argentina así como a conferencias de prensa y actos. Por otra parte, forman parte de esta serie comunicados que la CADHU publicaba bajo el título "Acción Urgente", las cuales buscaban difundir noticias de último momento de secuestros, asesinatos y desapariciones por parte de la Dictadura cívico militar argentina y la coordinación con los gobiernos dictatoriales del cono sur, al tiempo que reclamaban una respuesta rápida frente a estas violaciones a los derechos humanos.

Esta serie reúne ciento cincuenta y cinco cartas, en su mayoría, enviadas por el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA) en el marco del cumplimiento de sus funciones, misiones y actividades. Los destinatarios de los intercambios espistolares son, en general, organizaciones de derechos humanos como la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU), el Comité Mexicano de Solidaridad con el Pueblo Boliviano, el Comité de Solidaridad con el Pueblo de Nicaragua, entre otras, y con organizaciones políticas como el Partido Comunista Chileno y el Comité Político de la Izquierda Chilena en México. Además, hay cartas dirigidas a organismos internacionales como la Organización para las Naciones Unidas (ONU); el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); la Comisión Internacional de Juristas, o The International League for Human Rights, así como con diferentes embajadas en las que el COSPA denuncia la desaparición o asesinato de distintas personas así como advierte el riesgo que corren otras y la necesidad de tomar medidas urgentes. A través de esta correspondencia, gran parte de la cual se encuentra firmada por Carlos González Gartland como Secretario de Relaciones Internacionales, el Comité expone sus posturas, declaraciones y lineas de acción a seguir, buscando al mismo tiempo tender lazos para la denuncia de violaciones a los derechos humanos por parte de la Dictadura cívico militar argentina y para atender a la situación de los refugiados y exiliados políticos argentinos. Hay también algunas cartas enviadas al interno del Comité entre las diferentes secretarías que lo integraban. Entre la correspondencia recibida, que es minoritaria, se encuentran algunas misivas dirigidas a Casa Argentina de familiares de detenidos desaparecidos buscando apoyo y solidaridad para dar con su paradero así como a Madres de Plaza de Mayo.

Fotocopia de declaración realizada por el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA) en asamblea plenaria.

Fragmento de declaración realizada por el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA) en la que aborda la situación de Argentina en cuanto a lo económico, social y político durante la dictadura cívico militar.

Fotocopia de declaración realizada por el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA) sobre el Mundial de fútbol de 1978 en la que enuncia que su posición frente a éste será la de difusión, esclarecimiento y denuncia del objetivo de la dictadura como de la resistencia que se estaba llevando a cabo.

Fotocopia de declaración realizada por el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA) en asamblea plenaria.

Esta serie reúne tramitaciones realizadas por Celia Jinkis de Korsunsky a partir de la detención y desaparición de su hijo Eduardo Korsunsky en 1976, incluyendo las acciones judiciales realizadas desde ese momento para localizar su paradero. Contiene distintos tipos de presentaciones judiciales como por ejemplo borradores de recursos de habeas corpus, ampliación de medidas y acciones, reiteratorios frente a las negativas de los habeas corpus recibidas de las distintas instancias y jurisdicciones del Poder Judicial. También pueden encontrarse declaraciones testimoniales y comunicaciones intercambiadas con los juzgados y tribunales en el marco de investigaciones sobre delitos de lesa humanidad a partir de la reapertura de los juicios en el año 2003, así como copia de las pruebas documentales presentadas. Finalmente, también se encuentran algunas de las denuncias realizadas ante distintos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. El recorrido por estos documentos permite recuperar el derrotero que significó para miles de Madres de Plaza de Mayo la búsqueda de sus hijos detenidos desaparecidos por la dictadura cívico militar.

La causa, conocida como "Causa Camps (44), se inició a raíz del Decreto 280/84, del Poder Ejecutivo Nacional con fecha 18 de enero de 1984, que dispuso someter a juicio sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas al General (R) Ramón Juan Alberto Camps, con motivo de las declaraciones prestadas por el nombrado y en donde habría reconocido su participación directa en la comisión de numerosos delitos. Entre los hechos más conocidos investigados en esta megacausa se encuentran “La noche de los lápices”, el secuestro del “grupo Graiver”, los secuestros de Jacobo Timerman y Jorge Julio López y el ataque a la “casa de Calle 30 Mariani Teruggi”, incluida la apropiación de la niña Clara Anahí. Se juzgaron los secuestros, tormentos, torturas y desapariciones en perjuicio de 280 víctimas -entre ellas embarazadas, bebés nacidos en cautiverio y niños secuestrados junto a sus padres- en los centros clandestinos que funcionaron en las Brigadas de San Justo y de Investigaciones de La Plata, el Destacamento de Arana, la Comisaría 5ta de La Plata, Puesto Vasco y Comando de Operaciones Tácticas I de Martínez. En la sentencia dictada el 2 de diciembre de 1986 se dictaminó la condena de Jorge Antonio, Ramón Juan Alberto Camps, Norberto Cozzani Cabezón, Miguel Osvaldo Etchecolatz Santillán; Ovidio Pablo Ricchieri y Ovidio Pablo.
El fondo se compone de la copia digital de los 57 cuerpos la causa, las actas mecanografiadas de las sesiones y la documentación aportada como prueba por las partes durante el desarrollo del juicio.

Informe "Complemento informativo de las declaraciones del ex-marinero uruguayo Daniel Rey Piuma" en el que se desarrollan preguntas y respuestas sobre el servicio de inteligencia uruguayo y su vínculo con el gobierno estadounidense, el uso de documentación falsa, la violación de correspondencia y sobre personas detenidas no reconocidas oficialmente, incluyendo también un apartado sobre corrupción.

Fragmento de cuestionario, realizado presuntamente a un desertor de las Fuerzas Armadas uruguayas, en el que se abordan los siguientes temas: la aparición de cadáveres en el Río de la Plata entre 1976 y 1979, detenciones de ciuadanos argentinos en Uruguay, mecanismos de coordinación represiva entre Argentina y Uruguay y los procedimientos represivos en la Prefectura Nacional Naval.

Transcripción de la declaración de Hugo Walter García Rivas, soldado del Ejército uruguayo, tomada por el Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay (SIJAU). Cuenta con una síntesis de las declaraciones y luego la transcripción de preguntas y respuestas sobre el secuestro de Lilian Celiberti, sus dos hijos y Universindo Rodríguez Díaz, la Escuela de Inteligencia del Ejército y la muerte por torturas de Humberto Pascaretta.

Declaracón de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) en el marco de las elecciones de 1983 en Argentina, comenta las opciones de candidatos; también realiza un balance sobre la actuación de la Comisión desde un fundación; y por último, elabora propuestas para continuar la lucha.

Declaración de organismos de derechos humanos y partidos políticos en apoyo al reclamo por la libertad de los presos políticos en Uruguay.

Declaración del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay (SIJAU) sobre la detención y procesamiento de Wilson Ferreira Aldunate y su hijo, Juan Raúl Ferreira, ocurridos el día 16 de junio de 1984 cuando regresaron a Uruguay luego de su exilio.

El fondo se compone de la documentación producida en el marco de la causa N° 2522 (Lex. 14216/2003/TO9) "Rodríguez, Hubo Roberto y otros s/privación ilegal de la libertad, agravada por mediar violencia o amenazas; en concurso ideal con el delito de imposición de tormentos" conocida como Vesubio III, tramitada ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 (TOF 4). En particular, contiene los audios de las audiencias y la documentación aportada como prueba. Entre la documentación de prueba, se encuentran:

• libros históricos de distintas unidades militares, juntas de calificaciones, directivas y reglamentos militares, copias de legajos de personal militar, boletines, listados de personal militar, policial y penitenciarios.
• planos e inspecciones oculares
• expedientes judiciales anexados a la causa
• legajos de identificación de la Cámara Federal
• constancia de pericias antropológicas y certificados de defunción
• documentación de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires e informes de la Comisión Provincial por la Memoria
• documentación aportada por el CELS que incluye artículos periodísticos, la declaración de Elena Alfaro, lista de trabajadores desaparecidos y documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos
• copias de legajos CONADEP, SDH y REDEFEA y habeas corpus presentados para la búsqueda de paradero de las víctimas involucradas
• Libros titulados "Subteniente de Caballería JCO 1977", "Derechos Humanos, Justicia y Reparación", "Vida y lucha de Vanguardia Comunista", "Genocidio en la Argentina" e "Historia Argentina contemporánea"

El Centro Clandestino de Detención El Vesubio funcionó entre 1975 y 1979 en un predio del Servicio Penitenciario Federal ubicado en el cruce de Autopista Ricchieri y Camino de Cintura en el partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires. Hasta su disolución y demolición completa a raíz de la inspección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), habían pasado más de 2.500 personas de las que hubo unos pocos sobrevivientes. Este tramo del juicio analiza la responsabilidad de seis agentes del Servicio Penitenciario Federal en los crímenes perpetrados contra casi 400 víctimas. Por esta causa en las que se investigaron crímenes cometidos contra casi 400 víctimas, el Tribunal condenó a un exmilitar y a dos exagentes penitenciarios federales a prisión perpetua, e impuso penas de entre tres años y seis meses de prisión y 15 años de prisión para otros cinco acusados. A su vez, el TOF 4 declaró que los hechos juzgados fueron crímenes contra la humanidad y que la violencia sexual perpetrada contra mujeres "fue específica, sistemática y planificada" y que "partió de estereotipos de género y los profundizó, exhibiendo un carácter extendido y con un claro objetivo disciplinador". También dispuso la reparación de los legajos de las víctimas estudiantes y trabajadoras para que se consigne que fueron víctimas del terrorismo de Estado.

Esta sección reúne documentos de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) recopilados por Carlos González Gartland en el marco del cumplimiento de sus misiones, funciones y actividades en dicha organización. La CADHU se gestó durante los meses previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, aunque su aparición formal se produjo cuando ya había comenzado la dictadura, en abril de 1976. La CADHU se fundó a partir de la confluencia de distintos grupos. El más numeroso lo componían las y los militantes del Partido Revolucionario de los Obreros Argentinos (PROA), organización a la que pertenecía, entre otros, Carlos González Gartland. La denuncia y la solidaridad se constituyeron tempranamente como las dos vías de acción principales de la CADHU. Los acuerdos logrados entre el sector vinculado al PROA y los representantes de la organizaciones político-militares fueron fundamentales para llevar adelante la primera de esas iniciativas, que se canalizó a través de Ignacio Ikonikoff, encargado de centralizar los datos aportados por los colaboradores vinculados a Montoneros y el PRT-ERP. De este modo, se constituyó un primer circuito de información que permitía conocer y denunciar con cierta celeridad los secuestros y asesinatos que se multiplicaban diariamente en el país durante los primeros meses de dictadura, y de los que los militantes relacionados con las organizaciones político-militares formaban un porcentaje considerable.
La denuncia en el extranjero fue desde el inicio una prioridad para la CADHU, cuyos integrantes –por su experiencia en la defensa de presos políticos– habían entablado vínculos tempranos con diversas entidades internacionales del campo jurídico ligadas a la defensa de los derechos humanos. Esta proyección hacia el ámbito internacional de la CADHU no sólo respondía a consideraciones de estrategia sino, también, a las urgencias que planteaba el avance de la represión en la Argentina. La información que se recogía en la Argentina sobre el avance de los secuestros, las desapariciones y los asesinatos en la vía pública salía del país inicialmente a través del circuito organizado en torno a Ikonikoff. Durante el primer año de dictadura, él fue el encargado de enviar con cierta periodicidad cartas a los representantes de la CADHU en el exilio en las que recopilaba numerosos datos sobre el avance de la represión en la Argentina e informaba también sobre la cotidianidad del organismo.
La CADHU estableció representaciones en diversos países de Europa Occidental y América, entre ellas la delegación del organismo en México, encabezada por el abogado Carlos González Gartland, quien desarrolló su militancia en la CADHU en paralelo a su participación en el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA).
Una de las actividades fundamentales asumidas por la CADHU fue la de denuncia a través de la producción y difusión de relatos del cautiverio elaborados por sobrevivientes de centros clandestinos de detención. La circulación de este tipo de documentos en el extranjero tenía como objetivo principal lograr la condena internacional de la Junta Militar por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometían en la Argentina. Estos relatos, que narran de manera detallada el horror de la represión clandestina, constituyeron un insumo clave del movimiento antidictatorial en su campaña de denuncia y, además, generaron un conocimiento temprano sobre el dispositivo represivo que sería clave en el escenario judicial de la transición democrática. Los testimonios reunidos no solo son los producidos por la CADHU sino también algunos recopilados por Gartland y reunidos en un mismo corpus.
Además, esta sección reúne diversas publicaciones de la CADHU en las que se denunciaban los crímenes de la dictadura, una de las cuales, por ejemplo causó un gran impacto en el terreno de la denuncia internacional: ""Proceso al Genocidio"". Se trata del primer informe integral sobre las violaciones a los derechos humanos en el país. Editado en Madrid gracias a las gestiones del cineasta español Elías Querejeta, el libro fue redactado por Eduardo Duhalde y Gustavo Roca, pero su insumo fundamental fue la información que integrantes y colaboradores de la CADHU habían obtenido clandestinamente en la Argentina y, luego, sacado del país por distintas vías. El informe no sólo denunció los crímenes dictatoriales como parte de un genocidio, apelando así a una figura instalada en el derecho penal internacional, sino que además acuñó la noción de “terrorismo de Estado” para describir el esquema represivo montado por la Junta Militar. También hay una multiplicidad de comunicados de denuncia de diverso tipo como los comunicados de prensa o los llamados ""Acción urgente"".
La sección cuenta además con correspondencia que da cuenta de los vínculos de la CADHU con otros organismos de derechos humanos y de las actividades e iniciativas de solidaridad que buscaban dar auxilio a las personas que huían de la persecución dictatorial así como de las intervenciones en el espacio público que consistieron fundamentalmente en movilizaciones ante las embajadas argentinas en los países del exilio ante eventos puntuales o fechas de resonancia particular, como los aniversarios del golpe de Estado.
Finalmente, hay rendiciones de egresos mensuales de la sede México de la CADHU cada uno de los cuales se encuentra acompañado por la misiva dirigida al Consejo Directivo de la CADHU en Madrid y, en algunos casos, un detalle de las líneas de acción de la delegación.

La colección se encuentra constituida por diez casetes que contienen documentos sonoros entre los que se encuentran discursos, conferencias de prensa, actos de asunción presidenciales, juras de ministros y comunicados de la junta militar. Algunas de las voces más relevantes que forman parte de esta colección son las de Héctor José Cámpora, Jorge Rafael Videla, José Alfredo Martínez de Hoz, Arturo Mor Roig, Osvaldo Dorticós Torrado, protagonistas de hechos históricos de la década de 1970.

Esta serie reúne diecisiete declaraciones realizadas por el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA), las cuales comparten, en muchos casos, el carácter de denuncia que tiene la serie "Denuncias realizadas por e COSPA". A través de estas declaraciones el COSPA sienta posición respecto de los actos de represión y violaciones a los derechos humanos por parte de la Dictadura cívico militar argentina desde el contexto del exilio en la ciudad de México DF, así como también de su accionar sobre temas de soberanía nacional como los casos de las Islas Malvinas y del Canal de Beagle. En algunos casos, por medio de estas declaraciones, el COSPA reclama la intervención de organismos internacionales a fin de que se manifiesten contra estos hechos.