Carta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en la que se sostiene que se iniciarán los esfuerzos para concretar la salida del país de Liliana Marcelo Pellegrino.

La colección reúne principalmente documentación vinculada a Valentina Noemí Keheyan, quien fue secuestrada el 12 de mayo de 1976 de su domicilio en el barrio de Villa Crespo de la Ciudad de Buenos Aires, y aún permanece desaparecida. Valentina provenía de una familia de origen armenio, al momento de su desaparición tenía 21 años y era estudiante de Historia en el Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín V. González. Su hermana Mónica reunió documentación personal de Valentina y de la familia Keheyan, así como también documentación judicial, Habeas Corpus y distintos recursos interpuestos en su búsqueda ante organismos nacionales e internacionales, documentación relacionada a las campañas de denuncia lideradas por Organismos de Derechos Humanos y otras instituciones civiles y eclesiásticas. Por otro lado, la colección también está compuesta por artículos periodísticos recopilados por la productora sobre la temática de la última dictadura cívico militar (1976-1983), el terrorismo de Estado, el proceso de Justicia por delitos de lesa humanidad en Argentina, la política pública en Derechos Humanos, la creación de Espacios de Memoria, entre otros.

El fondo, que es una parcialidad del mismo, reúne documentación de y sobre Patrick Rice organizada por su esposa Fátima y sus hijos. Patrick Rice fue un sacerdote iralndés, que se radicó en Argentina en la década de 1970, y fue además activista y defensor de los derechos humanos. En 1976 fue secuestrado y desaparecido junto a su esposa y, tras las presiones del gobierno irlandés, ambos fueron liberados exiliándose a Londres hasta 1984, año en que regresan a Argentina.
Dentro de los documentos que componen este fondo hay documentación personal de Patrick Rice, también documentos vinculados a los Pequeños Hermanos del Evangelio de la Fraternidad Carlos De Foucaud, organización a la que ingresó en 1972; y documentos relacionados al funcionamiento de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM) de la cual Patrick Rice fue fundador y secretario general. Asimismo se incluyeron copias digitales del artículo "Patrick Rice, un misionero católico irlandés" de la revista "Satiricón" del año 1984; un libro fotocopiado y anillado de Archivos del Vaticano "Archivio del Consilium pro Publicis Ecclesiae Negotiis" y correspondencia personal dirigida a su familia en Irlanda.

Copia digital de carta de Horacio Miguel Pietragalla al "Ratón Pérez" agradeciendo los regalos que le dejó en razón de haber perdido su primer diente.

Copia digital de carta de José Antonio Corti al Subsecretario del Interior Coronel José Ruiz Palacios en relación a los hechos vinculados al asesinato de su hija Liliana Corti y el paradero de su nieto.

Copia digital de carta de José Antonio Corti al Comandante Mayor Rogelio Ramón Poggio, Jefe del Departamento de Seguridad del Ministerio del Interior con el objeto de solicitar una entrevista para conocer el paradero de su nieto, hijo de Liliana Corti y Horacio Miguel Pietragalla.

Copia digital de carta de José Antonio Corti al Ministro del Interior con el objeto de exponer que el día 5 de agosto de 1976 agentes de la Policía efectuaron en su domicilio un procedimiento que, según informaron se encontraba vinculado con la muerte de su hija Liliana Corti, acaecido dos días antes; que, tras algunas diligencias de investigación no pudo dar con ningún medio en el que apareciera el nombre de su hija en los sucesos acontecidos en esos días; y que desconocía el domicilio de su hija desde hacía un año pero supo que había dado a luz a un hijo del sexo masculino. Tras exponer todo ello, solicita información sobre la muerte de su hija y que se le restituyan sus restos así como su nieto.

Copia digital de carta de José Antonio Corti al Comandante de Institutos Militares Campo de Mayo con el objeto de solicitar una entrevista para conocer el estado de situación de los trámites respecto de la búsqueda de su nieto desaparecido de aproximadamente ocho meses, tras el asesinato de su hija y madre del bebé, Liliana Corti.

Copia digital de carta abierta de Abuelas de Plaza de Mayo, firmada por su presidenta María Isabel Chorobik de Mariani, a familiares de víctimas del terrorismo de Estado con el objeto de solicitar colaboración para las tareas de búsqueda de los nietos y nietas apropiados durante la dictadura cívico militar.

La serie reúne documentos, tales como artículos de prensa internacional (sobre todo francesa), folletos y afiches, recopilados por Carlos González Gartland vinculados al Mundial de Fútbol en Argentina de1978 en relación con las violaciones a los derechos humanos. Entre estos documentos destacan los de la Coordinación Internacional de la Campaña del Boicot al mundial de fútbol en Argentina y otros informes destinados a cuestionar la realización del mundial de fútbol en el contexto de la dictadura cívico-militar.

Esta sección reúne documentos de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) recopilados por Carlos González Gartland en el marco del cumplimiento de sus misiones, funciones y actividades en dicha organización. La CADHU se gestó durante los meses previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, aunque su aparición formal se produjo cuando ya había comenzado la dictadura, en abril de 1976. La CADHU se fundó a partir de la confluencia de distintos grupos. El más numeroso lo componían las y los militantes del Partido Revolucionario de los Obreros Argentinos (PROA), organización a la que pertenecía, entre otros, Carlos González Gartland. La denuncia y la solidaridad se constituyeron tempranamente como las dos vías de acción principales de la CADHU. Los acuerdos logrados entre el sector vinculado al PROA y los representantes de la organizaciones político-militares fueron fundamentales para llevar adelante la primera de esas iniciativas, que se canalizó a través de Ignacio Ikonikoff, encargado de centralizar los datos aportados por los colaboradores vinculados a Montoneros y el PRT-ERP. De este modo, se constituyó un primer circuito de información que permitía conocer y denunciar con cierta celeridad los secuestros y asesinatos que se multiplicaban diariamente en el país durante los primeros meses de dictadura, y de los que los militantes relacionados con las organizaciones político-militares formaban un porcentaje considerable.
La denuncia en el extranjero fue desde el inicio una prioridad para la CADHU, cuyos integrantes –por su experiencia en la defensa de presos políticos– habían entablado vínculos tempranos con diversas entidades internacionales del campo jurídico ligadas a la defensa de los derechos humanos. Esta proyección hacia el ámbito internacional de la CADHU no sólo respondía a consideraciones de estrategia sino, también, a las urgencias que planteaba el avance de la represión en la Argentina. La información que se recogía en la Argentina sobre el avance de los secuestros, las desapariciones y los asesinatos en la vía pública salía del país inicialmente a través del circuito organizado en torno a Ikonikoff. Durante el primer año de dictadura, él fue el encargado de enviar con cierta periodicidad cartas a los representantes de la CADHU en el exilio en las que recopilaba numerosos datos sobre el avance de la represión en la Argentina e informaba también sobre la cotidianidad del organismo.
La CADHU estableció representaciones en diversos países de Europa Occidental y América, entre ellas la delegación del organismo en México, encabezada por el abogado Carlos González Gartland, quien desarrolló su militancia en la CADHU en paralelo a su participación en el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA).
Una de las actividades fundamentales asumidas por la CADHU fue la de denuncia a través de la producción y difusión de relatos del cautiverio elaborados por sobrevivientes de centros clandestinos de detención. La circulación de este tipo de documentos en el extranjero tenía como objetivo principal lograr la condena internacional de la Junta Militar por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometían en la Argentina. Estos relatos, que narran de manera detallada el horror de la represión clandestina, constituyeron un insumo clave del movimiento antidictatorial en su campaña de denuncia y, además, generaron un conocimiento temprano sobre el dispositivo represivo que sería clave en el escenario judicial de la transición democrática. Los testimonios reunidos no solo son los producidos por la CADHU sino también algunos recopilados por Gartland y reunidos en un mismo corpus.
Además, esta sección reúne diversas publicaciones de la CADHU en las que se denunciaban los crímenes de la dictadura, una de las cuales, por ejemplo causó un gran impacto en el terreno de la denuncia internacional: ""Proceso al Genocidio"". Se trata del primer informe integral sobre las violaciones a los derechos humanos en el país. Editado en Madrid gracias a las gestiones del cineasta español Elías Querejeta, el libro fue redactado por Eduardo Duhalde y Gustavo Roca, pero su insumo fundamental fue la información que integrantes y colaboradores de la CADHU habían obtenido clandestinamente en la Argentina y, luego, sacado del país por distintas vías. El informe no sólo denunció los crímenes dictatoriales como parte de un genocidio, apelando así a una figura instalada en el derecho penal internacional, sino que además acuñó la noción de “terrorismo de Estado” para describir el esquema represivo montado por la Junta Militar. También hay una multiplicidad de comunicados de denuncia de diverso tipo como los comunicados de prensa o los llamados ""Acción urgente"".
La sección cuenta además con correspondencia que da cuenta de los vínculos de la CADHU con otros organismos de derechos humanos y de las actividades e iniciativas de solidaridad que buscaban dar auxilio a las personas que huían de la persecución dictatorial así como de las intervenciones en el espacio público que consistieron fundamentalmente en movilizaciones ante las embajadas argentinas en los países del exilio ante eventos puntuales o fechas de resonancia particular, como los aniversarios del golpe de Estado.
Finalmente, hay rendiciones de egresos mensuales de la sede México de la CADHU cada uno de los cuales se encuentra acompañado por la misiva dirigida al Consejo Directivo de la CADHU en Madrid y, en algunos casos, un detalle de las líneas de acción de la delegación.

Esta serie reúne alrededor de 25.000 habeas corpus que fueron remitidos por distintas instancias del Poder Judicial de todo el país como respuesta a los requerimientos que realizara la CONADEP sobre los pedidos presentados por las familias para determinar el paradero de personas desaparecidas entre 1975 y 1983. Asimismo contiene las respuestas de distintas instancias del Poder Judicial de diversos puntos del país a la solicitud realizada por la CONADEP de nóminas de causas sobre privación ilegítima de la libertad iniciadas durante el mismo período.

Esta serie reúne diversas comunicaciones sobre los cuestionarios a militares enviados por la CONADEP a miembros de las Fuerzas Armadas a través del Ministerio de Defensa y a miembros de las Fuerzas de Seguridad a través del Ministerio del Interior en 1984 con el objeto de llevar adelante sus tareas de investigación sobre la detención y desaparición de personas durante la dictadura cívico-militar. El 5 de julio de 1984, considerando que era neCésario afianzar la justicia y consolidar la paz interior y para lograr esto eran indispensables las declaraciones del personal de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la Nación, Raúl Ricardo Alfonsín firmó el decreto 2107/84. Por medio de esta normativa se autorizó de forma genérica al personal de las Fuerzas Armadas "a quienes les sean legalmente requeridos informes, declaraciones o documentos referidos a la lucha contra la subversión y el terrorismo, a declarar sobre hechos o asuntos del servicio que se refieran a dicha actividad, sin necesidad de solicitar en cada caso concreto la venia que prescriben los reglamentos militares pertinentes".
Esta serie reúne algunos de los cuestionaRíos que la CONADEP envió a altos mandos de las distintas Fuerzas por medio del Ministerio de Defensa con preguntas vinculadas a su participación personal y directa en la planificación, dirección y ejecución de la lucha antisubversiva según la interpretación dada a los decretos 261/75 y 2772/75 emanados del Poder Ejecutivo Nacional, a las normativas legales que legitimaron los métodos y operativos utilizados y a los parámetros jurídicos para discernir entre quién era subversivo y quién no, así como a las formas de documentar ese accionar. Asimismo se encuentran las respuestas por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas, enviadas también a través del Ministerio, muchas de las cuales se negaron a responder el cuestionario.