Fotografía de los presos políticos integrantes de organizaciones político militares Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros, en el momento de la entrega de las armas a la Marina en la puerta del aeropuerto local con la condición de la preservación de su integridad. Trelew, Provincia de Chubut.

Tarjeta dibujada realizada por Eduardo Adolfo Capello desde la Unidad Penal 6 de Rawson representando la vida allí, para sus padres, Soledad Davi de Capello y Jorge Gabino Capello. Rawson, Provincia de Chubut, Argentina

Tarjeta realizada por Eduardo Adolfo Capello desde la Unidad Penal 6 de Rawson con una frase de Ernesto Che Guevara. Rawson, Provincia de Chubut, Argentina

Carta de Eduardo Adolfo Capello a su madre, Soledad Davi de Capello, desde la cárcel saludándola por el día de la madre. Argentina.

Carta de Eduardo Adolfo Capello a sus padres, Soledad Davi de Capello y Jorge Gabino Capello desde la Unidad Penal 6 de Rawson en la que hace referencia a que no recibe cartas de ellos, la salud de Mafalda y novedades del abogado. Rawson, Provincia de Chubut, Argentina.

Artículo periodístico sobre la Masacre de Trelew del 22 de agosto de 1972. Provincia de Chubut, Argentina.

Tarjeta con personas con pancartas en una movilización en Rawson realizada para la muestra "Jornada Histórica". Rawson, Provincia de Chubut, Argentina.

Carta de Eduardo Adolfo Capello a Blanca y Juan desde la cárcel donde hace referencia a la huelga de hambre, su militancia, les pide que se acerquen a sus padres y saluda a su abuela. Argentina.

Carta de Eduardo Adolfo Capello a su madre, Soledad Davi de Capello, desde la cárcel saludándola por el día de la madre. Argentina.

Carta de Eduardo Adolfo Capello a sus padres, Soledad Davi de Capello y Jorge Gabino Capello desde la cárcel donde hace referencia a su vida diaria, las cartas que recibe y novedades en su causa. Argentina.

La colección está conformada por el registro de actividades y actos realizados por las diferentes juntas militares, así como también las movilizaciones impulsadas por los organismos de derechos humanos desde la dictadura cívico-militar de 1976 hasta la primera mitad de los años ´80. Hay también numerosos registros de la guerra de Malvinas tomados por fotógrafos de la agencia. Por otra parte integran esta colección los registros de los conflictos sociales y políticos ocurridos en la Argentina a partir del año 2001 y fotografías referidas a los juicios de lesa humanidad.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) fue creada por el presidente Raúl Alfonsín a través del decreto Nº 187 del 15 de diciembre de 1983. Contra la propuesta esbozada por la mayoría de los organismos de derechos humanos, que reclamaban la creación de una Comisión bicameral para la investigación de los crímenes de la última dictadura (1976-1983), el titular del Poder Ejecutivo optó por una Comisión de “notables” compuesta por personalidades destacadas de la vida política, cultural y religiosa argentina, presidida por el escritor Ernesto Sábato. Sus otros integrantes fueron Magadalena Ruiz Guiñazú, Ricardo Colombres, René Favaloro –quien renunció poco después–, Hilario Fernández Long, Carlos Gattinoni, Gregorio Klimovsky, Marshall Meyer, Mons. Jaime F. de Nevares, Eduardo Rabossi, Santiago López, Hugo Piucill, Horacio Huarte, Graciela Fernández Meijide, Daniel Salvador, Raúl Aragón, Alberto Mansur y Leopoldo Silgueira.
El objetivo de la CONADEP, que inicialmente funcionaría por seis meses, era recibir denuncias y pruebas sobre los secuestros y desapariciones perpetrados durante la dictadura para remitirlas a la Justicia, investigar cuál había sido el destino de los desaparecidos y desaparecidas y determinar el paradero de los niños y niñas apropiados en el marco del terrorismo de Estado. Además, debía denunciar cualquier intento de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad por destruir evidencia de los crímenes de la represión. Todos los datos recabados durante las labores investigativas serían recopilados en un informe final que se pondría en manos del presidente de la Nación. La entrega se efectivizó el 20 de septiembre de 1984, luego de extenderse por tres meses el plazo establecido originalmente para el funcionamiento de la CONADEP, en un acto que tuvo lugar en la casa de gobierno. Dos meses después, el informe fue publicado bajo el título Nunca más por la editorial universitaria EUDEBA, convirtiéndose en un éxito de ventas.
Las tareas de la Comisión se desarrollaron en un clima cargado de tensión por la reticencia de los integrantes de la Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad a que se llevara adelante una revisión de su actividad represiva durante los años de dictadura. A pesar de ello, y de las dificultades que planteaba la recopilación de información en las zonas alejadas de los grandes centros urbanos, la CONADEP logró registrar 8.960 casos de desaparición forzada y comprobar, a través de inspecciones oculares con sobrevivientes, la existencia de unos 340 centros clandestinos de detención, la mayoría ubicados en dependencias policiales y militares todavía en funcionamiento.
La información recopilada por la Comisión dejó en evidencia que, lejos de constituir “excesos” aislados, los secuestros, las torturas, las desapariciones y los asesinatos habían formado parte de un plan sistemático organizado desde las más altas jerarquías de las Fuerzas Armadas. Esta constatación fue clave para lograr la condena de los integrantes de las tres primeras Juntas Militares en el denominado Juicio a las Juntas, realizado entre abril y diciembre de 1985. La importante circulación pública del Nunca más, por otra parte, fue central para la conformación de una primera memoria pública sobre los crímenes de la dictadura argentina.
El subfondo CONADEP, perteneciente al Fondo Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dado el traspaso de funciones a este organismo el cual continuó gestionando, interviniendo y modificando los documentos, se compone de distinto tipo de documentación que refleja la actividad realizada por la Comisión en el marco de sus labores investigativas. Incluye, en primer lugar, los legajos constituidos a partir de formularios que recogían las denuncias de familiares, sobrevivientes o testigos ocasionales de acciones represivas. Estos formularios incorporaban información diversa como ser el nombre y apellido de la víctima, su fecha de nacimiento, documento de identidad, profesión o trabajo, lugar de estudio o trabajo, domicilio, estado civil, número de hijos y edad; fecha, hora y lugar del secuestro, descripción del hecho, mención a testigos si los hubiese y de los posibles responsables; las gestiones realizadas por los familiares y allegados de las víctimas, las respuestas obtenidas ante esos requerimientos y los datos del denunciante. Este subfondo reúne además, más de dos mil fotografías tomadas por el fotógrafo Enrique Shore durante las inspecciones oculares en los centros clandestinos de detención (CCD) así como las actas elaboradas a partir de esas inspecciones junto a un vasto relevamiento documental hecho por la Comisión sobre los CCD. Por otra parte, el fondo contiene también las actas de las reuniones que realizó la CONADEP en el transcurso de su investigación así como las del Comité Ejecutivo, instituido el 29 de diciembre de 1983 dada la necesidad de funcionar ejecutivamente con un grupo más reducido de sus miembros. La correspondencia nacional e internacional de la Comisión también forma parte de este subfondo dando cuenta de los intercambios con organismos estatales y de la sociedad civil tanto de Argentina como de otros países.
Asimismo, se encuentran las elevaciones de denuncias a la Justicia, unos 25.000 habeas corpus que fueron elevados al Poder Judicial para determinar el paradero de personas desaparecidas entre 1975 y 1983, las respuestas de hospitales de salud mental y cementerios con listados de pacientes de hospitales y de entierros sucedidos en los cementerios entre 1976 y 1983. Hay además numerosos relevameintos documentales de dos organismos internacionales que elaboró diferentes listados e investigaciones sobre casos de violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura cívico militar. Tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reopiló y transfirió la documentación vinculada a estos hechos y, en el caso de la CIDH, aquellos informes de las observaciones in-loco que realizara en 1979, en plena dictadura, y que permitieran dar apoyo internacional a las denuncias que venían realizando los organismos de derechos humanos en el país.
Desde su creación y hasta el presente, el fondo de la CONADEP desarrolla un rol central en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, ya sea como evidencia en los juicios por los crímenes de lesa humanidad, como fuente de consulta para los ascensos de personal de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, como insumo para producciones de distinta índole orientadas a la transmisión de la memoria de los crímenes dictatoriales y para la investigación científica sobre el pasado reciente argentino.

La colección comprende documentación reunida por Alberto Adrián Bocles, quien fue preso político entre 1975 y 1983, vinculada a su encarcelamiento y a las gestiones realizadas por su familia exigiendo su liberación. Entre los documentos se puede encontrar normativa vinculada con los servicios penitenciarios y algunas publicaciones y escritos vinculados a la detención, la tortura y las cárceles durante la dictadura cívico-militar. Por otra parte también hay comunicados y solicitadas de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y Madres de Plaza de Mayo así como correspondencia relacionada a la detención de Bocles y cédulas de notificación del Poder Judicial de la Nación. Asimismo hay copias de documentos pertenecientes al Fondo Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBBA) custodiado por la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) vinculadas a Alberto Adrián Bocles.

La colección contiene, según el acta de donación, dos copias digitales de los cuadernos manuscritos de las obras "Voces del Socavón" y "El por qué de mi lucha" creados por Avelino Bazán. Bazán fue un dirigente sindical minero de enorme reconocimiento. En 1958 fue elegido Secretario General del Sindicato de Obreros de Mina Aguilar (SOMA) y un año después fue Secretario de Organización de Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA). El 8 de mayo de 1964, siendo Secretario General del SOMA, encabezó la marcha de los mineros en la que más de mil mineros marcharon rumbo hacia San Salvador de Jujuy.
El 29 de marzo fue detenido por primera vez del Ministerio de Bienestar Social, su lugar de trabajo y durante su cautiverio en la cárcel de Gorriti escribió su primer libro "El porqué de mi lucha". El 7 de octubre de 1976 fue trasladado del Penal de Gorriti a la Unidad Penal N°9 de La Plata, junto a 87 presos políticos. Es allí donde escribe su segundo libro "Voces del Socavón". Bazán recuperó su libertad en junio de 1978 y cuatro meses después, el 26 de octubre de 1978, es detenido por segunda vez en San Salvador de Jujuy siendo hasta el día de hoy un detenido desaparecido.
El texto de "El por qué de mi lucha" se encuentra vinculado a la lucha en defensa de los derechos de los trabajadores de la minería argentina mientras que "Voces del Socavón", por su parte, es una obra que reúne relatos y sucesos ocurridos en Mina el Aguilar, vivenciados por Avelino Bazán. Las digitalizaciones preservadas no tienen los títulos mencionados en el acta.