Este fondo contiene copia los cuerpos de la investigación preliminar de la Causa "Masacre de Napalpí s/juicio por la Verdad" inciada en 2014, la documentación agregada en instrucción suplementaria, las audiencias del juicio, el fallo y fundamentos de la sentencia y los informes de cumplimiento de la sentencia de la Unidad para la Ejecución de la Sentencia de la Causa "Masacre de Napalpí s/juicio por la Verdad".

La particularidad de este juicio se relaciona con la complejidad de la investigación judicial llevada adelante, que debió indagar sobre hechos ocurridos un siglo antes. En la sentencia del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia se establece que la "Masacre de Napalpí" constituyó un crimen de lesa humanidad y da como probados los hechos que se detallan a continuación: “El sábado 19 de julio de 1924, en horas de la mañana, alrededor de un centenar de policías de territorios nacionales, gendarmes y algunos civiles armados, ayudados por logística aérea, llegaron a la zona de El Aguará, ubicada en el interior de la Reducción de Indios de Napalpí, donde aproximadamente 1000 personas, compuestas por familias Moqoit, Qom y algunos peones correntinos y santiagueños, estaban realizando una huelga concentrados en tolderías, a modo de campamentos, para reclamar por las condiciones a las que estaban sometidos. Llegaron montando caballos, se establecen a una distancia cercana del campamento y desde allí dispararon con sus fusiles y carabinas, todos a la vez y a mansalva por el espacio de una hora. De forma inmediata, por el impacto de la balacera, cayeron muertos estimativamente entre cuatrocientos y quinientos integrantes de las etnias Qom y Moqoit, entre ellos niñas y niños, mujeres, algunas de ellas embarazadas, varones, ancianos y ancianas. En algunos casos, perdieron la vida varios de los componentes de una misma familia. Los/as heridos/as que quedaron en el lugar y no pudieron escapar a tiempo fueron ultimados/as de las formas más crueles posibles. Se produjeron mutilaciones, exhibiciones y entierros en fosas comunes. Los/as sobrevivientes que pudieron escapar, atravesando los cardales, soportando el hambre, la sed, el frio, debieron esconderse durante mucho tiempo para evitar ser capturados/as y asesinados/as. La perpetración de la Masacre, por su propia complejidad, requirió de la previa concepción de un plan, que supuso una exhaustiva coordinación, organización logística, distribución de roles, movilización de diversos contingentes de tropas, su traslado y concentración desde varios días antes, gran cantidad de armamento y municiones, su acampe y alimentación, además del apoyo de una avioneta que realizó por lo menos, tareas de inteligencia y observación. Tales hechos ocurrieron en el contexto de la Reducción de Indios de Napalpí, la cual fue creada por el Estado argentino bajo la dirección civil del Ministerio del Interior, con el objetivo de culminar el proceso de ocupación del territorio de las poblaciones indígenas y su sometimiento a la explotación laboral. Sus condiciones de vida eran deplorables, vivían hacinados/as, sin vestimenta apropiada, con poca comida y de mala calidad, sin atención médica ni posibilidad de escolarizarse. Allí les cobraban por los elementos de trabajo, como así, por las bolsas de algodón y un impuesto del 15% sobre la cosecha y costosos fletes para su traslado, a los pocos que se les dio la posibilidad de hacerlo, siendo el resto obligados/as a trabajar extensas jornadas para la Reducción o vecinos hacendados, pagándoles con vales. Asimismo, fue decretada su prohibición de salir del territorio y no podían elegir dónde y para quien trabajar. Las mujeres indígenas trabajaban intensamente y sin remuneración, eran frecuentes los abusos, es decir, en condiciones análogas a la esclavitud. Todo ello dio lugar a la protesta y reunión de alrededor de mil indígenas en la zona de El Aguará, en el interior de la Reducción, donde luego ocurrió el ataque. Una vez producida la masacre, desde el Estado se llevó adelante una estrategia de construcción de una historia oficial, a los fines de negar y encubrir la matanza, siendo presentados los hechos como un supuesto enfrentamiento entre las etnias y posterior desbande, que habría tenido como consecuencia la muerte de cuatro indígenas, uno de ellos el importante dirigente Pedro Maidana. La prensa oficialista reprodujo la versión brindada por los oficiales policiales y los funcionarios del gobierno del territorio, que luego avaló la justicia local, en un proceso en el que declararon solo los efectivos y civiles que participaron de la agresión, pero ningún indígena. En paralelo, el oficialismo en el Congreso de la Nación obstruyó la conformación de una Comisión Investigadora, a pesar de las aberrantes denuncias que se conocían y la existencia de testigos calificados que podían narrar aquella barbarie. La masacre provocó graves consecuencias en los sobrevivientes y en sus descendientes. Producto de ello y de una sistemática opresión, las generaciones posteriores de los pueblos Moqoit y Qom sufrieron el trauma del terror, el desarraigo, la pérdida de su lengua y su cultura”.

En los cuerpos de la investigación preliminar, en términos generales, se encuentran documentos jurídicos propios del desarrollo de la investigación judicial y del juicio, tales como requerimientos de la fiscalía, dictámenes del juzgado, ofrecimientos de prueba, entre otros. Además estos cuerpos contienen testimonios producidos en las dos etapas de la investigación, en instrucción y durante las audiencias orales del juicio así como también se incluyen las copias de libros, informes, artículos académicos y periodísticos y otro tipo de producción académica y no académica. Asimismo, se encuentran unidades documentales que fueron incorporadas directamente o como anexos de informes institucionales, tales como expedientes del Ministerio del Interior aportados por el Archivo General de la Nación, fotografías de relevancia pertenecientes a museos o archivos locales o extranjeros, y decretos y leyes publicadas en el Boletín Oficial de la República Argentina. Cabe señalar también que, además de los cuerpos creados a partir del 2014 el fondo también contiene copia de los dos cuerpos del expediente iniciado en 1924. La organización y contenido de la documentación responde, en gran medida, a las decisiones y estrategias de la Unidad Fiscal.

Borrador de acta de la decimonovenva reunión de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) que incluye un orden del díac on los siguientes puntos:
Se detallan los informes de las secretarías. Denuncias informa que “existen a la fecha aproximadamente 3600 denuncias, de las cuales 1500 son nuevas y 140 son denuncias realizadas por personas detenidas liberadas. En cuanto a los centros de detención se han recepcionado denuncias sobre 273 centros de detención; o que refleja un considerable aumento con respecto a la cantidad de los mismos conocidos anteriormente a la fecha de constitución de la Comisión”. Al respecto, Graciela Fernández Meijide propone: avanzar en la investigación de los espacios desconocidos, que se realicen reuniones previas a los procedimientos para que 48 hs antes los miembros de la Comisión que estén de guardia y quienes realicen los procedimientos cuenten con todo el material existente sobre los lugares, y la provisión de credenciales para integrantes de la comisión que participen de los procedimientos (y no sean secretarios). Por la Secretaría de Documentación, Daniel Salvador informa que indica que llevan recabadas 8504 denuncias. Por la Secretaría de Procedimientos, se señala que Raúl Aragón informa sobre la realización de procedimientos: 1) en Coordinación Federal, con testigos; 2) toma de testimonios en los penales de Devoto y Caseros (Baello, Valdez, Vallejos); 3) se menciona que respecto al Hospital Militar de Campo de Mayo se cuenta con listas de médicos, parteras, y ginecólogos que participaron en partos de desaparecidas embarazadas. Informa sobre procedimientos a realizar: Excavación en Bernal relacionada con el caso Emmed; excavación en Puesto Vasco, donde habría tres personas enterradas; visita a Jujuy y a Rosario. Por la Secretaría de Asuntos Legales, se deja asentado que Alberto Mansur informa sobre 300 denuncias sobre un total de 450 que tratan sobre Centros Clandestinos de Detención a las cuales se les da un tratamiento global para elevación a la justicia.
Se detalla además, lo informado por el Comité Ejecutivo sobre el procedimiento realizado en Superintendencia de Seguridad, la visita de diputados de Jujuy y la preocupación de Abuelas de Plaza de Mayo acerca de los médicos seleccionados para las identificaciones. Además, se mencionan cuestiones sobre publicidad acerca de lo cual se evalúa la posibilidad de hacer un programa de televisión de una hora con los integrantes de la Comisión y lo relevado en los Centros Clandestinos de Detención. Respecto del tema seguridad, se menciona que se resuelve fotocopiar y microfilmar toda la documentación existente y a los efectos de microfilm elevar una carta a Kodak, así como también solicitar una caja de seguridad al Banco Nación. Se menciona también la decisión de pedir información de las personas que participaron del Centro de París y de pedir al Minusterio de Defensa que acelere la investigación sobre López Rega. Además, respecto de las delegaciones se conviene en no alentar la conformación de nuevas delegaciones sino que los comisionados hagan viajes al interior. Se habla sobre la redacción del informe final que deberá referir a "hechos irrebatibles".
Finalmente se mencionan las visitas del embajador de Holanda, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y familiares y Abuelas de Plaza de Mayo de Rosario.

Borrador de acta de la decimonovenva reunión de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) que incluye un orden del díac on los siguientes puntos:
Se detallan los informes de las secretarías. Denuncias informa que “existen a la fecha aproximadamente 3600 denuncias, de las cuales 1500 son nuevas y 140 son denuncias realizadas por personas detenidas liberadas. En cuanto a los centros de detención se han recepcionado denuncias sobre 273 centros de detención; o que refleja un considerable aumento con respecto a la cantidad de los mismos conocidos anteriormente a la fecha de constitución de la Comisión”. Al respecto, Graciela Fernández Meijide propone: avanzar en la investigación de los espacios desconocidos, que se realicen reuniones previas a los procedimientos para que 48 hs antes los miembros de la Comisión que estén de guardia y quienes realicen los procedimientos cuenten con todo el material existente sobre los lugares, y la provisión de credenciales para integrantes de la comisión que participen de los procedimientos (y no sean secretarios). Por la Secretaría de Documentación, Daniel Salvador informa que indica que llevan recabadas 8504 denuncias. Por la Secretaría de Procedimientos, se señala que Raúl Aragón informa sobre la realización de procedimientos: 1) en Coordinación Federal, con testigos; 2) toma de testimonios en los penales de Devoto y Caseros (Baello, Valdez, Vallejos); 3) se menciona que respecto al Hospital Militar de Campo de Mayo se cuenta con listas de médicos, parteras, y ginecólogos que participaron en partos de desaparecidas embarazadas. Informa sobre procedimientos a realizar: Excavación en Bernal relacionada con el caso Emmed; excavación en Puesto Vasco, donde habría tres personas enterradas; visita a Jujuy y a Rosario. Por la Secretaría de Asuntos Legales, se deja asentado que Alberto Mansur informa sobre 300 denuncias sobre un total de 450 que tratan sobre Centros Clandestinos de Detención a las cuales se les da un tratamiento global para elevación a la justicia.
Se detalla además, lo informado por el Comité Ejecutivo sobre el procedimiento realizado en Superintendencia de Seguridad, la visita de diputados de Jujuy y la preocupación de Abuelas de Plaza de Mayo acerca de los médicos seleccionados para las identificaciones. Además, se mencionan cuestiones sobre publicidad acerca de lo cual se evalúa la posibilidad de hacer un programa de televisión de una hora con los integrantes de la Comisión y lo relevado en los Centros Clandestinos de Detención. Respecto del tema seguridad, se menciona que se resuelve fotocopiar y microfilmar toda la documentación existente y a los efectos de microfilm elevar una carta a Kodak, así como también solicitar una caja de seguridad al Banco Nación. Se menciona también la decisión de pedir información de las personas que participaron del Centro de París y de pedir al Minusterio de Defensa que acelere la investigación sobre López Rega. Además, respecto de las delegaciones se conviene en no alentar la conformación de nuevas delegaciones sino que los comisionados hagan viajes al interior. Se habla sobre la redacción del informe final que deberá referir a "hechos irrebatibles".
Finalmente se mencionan las visitas del embajador de Holanda, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y familiares y Abuelas de Plaza de Mayo de Rosario.

La colección está integrada por copias de documentación obrante en archivos de la Gendarmería Nacional Argentina y contiene legajos y fojas de servicios de sus integrantes, del Escuadrón de Seguridad Buenos Aires de la fuerza y listados de personal.

Esta serie reúne las cuarenta y dos actas de funcionamiento general de la CONADEP escritas a mano en un libro de actas. Las mismas se encuentran fechadas entre el 22 de diciembre de 1983 y el 11 de septiembre de 1984. Asimismo, la serie comprende todos los borradores de estas actas y fotocopias de algunas de las actas del libro.
Por otra parte, se encuentran también las actas del Comité Ejecutivo de la CONADEP, instituido el 29 de diciembre de 1983 en el acta N°3 de la Comisión dada la necesidad de funcionar ejecutivamente con un grupo más reducido de sus miembros. El funcionamiento del Comité Ejecutivo, entre el 5 de enero y el 26 de julio de 1984, se encuentra plasmado en once actas manuscritas contenidas en un libro de actas. También hay borradores de esas actas.