La colección, compuesta por 40 copias digitales de video, fue producida entre los años 2008 y 2012 por la dirección de Derechos Humanos del Municipio de Merlo junto a la Secretaría de Derechos Humanos del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) de Merlo, en el marco del Programa Jóvenes y Memoria. Este conjunto de copias constituyen el crudo del proyecto audiovisual, filmado entre los años 2008 y 2012. El trabajo, coordinado por la docente Georgina Gabucci y llevado adelante junto a alumnos de escuelas de la zona, incluye entrevistas a familiares de los docentes desaparecidos y asesinados dentro del circuito represivo de Zona Oeste. Entre varios docentes víctimas del terrorismo de Estado en la zona, son mencionados Jorge Cols, María del Carmen Baldi, María Eloísa Castellini y María Teresa Trotta. En este sentido, estas copias también aportan testimonios de muchas de las personas que trabajaron y militaron junto a ellos, entre colegas docentes, autoridades educativas y personal no docente de las escuelas donde enseñaban. El material audiovisual comprende asimismo un relevamiento entre los vecinos, que ofrecen sus recuerdos e impresiones de las víctimas y de las circunstancias en las que fueron desaparecidos. Se incorporan también las historias de otros militantes de la zona, integrantes de diferentes organizaciones políticas y gremiales que permiten reconstruir, entre otros hechos, el regreso de Perón el 17 de noviembre de 1972 y la movilización a Ezeiza el 20 de junio de 1973, junto a otros eventos de significación local, como el llamado “Merlazo”, manifestación multitudinaria enmarcada en la celebración del Día del Trabajador, que tuvo lugar en las calles de Merlo el 1 de mayo de 1972. También se suman los testimonios de trabajadores de las fábricas Pirelli y Olivetti, que reponen la experiencia de luchas y resistencia en el ámbito obrero de esos años. Entre los protagonistas políticos de la etapa, se incluye a Francisco Tomeo, intendente de Merlo entre 1973 y 1976; a la ex funcionaria Estela Ramos Lerma, ex directora de Cultura del Municipio, encargada de impulsar “Estudiantina 1973”, actividad que convocó a miles de jóvenes ese año; y a Jorge Gambero, ex concejal e integrante de la Alianza Popular Revolucionaria (APR), que detalla la composición política del consejo deliberante local en ese entonces. En su descripción menciona a otras fuerzas políticas con presencia en Merlo a principios de la década del setenta, como el Movimiento de Agrupaciones Peronistas (MAP), el Fomentismo, el Partido Intransigente (PI), la Unión Cívica Radical (UCR), la Alianza Popular Federalista (APF), y el Partido Conservador Popular. La grilla de entrevistas incorpora a varios de los alumnos que trabajaron en el proyecto, y a la propia Gabucci, que en uno de los videos realiza un avance del trabajo. A los testimonios sobre los detenidos-desaparecidos de Merlo se suman otros que dan cuenta de las víctimas en localidades como San Antonio de Padua, Moreno, Marcos Paz, Las Heras, Don Torcuato y Lomas de Zamora, entre otras. Además de las entrevistas, hay registros de otras actividades, como las llevadas adelante en la Escuela Media Número 13, en la Escuela Media Número 17, y en la sede de SUTEBA, que abarcan desde la fabricación de una baldosa por la memoria, hasta una actividad destinada a docentes, vinculada a la construcción de archivos orales. Dentro de este material, dos copias reflejan otras tantas actividades de formación docente, llevadas adelante en el Centro de Capacitación de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), “Enrique Santos Discépolo”, en las que disertaron Jorge Giles y Norberto Galasso.

El fondo se compone de la documentación producida en el marco de la causa N° 2522 (Lex. 14216/2003/TO9) "Rodríguez, Hubo Roberto y otros s/privación ilegal de la libertad, agravada por mediar violencia o amenazas; en concurso ideal con el delito de imposición de tormentos" conocida como Vesubio III, tramitada ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 (TOF 4). En particular, contiene los audios de las audiencias y la documentación aportada como prueba. Entre la documentación de prueba, se encuentran:

• libros históricos de distintas unidades militares, juntas de calificaciones, directivas y reglamentos militares, copias de legajos de personal militar, boletines, listados de personal militar, policial y penitenciarios.
• planos e inspecciones oculares
• expedientes judiciales anexados a la causa
• legajos de identificación de la Cámara Federal
• constancia de pericias antropológicas y certificados de defunción
• documentación de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires e informes de la Comisión Provincial por la Memoria
• documentación aportada por el CELS que incluye artículos periodísticos, la declaración de Elena Alfaro, lista de trabajadores desaparecidos y documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos
• copias de legajos CONADEP, SDH y REDEFEA y habeas corpus presentados para la búsqueda de paradero de las víctimas involucradas
• Libros titulados "Subteniente de Caballería JCO 1977", "Derechos Humanos, Justicia y Reparación", "Vida y lucha de Vanguardia Comunista", "Genocidio en la Argentina" e "Historia Argentina contemporánea"

El Centro Clandestino de Detención El Vesubio funcionó entre 1975 y 1979 en un predio del Servicio Penitenciario Federal ubicado en el cruce de Autopista Ricchieri y Camino de Cintura en el partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires. Hasta su disolución y demolición completa a raíz de la inspección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), habían pasado más de 2.500 personas de las que hubo unos pocos sobrevivientes. Este tramo del juicio analiza la responsabilidad de seis agentes del Servicio Penitenciario Federal en los crímenes perpetrados contra casi 400 víctimas. Por esta causa en las que se investigaron crímenes cometidos contra casi 400 víctimas, el Tribunal condenó a un exmilitar y a dos exagentes penitenciarios federales a prisión perpetua, e impuso penas de entre tres años y seis meses de prisión y 15 años de prisión para otros cinco acusados. A su vez, el TOF 4 declaró que los hechos juzgados fueron crímenes contra la humanidad y que la violencia sexual perpetrada contra mujeres "fue específica, sistemática y planificada" y que "partió de estereotipos de género y los profundizó, exhibiendo un carácter extendido y con un claro objetivo disciplinador". También dispuso la reparación de los legajos de las víctimas estudiantes y trabajadoras para que se consigne que fueron víctimas del terrorismo de Estado.