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La colección contiene documentos recopilados y/o producidos por Aurora Gómez Otero y Norberto Giménez, padres de Silvia Noemí Giménez (detenida-desaparecida), en el marco de las acciones impulsadas para encontrar su paradero. Silvia Noemí Giménez tenía 23 años cuando se la llevaron secuestrada junto a su pareja Raúl en Mar del Plata el 19 de junio de 1976. Ambos eran estudiantes de Agronomía, trabajaban y militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, y tenían un hijo llamado Emiliano. Al momento del secuestro Emiliano tenía 1 año y 3 meses, fue dejado junto con una vecina; luego de unos meses después, fue llevado junto a sus abuelos. El cuerpo de Silvia fue encontrado en una fosa individual en el Cementerio de Avellaneda, e identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense en el año 2005.
Pueden encontrarse dentro de la colección folletos, volantes y correspondencia de las Madres de Plaza de Mayo y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Además, un listado en blanco para completar con información sobre la desaparición de una persona y la solicitada de la APDH (y adherentes) a Jorge Rafael Videla por una ""navidad con paz y justicia"" solicitando el esclarecimiento de la situación de los desaparecidos.
A su vez, la colección contiene sobre de cartas dirigidos a Norberto Giménez en Zelarrayán 1196 (ciudad de Bahía Blanca) proveniente de diferentes remitentes, tales como la Conferencia Episcopal Argentina, Arzobispado de Santa Fe, Nunciatura Apostólica y del exterior del país, como Francia y Suiza. En algunos casos pueden encontrarse las notas de respuestas enviadas por estas instituciones. También notas y borradores manuscritos de correspondencia dirigidas a distintas autoridades del gobierno militar argentino, la Iglesia Católica Argentina y organismos internacionales de recepción de denuncias de violaciones a los Derechos Humanos.
Asimismo, recortes y apuntes con direcciones de contacto de periodistas, autoridades del gobierno y organizaciones de Derechos Humanos, como el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Comisión Permanente por los Derechos Humanos.
Documentos vinculados a la vida personal de Aurora, como cartas de sus amistades, una tarjeta de saludo navideño, comprobantes de pago de préstamo personal de índole económica y social del Banco Nación.
Copias en papel de fotografías de tres niña (sin identificar).
Recortes de prensa del diario Clarín de abril y mayo de 1982 vinculados con la Guerra de Malvinas
Un prendedor de la agrupación H.I.J.O.S.
Por último, puede encontrarse un cuaderno con dibujos del hijo de Silvia, datos de personas y organizaciones para denunciar la desaparición, y borradores de cartas enviadas solicitando información sobre su hija.

En el estado preliminar de tratamiento archivístico en el que se encuentra el fondo, se puede inferir que este comprende documentos de la Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior, particularmente de la Dirección General de Publicaciones y la Dirección General de Seguridad Interior. La mayoría de estos documentos se vinculan con el seguimiento y tratamiento de los medios de comunicación y publicaciones realizados por ese Ministerio durante la dictadura, pero no exclusivamente.
El Ministerio del Interior, a cargo del General de Brigada Albano Harguindeguy, concentró durante la dictadura el poder de policía, es decir, la capacidad de sanción acerca de todo lo que era caracterizado como una amenaza a la Seguridad Nacional. La Subsecretaría del Interior, a cargo del Coronel José Ruiz Palacios, recibía información proveniente de: a) la Secretaría de Información Pública (SIP) tales como informes de situación psicosocial y comportamiento de medios; b) la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE): sondeos, encuestas y partes informativos sobre noticias relativas al gobierno; c) y de los distintos organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Aduana, Correos, Policía Federal, entre otros. Por este motivo, pueden encontrarse dentro del fondo notas e informes de otras dependencias del Estado nacional y provinciales.
Para la dictadura cívico-militar, el análisis de los medios de comunicación social (MCS) incluía tanto a) las publicaciones: editoriales, diarios, revistas, libros, corresponsales extranjeros, agencias de noticias, imprentas, sistemas de distribución y comercialización, vía pública –afiches, fotografías, y productoras de discos–; como b) los espectáculos: teatros y café concert, conferencias, exposiciones, congresos, entre otros. Y dentro del Ministerio del Interior quien tenía a su cargo el control sobre estos medios era la Dirección General de Publicaciones.
Por este motivo, pueden encontrarse expedientes de la Dirección General de Publicaciones a través de los cuales se tramitaban prohibiciones a publicaciones (artículos, libros, diarios, revistas) que contiene notas remitidas por diferentes organismos del estado nacional y provinciales (como la SIP, el Batallón 601 de Inteligencia, SIDE, Fuerzas Armadas, policías y gobiernos provinciales, Ministerio de Relaciones Exteriores, Municipalidad de Buenos Aires) así como de particulares denunciando la publicación. Dicha Dirección elaboraba un informe con recomendaciones de acción (sanciones, multas, prohibiciones, entre otros) que era elevado a la Subsecretaría del Interior, a la SIP, al Poder Ejecutivo y al área que lo denunció. Si finalmente se prohibía la publicación, ésta se dictada mediante decreto del PEN, por lo que en muchos casos también se encuentran los proyectos de decretos. La encargada del cumplimiento de la medida era la Policía Federal, que debía informar de lo actuado a la Dirección General de Seguridad Interior, por lo que también se pueden encontrar estas notificaciones dentro del fondo. Al respecto, se mencionan algunos ejemplos:

• Informes, planes y notas remitidas por la Secretaría de Información Pública de Presidencia, a cargo del Capitán de Navío Carlos Pablo Carpintero.
• Informes de situación psicosocial (que abarca entre dos y tres semanas del 29 de abril al 12 de diciembre de 1981) y el Plan Nacional de Comunicación para el año 1978.
• Sondeos de Opinión Pública elaborados por la SIDE (Dirección de Comunicación Social), así como informes sobre actuación de los medios de comunicación.
• Informes del accionar de los medios de comunicación elaborados por la Jefatura II del Ejército Argentino del 27 de mayo al 26 de julio de 1981.
• Nota Nº 40 remitida al Ministro del Interior por la Secretaría de Información Pública de Presidencia de la Nación, de fecha 6 de julio de 1977, con informa el análisis realizado por el Comité de Estudios en el ámbito de esa secretaría, integrado por representantes del Ministerio de Planeamiento, Interior y SIDE para analizar el seguimiento y tratamiento de los Medios de Comunicación.
• Informe Especial 10 de octubre de 1977 titulado La subversión en los medios culturales elaborado por la Jefatura III de Operaciones del Estado Mayor General del Ejército, con anotaciones a mano sin identificar productor que contiene como anexo decretos, organigramas y órdenes vinculados a tratamiento de medios en relación a la ""subversión"".
• Memorándum sin fecha del Ministro del Interior Harguindeguy al Presidente de la Nación donde solicita aprobación de las Bases para la Acción Gubernamental en materia de medios de comunicación escritos, sonoros y espectáculos públicos.
• Asimismo, también se pueden encontrar notas tramitadas a través de la Dirección General de Provincias, quien era la encargada de la comunicación con las gobernaciones provinciales, vinculadas al control y censura de los medios de comunicación. Como por ejemplo, la normativa provincial relacionada con "moralidad y buenas costumbres" de varias provincias, en función de una solicitud realizada por esa Dirección General.

Por su parte, la Dirección General de Seguridad Interior, a cargo del Coronel (R) Carlos Alberto Tepedino, tenía como misión dirigir las actividades inmanentes al poder de policía y seguridad interior que le competen al Ministerio del Interior, entendiendo los aspectos funcionales y jurisdiccionales de la Policía Federal, Policía Territorial y Policías Provinciales. Por ello pueden encontrarse las comunicaciones con las diferentes policías y gobernaciones provinciales donde intercambian información referida a antecedentes de personas y/o organizaciones, allanamientos, accionar policial, movilizaciones, conflictos gremiales, entre otros.

En el fondo también pueden encontrarse organigramas, decretos, resoluciones y leyes vinculados a las funciones del Ministerio del Interior.

Esta serie reúne correspondencia enviada y recibida por la CONADEP. Hay una gran cantidad de cartas recibidas por la Comisión desde organismos estatales y de la sociedad civil de otros países como Brasil, Uruguay, Colombia, Chile, Francia, Bélgica, Italia, Holanda, Alemania, Suiza, Suecia, Austria, Reino Unido, Nueva Zelanda, Canadá, Japón y Estados Unidos, entre otros, en las que mayormente se solicita información sobre el paradero de personas de esos países detenidas y desaparecidas en Argentina, o bien se manifiesta el apoyo a la labor de la CONADEP o se solicita copia del informe final elaborado por la Comisión como resultado de su labor investigativa. Entre estas cartas se encuentran también aquellas de organismos internacionales como por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional. Además, la serie contiene cartas enviadas y recibidas por la CONADEP de distintos organismos estatales de Argentina con el objeto de solicitar y remitir información necesaria para las investigaciones llevadas adelante como parte central de sus tareas. Hay también correspondencia con distintos organismos de la sociedad civil así como con particulares, cartas entre la Comisión y el Presidente Raúl Ricardo Alfonsín y muchas misivas dirigidas al Presidente de la Nación sobre el funcionamiento de la CONADEP y remitidas luego a la misma. A través de esta gran cantidad de comunicaciones durante el tiempo que funcionó la CONADEP se evidencia el impacto nacional e internacional que la creación de esta Comisión tuvo para el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad comentidos durante la dictadura cívico militar. Una vez finalizada la CONADEP se agregaron a esta serie algunas cartas e informes hasta 1997.

Esta serie reúne ejemplares del informe final elaborado por la CONADEP en el que se condensó toda la labor investigativa de la Comisión vinculada con las denuncias y pruebas sobre los secuestros y desapariciones perpetrados durante la dictadura, el destino de los desaparecidos y desaparecidas así como sobre el paradero de los niños y niñas apropiados en el marco del terrorismo de Estado. El 20 de septiembre de 1984, luego de extenderse por tres meses el plazo establecido originalmente para el funcionamiento de la CONADEP, el informe fue entregado al presidente de la Nación, Raúl Ricardo Alfonsín, en un acto que tuvo lugar en la casa de gobierno. Dos meses después, fue publicado bajo el título Nunca más por la editorial universitaria EUDEBA.
La serie cuenta con una copia de los tres tomos firmada y sellada por Eduardo Rabossi y una fotocopia de ese mismo ejemplar. Por otro lado, se incluyen carpetas numeradas sucesivamente las cuales contienen una copia previa del informe "Nunca Más" que no se encuentra firmada ni sellada así como diversa documentación que la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación fue añadiendo una vez finalizadas las funciones de la CONADEP y creada la SDH cuya misión era completar los trabajos que la Comisión había podido concluir al finalizar su mandato. Entre esta documentación se encuentra el informe "La Subsecretaría de Derechos Humanos y la CONADEP: Informe sobre las tareas realizadas" que evidencia el traspaso de funciones de un organismo a otro al tiempo que detalla el tratamiento que recibió el archivo de la CONADEP y sus usos posteriores. Se encuentran también algunas correspondencias de personas que, una vez publicado el Informe, se pusieron en contacto con la SDH para rectificar errores sober sus situaciones personales. Además de añadir documentación, la Subsecretaría agregó en estas carpetas los documentos recibidos por las delegaciones provinciales de la CONADEP como la de Santa Fe, así como los informes finales de las delegaciones de Bahía Blanca, Santa Fe, Mar del Plata y el certificado del depósito en un banco de los documentos de la delegación de Córdoba. Finalmente una gran parte de estas carpetas se corresponden con documentos que fueron enviados a la CONADEP por el Ministro de Educación y Justicia , Dr. Carlos R. S. Alconada Aramburu, consistentes en fichas de los procesados (condenados o no), sometidos a juicio por Tribunales Militares o Civiles acusados de actividades subversivas a partir de 1975.